El viernes, por primera vez, el Gobierno explicitó el problema energético en el que está atrapado. El mérito de esa glasnost se debe al viceministro de Economía. Delante de los principales productores y distribuidores de electricidad, Axel Kicillof se comprometió a abordar las graves inconsistencias del sector.
Como de costumbre, Kicillof se demoró en una execración de la gestión económica de los años 90. Fue tan vehemente que trajo a la memoria de algunos asistentes la voz y el tono de Domingo Cavallo. Dos décadas atrás, el padre de la convertibilidad defendía las ideas opuestas con la misma presunción.
Las coincidencias exceden el estilo. Cristina Kirchner delegó en Kicillof un poder que sólo Carlos Menem había cedido a Cavallo. La Secretaría de Planificación del Desarrollo se va convirtiendo en un Estado dentro del Estado. Ahora Kicillof se puso al frente de otra comisión, para equilibrar las variables del sector eléctrico, como la «rentabilidad razonable» de las empresas.
Lo curioso es que la cabeza que terminó de rodar el viernes fue la de Julio De Vido, quien, como sumo sacerdote energético, también contrastaba sus decisiones con los malditos 90. Penoso calvario el de De Vido, quien se creía con derecho a disfrutar del 54% de los votos. Como si ese éxito fuera compartido, hasta soñó con un ascenso. Pero la purga de Kicillof lo confinó al conurbano, donde ahora debe garantizar la dudosa lealtad de los intendentes peronistas.
La sustitución de Enarsa por YPF en la importación de combustibles, un negocio administrado por De Vido, fue la puñalada más cruel de Kicillof. La decisión evoca antecedentes desagradables. En abril pasado, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, denunció que la estatización de YPF era la represalia a su negativa a pagar comisiones en las ventas de gas licuado a Enarsa. Para la misma época, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno -que el viernes acompañó a Kicillof como segunda voz- adelantó a colaboradores de De Vido: «Se les va a acabar la jodita de los barcos». Un gobernador y dos funcionarios fueron testigos del pronóstico. Tal vez Enarsa carezca en adelante de sentido.
Kicillof aplicará al parque eléctrico la receta estatista que el decreto 1277 fijó para los hidrocarburos: los ejecutivos privados deberán alimentar la matriz insumo-producto con los detalles de su negocio. Y los funcionarios fijarán costos y utilidades.
Los empresarios se resignarán a ser contratistas de un Estado que los conduce y, llegado el caso, expropia. Muchos creen descubrir ventajas en entregar las llaves. Los distribuidores de electricidad, por ejemplo, festejan, como quedó reflejado en el rush de la acción de Edenor. Desde el fondo de la quiebra oyeron hablar de rentabilidad. A ellos, que compran y venden energía, les alcanza con que les fijen costos y asignen una plusvalía.
Los generadores, en cambio, tiemblan. Como los productores de petróleo, realizan inversiones que carecen de sentido -y, sobre todo, de financiación- sin un retorno atractivo. Esto explica por qué el capitalismo de Estado que ensaya la Presidenta sólo tiene alguna perspectiva allí donde no hay riesgo. La primera razón por la que Kicillof encaró el problema eléctrico es que su mano derecha, Augusto Costa, le demostró que algunas empresas irían al default, provocando un colapso en los servicios. Marcelo Mindlin (Pampa Energía) había anticipado: «Si quieren Edenor, se la dejo». Durante seis meses Costa revisó los números de Pampa.
El segundo motivo del avance de Kicillof es que la ruina del sistema agrava la crisis fiscal. Edesur, Edelap y, sobre todo, Edemsa dejaron de pagar a Cammesa -compañía mixta que organiza al sector- parte de la energía que consumen, para pagar el aumento salarial de $ 2000 pactado con Luz y Fuerza. El titular de Cammesa, Juan Manuel Abud, otro subordinado de Kicillof, debió pedir más auxilios al Tesoro.
Una curiosidad: la mayor catástrofe se registra en la distribuidora Edemsa. Pertenece a José Luis Manzano, quien, desde que asistió bañado en lágrimas al funeral de Néstor Kirchner, se convirtió en el empresario modélico del proyecto nacional y popular.
El tercer factor de esta nueva irrupción de Kicillof es que, sin ella, su intervención sobre el sector de los hidrocarburos sería impracticable. Los generadores son los principales consumidores de combustibles. Kicillof enfrentará varios desafíos. ¿Las empresas le darán la información correcta? ¿O apelarán al principio que la Presidenta consagró ante Joseph Stiglitz: «Si hay que truchar, hermano, se trucha»? Otro enigma: ¿con qué inflación determinarán los costos? En su momento, Kicillof criticó la falta de credibilidad del Indec.
Y la gran incógnita: ¿con qué ingresos se obtendrá la «rentabilidad razonable»? El viernes, Kicillof respondió a este interrogante con un autosuficiente «problema mío». Pero no sobran opciones. Si no está dispuesto a expropiar, deberá aumentar las tarifas, los subsidios o ambos. Para ajustar los precios deberá convencer a Cristina Kirchner, quien se niega a dar esa mala noticia desde 2008.
Si, en cambio, los consumidores a los que se les propone otra reelección seguirán recibiendo la energía regalada, la Presidenta debe destinar $ 40.000 millones a subsidios. La importación de combustibles será este año de US$ 12.000 millones.
El problema sólo puede ser percibido si se abandona una visión maniquea y segmentada de la historia. Los Kirchner halagaron a las clases medias y altas con una fiesta de consumo, entre otros motivos, gracias a las inversiones que heredaron de la década anterior. Para sostener la ilusión del presente eterno, la sociedad argentina comenzó por devorar el capital de las empresas de servicios y terminó consumiendo el superávit fiscal por la vía de subvenciones.
Venezuela acaba de llegar al final de este camino: 39 muertos en la mayor refinería de Pdvsa por un tipo de accidente que la industria aprendió a evitar hace ya décadas. Un Once energético. ¿Cómo atraer inversiones a un país donde las compañías están asfixiadas por falta de rentabilidad? Esta es la encerrona de Kicillof. Y está urgido a resolverla porque, de no hacerlo, la aventura de la Presidenta en YPF está condenada a naufragar. La trampa populista amenaza al otro héroe del kirchnerismo energético: Miguel Galuccio. Al presidente de YPF se le están agotando los ardides retóricos para disimular que su gestión está bloqueada.
En el foro local del Council of the Americas, Galuccio pidió a los inversores que tuvieran fe en que él defendería la rentabilidad de la empresa. Por lo visto alguien la amenaza. El propio Galuccio se encargó de recordarlo, malgré lui, cuando exaltó a la Presidenta por haber «recuperado YPF». Doris Capurro debería advertirle que el público al que él se dirige cree que la estatización de YPF fue un saqueo.
Pero el alumno Galuccio parece estar ganado por los reflejos facciosos del kirchnerismo. ¿Un síntoma? De las provincias en que se propuso encontrar petróleo excluyó Córdoba, del opositor José Manuel de la Sota.
Ansioso porque algún inversor apueste a su proyecto, Galuccio sobrevendió su entrevista con Ali Moshiri, el jefe de Chevron para Africa y América latina. La página web de YPF, que resiste vez menos la tentación militante, tituló: «Reunión de los líderes de YPF y Chevron». Casi Napoleón y Wellington. Debajo, algunas magnificaciones: Galuccio y Moshiri se prodigaron augurios, exploraron alianzas, compartieron visiones del mundo. Sólo queda, entonces, que el líder Moshiri comunique a la Bolsa de Nueva York un acuerdo con el líder Galuccio.
El problema es que, para convencer al directorio de Chevron, Moshiri necesita precios libres, disponibilidad de dividendos, libertad de importación, estabilidad tributaria. En definitiva, lo mismo que pedía Antonio Brufau. Pero esas condiciones rebotan contra la matriz del líder Kicillof.
El jueves próximo Galuccio presentará, por fin, su plan estratégico. El mercado sólo espera una definición: si mantiene la pretensión de conseguir inversiones anuales por US$ 7000 millones.
En mayo de 1955, Juan Domingo Perón, consciente de las restricciones de su experimento económico, suscribió un convenio con la California Standard Oil. En 1958, en La fuerza es el derecho de las bestias, debió defenderse de los nacionalistas. Escribió que sin la participación de capital extranjero YPF no podía sostener el ritmo del crecimiento nacional. El intento de solventar ese proceso con importaciones, decía Perón, estaba dilapidando los recursos del Estado. En 1984 la Standard Oil cambió de nombre. Comenzó a llamarse Chevron. Cristina Kirchner quiere encontrar en ella la escapatoria que buscó Perón para rescatar del fracaso su modelo. Este populismo chocó contra el límite de aquel otro. La historia suele ofrecer estas indescifrables coincidencias..
Como de costumbre, Kicillof se demoró en una execración de la gestión económica de los años 90. Fue tan vehemente que trajo a la memoria de algunos asistentes la voz y el tono de Domingo Cavallo. Dos décadas atrás, el padre de la convertibilidad defendía las ideas opuestas con la misma presunción.
Las coincidencias exceden el estilo. Cristina Kirchner delegó en Kicillof un poder que sólo Carlos Menem había cedido a Cavallo. La Secretaría de Planificación del Desarrollo se va convirtiendo en un Estado dentro del Estado. Ahora Kicillof se puso al frente de otra comisión, para equilibrar las variables del sector eléctrico, como la «rentabilidad razonable» de las empresas.
Lo curioso es que la cabeza que terminó de rodar el viernes fue la de Julio De Vido, quien, como sumo sacerdote energético, también contrastaba sus decisiones con los malditos 90. Penoso calvario el de De Vido, quien se creía con derecho a disfrutar del 54% de los votos. Como si ese éxito fuera compartido, hasta soñó con un ascenso. Pero la purga de Kicillof lo confinó al conurbano, donde ahora debe garantizar la dudosa lealtad de los intendentes peronistas.
La sustitución de Enarsa por YPF en la importación de combustibles, un negocio administrado por De Vido, fue la puñalada más cruel de Kicillof. La decisión evoca antecedentes desagradables. En abril pasado, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, denunció que la estatización de YPF era la represalia a su negativa a pagar comisiones en las ventas de gas licuado a Enarsa. Para la misma época, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno -que el viernes acompañó a Kicillof como segunda voz- adelantó a colaboradores de De Vido: «Se les va a acabar la jodita de los barcos». Un gobernador y dos funcionarios fueron testigos del pronóstico. Tal vez Enarsa carezca en adelante de sentido.
Kicillof aplicará al parque eléctrico la receta estatista que el decreto 1277 fijó para los hidrocarburos: los ejecutivos privados deberán alimentar la matriz insumo-producto con los detalles de su negocio. Y los funcionarios fijarán costos y utilidades.
Los empresarios se resignarán a ser contratistas de un Estado que los conduce y, llegado el caso, expropia. Muchos creen descubrir ventajas en entregar las llaves. Los distribuidores de electricidad, por ejemplo, festejan, como quedó reflejado en el rush de la acción de Edenor. Desde el fondo de la quiebra oyeron hablar de rentabilidad. A ellos, que compran y venden energía, les alcanza con que les fijen costos y asignen una plusvalía.
Los generadores, en cambio, tiemblan. Como los productores de petróleo, realizan inversiones que carecen de sentido -y, sobre todo, de financiación- sin un retorno atractivo. Esto explica por qué el capitalismo de Estado que ensaya la Presidenta sólo tiene alguna perspectiva allí donde no hay riesgo. La primera razón por la que Kicillof encaró el problema eléctrico es que su mano derecha, Augusto Costa, le demostró que algunas empresas irían al default, provocando un colapso en los servicios. Marcelo Mindlin (Pampa Energía) había anticipado: «Si quieren Edenor, se la dejo». Durante seis meses Costa revisó los números de Pampa.
El segundo motivo del avance de Kicillof es que la ruina del sistema agrava la crisis fiscal. Edesur, Edelap y, sobre todo, Edemsa dejaron de pagar a Cammesa -compañía mixta que organiza al sector- parte de la energía que consumen, para pagar el aumento salarial de $ 2000 pactado con Luz y Fuerza. El titular de Cammesa, Juan Manuel Abud, otro subordinado de Kicillof, debió pedir más auxilios al Tesoro.
Una curiosidad: la mayor catástrofe se registra en la distribuidora Edemsa. Pertenece a José Luis Manzano, quien, desde que asistió bañado en lágrimas al funeral de Néstor Kirchner, se convirtió en el empresario modélico del proyecto nacional y popular.
El tercer factor de esta nueva irrupción de Kicillof es que, sin ella, su intervención sobre el sector de los hidrocarburos sería impracticable. Los generadores son los principales consumidores de combustibles. Kicillof enfrentará varios desafíos. ¿Las empresas le darán la información correcta? ¿O apelarán al principio que la Presidenta consagró ante Joseph Stiglitz: «Si hay que truchar, hermano, se trucha»? Otro enigma: ¿con qué inflación determinarán los costos? En su momento, Kicillof criticó la falta de credibilidad del Indec.
Y la gran incógnita: ¿con qué ingresos se obtendrá la «rentabilidad razonable»? El viernes, Kicillof respondió a este interrogante con un autosuficiente «problema mío». Pero no sobran opciones. Si no está dispuesto a expropiar, deberá aumentar las tarifas, los subsidios o ambos. Para ajustar los precios deberá convencer a Cristina Kirchner, quien se niega a dar esa mala noticia desde 2008.
Si, en cambio, los consumidores a los que se les propone otra reelección seguirán recibiendo la energía regalada, la Presidenta debe destinar $ 40.000 millones a subsidios. La importación de combustibles será este año de US$ 12.000 millones.
El problema sólo puede ser percibido si se abandona una visión maniquea y segmentada de la historia. Los Kirchner halagaron a las clases medias y altas con una fiesta de consumo, entre otros motivos, gracias a las inversiones que heredaron de la década anterior. Para sostener la ilusión del presente eterno, la sociedad argentina comenzó por devorar el capital de las empresas de servicios y terminó consumiendo el superávit fiscal por la vía de subvenciones.
Venezuela acaba de llegar al final de este camino: 39 muertos en la mayor refinería de Pdvsa por un tipo de accidente que la industria aprendió a evitar hace ya décadas. Un Once energético. ¿Cómo atraer inversiones a un país donde las compañías están asfixiadas por falta de rentabilidad? Esta es la encerrona de Kicillof. Y está urgido a resolverla porque, de no hacerlo, la aventura de la Presidenta en YPF está condenada a naufragar. La trampa populista amenaza al otro héroe del kirchnerismo energético: Miguel Galuccio. Al presidente de YPF se le están agotando los ardides retóricos para disimular que su gestión está bloqueada.
En el foro local del Council of the Americas, Galuccio pidió a los inversores que tuvieran fe en que él defendería la rentabilidad de la empresa. Por lo visto alguien la amenaza. El propio Galuccio se encargó de recordarlo, malgré lui, cuando exaltó a la Presidenta por haber «recuperado YPF». Doris Capurro debería advertirle que el público al que él se dirige cree que la estatización de YPF fue un saqueo.
Pero el alumno Galuccio parece estar ganado por los reflejos facciosos del kirchnerismo. ¿Un síntoma? De las provincias en que se propuso encontrar petróleo excluyó Córdoba, del opositor José Manuel de la Sota.
Ansioso porque algún inversor apueste a su proyecto, Galuccio sobrevendió su entrevista con Ali Moshiri, el jefe de Chevron para Africa y América latina. La página web de YPF, que resiste vez menos la tentación militante, tituló: «Reunión de los líderes de YPF y Chevron». Casi Napoleón y Wellington. Debajo, algunas magnificaciones: Galuccio y Moshiri se prodigaron augurios, exploraron alianzas, compartieron visiones del mundo. Sólo queda, entonces, que el líder Moshiri comunique a la Bolsa de Nueva York un acuerdo con el líder Galuccio.
El problema es que, para convencer al directorio de Chevron, Moshiri necesita precios libres, disponibilidad de dividendos, libertad de importación, estabilidad tributaria. En definitiva, lo mismo que pedía Antonio Brufau. Pero esas condiciones rebotan contra la matriz del líder Kicillof.
El jueves próximo Galuccio presentará, por fin, su plan estratégico. El mercado sólo espera una definición: si mantiene la pretensión de conseguir inversiones anuales por US$ 7000 millones.
En mayo de 1955, Juan Domingo Perón, consciente de las restricciones de su experimento económico, suscribió un convenio con la California Standard Oil. En 1958, en La fuerza es el derecho de las bestias, debió defenderse de los nacionalistas. Escribió que sin la participación de capital extranjero YPF no podía sostener el ritmo del crecimiento nacional. El intento de solventar ese proceso con importaciones, decía Perón, estaba dilapidando los recursos del Estado. En 1984 la Standard Oil cambió de nombre. Comenzó a llamarse Chevron. Cristina Kirchner quiere encontrar en ella la escapatoria que buscó Perón para rescatar del fracaso su modelo. Este populismo chocó contra el límite de aquel otro. La historia suele ofrecer estas indescifrables coincidencias..
