Para tratar de sumar dólares a las reservas del Banco Central, el gobierno apuesta al blanqueo de capitales, que apenas sumó poco más de u$s 1.000 millones, muy por debajo de la expectativa de recaudar u$s 5.000 millones apenas lanzado.
Ahora, el gobierno apunta a los 4.000 argentinos con cuentas no declaradas en Suiza (se estima que cada uno tiene un promedio de u$s 15 millones, lo que totalizaría u$s 60.000 millones), a quienes la AFIP les envió esta fiscalización electrónica: «Según consta en la base de datos y en información obtenida en el exterior a través de instrumentos de intercambio de información internacional suscripto con otros países, usted operó con cuentas bancarias, de inversión o similares en bancos radicados en Suiza desde 2006 a la fecha, lo cual resultaría inconsistente con las declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias y bienes personales correspondientes a esos ejercicios presentadas ante la AFIP».
Pero el listado no lo dio el gobierno suizo, ya que el intercambio de información tributaria recién comenzará a correr el año próximo, sino un ex empleado del HSBC de Suiza que ahora trabaja para el gobierno francés. Por eso, varios de los argentinos que recibieron la fiscalización ni siquiera la contestaron, en algunos casos porque ellos jamás tuvieron una cuenta en ese país, sino sus familiares.
Ante esta situación, en el gobierno ya está trabajando un grupo de veinte personas en el «equipo azul» (por blue), dedicados a seguir los pasos de estos 4.000 contribuyentes. A pedido de la AFIP, la Justicia obtendrá de los proveedores de Internet el historial de navegación para detectar en qué páginas de Internet suelen entrar a menudo y los mails que reciben y mandan, para saber con los bancos de qué países operan.
«Lo relevante acá es lo tecnológico y los procedimientos e información que usan como prueba. Con esta información van a la Justicia y le invierten la carga de la prueba al contribuyente; o sea, que éste es quien tiene que demostrar que lo que ellos saben no es así como lo presumen», revelan las fuentes.
«Si la persona se la pasa navegando por el sitio de un banco en particular y recibe mails de personas con el arroba de esa entidad, es el contribuyente el que tendrá que demostrar que no tiene cuenta en ese banco. La justicia le requiere una carta de la institución, certificada y apostillada (generalmente dirigida a la persona que la requiere), confirmando o negando que tiene una cuenta a su nombre, bajo su control o apoderamiento, o bajo cualquier vehículo legal en el cual él sea beneficiario. Lo importante acá es que el banco o institución financiera no puede mentir en la carta (sino dejaría abierta la puerta para una demanda penal), con lo cual si el contribuyente tiene cuenta ahí está frito», sostienen las fuentes.
Es lo mismo que le pasó a Enrique Olivera en el 2003, cuando lo acusaron, tres días antes de las elecciones a jefe de gobierno porteño, que tenía una cuenta en el HSBC de Suiza. Semanas después tuvo que presentar esa famosa carta ante la Justicia para que lo exculpen, dado que la acusación era falsa.
