10/10/12
Se van a cumplir diez días del conflicto que mantiene en estado de protesta salarial a las fuerzas de seguridad. Aunque fuentes del Gobierno insistan en negarlo, ese malestar se extiende también a unidades del Ejército y la Marina. La única diferencia es que fluye silencioso, a diferencia del espectáculo público que brindan la Gendarmería y la Prefectura.
Aquel conflicto estalló por una notable impericia administrativa del Gobierno que produjo, de facto, una rebaja salarial en los agentes de seguridad. Pero las conductas posteriores, incluida la rueda de prensa de ayer de Juan Manuel Abal Medina , el jefe de Gabinete, y Hernán Lorenzino, el ministro de Economía, empiezan a sembrar dudas sobre si detrás de la ineptitud oficial no estaría agazapado, en verdad, otro objetivo.
¿Cuál?.
El de provocar, tal vez, una reacción de gendarmes y prefectos menos módica que la presente . Colocar a Cristina Fernández, por qué no, como víctima de una hipotética algarada uniformada. Si el espejo dilecto del kirchnerismo es Venezuela, como quedó demostrado luego de la indiscutida victoria de Hugo Chávez, no habría que descartar tampoco la tentación de algún reflejo extraído del proceso en Ecuador . Hace diez días, también, Rafael Correa recordó el segundo aniversario de una sublevación policial (el 30 de septiembre del 2010) que logró sofocar y le sirvió de plataforma posterior para consolidar su liderazgo, avanzar sobre la Justicia y los medios de comunicación.
Esa conjetura cobra dimensión cuando se observa el comportamiento del Gobierno en este pleito. La Presidenta nunca pareció buscar una salida expeditiva. Prefirió los cabildeos, el fuego peligroso de prolongar la desobediencia y una supuesta negociación que nunca fue tal. Los rebeldes apenas tuvieron un contacto fugaz con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, para acercarle un texto con las peticiones. Berni, desde entonces, desapareció y esas peticiones pudieron ir a parar al fondo de algún cesto.
Ni Abal Medina ni Lorenzino refirieron ayer en su enmadejada exposición a ese petitorio. Hablaron como dos funcionarios recién llegados al Gobierno y comunicaron que las raíces del conflicto son mucho más complejas de las esperadas. Cumplieron el ritual, eso sí, de todo buen kirchnerista: remontaron las culpas a Carlos Menem y Domingo Cavallo, por una disposición sobre las fuerzas de seguridad de 1993.
En ese petitorio los gendarmes y prefectos reclamaron un sueldo básico de $7.000. Los ministros dijeron que lo llevarían ahora a $2.800. Pero no aclararon que sucederá con la pila de suplementos que engrosaban esos sueldos. Prometieron que en un mes indagarían mejores soluciones, quizás de fondo. Omitieron, entre varias, una de las solicitudes primarias de los desobedientes: que no se tomaran represalias.
Una decena de oficiales ya fueron separados, entre ellos el portavoz de la protesta, Raúl Maza. Y la guillotina del poder promete caer sobre varios más. El Gobierno kirchnerista hizo otras cosas para tratar de coagular la protesta: cortó la luz y el agua en varias dependencias del edificio Centinela (Gendarmería). Clausuró baños químicos que habían sido colocados en la zona y eran utilizados por los familiares de los desobedientes.
Abal Medina y Lorenzino progresaron con la idea de que los altos mandos de la Gendarmería y Prefectura (descabezados la semana pasada por Nilda Garré) habrían sido los grandes responsables del desbarajuste salarial y de la instauración de una industria del juicio en ambas fuerzas. Pero los rebeldes creyeron descubrir en esa afirmación sólo una maniobra política: “Si así fue, que los enjuicien. Pero ahora que nos respondan a nosotros” , replicó Maza.
Esa respuesta no llegó, como pretendían. Y empezó a dar pábulo al rumoreo de las usinas K acerca de que la resistencia de gendarmes y prefectos podría forma parte de un plan impreciso de desgaste de Cristina, que denominan “golpe blando” .
Esta visto que el relato kirchnerista anda a la pesca de una épica extraviada, que ni la alegría por la continuidad de Chávez alcanzaría a reponer.
Se van a cumplir diez días del conflicto que mantiene en estado de protesta salarial a las fuerzas de seguridad. Aunque fuentes del Gobierno insistan en negarlo, ese malestar se extiende también a unidades del Ejército y la Marina. La única diferencia es que fluye silencioso, a diferencia del espectáculo público que brindan la Gendarmería y la Prefectura.
Aquel conflicto estalló por una notable impericia administrativa del Gobierno que produjo, de facto, una rebaja salarial en los agentes de seguridad. Pero las conductas posteriores, incluida la rueda de prensa de ayer de Juan Manuel Abal Medina , el jefe de Gabinete, y Hernán Lorenzino, el ministro de Economía, empiezan a sembrar dudas sobre si detrás de la ineptitud oficial no estaría agazapado, en verdad, otro objetivo.
¿Cuál?.
El de provocar, tal vez, una reacción de gendarmes y prefectos menos módica que la presente . Colocar a Cristina Fernández, por qué no, como víctima de una hipotética algarada uniformada. Si el espejo dilecto del kirchnerismo es Venezuela, como quedó demostrado luego de la indiscutida victoria de Hugo Chávez, no habría que descartar tampoco la tentación de algún reflejo extraído del proceso en Ecuador . Hace diez días, también, Rafael Correa recordó el segundo aniversario de una sublevación policial (el 30 de septiembre del 2010) que logró sofocar y le sirvió de plataforma posterior para consolidar su liderazgo, avanzar sobre la Justicia y los medios de comunicación.
Esa conjetura cobra dimensión cuando se observa el comportamiento del Gobierno en este pleito. La Presidenta nunca pareció buscar una salida expeditiva. Prefirió los cabildeos, el fuego peligroso de prolongar la desobediencia y una supuesta negociación que nunca fue tal. Los rebeldes apenas tuvieron un contacto fugaz con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, para acercarle un texto con las peticiones. Berni, desde entonces, desapareció y esas peticiones pudieron ir a parar al fondo de algún cesto.
Ni Abal Medina ni Lorenzino refirieron ayer en su enmadejada exposición a ese petitorio. Hablaron como dos funcionarios recién llegados al Gobierno y comunicaron que las raíces del conflicto son mucho más complejas de las esperadas. Cumplieron el ritual, eso sí, de todo buen kirchnerista: remontaron las culpas a Carlos Menem y Domingo Cavallo, por una disposición sobre las fuerzas de seguridad de 1993.
En ese petitorio los gendarmes y prefectos reclamaron un sueldo básico de $7.000. Los ministros dijeron que lo llevarían ahora a $2.800. Pero no aclararon que sucederá con la pila de suplementos que engrosaban esos sueldos. Prometieron que en un mes indagarían mejores soluciones, quizás de fondo. Omitieron, entre varias, una de las solicitudes primarias de los desobedientes: que no se tomaran represalias.
Una decena de oficiales ya fueron separados, entre ellos el portavoz de la protesta, Raúl Maza. Y la guillotina del poder promete caer sobre varios más. El Gobierno kirchnerista hizo otras cosas para tratar de coagular la protesta: cortó la luz y el agua en varias dependencias del edificio Centinela (Gendarmería). Clausuró baños químicos que habían sido colocados en la zona y eran utilizados por los familiares de los desobedientes.
Abal Medina y Lorenzino progresaron con la idea de que los altos mandos de la Gendarmería y Prefectura (descabezados la semana pasada por Nilda Garré) habrían sido los grandes responsables del desbarajuste salarial y de la instauración de una industria del juicio en ambas fuerzas. Pero los rebeldes creyeron descubrir en esa afirmación sólo una maniobra política: “Si así fue, que los enjuicien. Pero ahora que nos respondan a nosotros” , replicó Maza.
Esa respuesta no llegó, como pretendían. Y empezó a dar pábulo al rumoreo de las usinas K acerca de que la resistencia de gendarmes y prefectos podría forma parte de un plan impreciso de desgaste de Cristina, que denominan “golpe blando” .
Esta visto que el relato kirchnerista anda a la pesca de una épica extraviada, que ni la alegría por la continuidad de Chávez alcanzaría a reponer.
