Fue casi unánime el reclamo de los futuros inversores por el cuadro crítico y conflictivo general que presenta la realidad sindical y laboral al momento de tomar la decisión de desarrollar nuevos emprendimientos en la Argentina, en el Foro de Inversión y Negocios de Argentina que se desarrolló CCK. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, señaló al hablar de competitividad que tanto el gobierno como los empresarios concluyen que la Argentina es cara. Para muchos, ésta es la razón por la que tampoco invierten los argentinos.
Juan Procaccini de la Agencia Nacional de Promoción de Inversiones y Comercio Internacional destacó los altos costos impositivos, laborales y logísticos. Paolo Rocca, CEO de Techint dijo que «hay que convencer a los sindicatos para que no peleen por el sueldo de algunos, sino por el empleo de muchos, lo que realmente necesitamos es un país capaz de convencer y de atraer inversiones que puedan crear empleos».
Miguel Kozuszok, Presidente para América Latina de Unilever, evocó que en la Argentina regía un marco laboral más flexible. «Éramos muy competitivos en los años 90, pero lo fuimos perdiendo». Francis Mauger, Director Corporativo de Desarrollo de Carrefour, remarcó que «los recargos salariales, los impuestos y las cargas sociales hacen que, en ciertas zonas, nos sea muy difícil competir».
Circuló entre los número Uno de las grandes compañías un informe sobre «riesgo laboral», que se basa en seis asesores económicos en donde destacan el alto costo laboral, la baja productividad, y la influencia del poder sindical en los salarios y en los conflictos como frentes impeditivos para las inversiones. Es por ello, que llamó la atención que no se contemplara en el futuro ninguna reforma laboral tangible, ni que se hicieran anuncios al respecto, aún cuando el ministro Jorge Triaca se puso a disposición de los inversores, reconociendo que no estaban previstas reformas en el plano regulatorio.
Entre reclamos de reglas claras y seguridad jurídica como condiciones necesarias para la llegada de inversiones y la mejora de la competitividad, empieza a asomar nuevamente en la agenda pública el debate sobre la mal llamada flexibilización laboral a través de distintas expresiones como modernización, búsqueda de reglas que reflejen las necesidades de la productividad, y para invertir la Argentina debe ofrecer condiciones competitivas.
La era K en cuanto al marco legal del derecho del trabajo fue verdaderamente regresivo, bajo distintas causas y justificaciones. Se regresó en muchos institutos a los textos originales de 1975, se buscó la centralización, la rigidez, la inamovilidad de los sistemas y de las relaciones laborales, y junto a ello, la consolidación del poder sindical. Se transformó la negociación colectiva en una carrera contra la inflación, se aumentó el costo laboral integral y se produjo una caída inédita de la productividad. En gran medida, este proceso se desarrolló en el contexto de un incremento superlativo de la conflictividad colectiva, a través del estado asambleario, de la estrategia del reclamo sistemático e inagotable, abandonándose la cultura del trabajo, del esfuerzo, y de la productividad.
Los inversores demandan diversidad, polivalencia y multifuncionalidad. El capital necesita reglas claras, normas equitativas en materia laboral en la seguridad social y en el régimen impositivo. Los agravios que nosotros tenemos con el Impuesto a las Ganancias que no respeta la equidad fiscal, o con los tributos distorsivos o regresivos como el impuesto al cheque, o con cargas gravosas que confieren beneficios mezquinos como es el caso de la jubilación, son también preocupación a nivel global.
El enfoque de una futura reforma tiene una ventaja histórica, que la legislación vigente es anacrónica y casi en desuso. Por ende, hay que construir sobre lo construido, de modo que solo modernizando nuestro modelo de relaciones laborales, es suficiente para producir un impacto exponencial como una nueva forma de tomar la perspectiva del trabajo. El desafío está a la vista, basta con poner en marcha los resortes necesarios para lograr un nuevo régimen que no se base en denostar el pasado, sino en apostar al futuro.
Juan Procaccini de la Agencia Nacional de Promoción de Inversiones y Comercio Internacional destacó los altos costos impositivos, laborales y logísticos. Paolo Rocca, CEO de Techint dijo que «hay que convencer a los sindicatos para que no peleen por el sueldo de algunos, sino por el empleo de muchos, lo que realmente necesitamos es un país capaz de convencer y de atraer inversiones que puedan crear empleos».
Miguel Kozuszok, Presidente para América Latina de Unilever, evocó que en la Argentina regía un marco laboral más flexible. «Éramos muy competitivos en los años 90, pero lo fuimos perdiendo». Francis Mauger, Director Corporativo de Desarrollo de Carrefour, remarcó que «los recargos salariales, los impuestos y las cargas sociales hacen que, en ciertas zonas, nos sea muy difícil competir».
Circuló entre los número Uno de las grandes compañías un informe sobre «riesgo laboral», que se basa en seis asesores económicos en donde destacan el alto costo laboral, la baja productividad, y la influencia del poder sindical en los salarios y en los conflictos como frentes impeditivos para las inversiones. Es por ello, que llamó la atención que no se contemplara en el futuro ninguna reforma laboral tangible, ni que se hicieran anuncios al respecto, aún cuando el ministro Jorge Triaca se puso a disposición de los inversores, reconociendo que no estaban previstas reformas en el plano regulatorio.
Entre reclamos de reglas claras y seguridad jurídica como condiciones necesarias para la llegada de inversiones y la mejora de la competitividad, empieza a asomar nuevamente en la agenda pública el debate sobre la mal llamada flexibilización laboral a través de distintas expresiones como modernización, búsqueda de reglas que reflejen las necesidades de la productividad, y para invertir la Argentina debe ofrecer condiciones competitivas.
La era K en cuanto al marco legal del derecho del trabajo fue verdaderamente regresivo, bajo distintas causas y justificaciones. Se regresó en muchos institutos a los textos originales de 1975, se buscó la centralización, la rigidez, la inamovilidad de los sistemas y de las relaciones laborales, y junto a ello, la consolidación del poder sindical. Se transformó la negociación colectiva en una carrera contra la inflación, se aumentó el costo laboral integral y se produjo una caída inédita de la productividad. En gran medida, este proceso se desarrolló en el contexto de un incremento superlativo de la conflictividad colectiva, a través del estado asambleario, de la estrategia del reclamo sistemático e inagotable, abandonándose la cultura del trabajo, del esfuerzo, y de la productividad.
Los inversores demandan diversidad, polivalencia y multifuncionalidad. El capital necesita reglas claras, normas equitativas en materia laboral en la seguridad social y en el régimen impositivo. Los agravios que nosotros tenemos con el Impuesto a las Ganancias que no respeta la equidad fiscal, o con los tributos distorsivos o regresivos como el impuesto al cheque, o con cargas gravosas que confieren beneficios mezquinos como es el caso de la jubilación, son también preocupación a nivel global.
El enfoque de una futura reforma tiene una ventaja histórica, que la legislación vigente es anacrónica y casi en desuso. Por ende, hay que construir sobre lo construido, de modo que solo modernizando nuestro modelo de relaciones laborales, es suficiente para producir un impacto exponencial como una nueva forma de tomar la perspectiva del trabajo. El desafío está a la vista, basta con poner en marcha los resortes necesarios para lograr un nuevo régimen que no se base en denostar el pasado, sino en apostar al futuro.
