El Gobierno controlará los planes de inversión de las petroleras, que además se deberán anotar en un registro especial. Foto: Archivo
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Kicillof, con más poder en las empresas
La primera víctima es YPF
En los hechos, el sector de los hidrocarburos ya hace varios años que estaba prácticamente intervenido por el Estado. Pero, desde ayer, no sólo será de hecho sino también de derecho. Los precios de los combustibles, las ganancias de las empresas, los planes de inversión y hasta la producción de una compañía serán definidos de ahora en más por el Estado .
Con la publicación del decreto 1277 -Reglamento del Régimen de Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina- que ayer apareció en el Boletín Oficial, el Gobierno terminó de cerrar el círculo sobre el mundo del petróleo y el gas, un sector que se movía en una ficción de desregulación, pero que en los hechos se movía de acuerdo con los designios de los funcionarios del área. ¿Qué cambió? La norma derogó tres decretos de desregulación que estaban vigentes desde 1989 y que establecían, entre otras cosas, la libertad de precios de los productos y la libre disponibilidad de los hidrocarburos por parte de las petroleras que podían exportar libremente -en el caso del gas, se requería un permiso previo.
Según el decreto 1277, además de la intervención del mercado, creó una comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones para el sector, que estará a cargo de un representante de las secretarías de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía, hoy a cargo de Axel Kicillof; de Comercio Interior, conducida por Guillermo Moreno, y de Energía, manejada por Daniel Cameron.
La norma de ayer no es más que una consecuencia de la ley de nacionalización de 51% del paquete accionario de YFP que estaban en manos de la española Repsol. Más allá de que el debate que se dio en el Congreso giró prácticamente sobre el pasado y el futuro de la petrolera, los legisladores aprobaron también la declaración de interés público el autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la «exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburo». Diputados y senadores, varios de ellos de la oposición, le dieron no sólo la llave de YPF al Gobierno sino también una herramienta para intervenir el mercado petrolero.
Dos fuentes consultadas por LA NACION que trabajan con petroleras reconocieron que en el sector había inquietud. Sucede que aún está fresco el recuerdo de YPF cuando el Gobierno calentó el discurso contra la empresa, siguió con el retiro de algunas concesiones y terminó con la estatización de la petrolera . «La gran pregunta que nos hacemos en el sector es si esto no termina con una estatización de otros sectores», dijo ayer una fuente que pasa sus días en una petrolera de las más grandes de la Argentina.
El decreto empezó a ser examinado con lupa entre los petroleros. Uno de los principales cuestionamientos que surgieron tiene que ver con la modificación de las concesiones vigentes en la Argentina. Las empresas productoras de petróleo tienen contratos que están hechos sobre la base de un ordenamiento jurídico que ahora fue derogado. De ahora en más, aquel marco regulatorio que establecía ciertas condiciones de mercado ya no está vigente. «Muchas empresas entregarán sus concesiones y partirán. El esquema regulatorio sobre el que se asienta una concesión es parte del patrimonio. Si eso cambia, hay consecuencias patrimoniales muy importantes», dijo un abogado petrolero.
La constitucionalidad de la norma también está cuestionada. El decreto deroga otros que adquirieron estatus legislativo al ser ratificados por el Congreso. Es decir, un decreto no puede derogar una ley.
Y hay más. Las provincias, dueñas de los recursos de los subsuelos desde la reforma constitucional de 1994, han quedado fuera de la comisión que desde ahora controlará todo el mercado. Kicillof, Moreno y Cameron serán los encargados de exigir a las petroleras sus planes de inversiones, de controlar sus ganancias y de regular sus stocks, su producción y hasta sus ganancias. Gran parte de esas facultades estaba hasta ahora en poder de las provincias, que eran quienes concesionaban las áreas y firmaban los contratos. Una vez más, las provincias petroleras fueron desplazadas.
De acuerdo con lo que pudo saber LA NACION, la mayoría del proyecto estuvo inspirado en las ideas de Moreno. Sin embargo, hay dos artículos que tienen nombre y apellido. El 9 estuvo específicamente incluido por pedido de Kicillof. Allí se crea un Registro de Inversiones para «todos aquellos que realicen actividades de exploración, explotación, refinación, transporte y comercialización de hidrocarburos y combustibles». El registro, del que no se da ningún dato más, pasó a ser un «requisito indispensable para el desarrollo de su actividad en todo el territorio nacional».
El 12 tiene la firma de Miguel Galluccio, CEO de YPF. El artículo establece la obligación de presentar antes del 30 de septiembre de cada año el plan anual de inversiones, incluido un detalle de sus metas cuantitativas en materia de exploración y explotación de hidrocarburos. Además, deberán informar sus planes en materia de mantenimiento y aumento de reservas, incluido el plan de inversiones en exploración; los de recuperación primaria y secundaria de reservas.
Una de las mayores polémicas está en los artículos 27 y 28. «A los fines de asegurar precios comerciales razonables, la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica establecerá los criterios que regirán las operaciones en el mercado interno. Asimismo, publicará precios de referencia de cada uno de los componentes de los costos y precios de referencia de venta de hidrocarburos y combustibles, los cuales deberán permitir cubrir los costos de producción atribuibles a la actividad y la obtención de un margen de ganancia razonable.».
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En los hechos, el sector de los hidrocarburos ya hace varios años que estaba prácticamente intervenido por el Estado. Pero, desde ayer, no sólo será de hecho sino también de derecho. Los precios de los combustibles, las ganancias de las empresas, los planes de inversión y hasta la producción de una compañía serán definidos de ahora en más por el Estado .
Con la publicación del decreto 1277 -Reglamento del Régimen de Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina- que ayer apareció en el Boletín Oficial, el Gobierno terminó de cerrar el círculo sobre el mundo del petróleo y el gas, un sector que se movía en una ficción de desregulación, pero que en los hechos se movía de acuerdo con los designios de los funcionarios del área. ¿Qué cambió? La norma derogó tres decretos de desregulación que estaban vigentes desde 1989 y que establecían, entre otras cosas, la libertad de precios de los productos y la libre disponibilidad de los hidrocarburos por parte de las petroleras que podían exportar libremente -en el caso del gas, se requería un permiso previo.
Según el decreto 1277, además de la intervención del mercado, creó una comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones para el sector, que estará a cargo de un representante de las secretarías de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía, hoy a cargo de Axel Kicillof; de Comercio Interior, conducida por Guillermo Moreno, y de Energía, manejada por Daniel Cameron.
La norma de ayer no es más que una consecuencia de la ley de nacionalización de 51% del paquete accionario de YFP que estaban en manos de la española Repsol. Más allá de que el debate que se dio en el Congreso giró prácticamente sobre el pasado y el futuro de la petrolera, los legisladores aprobaron también la declaración de interés público el autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la «exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburo». Diputados y senadores, varios de ellos de la oposición, le dieron no sólo la llave de YPF al Gobierno sino también una herramienta para intervenir el mercado petrolero.
Dos fuentes consultadas por LA NACION que trabajan con petroleras reconocieron que en el sector había inquietud. Sucede que aún está fresco el recuerdo de YPF cuando el Gobierno calentó el discurso contra la empresa, siguió con el retiro de algunas concesiones y terminó con la estatización de la petrolera . «La gran pregunta que nos hacemos en el sector es si esto no termina con una estatización de otros sectores», dijo ayer una fuente que pasa sus días en una petrolera de las más grandes de la Argentina.
El decreto empezó a ser examinado con lupa entre los petroleros. Uno de los principales cuestionamientos que surgieron tiene que ver con la modificación de las concesiones vigentes en la Argentina. Las empresas productoras de petróleo tienen contratos que están hechos sobre la base de un ordenamiento jurídico que ahora fue derogado. De ahora en más, aquel marco regulatorio que establecía ciertas condiciones de mercado ya no está vigente. «Muchas empresas entregarán sus concesiones y partirán. El esquema regulatorio sobre el que se asienta una concesión es parte del patrimonio. Si eso cambia, hay consecuencias patrimoniales muy importantes», dijo un abogado petrolero.
La constitucionalidad de la norma también está cuestionada. El decreto deroga otros que adquirieron estatus legislativo al ser ratificados por el Congreso. Es decir, un decreto no puede derogar una ley.
Y hay más. Las provincias, dueñas de los recursos de los subsuelos desde la reforma constitucional de 1994, han quedado fuera de la comisión que desde ahora controlará todo el mercado. Kicillof, Moreno y Cameron serán los encargados de exigir a las petroleras sus planes de inversiones, de controlar sus ganancias y de regular sus stocks, su producción y hasta sus ganancias. Gran parte de esas facultades estaba hasta ahora en poder de las provincias, que eran quienes concesionaban las áreas y firmaban los contratos. Una vez más, las provincias petroleras fueron desplazadas.
De acuerdo con lo que pudo saber LA NACION, la mayoría del proyecto estuvo inspirado en las ideas de Moreno. Sin embargo, hay dos artículos que tienen nombre y apellido. El 9 estuvo específicamente incluido por pedido de Kicillof. Allí se crea un Registro de Inversiones para «todos aquellos que realicen actividades de exploración, explotación, refinación, transporte y comercialización de hidrocarburos y combustibles». El registro, del que no se da ningún dato más, pasó a ser un «requisito indispensable para el desarrollo de su actividad en todo el territorio nacional».
El 12 tiene la firma de Miguel Galluccio, CEO de YPF. El artículo establece la obligación de presentar antes del 30 de septiembre de cada año el plan anual de inversiones, incluido un detalle de sus metas cuantitativas en materia de exploración y explotación de hidrocarburos. Además, deberán informar sus planes en materia de mantenimiento y aumento de reservas, incluido el plan de inversiones en exploración; los de recuperación primaria y secundaria de reservas.
Una de las mayores polémicas está en los artículos 27 y 28. «A los fines de asegurar precios comerciales razonables, la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica establecerá los criterios que regirán las operaciones en el mercado interno. Asimismo, publicará precios de referencia de cada uno de los componentes de los costos y precios de referencia de venta de hidrocarburos y combustibles, los cuales deberán permitir cubrir los costos de producción atribuibles a la actividad y la obtención de un margen de ganancia razonable.».
