Axel Kicillof asumi ó personalmente, junto con el secretario de Finanzas Pablo López la resolución sobre si se acepta o rechaza la nueva oferta que se les presentará a los fondos buitre que litigan contra el país en Estados Unidos, en no más de un mes. Sobre la mesa tiene ya dos propuestas que, a hoy, pican en punta: la del banco suizo UBS y la del norteamericano Goldman Sachs. Se escuchará en los próximos días otra idea, la del banco británico HSBC; y finalmente el tándem Kicillof- López; más la intervención de la embajadora en los Estados Unidos, Cecilia Nahón, se volcará por la propuesta que mayor nivel de aporte «cash» para fortalecer las reservas del Banco Central prometa. Según los cálculos que el ministro y el secretario hicieron previamente a comenzar las reuniones para definir la próxima propuesta a los fondos buitre y holdouts, de resultar exitosa la negociación podrían ingresar, como piso, fondos por unos u$s 1.000 o u$s 2.000 millones.
La estrategia básica, en la que coinciden hasta ahora tanto UBS como Goldman Sachs, es la de comprar la deuda a los bonistas que aún litigan contra Argentina y que suman títulos públicos en default por entre u$s 7.000/ 8.000 millones; con una quita que sería mucho menor a la del canje de 2010 (había sido del 63%) pero con un pago en efectivo. Argentina le ofrecería luego un bono a largo plazo (10 años o más), que comenzaría a pagar el próximo presidente que suceda a Cristina de Kirchner. Hacia los bonistas que sí ingresaron en el canje, se les ofrecería una compensación o se especularía con que venza la fecha de diciembre de este año, luego de la cual (teóricamente) no habría más derecho a reclamar por una compensación mayor a los bonistas que decidieron no ingresar en ningún de los dos canjes de deuda que impulsó el kirchnerismo.
Las propuestas, por ahora en embrión, fueron expuestas por cada uno de los bancos internacionales en reuniones oficiales en Buenos Aires con Axel Kicillof y el jefe de Gabinete Jorge Capitanich . El primer encuentro fue con Goldman Sachs el 29 de enero e intervinieron la vicepresidenta de la firma, Agostina Pechi; el director ejecutivo de Latinoamerica, Stephen Scherr; y el director ejecutivo responsable de la Banca de Inversión, Richard Mcneil. La reunión con el UBS fue el miércoles 12 de febrero con el representante del banco suizo para América Latina Gerard Cremoux .
La intención oficial es elegir rápidamente la oferta que más se acerque a las posibilidades y necesidades financieras del país, y que rápidamente comience una rueda de consultas formales con los holdouts y los fondos buitre. Estas comunicaciones serán, obviamente, en un primer momento sólo entre los privados y nunca habrá negociaciones formales y abiertas de representantes oficiales del Gobierno argentino con fondos buitre.
Esta fue una de las condiciones para cerrar un acuerdo que Goldman Sachs y UBS se llevaron de Buenos Aires. Políticamente, para la Argentina, sentarse en una misma mesa de negociación con el fondo buitre Elliot, de Paul Singer , el mismo que embargó la fragata Libertad en Ghana y litiga contra el país (exitosamente) en los tribunales de Estados Unidos, es inadmisible.
Sobre la posibilidad que este fondo acepte una oferta de este tipo, las versiones extraoficiales que llegan a los eventuales negociadores privados son volátiles. Por un lado, hay declaraciones del abogado del fondo Ted Olson y del propio Singer, donde se asegura que la única manera de negociar es que formalmente el Gobierno argentino haga la oferta e intervenga en las discusiones; algo que, saben las partes, es utópico. Sin embargo, el agente financiero de Elliot, Jay Newman, declaró ayer que «si la Argentina quiere negociar, la disputa se resuelve rápidamente». La estrategia del fondo buitre (y de sus aliados que aún no comenzaron siquiera los juicios contra el país), es esperar a un fallo inmediato favorable a partir del rechazo de la Corte Suprema de los Estados Unidos de tratar el caso, para luego negociar con Argentina con mayor fortaleza.
Desde Buenos Aires, fuentes privadas que participan de la elaboración de la propuesta que debería aprobar o rechazar Kicillof, afirman que «Singer es un hombre de negocios, sabe que no va a cobrar aunque gane el juicio y que la única alternativa que le queda es sentase a discutir condiciones para cobrar lo que algún banco de inversión le ofrezca».
El cronograma que tiene ahora en mente el Gobierno, es que la propuesta final esté aprobada y presentada en sociedad antes del 21 de abril. Ese día los abogados de la Argentina del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGSH), Carmine Bocuzzi y Jonathan Blackman; junto con el asociado para el litigio ante la Corte, Paul Clement , se presentarán ante el máximo tribunal para exponer sobre el reclamo de Elliot de embargar las cuentas del Banco Nación. Esta será, según los representantes legales del país, la última alternativa para plantear el caso argentino y convencer a los jueces de que lo traten.
Antes de ese 21 de abril, el Gobierno quiere que la oferta esté ya en circulación y la posibilidad de un acuerdo más cercana. La decisión de avanzar lo más rápido posible en la reestructuración de la deuda argentina en default y en litigio en los Estados Unidos, fue tomada por Cristina de Kirchner bajo recomendación de Jorge Capitanich y Axel Kicillof. Ambos convencieron a la Presidente de cerrar definitivamente el pasivo con el Club de París y con los juicios ante el CIADI como necesidad para comenzar a sondear seriamente la alternativa de colocación de deuda externa para fortalecer las reservas y solucionar el frente financiero externo. En principio, Kicillof no quería hacerse cargo de este capítulo y había aceptado dejar su tratamiento en manos de su antecesor, Hernán Lorenzino, y la recién creada Unidad de Renegociación de la Deuda que el exministro maneja junto con el exsecretario de Finanzas Adrián Cosentino. Sin embargo Kicillof cambió de parecer y tomó, junto con López, la conducción de la negociación de la deuda externa y la salida definitiva del default. Enojado por la forma en que se cerró el acuerdo por los pasivos de los juicios ante el CIADI, eyectó de cualquier alternativa de elección para que se haga cargo de discutir con los holdouts al exfondo buitre Gramercy, del norteamericano Robert Koenigsberger. Con el Gramercy, al menos hasta ahora, también fue separado el Deustche Bank, sospechado además en otras oficinas del Gobierno de haber participado en acciones financieras contra el peso argentino en los días de las corridas cambiarias anteriores a la devaluación del 22 y 23 de enero.
La estrategia básica, en la que coinciden hasta ahora tanto UBS como Goldman Sachs, es la de comprar la deuda a los bonistas que aún litigan contra Argentina y que suman títulos públicos en default por entre u$s 7.000/ 8.000 millones; con una quita que sería mucho menor a la del canje de 2010 (había sido del 63%) pero con un pago en efectivo. Argentina le ofrecería luego un bono a largo plazo (10 años o más), que comenzaría a pagar el próximo presidente que suceda a Cristina de Kirchner. Hacia los bonistas que sí ingresaron en el canje, se les ofrecería una compensación o se especularía con que venza la fecha de diciembre de este año, luego de la cual (teóricamente) no habría más derecho a reclamar por una compensación mayor a los bonistas que decidieron no ingresar en ningún de los dos canjes de deuda que impulsó el kirchnerismo.
Las propuestas, por ahora en embrión, fueron expuestas por cada uno de los bancos internacionales en reuniones oficiales en Buenos Aires con Axel Kicillof y el jefe de Gabinete Jorge Capitanich . El primer encuentro fue con Goldman Sachs el 29 de enero e intervinieron la vicepresidenta de la firma, Agostina Pechi; el director ejecutivo de Latinoamerica, Stephen Scherr; y el director ejecutivo responsable de la Banca de Inversión, Richard Mcneil. La reunión con el UBS fue el miércoles 12 de febrero con el representante del banco suizo para América Latina Gerard Cremoux .
La intención oficial es elegir rápidamente la oferta que más se acerque a las posibilidades y necesidades financieras del país, y que rápidamente comience una rueda de consultas formales con los holdouts y los fondos buitre. Estas comunicaciones serán, obviamente, en un primer momento sólo entre los privados y nunca habrá negociaciones formales y abiertas de representantes oficiales del Gobierno argentino con fondos buitre.
Esta fue una de las condiciones para cerrar un acuerdo que Goldman Sachs y UBS se llevaron de Buenos Aires. Políticamente, para la Argentina, sentarse en una misma mesa de negociación con el fondo buitre Elliot, de Paul Singer , el mismo que embargó la fragata Libertad en Ghana y litiga contra el país (exitosamente) en los tribunales de Estados Unidos, es inadmisible.
Sobre la posibilidad que este fondo acepte una oferta de este tipo, las versiones extraoficiales que llegan a los eventuales negociadores privados son volátiles. Por un lado, hay declaraciones del abogado del fondo Ted Olson y del propio Singer, donde se asegura que la única manera de negociar es que formalmente el Gobierno argentino haga la oferta e intervenga en las discusiones; algo que, saben las partes, es utópico. Sin embargo, el agente financiero de Elliot, Jay Newman, declaró ayer que «si la Argentina quiere negociar, la disputa se resuelve rápidamente». La estrategia del fondo buitre (y de sus aliados que aún no comenzaron siquiera los juicios contra el país), es esperar a un fallo inmediato favorable a partir del rechazo de la Corte Suprema de los Estados Unidos de tratar el caso, para luego negociar con Argentina con mayor fortaleza.
Desde Buenos Aires, fuentes privadas que participan de la elaboración de la propuesta que debería aprobar o rechazar Kicillof, afirman que «Singer es un hombre de negocios, sabe que no va a cobrar aunque gane el juicio y que la única alternativa que le queda es sentase a discutir condiciones para cobrar lo que algún banco de inversión le ofrezca».
El cronograma que tiene ahora en mente el Gobierno, es que la propuesta final esté aprobada y presentada en sociedad antes del 21 de abril. Ese día los abogados de la Argentina del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGSH), Carmine Bocuzzi y Jonathan Blackman; junto con el asociado para el litigio ante la Corte, Paul Clement , se presentarán ante el máximo tribunal para exponer sobre el reclamo de Elliot de embargar las cuentas del Banco Nación. Esta será, según los representantes legales del país, la última alternativa para plantear el caso argentino y convencer a los jueces de que lo traten.
Antes de ese 21 de abril, el Gobierno quiere que la oferta esté ya en circulación y la posibilidad de un acuerdo más cercana. La decisión de avanzar lo más rápido posible en la reestructuración de la deuda argentina en default y en litigio en los Estados Unidos, fue tomada por Cristina de Kirchner bajo recomendación de Jorge Capitanich y Axel Kicillof. Ambos convencieron a la Presidente de cerrar definitivamente el pasivo con el Club de París y con los juicios ante el CIADI como necesidad para comenzar a sondear seriamente la alternativa de colocación de deuda externa para fortalecer las reservas y solucionar el frente financiero externo. En principio, Kicillof no quería hacerse cargo de este capítulo y había aceptado dejar su tratamiento en manos de su antecesor, Hernán Lorenzino, y la recién creada Unidad de Renegociación de la Deuda que el exministro maneja junto con el exsecretario de Finanzas Adrián Cosentino. Sin embargo Kicillof cambió de parecer y tomó, junto con López, la conducción de la negociación de la deuda externa y la salida definitiva del default. Enojado por la forma en que se cerró el acuerdo por los pasivos de los juicios ante el CIADI, eyectó de cualquier alternativa de elección para que se haga cargo de discutir con los holdouts al exfondo buitre Gramercy, del norteamericano Robert Koenigsberger. Con el Gramercy, al menos hasta ahora, también fue separado el Deustche Bank, sospechado además en otras oficinas del Gobierno de haber participado en acciones financieras contra el peso argentino en los días de las corridas cambiarias anteriores a la devaluación del 22 y 23 de enero.
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la estrategia de Argentina es incorrecta y va detras de los problemas. En la medida que existan bonos viejos en circulacion hay riesgo potencial de juicios hasta el 2031. Habria que cambiar la estrategia no solo para terminar con los problemas presentes sino los futuros tambien.