Balance
Una investigación de la UCA revela que redujo el riesgo de que los chicos tengan que trabajar; en cambio, su contribución para los más necesitados fue muy modesta
Más chicos en la escuela, pero no muchos menos chicos en el trabajo. Más chicos fuera de la indigencia, pero no muchos chicos liberados de la pobreza.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) , el mayor programa de transferencia de fondos estatales a familias en situación de vulnerabilidad (un proyecto de la oposición que fue adoptado en 2009 por el Gobierno), consiguió mejorar en forma significativa el nivel de inserción de los niños y adolescentes en el sistema educativo. En cambio, fue muy modesto el aporte para una reducción de los índices de trabajo infantil.
Ésa es una de las principales conclusiones de un balance de la AUH realizado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que también muestra que causó un impacto en materia de bienestar económico en los hogares, aunque el efecto fue más leve en cuanto a salvar a los chicos de vivir con «inseguridad alimentaria» (tener episodios de hambre).
Según el estudio, basado en la encuesta que anualmente realiza la UCA, entre los menores de entre 5 y 17 años que son beneficiarios de la AUH (se tomó una muestra de más de 3500 casos) trabajaba el 14,3% en el promedio de los tres años considerados (2010 a 2012).
Entre los chicos del «grupo de comparación» el índice resultó de 16,7%. En este segundo grupo se incluyó a menores que viven en una situación vulnerable, comparable a la de los asistidos por el plan, pero que no lo cobran. «Que no reciban la asignación puede deberse a muchas razones: documentación incompleta, no certificación del vínculo filial, residencia no legal, autoexclusión, desinformación», explicó el sociólogo Agustín Salvia, coordinador de la encuesta de deuda social y uno de los autores del informe junto a Ianina Tuñón.
Con los índices mencionados se concluye que la AUH redujo en un 14% el riesgo de que los chicos trabajen por motivos económicos. Entre 2010 y 2012 hubo una pequeña caída de la tasa de trabajo infantil, pero que se verifica tanto entre quienes cobran la AUH como entre quienes no lo hacen, por lo que podría deberse, en todo caso, a cambios en el mercado laboral.
Al programa oficial se le atribuye un resultado más significativo en el aumento de la tasa de escolaridad. El índice de no asistencia a la escuela fue, en el promedio de los tres años considerados, de 3,6% entre los beneficiarios, mientras que en el grupo de comparación ese déficit afectó al 9,5 por ciento. «Se redujo en más de 60% el riesgo de no asistencia escolar», afirma el estudio. El mayor impacto se dio donde se registraron entornos emocionales favorables y en hogares donde la madre es mayor de 25 años. Entre los que no lo cobran, la situación empeoró año tras año y afecta más a los varones. El problema se concentra en los jóvenes de 13 a 17 años, es decir, aquellos que deberían asistir al secundario.
Entre sus condiciones, la AUH contempla la obligatoriedad de certificar la asistencia a la escuela. La transferencia, que se paga desde fines de 2009 y que abarca a unos 3,4 millones de menores de 18 años, tiene un mecanismo por el cual mes a mes se paga el 80% del monto vigente (hoy, $ 664) y el resto se percibe si se demuestran la escolaridad y la atención sanitaria.
En cuanto a los efectos sobre los ingresos per cápita de los hogares, el informe establece que la AUH redujo en un 35% la posibilidad de estar en situación de pobreza extrema. Se tomó como referencia una canasta básica alimentaria de $ 450 por persona (dato para 2012) y se concluyó que en las familias con asignación el 13% de los chicos de hasta 17 años está por debajo de ese ingreso, en tanto que entre los que no cobran el índice llega a 19,9%. Si se duplica el valor de la canasta (900 pesos por persona), los que quedan por debajo de la cifra (dado el nivel de ingresos de sus familias) son el 62,5 y el 65,6%, respectivamente. En este caso, se concluye que el plan reduce en un 4,8% la posibilidad de caer en situación de pobreza (no extrema).
Más modesto resultó el impacto de la AUH sobre la «seguridad alimentaria». Se considera que existe inseguridad alimentaria cuando los integrantes de un hogar han pasado algún episodio de hambre, según sus propias respuestas y más allá de la cuantía de los ingresos. «En un contexto de vulnerabilidad, la seguridad alimentaria no depende sólo de los ingresos, sino de varios factores que hacen a la pobreza estructural», explica Salvia. Esos factores se traducen, por ejemplo, en la imperiosa necesidad de usar ingresos en alguna actividad de la economía de subsistencia, en la falta de acceso a alimentos en cantidad y a precio adecuados, y en problemas de educación.
«Estos programas cubren las necesidades más urgentes de una población que no tiene otras fuentes seguras de ingresos -analizó Salvia-. Lo ideal es que el desarrollo productivo y el empleo permitan la inclusión social.» La inclusión, claro, no depende sólo de ingresos ni del empleo, sino que se suman otras variables sobre calidad de vida; según otros datos presentados por la UCA el año pasado, casi la mitad de los chicos vive cerca de alguna fuente de contaminación, dos de cada diez habitan viviendas con déficit en su calidad y también dos de cada diez viven hacinados.
Problema pendiente
Si se considera la población total urbana del país sin distinción de nivel socioeconómico, las estadísticas indican que uno de cada diez chicos de entre 5 y 17 años trabaja en alguna actividad económica, según el último dato disponible, que corresponde al Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA, de 2012.
El relevamiento también muestra que un 6,3% de los niños y adolescentes hacen un trabajo doméstico intensivo, lo cual significa que, de manera habitual, hacen en sus casas tareas propias de un adulto, que les insumen tiempo que podrían dedicar al estudio o al juego. En algunos casos, se trabaja tanto dentro como fuera de la casa.
Desde el 25 de mayo de 2010 -según la fecha de vigencia establecida por la ley 26.390-, la edad mínima para la contratación laboral en la Argentina es de 16 años. Entre aquel año del Bicentenario y 2012 la tasa de empleo infantil en actividades económicas se redujo de 12,4 a 10,6%, según datos de un informe de la UCA difundido el año pasado, que también reveló que en la Argentina cuatro de cada diez chicos son pobres. Esa «leve merma» en el trabajo infantil, de 1,8 puntos porcentuales, se registró en el grupo de quienes tienen entre 5 y 13 años y fue más significativa entre las mujeres que entre los varones, según se analizó en el informe..
Del Editor: qué significa.La falta de una política antiinflacionaria revela, una vez más, lo escasa que puede resultar la ayuda oficial para los más necesitados.
Una investigación de la UCA revela que redujo el riesgo de que los chicos tengan que trabajar; en cambio, su contribución para los más necesitados fue muy modesta
Más chicos en la escuela, pero no muchos menos chicos en el trabajo. Más chicos fuera de la indigencia, pero no muchos chicos liberados de la pobreza.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) , el mayor programa de transferencia de fondos estatales a familias en situación de vulnerabilidad (un proyecto de la oposición que fue adoptado en 2009 por el Gobierno), consiguió mejorar en forma significativa el nivel de inserción de los niños y adolescentes en el sistema educativo. En cambio, fue muy modesto el aporte para una reducción de los índices de trabajo infantil.
Ésa es una de las principales conclusiones de un balance de la AUH realizado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que también muestra que causó un impacto en materia de bienestar económico en los hogares, aunque el efecto fue más leve en cuanto a salvar a los chicos de vivir con «inseguridad alimentaria» (tener episodios de hambre).
Según el estudio, basado en la encuesta que anualmente realiza la UCA, entre los menores de entre 5 y 17 años que son beneficiarios de la AUH (se tomó una muestra de más de 3500 casos) trabajaba el 14,3% en el promedio de los tres años considerados (2010 a 2012).
Entre los chicos del «grupo de comparación» el índice resultó de 16,7%. En este segundo grupo se incluyó a menores que viven en una situación vulnerable, comparable a la de los asistidos por el plan, pero que no lo cobran. «Que no reciban la asignación puede deberse a muchas razones: documentación incompleta, no certificación del vínculo filial, residencia no legal, autoexclusión, desinformación», explicó el sociólogo Agustín Salvia, coordinador de la encuesta de deuda social y uno de los autores del informe junto a Ianina Tuñón.
Con los índices mencionados se concluye que la AUH redujo en un 14% el riesgo de que los chicos trabajen por motivos económicos. Entre 2010 y 2012 hubo una pequeña caída de la tasa de trabajo infantil, pero que se verifica tanto entre quienes cobran la AUH como entre quienes no lo hacen, por lo que podría deberse, en todo caso, a cambios en el mercado laboral.
Al programa oficial se le atribuye un resultado más significativo en el aumento de la tasa de escolaridad. El índice de no asistencia a la escuela fue, en el promedio de los tres años considerados, de 3,6% entre los beneficiarios, mientras que en el grupo de comparación ese déficit afectó al 9,5 por ciento. «Se redujo en más de 60% el riesgo de no asistencia escolar», afirma el estudio. El mayor impacto se dio donde se registraron entornos emocionales favorables y en hogares donde la madre es mayor de 25 años. Entre los que no lo cobran, la situación empeoró año tras año y afecta más a los varones. El problema se concentra en los jóvenes de 13 a 17 años, es decir, aquellos que deberían asistir al secundario.
Entre sus condiciones, la AUH contempla la obligatoriedad de certificar la asistencia a la escuela. La transferencia, que se paga desde fines de 2009 y que abarca a unos 3,4 millones de menores de 18 años, tiene un mecanismo por el cual mes a mes se paga el 80% del monto vigente (hoy, $ 664) y el resto se percibe si se demuestran la escolaridad y la atención sanitaria.
En cuanto a los efectos sobre los ingresos per cápita de los hogares, el informe establece que la AUH redujo en un 35% la posibilidad de estar en situación de pobreza extrema. Se tomó como referencia una canasta básica alimentaria de $ 450 por persona (dato para 2012) y se concluyó que en las familias con asignación el 13% de los chicos de hasta 17 años está por debajo de ese ingreso, en tanto que entre los que no cobran el índice llega a 19,9%. Si se duplica el valor de la canasta (900 pesos por persona), los que quedan por debajo de la cifra (dado el nivel de ingresos de sus familias) son el 62,5 y el 65,6%, respectivamente. En este caso, se concluye que el plan reduce en un 4,8% la posibilidad de caer en situación de pobreza (no extrema).
Más modesto resultó el impacto de la AUH sobre la «seguridad alimentaria». Se considera que existe inseguridad alimentaria cuando los integrantes de un hogar han pasado algún episodio de hambre, según sus propias respuestas y más allá de la cuantía de los ingresos. «En un contexto de vulnerabilidad, la seguridad alimentaria no depende sólo de los ingresos, sino de varios factores que hacen a la pobreza estructural», explica Salvia. Esos factores se traducen, por ejemplo, en la imperiosa necesidad de usar ingresos en alguna actividad de la economía de subsistencia, en la falta de acceso a alimentos en cantidad y a precio adecuados, y en problemas de educación.
«Estos programas cubren las necesidades más urgentes de una población que no tiene otras fuentes seguras de ingresos -analizó Salvia-. Lo ideal es que el desarrollo productivo y el empleo permitan la inclusión social.» La inclusión, claro, no depende sólo de ingresos ni del empleo, sino que se suman otras variables sobre calidad de vida; según otros datos presentados por la UCA el año pasado, casi la mitad de los chicos vive cerca de alguna fuente de contaminación, dos de cada diez habitan viviendas con déficit en su calidad y también dos de cada diez viven hacinados.
Problema pendiente
Si se considera la población total urbana del país sin distinción de nivel socioeconómico, las estadísticas indican que uno de cada diez chicos de entre 5 y 17 años trabaja en alguna actividad económica, según el último dato disponible, que corresponde al Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA, de 2012.
El relevamiento también muestra que un 6,3% de los niños y adolescentes hacen un trabajo doméstico intensivo, lo cual significa que, de manera habitual, hacen en sus casas tareas propias de un adulto, que les insumen tiempo que podrían dedicar al estudio o al juego. En algunos casos, se trabaja tanto dentro como fuera de la casa.
Desde el 25 de mayo de 2010 -según la fecha de vigencia establecida por la ley 26.390-, la edad mínima para la contratación laboral en la Argentina es de 16 años. Entre aquel año del Bicentenario y 2012 la tasa de empleo infantil en actividades económicas se redujo de 12,4 a 10,6%, según datos de un informe de la UCA difundido el año pasado, que también reveló que en la Argentina cuatro de cada diez chicos son pobres. Esa «leve merma» en el trabajo infantil, de 1,8 puntos porcentuales, se registró en el grupo de quienes tienen entre 5 y 13 años y fue más significativa entre las mujeres que entre los varones, según se analizó en el informe..
Del Editor: qué significa.La falta de una política antiinflacionaria revela, una vez más, lo escasa que puede resultar la ayuda oficial para los más necesitados.
