Un sociólogo, un abogado y un historiador asesoran al órgano de control para que aporte datos a la Justicia sobre presuntos delitos de lesa humanidad en el mercado.
Por Paola Quain
10/11/12 – 01:13
eje. Biscay y Nápoli consideran que la dictadura definió los mercados.
El proyecto de reforma del mercado de capitales es tan sólo uno de los caminos por los que desde la Comisión Nacional de Valores (CNV), dirigida por Alejandro Vanoli, se intenta dar un fuerte giro al rol que esa institución ha tenido en las últimas décadas.
Más allá del avance que se espera que la iniciativa oficial tenga en el Congreso y la CNV trabaja en la reconstrucción del papel que la entidad cumplió en los años de la dictadura militar.
Con el fin de recopilar y sistematizar información que permita dilucidar la actuación de empresarios, financistas y hasta los directivos del organismo antes y después del golpe de 1976, la Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Memoria Verdad y Justicia, avanza en el aporte de documentos a las causas que están a cargo del juez federal Daniel Rafecas y en un informe que se espera que se haga público antes de que termine el año.
La compleja tarea está a cargo del abogado Pedro Biscay, el historiador Bruno Nápoli, y el sociólogo Walter Bosisio. “Uno de los principales objetivos del equipo de trabajo es contribuir con una política de Estado que busca saldar las deudas con los Derechos Humanos, y en donde entendemos que resulta fundamental conocer en detalle las acciones de los diferentes actores del sistema financiero, como la policía bancaria, el directorio de la CNV en ese momento, entre otros”, señaló Biscay en diálogo con PERFIL.
Según el especialista, que anteriormente abordó causas vinculadas con delitos económicos y financieros en el CIPCE (Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica), “términos como subversión económica tuvieron un uso discrecional por el Estado terrorista contra determinados grupos económicos por vaciamiento de activos, mientras que se amparaba a otros. Creemos que se hizo uso del poder del Estado para reconfigurar el sistema financiero”.
De acuerdo con Nápoli, “uno de los principales desafíos es desentrañar las decisiones que se tomaron no solamente entre los integrantes de las Fuerzas Armadas, sino en un conjunto más amplio de la población civil que ocupaba cargos estatales desde antes de 1976 y hasta mucho tiempo después de la llegada de la democracia”.
Entre la gran variedad de casos, personas y funcionarios que son mencionados en los diferentes documentos bajo análisis, y que se espera que en el futuro queden disponibles para consultas en el Archivo General de la Nación, las líneas de investigación dan cuenta de maniobras fraudulentas para presionar a empresarios, prácticas encubiertas para elevar la cotización de activos financieros y secuestros extorsivos de directivos de casas de cambio.
La oficina, por medio de la revisión de más de mil actas del directorio que estaban guardadas en el propio edificio de la CNV, intenta también formar un corpus de datos que permitan generar herramientas para abordar otros temas como el financiamiento a empresas que contaminan y por lo tanto afectan sensiblemente a la población.
“Creemos que las compañías no pueden estar al margen de una política de defensa de derechos humanos y que su accionar en materia de medio ambiente también merece atención para su financiamiento”, asegura Bosisio.
Por Paola Quain
10/11/12 – 01:13
eje. Biscay y Nápoli consideran que la dictadura definió los mercados.
El proyecto de reforma del mercado de capitales es tan sólo uno de los caminos por los que desde la Comisión Nacional de Valores (CNV), dirigida por Alejandro Vanoli, se intenta dar un fuerte giro al rol que esa institución ha tenido en las últimas décadas.
Más allá del avance que se espera que la iniciativa oficial tenga en el Congreso y la CNV trabaja en la reconstrucción del papel que la entidad cumplió en los años de la dictadura militar.
Con el fin de recopilar y sistematizar información que permita dilucidar la actuación de empresarios, financistas y hasta los directivos del organismo antes y después del golpe de 1976, la Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Memoria Verdad y Justicia, avanza en el aporte de documentos a las causas que están a cargo del juez federal Daniel Rafecas y en un informe que se espera que se haga público antes de que termine el año.
La compleja tarea está a cargo del abogado Pedro Biscay, el historiador Bruno Nápoli, y el sociólogo Walter Bosisio. “Uno de los principales objetivos del equipo de trabajo es contribuir con una política de Estado que busca saldar las deudas con los Derechos Humanos, y en donde entendemos que resulta fundamental conocer en detalle las acciones de los diferentes actores del sistema financiero, como la policía bancaria, el directorio de la CNV en ese momento, entre otros”, señaló Biscay en diálogo con PERFIL.
Según el especialista, que anteriormente abordó causas vinculadas con delitos económicos y financieros en el CIPCE (Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica), “términos como subversión económica tuvieron un uso discrecional por el Estado terrorista contra determinados grupos económicos por vaciamiento de activos, mientras que se amparaba a otros. Creemos que se hizo uso del poder del Estado para reconfigurar el sistema financiero”.
De acuerdo con Nápoli, “uno de los principales desafíos es desentrañar las decisiones que se tomaron no solamente entre los integrantes de las Fuerzas Armadas, sino en un conjunto más amplio de la población civil que ocupaba cargos estatales desde antes de 1976 y hasta mucho tiempo después de la llegada de la democracia”.
Entre la gran variedad de casos, personas y funcionarios que son mencionados en los diferentes documentos bajo análisis, y que se espera que en el futuro queden disponibles para consultas en el Archivo General de la Nación, las líneas de investigación dan cuenta de maniobras fraudulentas para presionar a empresarios, prácticas encubiertas para elevar la cotización de activos financieros y secuestros extorsivos de directivos de casas de cambio.
La oficina, por medio de la revisión de más de mil actas del directorio que estaban guardadas en el propio edificio de la CNV, intenta también formar un corpus de datos que permitan generar herramientas para abordar otros temas como el financiamiento a empresas que contaminan y por lo tanto afectan sensiblemente a la población.
“Creemos que las compañías no pueden estar al margen de una política de defensa de derechos humanos y que su accionar en materia de medio ambiente también merece atención para su financiamiento”, asegura Bosisio.
