CAUSA POR EL CRIMEN DE MORENO. Investigarán el rol de ex directivos de Loma Negra como presuntos instigadores
Condenaron a perpetua a los tres militares y a 15 y 11 años a los hermanos Méndez
Apenas 14 minutos de lectura sellaron la suerte de los cinco imputados y ordenaron investigar a Loma Negra, a ministros de la Corte y al jefe del regimiento de Olavarría en 1977. Perpetuas para los tres militares y, por primera vez en el país, dos civiles fueron condenados a prisión por delitos de lesa humanidad.
Claudia Rafael, desde Tandil
crafael@elpopular.com.ar
Prisión perpetua para los tres militares como autores penalmente responsables del crimen; prisión de 15 años para Emilio Méndez y 11 para su hermano Julio como partícipes necesarios de lo ocurrido y la apertura de tres investigaciones: contra los ex directivos de la empresa cementera Loma Negra como presuntos instigadores del homicidio por codicia, contra la Suprema Corte de Justicia de la provincia y el ex ministro de Gobierno y contra el teniente coronel retirado Ignacio Aníbal Verdura, ex jefe del Regimiento de Olavarría.
Con voz pétrea y orden precisa al público de no reaccionar ni con «aprobación ni con desaprobación» ante cada una de las decisiones, el juez federal Roberto Falcone fue anunciando cada una de las partes del veredicto del Tribunal, que se conocerá en sus fundamentos el próximo 30 de marzo a las 12 del mediodía.
En primera fila, Susana Lofeudo junto con sus dos hijos y nueras iban transformando sus rostros ante un veredicto que finalmente y después de 35 larguísimos años de espera les transmitía la sensación de paz y de justicia.
El auditorio del rectorado de la Unicén estaba atestado de público. Familiares, amigos, militantes políticos y también, en la primera fila, Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Sara Dorotier de Cobacho, secretaria de Derechos Humanos bonaerense; Luis Alem, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; y mezclados entre el público los legisladores provinciales María Isabel Gainza -quien en un inicio de la causa patrocinó junto a Martín Dambolena a la familia Moreno-, César Valicenti y Emilio López Muntaner, quien además era hermano de uno de los desaparecidos durante la Noche de los Lápices.
La suerte de los militares Julio Alberto Tommasi, Roque Italo Pappalardo y José Luis Ojeda estaba claramente sellada. Las pruebas en contra de cada uno de ellos habían sido certeras y habían dado cuenta, en detalle, de las atrocidades y las torturas padecidas por Carlos Alberto Moreno hasta el momento de su muerte. A cada uno de ellos se les suspendió todo beneficio previsional. Los condenados -seguía leyendo Falcone con voz potente- «teniendo en sus manos la defensa armada de la república incurrieron en la comisión de delitos de la órbita militar» para lo cual se ordenó iniciar el proceso de destitución.
Las condenas a los hermanos Méndez tienen, al menos, un aspecto de enorme trascendencia. Ambos son civiles. Y como tales fueron condenados a 15 y 11 años respectivamente. Lo que constituye un rasgo hasta ahora inédito en el país. Se trata del primer caso de integrantes de la sociedad civil que movidos por sus propios intereses económicos y lazos con la dictadura fueron penalmente sancionados y enviados a la cárcel por su participación «necesaria» en el secuestro, torturas y homicidio de la víctima.
La lectura -que se extendió por menos de una quincena de minutos- hacía mantener la respiración a un auditorio que sabía que el más mínimo gesto de emoción generaría que Falcone hiciera desalojar la sala. «Atento la magnitud de la pena impuesta a los acusados y las interferencias de todo tipo que desde que se cometió el hecho han dificultado su esclarecimiento, se impone mantener la detención preventiva de todos los imputados que deberán ser alojados en unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal».
En un veredicto impecable y certero llegó luego la segunda parte y trasciende ampliamente las responsabilidades inmediatas del asesinato, buscando ahondar en un contexto de país. Es decir, Carlos Alberto Moreno fue secuestrado un 29 de abril de 1977 a escasos metros de la entrada a su casa. Lo trasladaron a Tandil. Lo tuvieron clandestinamente detenido y lo torturaron largamente, cuestión probada por las marcas que quedaron en su cuerpo. Y finalmente lo asesinaron, después de que el abogado olavarriense lograra fugarse de la chacra de los hermanos Méndez. ¿Pero por qué, de qué manera, quiénes determinaron que ése sería su destino?
«Habiéndose recogido en la audiencia oral plurales elementos de convicción que permiten sospechar que integrantes del directorio de la cementera Loma Negra habrían inducido los delitos que damnificaron al doctor Carlos Alberto Moreno corresponde remitir copia de los antecedentes obrantes en el proceso a conocimiento del juez para que dé inicio a la pesquisa», leyó Falcone.
El veredicto no se quedó entrampado únicamente en los presuntos instigadores sino que ahondó también a la hora de ordenar investigaciones en los entramados del poder de aquellos años oscuros. Y, puntualmente, en los vínculos entre el poder militar y el poder judicial. Falcone comunicó la orden de abrir una investigación a raíz de la «probable intervención de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y del ministro de Gobierno de la provincia en funciones en abril y mayo de 1977 en la gestación del comunicado del Primer Cuerpo de Ejército en el que se documentan falsamente los hechos que motivaron la muerte del doctor Carlos Alberto Moreno».
Y, finalmente, se pidió abrir una causa contra quien ocupó la jefatura del Regimiento de Tanques II de Olavarría durante los años más oscuros y crueles del régimen que el Tribunal claramente definió como «cívico-militar». «Existen elementos de juicio que permiten sospechar la intervención punible del general retirado Ignacio Aníbal Verdura en los hechos juzgados en este proceso».
Apenas segundos después, la voz de Falcone leía el final: «Regístrese, comuníquese y cúmplase».
Como aguas contenidas por un dique imparable el «bravo» del auditorio se extendía entre aplausos, abrazos y mucho llanto. Y luego el clásico «ole ola, ole ola, como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar».
Ahora deberá comenzar la causa Moreno II. Tanto la investigación sobre ex directivos de Loma Negra como aquella que indagará sobre las responsabilidades de Verdura recaerán en manos del juez federal de Azul, Juan José Comparato. El magistrado -que ya instruyó la causa Moreno y que también tiene en sus manos aquellas por el circuito Monte Peloni y La Huerta- tendrá la opción de cederlas a la fiscalía federal que para estos delitos de lesa humanidad podría dejar la instrucción en los fiscales Marcos Silvani y Walter Romero. La causa que investigará el papel de ministros de la Corte y de Jaime Lamont Smart, ex ministro de Gobierno de Ibérico Saint Jean, recaerá en la Justicia Federal de La Plata. Cabe aclarar que tanto Verdura como Smart están imputados en otras causas. El ex jefe del Regimiento Olavarría es uno de los imputados de la causa Monte Peloni mientras que Smart está siendo juzgado por estos días en el circuito Camps.
La intensidad de las audiencias testimoniales estaba ganada por las palabras profundas, desgarradoras y lacerantes de familiares y de sobrevivientes de la crueldad. Durante extensas horas las víctimas y otros testigos ocasionales o de fuerte rol participativo en el periplo de sangre y dolor de Carlos Alberto Moreno fueron sumando emoción y conmoción. Ayer, en cambio, fue diferente. Toda esa intensidad estuvo concentrada en escasísimos instantes. Apenas 14 minutos en los que la humanidad entera de Carlos Alberto Moreno fue reivindicada y sus victimarios condenados con las herramientas de la ley.
Condenaron a perpetua a los tres militares y a 15 y 11 años a los hermanos Méndez
Apenas 14 minutos de lectura sellaron la suerte de los cinco imputados y ordenaron investigar a Loma Negra, a ministros de la Corte y al jefe del regimiento de Olavarría en 1977. Perpetuas para los tres militares y, por primera vez en el país, dos civiles fueron condenados a prisión por delitos de lesa humanidad.
Claudia Rafael, desde Tandil
crafael@elpopular.com.ar
Prisión perpetua para los tres militares como autores penalmente responsables del crimen; prisión de 15 años para Emilio Méndez y 11 para su hermano Julio como partícipes necesarios de lo ocurrido y la apertura de tres investigaciones: contra los ex directivos de la empresa cementera Loma Negra como presuntos instigadores del homicidio por codicia, contra la Suprema Corte de Justicia de la provincia y el ex ministro de Gobierno y contra el teniente coronel retirado Ignacio Aníbal Verdura, ex jefe del Regimiento de Olavarría.
Con voz pétrea y orden precisa al público de no reaccionar ni con «aprobación ni con desaprobación» ante cada una de las decisiones, el juez federal Roberto Falcone fue anunciando cada una de las partes del veredicto del Tribunal, que se conocerá en sus fundamentos el próximo 30 de marzo a las 12 del mediodía.
En primera fila, Susana Lofeudo junto con sus dos hijos y nueras iban transformando sus rostros ante un veredicto que finalmente y después de 35 larguísimos años de espera les transmitía la sensación de paz y de justicia.
El auditorio del rectorado de la Unicén estaba atestado de público. Familiares, amigos, militantes políticos y también, en la primera fila, Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Sara Dorotier de Cobacho, secretaria de Derechos Humanos bonaerense; Luis Alem, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; y mezclados entre el público los legisladores provinciales María Isabel Gainza -quien en un inicio de la causa patrocinó junto a Martín Dambolena a la familia Moreno-, César Valicenti y Emilio López Muntaner, quien además era hermano de uno de los desaparecidos durante la Noche de los Lápices.
La suerte de los militares Julio Alberto Tommasi, Roque Italo Pappalardo y José Luis Ojeda estaba claramente sellada. Las pruebas en contra de cada uno de ellos habían sido certeras y habían dado cuenta, en detalle, de las atrocidades y las torturas padecidas por Carlos Alberto Moreno hasta el momento de su muerte. A cada uno de ellos se les suspendió todo beneficio previsional. Los condenados -seguía leyendo Falcone con voz potente- «teniendo en sus manos la defensa armada de la república incurrieron en la comisión de delitos de la órbita militar» para lo cual se ordenó iniciar el proceso de destitución.
Las condenas a los hermanos Méndez tienen, al menos, un aspecto de enorme trascendencia. Ambos son civiles. Y como tales fueron condenados a 15 y 11 años respectivamente. Lo que constituye un rasgo hasta ahora inédito en el país. Se trata del primer caso de integrantes de la sociedad civil que movidos por sus propios intereses económicos y lazos con la dictadura fueron penalmente sancionados y enviados a la cárcel por su participación «necesaria» en el secuestro, torturas y homicidio de la víctima.
La lectura -que se extendió por menos de una quincena de minutos- hacía mantener la respiración a un auditorio que sabía que el más mínimo gesto de emoción generaría que Falcone hiciera desalojar la sala. «Atento la magnitud de la pena impuesta a los acusados y las interferencias de todo tipo que desde que se cometió el hecho han dificultado su esclarecimiento, se impone mantener la detención preventiva de todos los imputados que deberán ser alojados en unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal».
En un veredicto impecable y certero llegó luego la segunda parte y trasciende ampliamente las responsabilidades inmediatas del asesinato, buscando ahondar en un contexto de país. Es decir, Carlos Alberto Moreno fue secuestrado un 29 de abril de 1977 a escasos metros de la entrada a su casa. Lo trasladaron a Tandil. Lo tuvieron clandestinamente detenido y lo torturaron largamente, cuestión probada por las marcas que quedaron en su cuerpo. Y finalmente lo asesinaron, después de que el abogado olavarriense lograra fugarse de la chacra de los hermanos Méndez. ¿Pero por qué, de qué manera, quiénes determinaron que ése sería su destino?
«Habiéndose recogido en la audiencia oral plurales elementos de convicción que permiten sospechar que integrantes del directorio de la cementera Loma Negra habrían inducido los delitos que damnificaron al doctor Carlos Alberto Moreno corresponde remitir copia de los antecedentes obrantes en el proceso a conocimiento del juez para que dé inicio a la pesquisa», leyó Falcone.
El veredicto no se quedó entrampado únicamente en los presuntos instigadores sino que ahondó también a la hora de ordenar investigaciones en los entramados del poder de aquellos años oscuros. Y, puntualmente, en los vínculos entre el poder militar y el poder judicial. Falcone comunicó la orden de abrir una investigación a raíz de la «probable intervención de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y del ministro de Gobierno de la provincia en funciones en abril y mayo de 1977 en la gestación del comunicado del Primer Cuerpo de Ejército en el que se documentan falsamente los hechos que motivaron la muerte del doctor Carlos Alberto Moreno».
Y, finalmente, se pidió abrir una causa contra quien ocupó la jefatura del Regimiento de Tanques II de Olavarría durante los años más oscuros y crueles del régimen que el Tribunal claramente definió como «cívico-militar». «Existen elementos de juicio que permiten sospechar la intervención punible del general retirado Ignacio Aníbal Verdura en los hechos juzgados en este proceso».
Apenas segundos después, la voz de Falcone leía el final: «Regístrese, comuníquese y cúmplase».
Como aguas contenidas por un dique imparable el «bravo» del auditorio se extendía entre aplausos, abrazos y mucho llanto. Y luego el clásico «ole ola, ole ola, como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar».
Ahora deberá comenzar la causa Moreno II. Tanto la investigación sobre ex directivos de Loma Negra como aquella que indagará sobre las responsabilidades de Verdura recaerán en manos del juez federal de Azul, Juan José Comparato. El magistrado -que ya instruyó la causa Moreno y que también tiene en sus manos aquellas por el circuito Monte Peloni y La Huerta- tendrá la opción de cederlas a la fiscalía federal que para estos delitos de lesa humanidad podría dejar la instrucción en los fiscales Marcos Silvani y Walter Romero. La causa que investigará el papel de ministros de la Corte y de Jaime Lamont Smart, ex ministro de Gobierno de Ibérico Saint Jean, recaerá en la Justicia Federal de La Plata. Cabe aclarar que tanto Verdura como Smart están imputados en otras causas. El ex jefe del Regimiento Olavarría es uno de los imputados de la causa Monte Peloni mientras que Smart está siendo juzgado por estos días en el circuito Camps.
La intensidad de las audiencias testimoniales estaba ganada por las palabras profundas, desgarradoras y lacerantes de familiares y de sobrevivientes de la crueldad. Durante extensas horas las víctimas y otros testigos ocasionales o de fuerte rol participativo en el periplo de sangre y dolor de Carlos Alberto Moreno fueron sumando emoción y conmoción. Ayer, en cambio, fue diferente. Toda esa intensidad estuvo concentrada en escasísimos instantes. Apenas 14 minutos en los que la humanidad entera de Carlos Alberto Moreno fue reivindicada y sus victimarios condenados con las herramientas de la ley.
