Elecciones 2011 / Avanza una causa que involucra al asesor principal de Pro
Sábado 23 de julio de 2011 | Publicado en edición impresa
Paz Rodríguez Niell
LA NACION
El juez federal Ariel Lijo investiga quién contrató el servicio de llamadas automáticas a electores porteños que Daniel Filmus denunció como una «campaña sucia» en su contra.
Para eso empezó a analizar ayer los documentos secuestrados durante los allanamientos que dispuso en los últimos días. Espera encontrar allí los contratos de donde surja quién fue el cliente que encargó este trabajo. Además, prevé ordenar el lunes un peritaje, a cargo de Gendarmería Nacional, sobre las más de 30 computadoras que se llevó, según informó a La Nacion un funcionario que trabaja en el caso.
En los Tribunales afirmaron ayer que tienen por acreditado que las llamadas existieron (la denuncia individualizó una decena, pero el servidor podía hacer unas 300 por hora) y que no dudan de que se trató, efectivamente, de una campaña contra el candidato a jefe de gobierno porteño del kirchnerismo, que el próximo fin de semana enfrentará a Mauricio Macri en el ballottage.
Según la denuncia que hizo Filmus hace diez días, en lo que se presentaba como una encuesta se le consultaba a la gente si sabía que el padre del candidato kirchnerista había trabajado con Sergio Schoklender -investigado por fraude- como arquitecto de las Madres de Plaza de Mayo. La grabación preguntaba después si, sabiendo eso, votaría de todos modos a Filmus.
En su escrito, el candidato dijo que su padre no era profesional, sino jubilado, y que nunca se dedicó a la construcción. Además, acompañó grabaciones y los números de donde provenían esas llamadas.
Presentó la denuncia en el juzgado electoral de María Servini de Cubría. Como ella está de licencia, el caso lo tomó Lijo, que anteanoche allanó las oficinas de empresas de marketing político y de comunicación que resultaron estar vinculadas al origen de las llamadas investigadas.
Una de ellas fue TAG Continental (que hace marketing y encuestas), con domicilio en Libertad 1240, oficina 33. «Cuando Gendarmería llegó al edificio, encontró un cartel que decía que en la oficina 33 funcionaba Duran Barba & Asociados», informó una fuente del caso. El consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba es el principal asesor de campaña de Macri.
Además de aquel cartel, otro dato liga a Durán Barba con este caso. Rodrigo Lugones, que es su socio, fundó TAG Continental y estaría ligado a Connectic SRL, otra de las empresas allanadas (que también participó en el circuito de las llamadas, de acuerdo con las pruebas del expediente). Lugones es el director ejecutivo de Durán Barba & Asociados.
Connectic es contratista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los registros de la web del gobierno porteño aparece como la empresa que, sin otros oferentes, ganó en abril de 2010 la licitación para brindar servicios de sistema de llamadas automáticas con una remuneración de 1.334.000 pesos. El jefe de gabinete porteño, Rodríguez Larreta, firmó la resolución. También se le asignaron 52.000 pesos en un plan de incentivos para pymes durante 2010.
Anteayer, en una conferencia de prensa, Rodríguez Larreta dijo que la denuncia de Filmus era un «manotazo de ahogado» del kirchnerismo, al que acusó de «usar a la Justicia para hacer campaña» y de haber hecho sistemáticas campañas sucias antes de cada elección (incluso ahora). Junto a él estaba Durán Barba, que admitió que Lugones era su socio, pero dijo que lo llamó a México y que él se desligó de la propiedad de las empresas sospechadas.
No está claro qué destino tendrá esta causa. El fiscal del caso, Jorge Di Lello, pidió que Lijo ordenara medidas para hacer cesar las llamadas, pero puso en duda que la denuncia fuera materia de la justicia federal y no de la local. Lijo parece dispuesto a seguir adelante. Habrá que ver qué decide Servini el martes, cuando vuelva a su juzgado.
Sábado 23 de julio de 2011 | Publicado en edición impresa
Paz Rodríguez Niell
LA NACION
El juez federal Ariel Lijo investiga quién contrató el servicio de llamadas automáticas a electores porteños que Daniel Filmus denunció como una «campaña sucia» en su contra.
Para eso empezó a analizar ayer los documentos secuestrados durante los allanamientos que dispuso en los últimos días. Espera encontrar allí los contratos de donde surja quién fue el cliente que encargó este trabajo. Además, prevé ordenar el lunes un peritaje, a cargo de Gendarmería Nacional, sobre las más de 30 computadoras que se llevó, según informó a La Nacion un funcionario que trabaja en el caso.
En los Tribunales afirmaron ayer que tienen por acreditado que las llamadas existieron (la denuncia individualizó una decena, pero el servidor podía hacer unas 300 por hora) y que no dudan de que se trató, efectivamente, de una campaña contra el candidato a jefe de gobierno porteño del kirchnerismo, que el próximo fin de semana enfrentará a Mauricio Macri en el ballottage.
Según la denuncia que hizo Filmus hace diez días, en lo que se presentaba como una encuesta se le consultaba a la gente si sabía que el padre del candidato kirchnerista había trabajado con Sergio Schoklender -investigado por fraude- como arquitecto de las Madres de Plaza de Mayo. La grabación preguntaba después si, sabiendo eso, votaría de todos modos a Filmus.
En su escrito, el candidato dijo que su padre no era profesional, sino jubilado, y que nunca se dedicó a la construcción. Además, acompañó grabaciones y los números de donde provenían esas llamadas.
Presentó la denuncia en el juzgado electoral de María Servini de Cubría. Como ella está de licencia, el caso lo tomó Lijo, que anteanoche allanó las oficinas de empresas de marketing político y de comunicación que resultaron estar vinculadas al origen de las llamadas investigadas.
Una de ellas fue TAG Continental (que hace marketing y encuestas), con domicilio en Libertad 1240, oficina 33. «Cuando Gendarmería llegó al edificio, encontró un cartel que decía que en la oficina 33 funcionaba Duran Barba & Asociados», informó una fuente del caso. El consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba es el principal asesor de campaña de Macri.
Además de aquel cartel, otro dato liga a Durán Barba con este caso. Rodrigo Lugones, que es su socio, fundó TAG Continental y estaría ligado a Connectic SRL, otra de las empresas allanadas (que también participó en el circuito de las llamadas, de acuerdo con las pruebas del expediente). Lugones es el director ejecutivo de Durán Barba & Asociados.
Connectic es contratista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los registros de la web del gobierno porteño aparece como la empresa que, sin otros oferentes, ganó en abril de 2010 la licitación para brindar servicios de sistema de llamadas automáticas con una remuneración de 1.334.000 pesos. El jefe de gabinete porteño, Rodríguez Larreta, firmó la resolución. También se le asignaron 52.000 pesos en un plan de incentivos para pymes durante 2010.
Anteayer, en una conferencia de prensa, Rodríguez Larreta dijo que la denuncia de Filmus era un «manotazo de ahogado» del kirchnerismo, al que acusó de «usar a la Justicia para hacer campaña» y de haber hecho sistemáticas campañas sucias antes de cada elección (incluso ahora). Junto a él estaba Durán Barba, que admitió que Lugones era su socio, pero dijo que lo llamó a México y que él se desligó de la propiedad de las empresas sospechadas.
No está claro qué destino tendrá esta causa. El fiscal del caso, Jorge Di Lello, pidió que Lijo ordenara medidas para hacer cesar las llamadas, pero puso en duda que la denuncia fuera materia de la justicia federal y no de la local. Lijo parece dispuesto a seguir adelante. Habrá que ver qué decide Servini el martes, cuando vuelva a su juzgado.
