La eliminación de retenciones, los cambios en el impuesto a las Ganancias y las transferencias a provincias incrementan el rojo, a pesar del recorte en los subsidios
Distintas medidas que tomó el Gobierno en sus primeros cien días de Gobierno agregarán al rojo fiscal casi $ 100.000 millones en 2016, que representan 1,7% del PBI, según un reporte de Ecolatina.
Así, el anhelo de bajar el déficit paulatinamente que fijó el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, implicará un esfuerzo adicional al de la quita de subsidios a la energía eléctrica ya implementado.
De acuerdo con los cálculos de Ecolatina, las distintas medidas que el Poder Ejecutivo tomó en materia fiscal implicaron una transferencia de recursos desde el Estado hacia el sector privado, la clase trabajadora (en menor medida) y las provincias que tendrán un «impacto adicional de $ 95.800 millones (1,7% del PBI) durante 20016». Así las necesidades de financiamiento, que en 2015 representaron 5,6% del producto, treparían a 6,4%.2
La consultora ligada al Frente Renovador (Marco Lavagna, director hasta hace poco, es diputado por esa fuerza) enumeró:
n La quita de retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios y reducción de 5 puntos a las de soja significó una pérdida de ingresos de $ 32.600 millones para 2016. La eliminación de las retenciones a las exportaciones industriales implicó una baja adicional de ingresos de $ 10.400 millones. Por el fin de las retenciones a las exportaciones mineras, el fisco dejará de percibir otros $ 3400 millones. En total, el recorte casi total de derechos de exportación significa para el Estado una pérdida de ingresos para este año de
$ 46.400 millones.
n La modificación en la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, que elevó el mínimo no imponible y eliminó la eximisión del tributo a la franja de trabajadores que gabana menos de $ 15.000 en 2013, significará un recorte de ingresos de $ 26.500 millones para el año, sólo para la administración nacional. Como el impuesto se coparticipa, las provincias también dejarán de percibir una suma similar. La mejora en Asignaciones Familiares costarán otros $ 14.600 millones.
n El reclamo de gobernadores por la devolución del 15% de la masa coparticipable con la que las provincias financian a la ANSeS desde 1992 tendría un impacto fiscal de $ 30.000 millones, si la administración de Mauricio Macri finalmente concreta esa transferencia en efectivo (3%) y bonos (3%), como trascendió. Esa cifra, sin embargo, podría compensarse con una reducción de las transferencias discrecionales, que en 2015 totalizaron $ 80.000 millones.
n Las provincias petroleras tendrán, además, recursos extras por la decisión de mantener los subsidios a la producción de crudo y gas. El desembolso previsto para 2016, según Ecolatina, es de
$ 86.600 millones (contra los
$ 29.300 millones del año pasado).
n Subsidios a la producción lechera tendrían un costo de $ 2100 millones.
n La ampliación del Fondo de Incentivo Docente para pagar parte del aumento a los maestros costará otros $ 10.000 millones.
Del otro lado, prosiguió la consultora, la quita de subsidios a la electricidad permitiría ahorrar u$s 4000 millones, o $ 61.600 millones.
El costo fiscal del combo de medidas, entonces, llega a casi
$ 100.000 millones. El número es similar al que estimó Prat-Gay al presentar, el 13 de enero, una meta de déficit de 4,8% del PBI para este año, en lo que espera sea un ajuste gradual y se acerque a cero en cuatro años.
Distintas medidas que tomó el Gobierno en sus primeros cien días de Gobierno agregarán al rojo fiscal casi $ 100.000 millones en 2016, que representan 1,7% del PBI, según un reporte de Ecolatina.
Así, el anhelo de bajar el déficit paulatinamente que fijó el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, implicará un esfuerzo adicional al de la quita de subsidios a la energía eléctrica ya implementado.
De acuerdo con los cálculos de Ecolatina, las distintas medidas que el Poder Ejecutivo tomó en materia fiscal implicaron una transferencia de recursos desde el Estado hacia el sector privado, la clase trabajadora (en menor medida) y las provincias que tendrán un «impacto adicional de $ 95.800 millones (1,7% del PBI) durante 20016». Así las necesidades de financiamiento, que en 2015 representaron 5,6% del producto, treparían a 6,4%.2
La consultora ligada al Frente Renovador (Marco Lavagna, director hasta hace poco, es diputado por esa fuerza) enumeró:
n La quita de retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios y reducción de 5 puntos a las de soja significó una pérdida de ingresos de $ 32.600 millones para 2016. La eliminación de las retenciones a las exportaciones industriales implicó una baja adicional de ingresos de $ 10.400 millones. Por el fin de las retenciones a las exportaciones mineras, el fisco dejará de percibir otros $ 3400 millones. En total, el recorte casi total de derechos de exportación significa para el Estado una pérdida de ingresos para este año de
$ 46.400 millones.
n La modificación en la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, que elevó el mínimo no imponible y eliminó la eximisión del tributo a la franja de trabajadores que gabana menos de $ 15.000 en 2013, significará un recorte de ingresos de $ 26.500 millones para el año, sólo para la administración nacional. Como el impuesto se coparticipa, las provincias también dejarán de percibir una suma similar. La mejora en Asignaciones Familiares costarán otros $ 14.600 millones.
n El reclamo de gobernadores por la devolución del 15% de la masa coparticipable con la que las provincias financian a la ANSeS desde 1992 tendría un impacto fiscal de $ 30.000 millones, si la administración de Mauricio Macri finalmente concreta esa transferencia en efectivo (3%) y bonos (3%), como trascendió. Esa cifra, sin embargo, podría compensarse con una reducción de las transferencias discrecionales, que en 2015 totalizaron $ 80.000 millones.
n Las provincias petroleras tendrán, además, recursos extras por la decisión de mantener los subsidios a la producción de crudo y gas. El desembolso previsto para 2016, según Ecolatina, es de
$ 86.600 millones (contra los
$ 29.300 millones del año pasado).
n Subsidios a la producción lechera tendrían un costo de $ 2100 millones.
n La ampliación del Fondo de Incentivo Docente para pagar parte del aumento a los maestros costará otros $ 10.000 millones.
Del otro lado, prosiguió la consultora, la quita de subsidios a la electricidad permitiría ahorrar u$s 4000 millones, o $ 61.600 millones.
El costo fiscal del combo de medidas, entonces, llega a casi
$ 100.000 millones. El número es similar al que estimó Prat-Gay al presentar, el 13 de enero, una meta de déficit de 4,8% del PBI para este año, en lo que espera sea un ajuste gradual y se acerque a cero en cuatro años.
