La Presidenta Michelle Bachelet prepara su sexto discurso del 21 de mayo ante el Congreso nacional, el segundo de su nuevo mandato, luego de cuatro del anterior. Lo hace en el momento probablemente más difícil de nuestra nueva democracia. Debiera ser distinto a los anteriores.
El país enfrenta graves problemas. Su democracia es semisoberana, con una Constitución dictada por la dictadura, los partidos se han desplomado ante el electorado y como organización, y cuestionados por su vinculación con el poder económico, hay una crisis de representación, con apenas un 49% de los ciudadanos que participó en las elecciones de 2013, una caída de nueve puntos respecto de las de 2009, cuyo origen se extiende a los años 90, agravada por la adopción del voto voluntario en 2008, que entró en vigencia en las elecciones municipales del 2012.
La Mandataria tiene un bajísimo apoyo ciudadano, el menor de los presidentes de la Concertación, y su credibilidad está muy dañada por una acción de su hijo, por su millonario negocio inmobiliario, logrado con el apoyo del principal banco del país, luego de una reunión con su controlador, Andrónico Luksic. 52% no le cree a la Presidenta, frente a un 20% que le cree, según el Barómetro CERC-Mori de marzo. En una escala de 10 puntos, cayó la credibilidad de un promedio 5,1 que recibió en enero de este años a 4,1, similar al que tenía el Presidente Piñera en diciembre de 2013.
El sistema económico tiene una baja confianza ciudadana, atribuible a su arquitectura institucional establecida en la dictadura, que entrega un poder prácticamente sin control a los empresarios, sin considerar los derechos de los trabajadores, y por su desempeño, con un crecimiento cuyos beneficios se concentran en una minoría, acentuando las desigualdades, lo cual limita su eficacia y daña al sistema democrático. El crecimiento en el primer año del segundo Gobierno Bachelet es bajo, han terminado los años con un alto precio del cobre y por responsabilidad del equipo económico gubernamental.
La Mandataria seguramente se referirá a estos y otros problemas y ofrecerá las respuestas a ellos. Los anuncios requieren definiciones sobre alternativas de políticas. La Presidenta ofreció un programa para enfrentar los complejos problemas del sistema económico y político, un ambicioso programa de reformas. Al cabo de un año, ha aprobado la tributaria, aunque con más ruido del necesario, y la educacional sigue su lenta y difícil marcha, con bastante más ruido, que proviene de la oposición no sólo de sectores conservadores y de “emprendedores” del sector, sino de errores cometidos en el diseño de la reforma y en decisiones estratégicas. No hubo una reflexión acerca de su complejidad, sin que la Mandataria hubiera nombrado a un especialista, designando en cambio a Nicolás Eyzaguirre, ex ministro de Hacienda del Presidente Lagos, que no conoce el tema.
Lo más importante de los dos últimos años de su administración no será lo que anuncie el 21 de mayo, sino el comienzo de un nuevo estilo de liderazgo presidencial, involucrándose personalmente en la gestión de su Gobierno y convenciendo a los dirigentes de los partidos, parlamentarios, grupos de interés y a la ciudadanía de que la nueva Constitución es necesaria y posible de alcanzar y que el proceso constituyente será de calidad, respetuoso de todas las visiones sobre los valores, el Estado y la sociedad.
El mensaje del 21 de mayo es la oportunidad para analizar el estilo de liderazgo de la Presidenta Bachelet, porque tiene directas consecuencias en los logros, como también en los problemas de que dará cuenta al país. Se caracteriza por un protagonismo personal, hasta individual, pues ella aparece como si estuviera sola en el sistema político, sin relacionarse con el Congreso, y tampoco lo hace con los partidos de la Nueva Mayoría, que la llevaron La Moneda. Transmite la imagen de que puede actuar sola, en circunstancias que el Presidente lo hace a través de sus ministros, que son sus secretarios de Estado.
Esta soledad no existe al momento de tomar decisiones, pues, para nombrar a ciertas autoridades superiores del Estado (consejeros del Banco Central, ministros y fiscales de la Corte Suprema, Contralor General de la República, cuatro de los diez ministros del Tribunal Constitucional, etc.) debe hacerlo de acuerdo con el Senado. No puede nombrar en solitario a directivos de más de un centenar de organismos de Gobierno, sino que someterse al sistema de Alta Dirección Pública, que le entrega una terna de nombres entre los cuales elige, y su consejo es nombrado con acuerdo del Senado.
Las decisiones de sus ministros y colaboradores están ahora bajo un mayor escrutinio por el fortalecimiento de ciertas instituciones paraestatales (Contraloría, Tribunal Constitucional) y por una nueva institución, el Ministerio Publico. Estos cambios institucionales y políticos han disminuido la autonomía decisoria, y, con ello, el poder de la Presidencia, en su doble dimensión, como institución y en cuanto a la persona que la ocupa.
Más aún, las decisiones del Ministerio Público han remecido el sistema político y al Gobierno, al demostrar cuán entrecruzados están los partidos, los legisladores y funcionarios de gobierno con el poder económico. Una acuciosa investigación al grupo Penta le llevó a descubrir una práctica ilegal de campañas electorales a favor de la UDI, que concluyó en una formalización de sus controladores y altos ejecutivos.
Ha iniciado otra investigación con SQM, que ha llevado a una formalización porque encontró que dicha compañía dio financiamiento a políticos desde la izquierda a la derecha. Su conocimiento ha tenido un impacto devastador en los votantes de la NM porque su controlador y presidente, Julio Ponce Lerou, es ex yerno del general Pinochet y adquirió el control de la firma durante la dictadura, cuando era su máximo ejecutivo. Una empresa que intervino en el financiamiento de las campañas presidenciales del 2005 y 2009, pidió financiamiento a SQM y pagó estudios al ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, cuando este volvió de España el 2012, luego de hacer un magíster. Las tardías y poco convincentes explicaciones que dio el entonces ministro hicieron inviable su continuidad en el gabinete, gatillando el reajuste ministerial, que también incluyó al titular de Hacienda, Alberto Arenas (PS).
En consecuencia, el principal cambio de gabinete desde 1990 fue precipitado por el Ministerio Público y no por una decisión autónoma de la Presidenta.
Este estilo de liderazgo personal de la Mandataria se caracteriza, además, por sus dificultades para tomar decisiones oportunas, lo cual muestra una limitación para evaluar la gravedad de los conflictos. El país fue testigo de ello en la entrevista que dio a Don Francisco en el Canal 13 el 6 de mayo pasado, cuando, frente a la pregunta de por qué no actuó antes frente a la información del millonario negocio de su hijo, entregó explicaciones inverosímiles, como las dificultades de comunicación en la localidad en que estaba de vacaciones y los malos consejos de sus asesores.
En tercer lugar, el estilo de liderazgo de la Presidenta Bachelet no incluye ejercer la función de líder de la coalición gobernante, indispensable para asegurar el éxito de su Gobierno. Mantiene distancia con los partidos de la Nueva Mayoría, sin reunirse con sus directivas para revisar las tareas de su administración. Durante los cuatro días que necesitó para formar su gabinete no se reunió con los presidentes de las colectividades de la NM. Uno de los partidos, el PS, se quejó con el ministro del Interior por el menor número de ministros que tiene y no con la Presidenta.
La Mandataria se mantiene indiferente a sus problemas, con una actitud similar a la que tuvo en su anterior Gobierno, viendo cómo los partidos de la Concertación se dividían, con expulsiones de parlamentarios en el PDC y PPD y renuncias en el PS en 2008 y 2009 que la llevaron a perder la mayoría obtenida en ambas cámaras en las elecciones de 2005, lo que la empujaría a tener que negociar con la derecha la aprobación de los proyectos de leyes.
La Presidenta da especial importancia a difundir las políticas por la vía de anuncios que realiza a través de los medios de comunicación y con acciones “en terreno”, con lo cual busca, además, mostrar cercanía con la gente. Esta acción no es eficaz, porque, en vez de concentrarse en unas pocas tareas y esforzarse por que se traduzcan en políticas que se lleven adelante correctamente, la Mandataria acostumbra a proponer numerosos objetivos, fragmentando su agenda en múltiples iniciativas –las 56 medidas en los primeros 100 días, 31 medidas de la agenda de probidad recientemente anunciada–, lo cual no permite al ciudadano distinguir cuáles son centrales y cuáles son accesorias. Impone, además, un ritmo frenético de trabajo a su Gobierno (“no hay un minuto que perder”), sin considerar que la urgencia impide hacer las cosas bien, como ocurrió con la reforma educacional.
La Presidenta debiera cambiar su estilo de liderazgo y adaptarlo a la difícil situación en que se encuentra su Gobierno y ella misma. Debiera trabajar estrechamente con sus ministros y dedicarse a sacar adelante las reformas pendientes, como la educacional. Debe renunciar a su énfasis en la función de comunicación y asumir su función de jefa de Gobierno, involucrándose en la preparación e implementación de las políticas porque los resultados permitirán recuperar la confianza de la gente. Y debe asumir su función de líder de partidos y reunirse con los presidentes de los mismos con la finalidad de empujarlos a hacer los cambios definidos en el informe de la Comisión Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción.
La Presidenta llega al 21 de mayo habiendo hecho importantes anuncios, una ambiciosa agenda de probidad, que implica modernizar a los partidos, y un proceso constituyente. ¿Qué cosas nuevas puede plantear a la ciudadanía?
El anuncio de una etapa constituyente implica iniciar una tarea extraordinariamente compleja, que apunte a tener una nueva Constitución. La Mandataria deberá tomar decisiones, a partir de una actitud muy distinta, sin excluirse del debate al interior del Gobierno y sin delegar su definición e impulso en alguno de sus ministros. La Constitución es una cuestión del Presidente, es Chefsache, como dicen los alemanes. El presidente Arturo Alessandri Palma se involucró en la preparación de la Constitución de 1925.
Ella deberá poner atención menos en la forma en que se lleva a cabo este proceso, con la participación ciudadana y cabildos, que en su contenido, porque se trata de llegar a una nueva Constitución, distinta a la de Pinochet, y debe dar señales claras. ¿Se mantiene la opción por una economía de mercado a secas, como lo impusieron los Chicago boys en la Constitución de 1980 o se modifican, sin optar por una? ¿Habrá un Estado unitario, como el que existe, o uno de regiones o federal? ¿Se justifica la permanencia del bicameralismo, cuando el proceso legislativo gira principalmente en el Senado y este se ha fortalecido a costa del Presidente? Estas preguntas las deben responder no sólo los constitucionalistas, sino también otros profesionales.
Cuidado con caer en el espejismo de la participación ciudadana para definir el proceso constituyente. La experiencia comparada de prácticas de democracia directa advierte sobre sus graves limitaciones, pues participa una minoría: los que tienen más educación, mejor situación económica que el común de los votantes y más interés en la política, fortaleciendo las desigualdades políticas.
Invito respetuosamente a la Presidenta y a los ministros que ella involucrare en este tema a revisar la literatura especializada, para no repetir el error cometido el 2008 con el voto voluntario, cuando, la amplia mayoría de los politólogos y constitucionalistas nos opusimos a esa iniciativa y advertimos sobre su efecto negativo en la participación, teniendo en cuenta la literatura que analizó las consecuencias de la eliminación del voto obligatorio en otros países.
Ella debe preocuparse de enfrentar la baja participación de cara a las elecciones municipales del 2016 y considerar el restablecimiento del voto obligatorio. Sería una sana autocrítica y significaría una demostración de apoyo al ministro Burgos, quien votó contra el voto voluntario, con una minoría de parlamentarios, que incluyó al senador Pablo Longueira (UDI).
La Presidenta, además, debe ordenar la agenda legislativa, no debiera impulsar reformas constitucionales parciales (elección de intendentes) cuando convoca a preparar una nueva Constitución, que tratará temas vinculados a la organización del Estado.
Lo más importante de los dos últimos años de su administración no será lo que anuncie el 21 de mayo, sino el comienzo de un nuevo estilo de liderazgo presidencial, involucrándose personalmente en la gestión de su Gobierno y convenciendo a los dirigentes de los partidos, parlamentarios, grupos de interés y a la ciudadanía de que la nueva Constitución es necesaria y posible de alcanzar y que el proceso constituyente será de calidad, respetuoso de todas las visiones sobre los valores, el Estado y la sociedad.
El país enfrenta graves problemas. Su democracia es semisoberana, con una Constitución dictada por la dictadura, los partidos se han desplomado ante el electorado y como organización, y cuestionados por su vinculación con el poder económico, hay una crisis de representación, con apenas un 49% de los ciudadanos que participó en las elecciones de 2013, una caída de nueve puntos respecto de las de 2009, cuyo origen se extiende a los años 90, agravada por la adopción del voto voluntario en 2008, que entró en vigencia en las elecciones municipales del 2012.
La Mandataria tiene un bajísimo apoyo ciudadano, el menor de los presidentes de la Concertación, y su credibilidad está muy dañada por una acción de su hijo, por su millonario negocio inmobiliario, logrado con el apoyo del principal banco del país, luego de una reunión con su controlador, Andrónico Luksic. 52% no le cree a la Presidenta, frente a un 20% que le cree, según el Barómetro CERC-Mori de marzo. En una escala de 10 puntos, cayó la credibilidad de un promedio 5,1 que recibió en enero de este años a 4,1, similar al que tenía el Presidente Piñera en diciembre de 2013.
El sistema económico tiene una baja confianza ciudadana, atribuible a su arquitectura institucional establecida en la dictadura, que entrega un poder prácticamente sin control a los empresarios, sin considerar los derechos de los trabajadores, y por su desempeño, con un crecimiento cuyos beneficios se concentran en una minoría, acentuando las desigualdades, lo cual limita su eficacia y daña al sistema democrático. El crecimiento en el primer año del segundo Gobierno Bachelet es bajo, han terminado los años con un alto precio del cobre y por responsabilidad del equipo económico gubernamental.
La Mandataria seguramente se referirá a estos y otros problemas y ofrecerá las respuestas a ellos. Los anuncios requieren definiciones sobre alternativas de políticas. La Presidenta ofreció un programa para enfrentar los complejos problemas del sistema económico y político, un ambicioso programa de reformas. Al cabo de un año, ha aprobado la tributaria, aunque con más ruido del necesario, y la educacional sigue su lenta y difícil marcha, con bastante más ruido, que proviene de la oposición no sólo de sectores conservadores y de “emprendedores” del sector, sino de errores cometidos en el diseño de la reforma y en decisiones estratégicas. No hubo una reflexión acerca de su complejidad, sin que la Mandataria hubiera nombrado a un especialista, designando en cambio a Nicolás Eyzaguirre, ex ministro de Hacienda del Presidente Lagos, que no conoce el tema.
Lo más importante de los dos últimos años de su administración no será lo que anuncie el 21 de mayo, sino el comienzo de un nuevo estilo de liderazgo presidencial, involucrándose personalmente en la gestión de su Gobierno y convenciendo a los dirigentes de los partidos, parlamentarios, grupos de interés y a la ciudadanía de que la nueva Constitución es necesaria y posible de alcanzar y que el proceso constituyente será de calidad, respetuoso de todas las visiones sobre los valores, el Estado y la sociedad.
El mensaje del 21 de mayo es la oportunidad para analizar el estilo de liderazgo de la Presidenta Bachelet, porque tiene directas consecuencias en los logros, como también en los problemas de que dará cuenta al país. Se caracteriza por un protagonismo personal, hasta individual, pues ella aparece como si estuviera sola en el sistema político, sin relacionarse con el Congreso, y tampoco lo hace con los partidos de la Nueva Mayoría, que la llevaron La Moneda. Transmite la imagen de que puede actuar sola, en circunstancias que el Presidente lo hace a través de sus ministros, que son sus secretarios de Estado.
Esta soledad no existe al momento de tomar decisiones, pues, para nombrar a ciertas autoridades superiores del Estado (consejeros del Banco Central, ministros y fiscales de la Corte Suprema, Contralor General de la República, cuatro de los diez ministros del Tribunal Constitucional, etc.) debe hacerlo de acuerdo con el Senado. No puede nombrar en solitario a directivos de más de un centenar de organismos de Gobierno, sino que someterse al sistema de Alta Dirección Pública, que le entrega una terna de nombres entre los cuales elige, y su consejo es nombrado con acuerdo del Senado.
Las decisiones de sus ministros y colaboradores están ahora bajo un mayor escrutinio por el fortalecimiento de ciertas instituciones paraestatales (Contraloría, Tribunal Constitucional) y por una nueva institución, el Ministerio Publico. Estos cambios institucionales y políticos han disminuido la autonomía decisoria, y, con ello, el poder de la Presidencia, en su doble dimensión, como institución y en cuanto a la persona que la ocupa.
Más aún, las decisiones del Ministerio Público han remecido el sistema político y al Gobierno, al demostrar cuán entrecruzados están los partidos, los legisladores y funcionarios de gobierno con el poder económico. Una acuciosa investigación al grupo Penta le llevó a descubrir una práctica ilegal de campañas electorales a favor de la UDI, que concluyó en una formalización de sus controladores y altos ejecutivos.
Ha iniciado otra investigación con SQM, que ha llevado a una formalización porque encontró que dicha compañía dio financiamiento a políticos desde la izquierda a la derecha. Su conocimiento ha tenido un impacto devastador en los votantes de la NM porque su controlador y presidente, Julio Ponce Lerou, es ex yerno del general Pinochet y adquirió el control de la firma durante la dictadura, cuando era su máximo ejecutivo. Una empresa que intervino en el financiamiento de las campañas presidenciales del 2005 y 2009, pidió financiamiento a SQM y pagó estudios al ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, cuando este volvió de España el 2012, luego de hacer un magíster. Las tardías y poco convincentes explicaciones que dio el entonces ministro hicieron inviable su continuidad en el gabinete, gatillando el reajuste ministerial, que también incluyó al titular de Hacienda, Alberto Arenas (PS).
En consecuencia, el principal cambio de gabinete desde 1990 fue precipitado por el Ministerio Público y no por una decisión autónoma de la Presidenta.
Este estilo de liderazgo personal de la Mandataria se caracteriza, además, por sus dificultades para tomar decisiones oportunas, lo cual muestra una limitación para evaluar la gravedad de los conflictos. El país fue testigo de ello en la entrevista que dio a Don Francisco en el Canal 13 el 6 de mayo pasado, cuando, frente a la pregunta de por qué no actuó antes frente a la información del millonario negocio de su hijo, entregó explicaciones inverosímiles, como las dificultades de comunicación en la localidad en que estaba de vacaciones y los malos consejos de sus asesores.
En tercer lugar, el estilo de liderazgo de la Presidenta Bachelet no incluye ejercer la función de líder de la coalición gobernante, indispensable para asegurar el éxito de su Gobierno. Mantiene distancia con los partidos de la Nueva Mayoría, sin reunirse con sus directivas para revisar las tareas de su administración. Durante los cuatro días que necesitó para formar su gabinete no se reunió con los presidentes de las colectividades de la NM. Uno de los partidos, el PS, se quejó con el ministro del Interior por el menor número de ministros que tiene y no con la Presidenta.
La Mandataria se mantiene indiferente a sus problemas, con una actitud similar a la que tuvo en su anterior Gobierno, viendo cómo los partidos de la Concertación se dividían, con expulsiones de parlamentarios en el PDC y PPD y renuncias en el PS en 2008 y 2009 que la llevaron a perder la mayoría obtenida en ambas cámaras en las elecciones de 2005, lo que la empujaría a tener que negociar con la derecha la aprobación de los proyectos de leyes.
La Presidenta da especial importancia a difundir las políticas por la vía de anuncios que realiza a través de los medios de comunicación y con acciones “en terreno”, con lo cual busca, además, mostrar cercanía con la gente. Esta acción no es eficaz, porque, en vez de concentrarse en unas pocas tareas y esforzarse por que se traduzcan en políticas que se lleven adelante correctamente, la Mandataria acostumbra a proponer numerosos objetivos, fragmentando su agenda en múltiples iniciativas –las 56 medidas en los primeros 100 días, 31 medidas de la agenda de probidad recientemente anunciada–, lo cual no permite al ciudadano distinguir cuáles son centrales y cuáles son accesorias. Impone, además, un ritmo frenético de trabajo a su Gobierno (“no hay un minuto que perder”), sin considerar que la urgencia impide hacer las cosas bien, como ocurrió con la reforma educacional.
La Presidenta debiera cambiar su estilo de liderazgo y adaptarlo a la difícil situación en que se encuentra su Gobierno y ella misma. Debiera trabajar estrechamente con sus ministros y dedicarse a sacar adelante las reformas pendientes, como la educacional. Debe renunciar a su énfasis en la función de comunicación y asumir su función de jefa de Gobierno, involucrándose en la preparación e implementación de las políticas porque los resultados permitirán recuperar la confianza de la gente. Y debe asumir su función de líder de partidos y reunirse con los presidentes de los mismos con la finalidad de empujarlos a hacer los cambios definidos en el informe de la Comisión Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción.
La Presidenta llega al 21 de mayo habiendo hecho importantes anuncios, una ambiciosa agenda de probidad, que implica modernizar a los partidos, y un proceso constituyente. ¿Qué cosas nuevas puede plantear a la ciudadanía?
El anuncio de una etapa constituyente implica iniciar una tarea extraordinariamente compleja, que apunte a tener una nueva Constitución. La Mandataria deberá tomar decisiones, a partir de una actitud muy distinta, sin excluirse del debate al interior del Gobierno y sin delegar su definición e impulso en alguno de sus ministros. La Constitución es una cuestión del Presidente, es Chefsache, como dicen los alemanes. El presidente Arturo Alessandri Palma se involucró en la preparación de la Constitución de 1925.
Ella deberá poner atención menos en la forma en que se lleva a cabo este proceso, con la participación ciudadana y cabildos, que en su contenido, porque se trata de llegar a una nueva Constitución, distinta a la de Pinochet, y debe dar señales claras. ¿Se mantiene la opción por una economía de mercado a secas, como lo impusieron los Chicago boys en la Constitución de 1980 o se modifican, sin optar por una? ¿Habrá un Estado unitario, como el que existe, o uno de regiones o federal? ¿Se justifica la permanencia del bicameralismo, cuando el proceso legislativo gira principalmente en el Senado y este se ha fortalecido a costa del Presidente? Estas preguntas las deben responder no sólo los constitucionalistas, sino también otros profesionales.
Cuidado con caer en el espejismo de la participación ciudadana para definir el proceso constituyente. La experiencia comparada de prácticas de democracia directa advierte sobre sus graves limitaciones, pues participa una minoría: los que tienen más educación, mejor situación económica que el común de los votantes y más interés en la política, fortaleciendo las desigualdades políticas.
Invito respetuosamente a la Presidenta y a los ministros que ella involucrare en este tema a revisar la literatura especializada, para no repetir el error cometido el 2008 con el voto voluntario, cuando, la amplia mayoría de los politólogos y constitucionalistas nos opusimos a esa iniciativa y advertimos sobre su efecto negativo en la participación, teniendo en cuenta la literatura que analizó las consecuencias de la eliminación del voto obligatorio en otros países.
Ella debe preocuparse de enfrentar la baja participación de cara a las elecciones municipales del 2016 y considerar el restablecimiento del voto obligatorio. Sería una sana autocrítica y significaría una demostración de apoyo al ministro Burgos, quien votó contra el voto voluntario, con una minoría de parlamentarios, que incluyó al senador Pablo Longueira (UDI).
La Presidenta, además, debe ordenar la agenda legislativa, no debiera impulsar reformas constitucionales parciales (elección de intendentes) cuando convoca a preparar una nueva Constitución, que tratará temas vinculados a la organización del Estado.
Lo más importante de los dos últimos años de su administración no será lo que anuncie el 21 de mayo, sino el comienzo de un nuevo estilo de liderazgo presidencial, involucrándose personalmente en la gestión de su Gobierno y convenciendo a los dirigentes de los partidos, parlamentarios, grupos de interés y a la ciudadanía de que la nueva Constitución es necesaria y posible de alcanzar y que el proceso constituyente será de calidad, respetuoso de todas las visiones sobre los valores, el Estado y la sociedad.
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