Cosecha Roja.-
“Es importante abrir el debate sobre la política de drogas en la Cámara de Diputados porque siempre son jóvenes y pobres los que tienen en su historial penal un conflicto por consumo. Y eso es injusto”, dijo a Cosecha Roja Juliana Di Tullio, presidenta del bloque del Frente Para la Victoria.
El paradigma conocido como la “guerra contra las drogas” surgido en la década del ’70 no funcionó y en América Latina se discute una nueva forma de encarar la política de drogas con el foco puesto en la salud, el rol del Estado y el separar los tantos: “Consumo personal es una cosa, narcotráfico es otra”, explicó la diputada.
“Hay abundantes casos de penalización y conflicto con la ley de jóvenes de sectores vulnerables porque están consumiendo y muy pocos de narcotraficantes”, dijo Di Tullio. El prohibicionismo, el perseguir al consumidor y el intento de combatir la violencia con más violencia son estrategias que, se comprobó, no funcionan. No aporta soluciones al adicto, no disminuye el consumo, no desarma las organizaciones criminales transnacionales ni detiene a los grandes traficantes de estupefacientes.
Según datos de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), en casi el 40 por ciento de las causas por estupefacientes la justicia persigue a los consumidores. Sólo en el 3 por ciento de esos casos la investigación se enfoca en el contrabando.
Di Tullio explicó que es importante diferenciar el tráfico de estupefacientes del consumo personal y del problema de la adicción: “No se puede dar el mismo tratamiento a un adicto que a un narcotraficante”, dijo. Y explicó que tampoco se puede confundir la despenalización con la política específica que combate el narcotráfico.
La estrategia en las últimas décadas criminalizó al usuario, dejó morir al adicto, castigó al último eslabón de las redes narcos y llenó las cárceles. Desde la VI Cumbre de las Américas en Cartagena de 2012, hay acuerdo entre los líderes latinoamericanos en cuestionar esa política. Uruguay fue el primero en dar un paso firme hacia la regulación del mercado de cannabis mediante la ley promulgada en noviembre de 2013.
En Argentina está pendiente una reforma de la Ley 23.737 desde que, en el fallo Arriola de 2009, la Corte Suprema de la Nación consideró inconstitucional la penalización del consumo personal e instó al Poder Legislativo a modificar esa legislación. Aunque todavía no hay un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo como circuló por los medios, existen iniciativas presentadas por algunos diputados como Diana Conti, Victoria Donda y Aníbal Fernández.
¿Cuál tendría que ser el rol del Estado? Di Tullio explicó que “el tratamiento debe ser justo: el Estado debe intervenir desde la política pública, no desde la criminalización personal ni desde el código penal únicamente. Si no, lo único que se logra es “hacerle una historia penal a un pibe de 14 ó 16 años que le queda de por vida”, dijo.
Cambiar el foco de la política de drogas permite repensar las políticas de salud, incluir la reducción de daños y modificar el vínculo con la justicia. El objetivo no es que “haya pibes adictos y libres” sino que puedan recibir un “tratamiento justo”.
“Es importante abrir el debate sobre la política de drogas en la Cámara de Diputados porque siempre son jóvenes y pobres los que tienen en su historial penal un conflicto por consumo. Y eso es injusto”, dijo a Cosecha Roja Juliana Di Tullio, presidenta del bloque del Frente Para la Victoria.
El paradigma conocido como la “guerra contra las drogas” surgido en la década del ’70 no funcionó y en América Latina se discute una nueva forma de encarar la política de drogas con el foco puesto en la salud, el rol del Estado y el separar los tantos: “Consumo personal es una cosa, narcotráfico es otra”, explicó la diputada.
“Hay abundantes casos de penalización y conflicto con la ley de jóvenes de sectores vulnerables porque están consumiendo y muy pocos de narcotraficantes”, dijo Di Tullio. El prohibicionismo, el perseguir al consumidor y el intento de combatir la violencia con más violencia son estrategias que, se comprobó, no funcionan. No aporta soluciones al adicto, no disminuye el consumo, no desarma las organizaciones criminales transnacionales ni detiene a los grandes traficantes de estupefacientes.
Según datos de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), en casi el 40 por ciento de las causas por estupefacientes la justicia persigue a los consumidores. Sólo en el 3 por ciento de esos casos la investigación se enfoca en el contrabando.
Di Tullio explicó que es importante diferenciar el tráfico de estupefacientes del consumo personal y del problema de la adicción: “No se puede dar el mismo tratamiento a un adicto que a un narcotraficante”, dijo. Y explicó que tampoco se puede confundir la despenalización con la política específica que combate el narcotráfico.
La estrategia en las últimas décadas criminalizó al usuario, dejó morir al adicto, castigó al último eslabón de las redes narcos y llenó las cárceles. Desde la VI Cumbre de las Américas en Cartagena de 2012, hay acuerdo entre los líderes latinoamericanos en cuestionar esa política. Uruguay fue el primero en dar un paso firme hacia la regulación del mercado de cannabis mediante la ley promulgada en noviembre de 2013.
En Argentina está pendiente una reforma de la Ley 23.737 desde que, en el fallo Arriola de 2009, la Corte Suprema de la Nación consideró inconstitucional la penalización del consumo personal e instó al Poder Legislativo a modificar esa legislación. Aunque todavía no hay un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo como circuló por los medios, existen iniciativas presentadas por algunos diputados como Diana Conti, Victoria Donda y Aníbal Fernández.
¿Cuál tendría que ser el rol del Estado? Di Tullio explicó que “el tratamiento debe ser justo: el Estado debe intervenir desde la política pública, no desde la criminalización personal ni desde el código penal únicamente. Si no, lo único que se logra es “hacerle una historia penal a un pibe de 14 ó 16 años que le queda de por vida”, dijo.
Cambiar el foco de la política de drogas permite repensar las políticas de salud, incluir la reducción de daños y modificar el vínculo con la justicia. El objetivo no es que “haya pibes adictos y libres” sino que puedan recibir un “tratamiento justo”.
