Hay peleas y peleas en el sindicalismo peronista. Algunas son violentas, como las que quedaron en evidencia entre los portuarios, el viernes pasado, a puro golpe y balazo. Otras, son netamente electorales, como las que se vienen en importantes gremios como bancarios, telefónicos, aeronavegantes y lecheros. Y otras son netamente políticas, pero prometen ser más virulentas, sobre todo a partir de la decisión de Cristina Kirchner de ordenarles a los jóvenes de La Cámpora que salgan a disputar espacios en los sindicatos.
“Nuestra idea es pensar la política a diez, veinte, treinta años”, declaró alguna vez Andrés “El Cuervo” Larroque, diputado nacional y jefe de La Cámpora. Por eso el plan, a partir de la instrucción presidencial, consiste en un gradual pero sostenido avance en gremios aún no colonizados por los ultra K. Los muchachos camporistas saben que Cristina detesta a casi toda la dirigencia gremial, y si hasta ahora no habían dado pasos decididos en ese terreno es porque todavía pesaba la opinión de Néstor Kirchner, que le había advertido a su hijo Máximo: “Con los sindicatos no se metan. Déjenmelos a mí”.
El campo de acción de La Cámpora se concentra, en principio, en organismos públicos y en empresas donde el Estado tiene fuerte presencia. En Aerolíneas Argentinas, que preside el camporista Mariano Recalde, por ejemplo, cientos de militantes consiguieron empleo y por eso no es casual que la agrupación juvenil K haya copado la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que lidera Edgardo Llano, de la CTA oficialista.
Lo mismo sucede entre los docentes de Suteba, conducidos por Roberto Baradel, que navega entre el hostigamiento a Daniel Scioli y los coqueteos con Sergio Massa, aunque en las recientes elecciones del gremio perdió 11 de las 32 seccionales en manos de la izquierda. Y también entre los estatales de ATE Capital, donde a su jefe, el michelista José Luis Matassa, lo marca de cerca el camporista Luciano Federico Fernández.
Los jóvenes K tienen bajo la manga el proyecto de la CTA oficialista sobre un código sindical electoral que garantice elecciones “transparentes” en los gremios y prohíba los cargos vitalicios. Es el mismo texto que tiene en su poder la Presidenta y que, como admiten en la Casa Rosada, se activará si el kirchnerismo gana las próximas elecciones.
La misma preocupación por el futuro tiene el moyanismo. Más allá del proyecto político y sindical del líder camionero, su hijo Facundo Moyano procura, a través de la Juventud Sindical y con el asesoramiento legal de su hermano, Hugo Moyano Jr., avanzar con una nueva camada de dirigentes en varios gremios dominados hoy por el kirchnerismo. Ya se anotaron un triunfo con la inscripción que, luego de seis años, logró el sindicato de jerárquicos de Comercio que lidera Jorge Miguelez, a la que el Ministerio de Trabajo se resistía con uñas y dientes. Y seguiría la misma senda el reconocimiento a un gremio nuevo, la Unión Informática, conducido por Pablo Dorín, de 34 años, que hace quince días consiguió paralizar casi toda la actividad en un gigante como IBM.
En algunas peleas sindicales, como las que se van a desarrollar en las próximas semanas mediante la votación en importantes gremios, es difícil que haya cambios, aunque sí una fuerte ebullición interna. En la Asociación Bancaria, el radical Sergio Palazzo, que acaba de dejar la CGT moyanista, competirá en las elecciones del 31 de julio con dos listas, una liderada por Raúl Fontana, histórico rival del zanolismo, y la otra por Daniel Mercado, cercano al Gobierno. En Foetra Buenos Aires, el oficialismo kirchnerista de Osvaldo Iadarola y Claudio Marín se enfrentará en los comicios del 4 de julio con Eduardo Moyano, al frente de una lista de la CTA disidente y toda la izquierda. En Aeronavegantes, del 3 al 12 de julio, el oficialismo kirchnerista intentará que Silvia Versaggi no pierda el gremio a manos de Juan Pablo Brey, alineado con Facundo Moyano. Y en el gremio lechero, del 2 al 4 de julio, todo indica que el kirchnerista Héctor Ponce será reelegido, pese a la insistencia de los moyanistas Domingo Vilche y Cristian Oliva, de la seccional Capital, a los que siguen sin reconocerles la lista.
No se prevén cambios bruscos en el timón de los gremios, pero sí sobresaltos políticos: la permanente indiferencia de Cristina Kirchner ante sus centrales obreras aliadas está haciendo estragos en el clima de obediencia que existía hasta hace semanas. Por algo un puñado de dirigentes de la CGT Balcarce se reunió secretamente hace quince días con colegas de la CTA oficialista. En los papeles, son adversarios porque compiten en la escena sindical y mantienen diferencias ideológicas, aunque comparten el mismo e infructuoso objetivo: que la Presidenta no los siga marginando de sus decisiones.
“Juntémonos, muchachos, porque Cristina nos pasa por arriba”, propuso, casi como ruego, uno de los máximos exponentes de la cúpula de la CGT que preside Antonio Caló. Las conversaciones seguirán, pero su destino parece depender mucho más de los realineamientos que podría producir en el peronismo la candidatura de Sergio Massa.
Mientras las cúpulas se inquietan, el sindicalismo combativo tiene puesta la mira en Las Heras, Santa Cruz: hoy comienza el juicio contra seis sindicalistas petroleros que fueron acusados por el crimen del policía Jorge Sayago, en medio de una pueblada, en 2006. La fiscalía pide cadena perpetua para esos dirigentes, que fueron torturados y estuvieron tres años presos sin condena. La única prueba que los incrimina, aseguran, era un testigo que cambió su versión y que denunció amenazas para declarar en contra de ellos. Será, en el fondo, un test para medir si la justicia es para algunos. O para todos y todas.
“Nuestra idea es pensar la política a diez, veinte, treinta años”, declaró alguna vez Andrés “El Cuervo” Larroque, diputado nacional y jefe de La Cámpora. Por eso el plan, a partir de la instrucción presidencial, consiste en un gradual pero sostenido avance en gremios aún no colonizados por los ultra K. Los muchachos camporistas saben que Cristina detesta a casi toda la dirigencia gremial, y si hasta ahora no habían dado pasos decididos en ese terreno es porque todavía pesaba la opinión de Néstor Kirchner, que le había advertido a su hijo Máximo: “Con los sindicatos no se metan. Déjenmelos a mí”.
El campo de acción de La Cámpora se concentra, en principio, en organismos públicos y en empresas donde el Estado tiene fuerte presencia. En Aerolíneas Argentinas, que preside el camporista Mariano Recalde, por ejemplo, cientos de militantes consiguieron empleo y por eso no es casual que la agrupación juvenil K haya copado la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que lidera Edgardo Llano, de la CTA oficialista.
Lo mismo sucede entre los docentes de Suteba, conducidos por Roberto Baradel, que navega entre el hostigamiento a Daniel Scioli y los coqueteos con Sergio Massa, aunque en las recientes elecciones del gremio perdió 11 de las 32 seccionales en manos de la izquierda. Y también entre los estatales de ATE Capital, donde a su jefe, el michelista José Luis Matassa, lo marca de cerca el camporista Luciano Federico Fernández.
Los jóvenes K tienen bajo la manga el proyecto de la CTA oficialista sobre un código sindical electoral que garantice elecciones “transparentes” en los gremios y prohíba los cargos vitalicios. Es el mismo texto que tiene en su poder la Presidenta y que, como admiten en la Casa Rosada, se activará si el kirchnerismo gana las próximas elecciones.
La misma preocupación por el futuro tiene el moyanismo. Más allá del proyecto político y sindical del líder camionero, su hijo Facundo Moyano procura, a través de la Juventud Sindical y con el asesoramiento legal de su hermano, Hugo Moyano Jr., avanzar con una nueva camada de dirigentes en varios gremios dominados hoy por el kirchnerismo. Ya se anotaron un triunfo con la inscripción que, luego de seis años, logró el sindicato de jerárquicos de Comercio que lidera Jorge Miguelez, a la que el Ministerio de Trabajo se resistía con uñas y dientes. Y seguiría la misma senda el reconocimiento a un gremio nuevo, la Unión Informática, conducido por Pablo Dorín, de 34 años, que hace quince días consiguió paralizar casi toda la actividad en un gigante como IBM.
En algunas peleas sindicales, como las que se van a desarrollar en las próximas semanas mediante la votación en importantes gremios, es difícil que haya cambios, aunque sí una fuerte ebullición interna. En la Asociación Bancaria, el radical Sergio Palazzo, que acaba de dejar la CGT moyanista, competirá en las elecciones del 31 de julio con dos listas, una liderada por Raúl Fontana, histórico rival del zanolismo, y la otra por Daniel Mercado, cercano al Gobierno. En Foetra Buenos Aires, el oficialismo kirchnerista de Osvaldo Iadarola y Claudio Marín se enfrentará en los comicios del 4 de julio con Eduardo Moyano, al frente de una lista de la CTA disidente y toda la izquierda. En Aeronavegantes, del 3 al 12 de julio, el oficialismo kirchnerista intentará que Silvia Versaggi no pierda el gremio a manos de Juan Pablo Brey, alineado con Facundo Moyano. Y en el gremio lechero, del 2 al 4 de julio, todo indica que el kirchnerista Héctor Ponce será reelegido, pese a la insistencia de los moyanistas Domingo Vilche y Cristian Oliva, de la seccional Capital, a los que siguen sin reconocerles la lista.
No se prevén cambios bruscos en el timón de los gremios, pero sí sobresaltos políticos: la permanente indiferencia de Cristina Kirchner ante sus centrales obreras aliadas está haciendo estragos en el clima de obediencia que existía hasta hace semanas. Por algo un puñado de dirigentes de la CGT Balcarce se reunió secretamente hace quince días con colegas de la CTA oficialista. En los papeles, son adversarios porque compiten en la escena sindical y mantienen diferencias ideológicas, aunque comparten el mismo e infructuoso objetivo: que la Presidenta no los siga marginando de sus decisiones.
“Juntémonos, muchachos, porque Cristina nos pasa por arriba”, propuso, casi como ruego, uno de los máximos exponentes de la cúpula de la CGT que preside Antonio Caló. Las conversaciones seguirán, pero su destino parece depender mucho más de los realineamientos que podría producir en el peronismo la candidatura de Sergio Massa.
Mientras las cúpulas se inquietan, el sindicalismo combativo tiene puesta la mira en Las Heras, Santa Cruz: hoy comienza el juicio contra seis sindicalistas petroleros que fueron acusados por el crimen del policía Jorge Sayago, en medio de una pueblada, en 2006. La fiscalía pide cadena perpetua para esos dirigentes, que fueron torturados y estuvieron tres años presos sin condena. La única prueba que los incrimina, aseguran, era un testigo que cambió su versión y que denunció amenazas para declarar en contra de ellos. Será, en el fondo, un test para medir si la justicia es para algunos. O para todos y todas.
