Voy a ser franco. Me gustaría escribir una columna como esas que Elvira Lindo, o Almudena Grandes, o Rosa Montero, o Manuel Vincent publican en el diario El País de España. Retazos de la realidad descriptos con belleza a media lengua entre la sociología de estaño, la literatura elástica y una pincelada de periodismo. Tengo la intención, no me sobran ganas y el talento se los debo. Haber mirado unas horas de televisión después de un día de trabajo, enmudece a mis dedos ahora que los apoyo en el teclado. Les debe pasar a muchos. Fatigado de remar contra la sudestada apocalíptica de cada día, asombrado por la desmemoria que destilan los discursos circulantes, confirmo una vez más que el sentido común mezquino y pestilente que irradian los medios hegemónicos tiene el mismo efecto arrollador de la radioactividad, que invisible erosiona todo lo que encuentra a su paso. También mi voluntad de escribir.
Los antecedentes no ayudan. Desde el retorno democrático, ningún gobierno que, en todo o en parte, con convicción o sin ella, haya desafiado el credo libremercadista que promueve el establishment local, resistió tanto como han resistido los tres mandatos consecutivos del kirchnerismo en la Casa Rosada. Raúl Alfonsín tuvo que ceder envuelto en las llamas de la híper en 1989. Fernando de la Rúa voló literalmente por los aires en 2001, cuando le estalló en las manos el presente griego del menem-cavallismo. Hay que decirlo: siempre se fueron corridos por los mismos, con idénticas situaciones de caos alimentadas por los dueños del poder, del dinero y de los medios de comunicación capaces de camuflar sus intereses con los del conjunto de la ciudadanía.
Si el “gasto público” fuera destinado exclusivamente a subsidios que permitieran a las empresas cartelizadas convertirse en oligopolios y a estos en monopolios, dejarían de llamarlo “gasto” y hablarían de “créditos de fomento”, y mientras durara la plata se calificaría al gobierno de “exitoso”, “responsable” y “amigable con los mercados”. Pero cuando la plata comenzara a escasear, comenzarían a criticarlo y convencerían a sus funcionarios de la conveniencia de endeudarse, no para blindar las reservas, ni proteger las finanzas nacionales, sino para que los siguiera subsidiando bobamente. Y cuando también esos fondos se extinguieran, y la economía y el gobierno explotaran en mil pedazos, estos grupos habrían acumulado suficiente fortuna con destino de paraíso fiscal en el exterior. Así, bien acolchonados, sabiéndose indemnes, esperarían una nueva administración quebrada, a la que apoyarían con sus medios al comienzo, para que reiniciara un nuevo ciclo que los hiciera más, mucho más ricos que antes, en medio de las ruinas de la Nación y el empobrecimiento general de sus habitantes. Es como la Cinta de Moebius.
Todo eso se logró a pesar del PBI completo robado al esfuerzo colectivo por los fugadores seriales de divisas desde el ’75 para acá. Pero hace rato que los que no creen en la Argentina y se llevan la plata afuera nos explican cómo debería ser la Argentina que sueñan. Están en su derecho a opinar, claro que sí, el problema es que a sus planes les sobra un tercio de la población, es decir: su sueño es la pesadilla de la mayoría. Los ’90 lo demostraron. Así y todo, tampoco trajeron la plata cuando se aplicaba su receta: la relativa estabilidad y bonanza del primer quinquenio menemista se basó en las privatizaciones y el endeudamiento, no en la reinversión de capital de la élite política y cultural que sostenía el programa neoliberal de gobierno como la panacea, total la historia ya había acabado.
Y hay un problema mayor por estas horas. Una especie de malestar desmoralizante que intoxica todas las relaciones sociales. Los industriales que no tenían industria y ahora la tienen se quejan, los jubilados que tuvieron congelado su salario durante una década protestan porque no les alcanzan los dos aumentos anuales, los que fueron estafados con los bonos ahora que los cobran en pesos y dólares creen que siguen siendo defraudados, los desocupados que no tenían trabajo ni salario ahora que tienen trabajo y paritarias se fastidian porque les parece que pagan muchos impuestos, los que antes eran manipulados con planes sociales clientelares hoy que no son esclavos de una organización se fastidian porque no se los actualizan como a los jubilados, los que exportan quieren una devaluación más grande y los que recibieron planes Procrear refunfuñan porque cuando van al corralón a pagar con los Evita no se los aceptan por temor a que sean falsos, además de llevarles los precios a las nubes. Ningún reclamo es injusto. El deseo no concretado moviliza a vivir. Pero la nitidez con la que se dimensiona lo faltante, ¿se aplica en idéntica dosis para mensurar lo trabajosamente conseguido en este país reconstruido a los tumbos? ¿En serio alguien supuso que el crecimiento sin disputa por la renta con los sectores concentrados de la economía solucionaba por sí solo la desigualdad de todos estos años? Crecimiento no es desarrollo. Y sin desarrollo, no hay torta real que repartir. ¿Y quiénes están en contra del desarrollo con inclusión? Los mismos que no quieren reinvertir para producir más, porque vendiendo los mismos productos a precios más altos, ganan igual. En el medio, se cargan el mercado interno, que no es un ente abstracto: es la sociedad y sus expectativas de mejora en la vida.
La batalla por los precios es eso: una batalla. Pone en discusión esa idea de la inflación naturalizada por los sectores dominantes, que explica la remarcación señalando a un funcionario dispendioso o un descalabro monetario, cuando en realidad pasa otra cosa, y eso que pasa los cuestiona directamente a ellos. De todo lo que el kirchnerismo hizo en una década, no todo bien ni todo mal, que ahora se habla desde la tarima presidencial o desde la Secretaría de Comercio Interior, y de cara a la sociedad, lo que antes era sólo rumiado entre los académicos de la economía que no se habían resignado ante las verdades del mercado, es un hallazgo del presente y un legado fundamental hacia el futuro: existen formadores de tamaño inconveniente, agiotistas, comportamiento cartelizado, rapiña con primeras y segundas marcas, maniobras especulativas, captura ilícita de la renta, abusos sistemáticos y posiciones oligopólicas o monopólicas que alteran el sistema general de precios. No son distorsiones azarosas. Son un método de acumulación.
Se ve, sobre todo, en los productos de la canasta básica. Argentina es un país productor de alimentos. Podría alimentar a diez Argentinas. Sus habitantes, sin embargo, pagan esos productos más caros que un francés o un estadounidense. ¿Hay algo en la cadena que va del productor a la góndola que rompe con la lógica más elemental que dice que lo que abunda debería ser más barato que lo que escasea? Claro: toda una red invisibilizada dispuesta a elevar sideralmente su tasa de ganancia. El 14 % del precio final de un producto es la coima que paga en publicidad esa red de empresas a los medios del sistema para evitar ser mencionados y apuntar las responsabilidades de la inflación hacia el Estado, el gasto público y la emisión. El saqueo organizado sigilosamente por los gerentes no influye en nada: es la cantidad de pesos circulantes, el déficit del sector público y que Cristina no fue a Davos. Todo un despropósito. Por eso es interesante el plan de Precios Cuidados: expone como nunca antes a los que tenían garantizada la clandestinidad de sus prácticas.
La heterodoxia económica kirchnerista tiene una virtud. Sale de los dogmas y las convenciones, explora otras alternativas. Los resultados, más allá del malestar transitorio, son palpables. No construyó el Paraíso en la Tierra, sacó al país del camposanto y lo hizo andar. Nuevamente interpela a la sociedad. Asume la inflación. Hay un índice nuevo que la refleja y coordina con la percepción generalizada. Propone un método que elude el control de precios clásico: invita a los ciudadanos a vigilar un acuerdo que se extiende a todo el país. Explica la relación directa entre la depreciación de los ingresos y el aumento de los productos. A cosas más caras, menos vale el salario. Pretende crear conciencia. Y les pone caras a los responsables de la inflación.
El juez federal Claudio Bonadio quiere citar a indagatoria al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina por un spot emitido durante el entretiempo del Fútbol para Todos que rebatía los argumentos del gobierno de Mauricio Macri para no hacerse cargo del subte, cosa que finalmente tuvo que aceptar a regañadientes. La denuncia la hizo el dirigente macrista Cristian Ritondo. El fiscal Federico Delgado, que de kirchnerista no tiene nada, la desestimó por «inexistencia de delito». Pero Bonadio insiste y Clarín aprovecha para hablar de «malversación de caudales públicos», intentado involucrar a Abal Medina, junto a Alfredo Scoccimarro (vocero presidencial y secretario de Comunicación Pública) y al ex subsecretario de Comunicación Rodrigo Rodríguez, en un supuesto hecho de corrupción oficial. La noticia cruda es que la oposición macrista denunció una publicidad porque consideró que tenía contenidos partidarios y el juez convocó a los funcionarios que estaban relacionados con el área en el momento en que fue difundida. Desde su cuenta de Facebook, el ex funcionario debió aclarar que lo que Bonadio quiere poner en discusión es el contenido de aquel viejo spot, es decir, si fue publicidad oficial o campaña política, no si se llevó plata a su casa. Del juez federal, ex militante de Guardia de Hierro en el secundario, puede rastrearse una vieja obsesión por los apellidos de fuerte impronta peronista revolucionaria. Se trata del mismo magistrado que hace una década llevó a prisión a Fernando Vaca Narvaja y Roberto Cirilo Perdía, dos sobrevivientes –junto con Mario Firmenich– de la conducción de Montoneros, acusándolos de haber entregado al Batallón 601 del Ejército los nombres de los militantes que retornaron al país con la Contraofensiva y fueron desaparecidos por la dictadura cívico-militar. Ambos fueron liberados luego, zafando de una acusación de traición tan absurda como ignominiosa. Podría recordársele, ahora que procura avanzar a los tumbos sobre Abal Medina, que se trata del sobrino y no de Fernando, el fundador de Montoneros asesinado en William Morris.
Más de 300 mil habitantes de la ciudad cordobesa de Río Cuarto y del sur de esa provincia se verán beneficiados con la llegada gratuita de la TDA (Televisión Digital Abierta), luego de que el gobierno de José Manuel de la Sota retrocediera en su descabellado intento por cercenar el derecho de las audiencias basándose en la supuesta contaminación de las antenas del sistema, decisión política que produjo el apagón informativo más importante desde el retorno de la democracia, no cubierto por los medios hegemónicos. La decisión de impedir el funcionamiento de la TDA había sido tomada en diciembre de 2012 por la Secretaría de Ambiente de Córdoba y luego por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), desatando un reclamo colectivo que se transformó en escándalo nacional. Producto de las denuncias recibidas, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, creada por la LSCA, presentó ante el gobierno delasotista una serie de análisis sobre las antenas TDA desmintiendo la teoría contaminante y exigiendo la inmediata restitución del servicio para no vulnerar el derecho a la comunicación de los cordobeses. Los antecedentes pueden consultarse en . Finalmente, después de una batalla legal de casi un año, la Secretaría de Ambiente provincial autorizó la instalación de la antena de TDA y en consecuencia EPEC permitió la permanencia de la antena en su predio de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, tal como había requerido la Defensoría.
Cuando mañana el directorio de la AFSCA, presidido por Martín Sabbatella, se reúna para decidir, entre otros, el plan de adecuación voluntaria a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) del Grupo Clarín S.A., la sociedad argentina habrá subido otro peldaño más, quizá el más importante, en la lucha por una comunicación democrática y plural de los últimos 30 años.
Pero el partido político que Héctor Magnetto controla con mano dura dentro del grupo empresario (que acepta dividirse en seis unidades económicas al filo de lo legalmente permitido, reconociendo en los hechos el oligopolio previo que tanto negó) no pierde las mañas. Bajo el título “Se unen las dos empresas de TV paga más de grandes de EEUU”, en página 36, de su edición del viernes 14, desde el diario Clarín se pretendió dar por hecho algo que, al menos por ahora, no sucedió, precisamente porque la AFSCA estadounidense (la FCC) nos se expidió sobre la oferta que Comcast (22 millones de abonados) hizo por Time Warner (11 millones de abonados). Sin embargo, en el artículo se da la compra por concretada, argumentando que en los Estados Unidos “las operaciones comerciales de las empresas de medios ciertamente evitan el paradigma de las regulaciones que prevalecen aquí, en este país (Argentina)”, apoyándose a su vez en la tapa de The Economist con foto de Messi que fustiga a la Argentina como ejemplo a no imitar. La noticia que todavía no existe y Clarín informa como consumada, ya levantó polémica en los portales noticiosos del país del norte, donde los contribuyentes hablan de la meneada “fusión”, lisa y llanamente, como de intento monopólico. La noticia deseada por Clarín, como se ve, todavía no es noticia. En el mismo texto, hay un párrafo insólito. Dice así: “En Estados Unidos, a diferencia de la Argentina, las empresas de comunicación no compiten contra el aparato gubernamental. No existen los medios de comunicación estatales”. Esto no es cierto. La PBS (Public Broadcasting Service) es la cadena estadounidense de TV pública, que se financia con fondos federales y cuenta con 169 operadores de licencias educacionales no comerciales que operan 348 estaciones de televisión. De estas 169 licencias, 86 son de organizaciones comunitarias, 57 de colegios o universidades, 20 de autoridades estatales y 6 de autoridades locales o municipales. Además existe la NPR (National Public Radio), una de las principales radioemisoras del país. No es un invento
kirchnerista: cualquiera lo puede leer en Wikipedia.
