Desde 2009, año en el que se puso en vigencia la actual fórmula para calcular la variación de las jubilaciones y se establecieron por ley los factores para actualizarlas, el poder adquisitivo de los haberes mejoró un 19%. El bolsillo de los jubilados hoy tiene posibilidades de comprar un 19% más bienes y servicios que nueve años atrás.
El dato reviste de suma importancia ya que, con la fórmula que el Gobierno presenta al Congreso para calcular las jubilaciones desde el año próximo, los haberes estarían más en línea con la inflación y, por ende, no hubieran visto una mejora en el poder adquisitivo del mismo modo que en los últimos períodos.
La fórmula de movilidad previsional que puso el Gobierno de Mauricio Macri sobre la mesa de discusión contempla cuatro actualizaciones trimestrales, en vez de dos semestrales, tal como es actualmente. La principal variable de ajuste que contempla es la inflación y, luego de intensas discusiones con los gobernadores, el oficialismo cedió y aceptó incorporar también la variación del PBI, para que la mejora sea mayor a la inflación. Lo que los mandatarios provinciales no sabían, ya que no se conocía la letra chica del proyecto, era cuánto más iba a ser ese empujón en los haberes. Muchos se quedaron con sabor a poco cuando conocieron que ese incremento implicaba unos $ 20 más en la mayoría de los casos, cuando traducían que lo que se agregaba era un 5% del crecimiento de la economía en un semestre. Es decir, con una expansión del PBI del 3%, implica un 0,15 % adicional a la inflación del trimestre en cuestión. Además, al tomar la variación del IPC con un rezago de un semestre (para la actualización de marzo de 2018 tomaría los precios de entre junio y septiembre de 2017), los haberes también irían por detrás de los precios.
Daniel Schteingart, coordinador del área de precios y salarios del Instituto Estadístico de los trabajadores de la UMET, estimó que con la fórmula de movilidad previsional los haberes tuvieron una mejora en el poder adquisitivo del 19% desde 2009. Y, por lo tanto, de haber mediado la actualización en base a la inflación, solamente, el poder de compra de los salarios sería un 19% menor.
De hecho, si se toman en cuenta las variaciones de las jubilaciones en cada período y se la compara con la inflación, de los últimos nueve años, únicamente en dos la variación de los precios superó a los haberes. En cambio, en siete años los haberes mejoraron su poder de compra, lo que se traduce en que desde que está en vigencia la ley de movilidad jubilatoria tuvieran un poder adquisitivo 19% mayor.
La fórmula vigente tiene en cuenta dos variables para actualizar las jubilaciones: las variaciones producidas en los recursos tributarios del SIPA (comparando semestres idénticos de años consecutivos) y, por otro lado, el índice general de salarios determinado por el Indec o la variación del RIPTE índice basado en la Remuneración Imponible promedio de los trabajadores estables.
Diferentes analistas y economistas coinciden en que el cálculo en base a la inflación, aún con el agregado de la variación del PBI, implica menos recursos para el Estado. «El Gobierno podría reducir el gasto previsional en aproximadamente $ 85.000 millones», reconocen desde la consultora ACM.
De hecho, fue también una recomendación del FMI. «Indexar las jubilaciones a la inflación concretada desde 2019 reduciría el déficit actuarial por alrededor de 20 puntos porcentuales del PBI», explicaban en el Artículo IV del año pasado.
El dato reviste de suma importancia ya que, con la fórmula que el Gobierno presenta al Congreso para calcular las jubilaciones desde el año próximo, los haberes estarían más en línea con la inflación y, por ende, no hubieran visto una mejora en el poder adquisitivo del mismo modo que en los últimos períodos.
La fórmula de movilidad previsional que puso el Gobierno de Mauricio Macri sobre la mesa de discusión contempla cuatro actualizaciones trimestrales, en vez de dos semestrales, tal como es actualmente. La principal variable de ajuste que contempla es la inflación y, luego de intensas discusiones con los gobernadores, el oficialismo cedió y aceptó incorporar también la variación del PBI, para que la mejora sea mayor a la inflación. Lo que los mandatarios provinciales no sabían, ya que no se conocía la letra chica del proyecto, era cuánto más iba a ser ese empujón en los haberes. Muchos se quedaron con sabor a poco cuando conocieron que ese incremento implicaba unos $ 20 más en la mayoría de los casos, cuando traducían que lo que se agregaba era un 5% del crecimiento de la economía en un semestre. Es decir, con una expansión del PBI del 3%, implica un 0,15 % adicional a la inflación del trimestre en cuestión. Además, al tomar la variación del IPC con un rezago de un semestre (para la actualización de marzo de 2018 tomaría los precios de entre junio y septiembre de 2017), los haberes también irían por detrás de los precios.
Daniel Schteingart, coordinador del área de precios y salarios del Instituto Estadístico de los trabajadores de la UMET, estimó que con la fórmula de movilidad previsional los haberes tuvieron una mejora en el poder adquisitivo del 19% desde 2009. Y, por lo tanto, de haber mediado la actualización en base a la inflación, solamente, el poder de compra de los salarios sería un 19% menor.
De hecho, si se toman en cuenta las variaciones de las jubilaciones en cada período y se la compara con la inflación, de los últimos nueve años, únicamente en dos la variación de los precios superó a los haberes. En cambio, en siete años los haberes mejoraron su poder de compra, lo que se traduce en que desde que está en vigencia la ley de movilidad jubilatoria tuvieran un poder adquisitivo 19% mayor.
La fórmula vigente tiene en cuenta dos variables para actualizar las jubilaciones: las variaciones producidas en los recursos tributarios del SIPA (comparando semestres idénticos de años consecutivos) y, por otro lado, el índice general de salarios determinado por el Indec o la variación del RIPTE índice basado en la Remuneración Imponible promedio de los trabajadores estables.
Diferentes analistas y economistas coinciden en que el cálculo en base a la inflación, aún con el agregado de la variación del PBI, implica menos recursos para el Estado. «El Gobierno podría reducir el gasto previsional en aproximadamente $ 85.000 millones», reconocen desde la consultora ACM.
De hecho, fue también una recomendación del FMI. «Indexar las jubilaciones a la inflación concretada desde 2019 reduciría el déficit actuarial por alrededor de 20 puntos porcentuales del PBI», explicaban en el Artículo IV del año pasado.
