Nunca antes la justicia había dado un paso en concreto sobre las denuncias formuladas en 2008 por el arrepentido vicepresidente de JP Morgan, Hernán Arbizu, sobre las 469 empresas y personalidades más importantes de la Argentina a las que se les permitió crear una ingeniería financiera para lavar millones de dólares y fugarlos del país. Pero el viernes último la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) presentó una denuncia penal directa contra el Grupo Editorial Estrada, una de las corporaciones mencionadas por el financista en su declaración indagatoria, la cual también involucra a los bancos Patagonia y Merrill Lynch, por los delitos de lavado de dinero, administración fraudulenta y evasión tributaria.
La causa CFP 1150/2014 recayó en el Juzgado Federal Nº 6, con intervención del fiscal Guillermo Marijuan, quien también tiene a su cargo el expediente original por la autodenuncia de Arbizu –con escasos avances– y el que corresponde a un desprendimiento de esa misma causa, bajo la órbita del juez Sebastián Casanello, que fue quien le tomó indagatoria a Arbizu. El 21 de julio de 2013, Tiempo Argentino reveló el contenido de algunos de los mensajes del teléfono Blackberry de Arbizu, en el que quedaron alojados correos que daban cuenta de la operatoria de JP Morgan para fugar activos de sus clientes. Ese fue el primer indicio para que la justicia avanzara en este caso.
Para la fiscalía antilavado que conduce Carlos Gonella se logró probar «una compleja trama de delincuencia financiera» que orquestó maniobras de lavado «que fueron instrumentadas a partir de la utilización de cartas de crédito que sirvieron como vehículo para poner en circulación activos financieros localizados en jurisdicciones off shore», fondos cuyo origen es desconocido. Sumado a «actos de administración fraudulenta» por parte de los bancos y «evasión impositiva» en la manipulación del precio de venta de un fondo de comercio. Además, se denunciaron las operaciones de lavado de activos instrumentadas mediante «esquemas de capitalización de deuda cuya naturaleza, monto y origen resulta por demás sospechosa». El escenario se complementa con la «defraudación a socios minoritarios y del público inversor» de una empresa que cotizaba en la Bolsa de Valores, junto a la «violación de los deberes de brindar información fiel y verdadera» por la confección de balances falsos. Por último, la Procelac consideró que JP Morgan constituyó una «asociación ilícita para cometer delitos financieros».
LA MANIOBRA. Una de las operaciones investigadas se denomina en la jerga «back to back». Se trata de once préstamos a partir de 2005, mediante los cuales el Grupo Estrada habría utilizado activos financieros depositados en jurisdicciones extranjeras –paraísos fiscales– para actividades de financiamiento propio y cuyo origen sería además ilícito, porque podría provenir de la evasión impositiva. La instrumentación de esas «cartas de crédito» por parte de los bancos JP Morgan Chase de Nueva York y Merrill Lynch de Londres fue requerida por Ángel Estrada y Cía SA, y fue garantizada con depósitos (o contra cautelas) en sociedades off shore que serían controladas por los mismos accionistas de la firma. Una de ellas se denominó Argentine Development Investment (ADI), constituida en Bahamas y cuyo beneficiario era Zsolt Agárdy, entonces presidente del grupo empresario. Las cartas de crédito tenían como beneficiario local al Banco Patagonia SA, que inmediatamente otorgaba un préstamo equivalente al monto ordenado, a pesar de que la situación financiera de la empresa era comprometida y que tenía balances negativos. La justicia consideró que si el banco no estaba involucrado en la maniobra, hubiera reportado como operación sospechosa la obtención de esas cartas de crédito por sumas millonarias del exterior, por lo que se solicitó que se investigue a toda su línea gerencial.
Este mecanismo es empleado para que un cliente bancario local obtenga préstamos otorgados por una entidad, sobre la base de una garantía de activos no declarados que se encuentran depositados en el exterior. Al menos hasta 2008, el monto transferido fue de 25.710.000 dólares.
DEUDA. La segunda maniobra investigada data de 2007 y consistió en la capitalización de una deuda contraída por Ángel Estrada y Cía SA con el JP Morgan Chase Bank NA, por 31.374.025,68 pesos (equivalente a U$S 10.599.333). Se hizo a través de una cesión previa de la entidad financiera al accionista Fernando A. Soler, quien capitalizó la deuda y aumentó su participación accionaria al 87 por ciento. La Unidad de Información Financiera (UIF) puso la lupa en esta operación, ya que se desconocen todos los pormenores que la motivaron. El 30 de junio de ese año Soler –quien podría haber actuado como una suerte de testaferro– condonó los intereses de esa deuda. Para la Procelac esto constituyó una nueva alerta de lavado, ya que implicó «capitalizar a la firma con fondos provenientes del exterior y de origen desconocido, pertenecientes a una persona con domicilio en El Salvador de la que se desconocen mayores datos; en segundo lugar, porque no resulta una práctica habitual que un accionista adquiera parte de la deuda de la sociedad mediante cesiones oscuras; y en tercer lugar, porque menos se explica que la operatoria hubiera implicado la condonación de una suma millonaria en concepto de intereses». Según la denuncia, «la intervención del Sr. Soler explicaría la presunta salida de fondos de Ángel Estrada y Cía SA, en concepto de dividendos, fuera del país cerrando el circuito de activos propios del delito que se enrostra».
VENTA. En julio de 2007, con su deuda saneada, Editorial Estrada SA –según sus estados contables– fue vendida al grupo económico inglés Macmillian Publishers Holding Limited por U$S 14,5 millones. La fiscalía antilavado supone que este precio de venta también fue manipulado. Arbizu declaró sobre este caso que, por la estrecha vinculación de la filial local de JP Morgan con la estrategia aconsejada, conoció que el precio de venta acordado entre las partes fue de una cifra en torno a los 25 millones de dólares, pero que la diferencia entre lo que se dio a conocer y el valor real (U$S 10,5 millones) fue depositada en la cuenta de Argentine Development Investment y que, luego, fue utilizada para garantizar nuevos préstamos otorgados por Banco Patagonia. El 14 de septiembre, 7 y 27 de noviembre de 2007 se materializaron esas nuevas cartas de crédito por 6 millones de dólares. Esto habría permitido nuevamente operar con ventaja para la firma: el crédito ingresaba como capital de trabajo y los intereses eran
deducibles de impuestos.
IMPUTADOS. En la investigación se utilizaron reportes de la UIF, estados contables y actas de asamblea, entre otro material. Por eso, además de Agárdy, la Procelac pidió la imputación del accionista salvadoreño Soler; del hijo del presidente de la firma, Federico Agárdy; y de Patricia De Estrada. Lo mismo para los integrantes de JP Morgan en su filial local María Laura Tramenzzani, Agustín Estrada, Ernesto Grijalba, y Hernán Van Waveren, banquero junior y el gestor de trámites. Adrián Garate, que compartía con Arbizu el manejo de cuentas, también fue imputado, lo mismo que el arrepentido. Otro de los que aparece involucrado por la fiscalía es Roberto Zorgno, ex gerente financiero del Grupo Clarín y actual ejecutivo del Morgan, lo mismo que el jefe de Arbizu, Luke Palacio, entre otros.
Gonella sostuvo que «no puede soslayarse que estos hechos deben leerse en el trasfondo de las sanciones recibidas por el banco JP Morgan en los Estados Unidos por haber incumplido sistemáticamente la normativa de lavado de dinero en relación con el caso Madoff». Por eso, interpretó que se había montado una estructura para lavar a nivel global, que tuvo su capítulo argentino.
La decisión de la Procelac de avanzar en la denuncia penal pone de relieve dos aspectos fundamentales de la denuncia inicial de Arbizu: la veracidad de sus declaraciones ante la justicia, la UIF, la Comisión Nacional de Valores y los medios, y el protagonismo de JP Morgan en una maniobra de escala mundial. Dos elementos que la justicia debiera valorar para continuar con la pesquisa sobre el resto de las corporaciones, entre las que se cuenta el multimedios Clarín, Ledesma y Constantini, junto a una larga nómina de las principales fortunas de la Argentina que eran clientes de banca privada con acceso a este tipo de servicios.
Ahora, el fiscal Marijuan será quien tenga que decidir el siguiente paso. «
La causa recayó en el Juzgado Federal Nº 6, con intervención del fiscal Guillermo Marijuan.
