El ministro de Justicia, Germán Garavano, confirmó ayer que el gobierno macrista impulsa la reforma del régimen penal juvenil, y que designará una comisión que confeccione un anteproyecto para tal fin. La iniciativa es oportuna. Lo hizo nueve días después de que airados vecinos de Flores tomaran la comisaría 38ª para reclamar por la muerte de Brian, baleado durante un asalto. Ocho días después de que el gobierno porteño acordara con los familiares de Brian un polémico plan de saturación policial. Seis días después de la detención de un adolescente de 15 años en Chile, acusado de haber participado en el crimen, y dos días después del último reclamo de los familiares de Brian. Como señalan los expertos, las polémicas sobre la baja de edad de punibilidad se disparan siempre después de un caso que llega a las primeras planas, que promete indignación emocional que, se supone, abre puertas en las urnas. En la respuesta política lo que queda afuera es la justicia y el reclamo. Expertos en el tema salieron a cruzar el anuncio de Garavano y sostuvieron que bajar la edad de punibilidad no solucionará nada de lo que los vecinos y familiares de Brian exigen: seguridad.
La propuesta del gobierno, al menos la que fue confirmada por Garavano, toma como argumento que la actual legislación es un decreto ley 22278 de la Dictadura. Es un dato: son pocos los que estarían dispuestos a no reemplazarlo. Pero hace eje en la baja de la edad de punibilidad de 16 años –tal como lo fija la actual legislación– a 14. El chico detenido en Chile tiene 15. Es otro dato, que pinta la propuesta como espasmódica y que es el que promueve el rechazo de los especialistas.
“La Comisión Provincial por la Memoria siempre se manifestó en contra de la baja de la edad –dijo a PáginaI12 Roberto Cipriano García, secretario de la CPM–. No resuelve la baja del delito. La participación de pibes menores de 16 años en delitos es ínfima, y los casos graves son excepcionales. Estamos hablando de situaciones complejas que tienen que ver con cómo el Estado llega a estos pibes. Lo que sostenemos es que tiene que llegar antes con políticas inclusivas, que lleven a esos pibes a las escuelas, que les propongan actividades recreativas.”
Cipriano aclaró que “hoy no es que no se detenga a los pibes de 14 a 15, el artículo 64 de la ley penal juvenil, permite detener a los pibes que cometen delitos graves. Pero de los 620 adolescentes detenidos en institutos provinciales de menores, entre un 7 y un 10 por ciento que oscila, tienen entre 14 y 15, algunos llegan a 13. Lo que quiero decir es que el sistema ya detiene a estos pibes. Los jueces ya tienen la herramienta legal. Pero si se amplía la posibilidad de la detención, el sistema va a detener muchos más. Y tenemos la demostración de que los institutos no resuelven nada; los pibes ingresan en la carrera delictiva, no hay contención ni tratamiento psicológico, ni contra las adicciones. Además se comprueba que no hay control en los institutos. Uno de cada diez pibes fue visitado por un juez y tres de cada diez por un defensor oficial.”
Claudia Cesaroni, autora de Masacre en el Pabellón 7 y titular del Centro de Estudios en Política Criminal y DDHH (Cepoc), sostiene que en el Derecho Internacional “rige el principio de no regresividad. Durante la Dictadura el decreto ley 22278 fijó la edad de punibilidad en 14 años. Antes de la recuperación de la democracia, se modificó esa edad a 16. Volver atrás no se puede y no parece una medida dirigida a la mejor protección de niños y adolescentes”.
Cesaroni cita 10 puntos que sostiene el Cepoc. Uno es el de la no regresividad. Pero también porque “el único objetivo es el castigo. La Constitución establece que privar de libertad no debe ser un castigo. Pero cada vez que se discute un proyecto de bajar la edad de punibilidad, como ahora, se hace después de un hecho grave y previo a elecciones legislativas.”
Además, incorporarlos al sistema penal “no implica darles garantías. Es una falacia. Las garantías están, no se cumplen. Y no se trata de sancionar más leyes sino de cumplir las que ya existen: la convención sobre los Derechos del Niño, y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (26061), tienen plena vigencia, además de una serie de tratados internacionales.” Cesaroni, además, coincidió en que “la cantidad de adolescentes de 14 y 15 que cometen delitos graves es ínfima. En 2009, el director regional de Unicef para América Latina, Kils Kastberg, informó que en Argentina, al año, se cometen 2000 homicidios dolosos. De esa cantidad, en 200 casos participan menores de 18 años. Y de esos 200, en 15 casos participaron menores de 16.”
En abril de 2016, Mar del Plata recibió al Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, conformado por los representantes del área de todas las provincias, en su 23ª sesión. Allí se presentó el Plan Nacional de Acción 2016 – 2019. La la secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Yael Bendel, recordó a este diario que “los representantes de todas las provincias dejaron asentada su posición de que la baja de la edad de imputabilidad no concuerda con los estándares internacionales y que no es la posición de la Secretaría”.
En septiembre de 2015, la agrupación Justicia Legítima constituyó la comisión de Infancia que redactó “Diez puntos básicos para una futura ley penal juvenil nacional”. No se trata de un proyecto sino de pautas que deberían cumplirse en un futuro proyecto. En su punto 4 señala la “No criminalización por debajo de la edad de punibilidad que fije la ley y averiguación de la verdad.” En el mismo punto, la Comisión sostuvo que su criterio es que “la ley no debería bajar la edad de punibilidad fijada en 16 años. En todo caso, quienes propician dicha baja –sostiene el artículo– deberían dar argumentos teóricos y empíricos para justificar la ampliación de la intervención penal, de manera de no afectar el principio constitucional de no regresividad”. La Comisión estaba conformada por Julián Axat, integrante de la Procuración General de la Nación y ex defensor juvenil platense; la camarista porteña Mirta López González; el defensor oficial Damián Muñoz; y el secretario de juzgado de menores CABA, Gustavo Caruso.
“No se sabe cuál es el proyecto que tiene el gobierno –dijo Axat a este diario–. Ellos plantean algo raro que muestra su interés electoralista. Lanzan la idea solamente de baja de la edad, dicen que se va a discutir el año próximo para no darle fines electoralistas, pero instalan el debate como campaña. Discutir el cambio de ley está bien. Nosotros sostenemos que hay que hacerlo. Pero no bajar la edad. Sí, decimos que hay que permitir que se siga investigando porque en muchos casos al detenerse al adolescente, se cierra el expediente y queda impune el instrumentador. Si se sigue investigando se puede llegar a fondo y permite determinar si hay un adulto atrás, la policía, un grupo narco. Y pedimos para el adolescente una medida de protección.”
La propuesta del gobierno, al menos la que fue confirmada por Garavano, toma como argumento que la actual legislación es un decreto ley 22278 de la Dictadura. Es un dato: son pocos los que estarían dispuestos a no reemplazarlo. Pero hace eje en la baja de la edad de punibilidad de 16 años –tal como lo fija la actual legislación– a 14. El chico detenido en Chile tiene 15. Es otro dato, que pinta la propuesta como espasmódica y que es el que promueve el rechazo de los especialistas.
“La Comisión Provincial por la Memoria siempre se manifestó en contra de la baja de la edad –dijo a PáginaI12 Roberto Cipriano García, secretario de la CPM–. No resuelve la baja del delito. La participación de pibes menores de 16 años en delitos es ínfima, y los casos graves son excepcionales. Estamos hablando de situaciones complejas que tienen que ver con cómo el Estado llega a estos pibes. Lo que sostenemos es que tiene que llegar antes con políticas inclusivas, que lleven a esos pibes a las escuelas, que les propongan actividades recreativas.”
Cipriano aclaró que “hoy no es que no se detenga a los pibes de 14 a 15, el artículo 64 de la ley penal juvenil, permite detener a los pibes que cometen delitos graves. Pero de los 620 adolescentes detenidos en institutos provinciales de menores, entre un 7 y un 10 por ciento que oscila, tienen entre 14 y 15, algunos llegan a 13. Lo que quiero decir es que el sistema ya detiene a estos pibes. Los jueces ya tienen la herramienta legal. Pero si se amplía la posibilidad de la detención, el sistema va a detener muchos más. Y tenemos la demostración de que los institutos no resuelven nada; los pibes ingresan en la carrera delictiva, no hay contención ni tratamiento psicológico, ni contra las adicciones. Además se comprueba que no hay control en los institutos. Uno de cada diez pibes fue visitado por un juez y tres de cada diez por un defensor oficial.”
Claudia Cesaroni, autora de Masacre en el Pabellón 7 y titular del Centro de Estudios en Política Criminal y DDHH (Cepoc), sostiene que en el Derecho Internacional “rige el principio de no regresividad. Durante la Dictadura el decreto ley 22278 fijó la edad de punibilidad en 14 años. Antes de la recuperación de la democracia, se modificó esa edad a 16. Volver atrás no se puede y no parece una medida dirigida a la mejor protección de niños y adolescentes”.
Cesaroni cita 10 puntos que sostiene el Cepoc. Uno es el de la no regresividad. Pero también porque “el único objetivo es el castigo. La Constitución establece que privar de libertad no debe ser un castigo. Pero cada vez que se discute un proyecto de bajar la edad de punibilidad, como ahora, se hace después de un hecho grave y previo a elecciones legislativas.”
Además, incorporarlos al sistema penal “no implica darles garantías. Es una falacia. Las garantías están, no se cumplen. Y no se trata de sancionar más leyes sino de cumplir las que ya existen: la convención sobre los Derechos del Niño, y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (26061), tienen plena vigencia, además de una serie de tratados internacionales.” Cesaroni, además, coincidió en que “la cantidad de adolescentes de 14 y 15 que cometen delitos graves es ínfima. En 2009, el director regional de Unicef para América Latina, Kils Kastberg, informó que en Argentina, al año, se cometen 2000 homicidios dolosos. De esa cantidad, en 200 casos participan menores de 18 años. Y de esos 200, en 15 casos participaron menores de 16.”
En abril de 2016, Mar del Plata recibió al Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, conformado por los representantes del área de todas las provincias, en su 23ª sesión. Allí se presentó el Plan Nacional de Acción 2016 – 2019. La la secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Yael Bendel, recordó a este diario que “los representantes de todas las provincias dejaron asentada su posición de que la baja de la edad de imputabilidad no concuerda con los estándares internacionales y que no es la posición de la Secretaría”.
En septiembre de 2015, la agrupación Justicia Legítima constituyó la comisión de Infancia que redactó “Diez puntos básicos para una futura ley penal juvenil nacional”. No se trata de un proyecto sino de pautas que deberían cumplirse en un futuro proyecto. En su punto 4 señala la “No criminalización por debajo de la edad de punibilidad que fije la ley y averiguación de la verdad.” En el mismo punto, la Comisión sostuvo que su criterio es que “la ley no debería bajar la edad de punibilidad fijada en 16 años. En todo caso, quienes propician dicha baja –sostiene el artículo– deberían dar argumentos teóricos y empíricos para justificar la ampliación de la intervención penal, de manera de no afectar el principio constitucional de no regresividad”. La Comisión estaba conformada por Julián Axat, integrante de la Procuración General de la Nación y ex defensor juvenil platense; la camarista porteña Mirta López González; el defensor oficial Damián Muñoz; y el secretario de juzgado de menores CABA, Gustavo Caruso.
“No se sabe cuál es el proyecto que tiene el gobierno –dijo Axat a este diario–. Ellos plantean algo raro que muestra su interés electoralista. Lanzan la idea solamente de baja de la edad, dicen que se va a discutir el año próximo para no darle fines electoralistas, pero instalan el debate como campaña. Discutir el cambio de ley está bien. Nosotros sostenemos que hay que hacerlo. Pero no bajar la edad. Sí, decimos que hay que permitir que se siga investigando porque en muchos casos al detenerse al adolescente, se cierra el expediente y queda impune el instrumentador. Si se sigue investigando se puede llegar a fondo y permite determinar si hay un adulto atrás, la policía, un grupo narco. Y pedimos para el adolescente una medida de protección.”
