El jueves 18, día elegido por las distintas versiones del antikirchnerismo para ganar nuevamente la calle, los dos diarios opositores salieron con una solicitada de página entera firmada por la Asociación Empresaria Argentina (AEA) llamando a boicotear la reforma judicial que discute el Parlamento, bajo el título flamígero: “Grave amenaza a las garantías constitucionales”. La AEA nuclea a las principales empresas monopólicas del país. Su listado de miembros es público, puede consultarse en la web: Techint, Arcor, Irsa, Citi, Ledesma, Quickfood, Clarín y La Nación, entre otra decena de empresas aspiradoras del grueso de la renta que produce la sociedad argentina. En definitiva, el bloque económico dominante cuyo poderío permaneció inalterable desde el golpe cívico militar del ’76, hasta la llegada del kirchnerismo al gobierno con sus políticas “populistas”, que es la manera peyorativa que los dueños del poder y del dinero utilizan para manifestar su rechazo a los intentos democráticos por mejorar el reparto de la riqueza. Intentos que ponen en cuestión el patrón de acumulación que este bloque dominante defiende desde la convicción de su propio bolsillo, sin importarle demasiado el destino del resto de los ciudadanos que viven en este país. Cuando “Justicia Legítima”, el grupo de jueces, defensores, abogados y fiscales que apoyan la iniciativa de democratización del Poder Judicial, promueve desde sus comunicados una judicatura independiente de los políticos “pero también de los poderes fácticos”, se refiere precisamente a este poder monopólico y no democrático, que encabeza AEA y lleva como vagones a la Sociedad Rural y a las distintas asociaciones de bancos, que habitualmente encuentran oídos receptivos a sus argumentos en los distintos juzgados donde tramitan sus asuntos patrimoniales. No es casual que “Justicia Legítima” se haya constituido al calor de aquel escándalo de los camaristas de la Sala I en lo Civil y Comercial Federal que viajaron a Miami pagados por Clarín y luego fallaron extendiéndole la cautelar que hacía inaplicable para el grupo la adecuación exigida por ley, que sin embargo rige para el resto de las empresas del sector. Son los mismos jueces que esta semana, con otra sentencia vergonzosa, declararon constitucionales los artículos e incisos de la ley que no perjudican a Clarín y su posición dominante, e inconstitucionales aquellos que, precisamente, limitan legal y democráticamente su desbordada expansión en el mercado de la comunicación; y exactamente los mismos que dictaron una cautelar en beneficio de la Sociedad Rural que hoy usurpa el predio de Palermo. Son tres fallos muy concretos que prueban la colonización de los “poderes fácticos” de un sector del Poder Judicial que funciona en los hechos como garante y buffete de abogados de sus privilegios, consagrando la inseguridad jurídica para el resto de la sociedad democrática. Justicia corporativa en estado puro que se atribuye el mote de “independiente”, cuando no lo es.
Dice un dicho campero que “hay que pegarle al lechón para que aparezca la chancha”. La resistencia de este sector –el más conservador y reaccionario de un poder ya bastante aristocrático– a la política oficial de democratización de la magistratura tiene lógica. Pero la solicitada de AEA del jueves 18, el día de la protesta antikirchnerista, viene a confirmar dos cosas: 1) que el bloque económico dominante considera a este sector del Poder Judicial como un bastión propio y legitimador de sus excesivas apropiaciones, y 2) que hay dichos camperos que son reveladores: la chancha AEA se vino al humo al primer quejido de su mamón.
Dijo AEA en su texto: “La reforma del Poder Judicial a consideración del Congreso Nacional es una grave amenaza a las garantías constitucionales (…) y además producen un gran daño al ambiente para las inversiones y la creación de empleos en la Argentina (…) Sólo con una total independencia e imparcialidad puede el Poder Judicial cumplir acabadamente estos importantes roles.”
Es relevante observar el papel que los dueños del poder y del dinero les asignan a los jueces. Parece que los diputados y senadores, cuando debaten en el Parlamento, representan un riesgo a las garantías constitucionales. Dicho al revés: lo mejor para preservar esas garantías sería no debatir ni poner a consideración ningún tema. Todavía no se animan, se ve, a pedir que disuelvan directamente el Congreso. ¿Una exageración? En el texto de la solicitada se habla del “Estado de derecho”, de “República” y de la “Constitución”, pero en ningún párrafo aparece mencionada la palabra “democracia”. ¿Otra exageración? Techint, Clarín, La Nación, Ledesma, por citar a la cúspide de AEA, no firmaron una solicitada como esta el 24 de marzo del ’76. Por el contrario, saludaron la llegada del dictador Videla y el cierre del Congreso, más la suspensión de todas las garantías constitucionales por las que ahora se rasgan las vestiduras. No fue un error ni un pecado inofensivo: fue una elección para maximizar sus beneficios constituyéndose en empresas monopólicas. Clarín y La Nación se quedaron con Papel Prensa, Ledesma pudo hacer desaparecer a los delegados que molestaban y quedarse con el mercado del azúcar y Techint comenzó su imparable avance hasta el abuso del rubro siderúrgico nacional. ¿Eso es historia? No: tiene consecuencias en la economía y la política del presente.
Hoy hablan de “gran daño al ambiente para las inversiones y la creación de empleos”. En su página web, sin embargo, admiten que aunque representan un tercio del PBI, sólo les dan trabajo a 300 mil personas. Y así y todo, y sin contar los antecedentes, se creen con derecho a un derecho propio, el de la “justicia corporativa”, poniendo en el banquillo mediático a un gobierno al que detestan porque les disputa la orientación, el patrón de acumulación y los porcentajes de reparto que debe tener la nación. Entre los muchos logros que el kirchnerismo produjo, hay uno esencial del que puede ufanarse: lo aborrecen los verdaderos enemigos de la democratización de la riqueza.
Un día antes de la solicitada de AEA publicada en los diarios propios, Clarín y La Nación, se conoció el fallo de la Sala I de la Cámara en Civil y Comercial Federal, integrada por el viajante Francisco de las Carreras, Ricardo Guarignoni y María Susana Najurieta, que declaró que la empresa Clarín, de AEA, tiene “garantías constitucionales” para desobedecer una ley, que sus competidores en el mercado no tienen. ¿Insólito? No, “legal”. Por ahora. La sentencia, que el titular de la AFSCA Martín Sabbatella calificó de “tramposa” y violadora del espíritu antimonopólico de la Ley de Medios, es una prueba del maridaje argumental entre grupos económicos y jueces corporativos, que la Corte Suprema deberá evaluar con seriedad y –es esperable– con verdadero espíritu republicano. Los planteos de los abogados y los peritos de Clarín son suscriptos por los camaristas firmantes de modo calcado. Si el plagio es una conducta reprobable para cualquier estudiante del secundario, ¿qué puede decirse de camaristas que actúan así en una causa que tiene en tensión a los tres poderes del Estado? Paradojalmente, en este caso, además, el plagiado está feliz. Entonces, algo huele definitivamente a podrido en el asunto. Veamos. Critica “la parte actora”, es decir, Clarín, los propósitos antimonopólicos de la Ley de Medios, en base a los siguientes supuestos: “El desconocimiento de la realidad de la industria de los medios, que necesita una economía de escala y densidad para competir en un mundo que avanza hacia un proceso de convergencia tecnológica (…) La aplicación del artículo 45 de la ley 26.522 conlleva la obligación de trabajar a pérdida, sin posibilidad de sustentabilidad a largo plazo del grupo empresario demandante (…) El resultado –en la posición de la actora– sería menos pluralismo, menos competencia y gran perjuicio del consumidor, quien retrocedería en el uso de avances tecnológicos, con grave menoscabo a la posibilidad de acceder a contenidos plurales y riesgo de eliminar el debate independiente de ideas y opiniones.” Agrega la camarista Najurieta, citando a los peritos del grupo: “La televisión abierta es más costosa para producir y se ha convertido en una actividad de baja rentabilidad (…) La limitación de licencias contenidas en el artículo 45 coloca a Cablevisión en desventaja competitiva respecto de la televisión satelital (…) La reducción de la audiencia implica menos participación del mercado publicitario, menor generación de fondos y reducción fuerte de los servicios a prestar, afectando la sustentabilidad del Grupo Clarín.” Y finalmente resuelve la camarista, a la que avalan sus colegas de la Sala I, en sintonía con las necesidades del grupo: “Entiendo que las normas examinadas –artículos 45 y 48– en este considerando importan, en conjunto, una restricción innecesaria e irrazonable (…) La perspectiva es un perjuicio tangible en la sustentabilidad de las empresas actoras (…) La sustentabilidad financiera de una empresa guarda correspondencia con el grado de independencia y de eficacia en su función de expresar, comunicar e informar ideas y opiniones.” ¿Esa no era, exacta y milimétricamente, la posición de “la actora”? Y sigue, en plagio a la presentación de Clarín: “Cuando se conjuga la reducción de la audiencia, la disminución de la publicidad privada y la falta de avisos oficiales, ello conduce a inseguridad económica, que afecta a la actividad periodística. Ello es así pues la empresa debe optar por mantener su integridad en condiciones agónicas o someterse al condicionamiento directo o indirecto de los que tienen recursos económicos o ejercen el gobierno.” No hay, de parte de los camaristas, ni siquiera un intento de desmarcarse de la postura de la empresa “actora”. El planteo es idéntico. Resumido: sin libertad de Clarín para monopolizar el mercado, no existen reaseguros para la libertad de expresión. Confunden, una vez más, libertad de prensa con libertad de empresa, un debate del siglo pasado que ya fue saldado en la academia, en la jurisprudencia local y en el propio sistema de justicia interamericano. ¿No se les ocurre a los camaristas pensar que existen otros actores de la comunicación que no necesitan monopolizarse para efectivizar su inalienable derecho humano a la comunicación? ¿Desconocen que existen empresas que mantienen una ecuación rentable, sin resignar independencia, y que lo único que pone en riesgo su sustentabilidad es la posición agresivamente dominante de un competidor voraz que les impide el acceso, por ejemplo, al mercado de la publicidad privada?
¿Desconocen los jueces que el derecho a la comunicación es de todos: de los que pueden solventarlo y de los que no? El Pacto de San José de Costa Rica dice que los monopolios públicos o privados representan un peligro, una amenaza real para el derecho a la comunicación de toda la sociedad. Para estos camaristas, sin embargo, el monopolio privado viene a garantizar lo que, en la práctica, vulnera de modo flagrante, según el pacto que la Argentina suscribió constitucionalmente en 1994. ¿Cómo hace el Estado para cumplir con la CIDH sin atacar el monopolio y sin socorrer económicamente a los medios menos sustentables? Es un problema del Estado, por supuesto. Pero la respuesta democrática está a años luz de la que dan los camaristas plagiando la presentación de los abogados del Grupo Clarín, algo que el Consejo de la Magistratura debiera tener en cuenta para evaluar si estos jueces puede seguir siendo jueces. La libertad de expresión está por encima de los asuntos patrimoniales. Porque asiste el mismo derecho al que puede sustentarse y al que no. ¿Acaso la capacidad de monopolizarse puede ser la vara que integra o excluye de un derecho humano? La respuesta es no, porque los Derechos Humanos no son ni pueden ser un privilegio solamente reservado a los ricos. Esto demuestra el alto grado de colonización ideológica de una porción del Poder Judicial, que en su afán por resguardar los intereses mercantiles de un grupo perjudica el derecho de todos y se carga, sin más trámite, la Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica de un plumazo. Contrariando, además, el espíritu antimonopólico que anima, si se quiere, la competencia capitalista más elemental, religión laica del país donde se protegen las inversiones que AEA dice defender y admirar. El viernes 19, se supo que el gobierno de los Estados Unidos subastará el remanente del apagón digital, es decir, las ondas del espacio radioeléctrico que quedaron libres luego del fin de la TV analógica. Según Ambito Financiero, “las características de dicha subasta aún no han sido estipuladas del todo, porque el Departamento de Justicia de los EE UU se ocupó de establecer que se pondrán límites para que no se produzcan acopios monopólicos del partes del espectro.” Hasta el momento, según se informó, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) estudiará caso por caso “a cada una de las firmas interesadas en adquirir el espectro radioeléctrico para evitar que alguna firma pueda dominar el mercado”. Lo más jugoso del anuncio es que las autoridades estadounidenses estará atentas a que empresas que avanzaron en el negocio del cable o Internet, como AT&T y Verizon, puedan aprovecharse de esta subasta de estas ondas radioeléctricas para afianzar su posición dominante, incluso, en la banda ancha satelital. El dato es interesante, sobre todo, porque los camaristas de Clarín plantearon una diferencia entre las ondas radioeléctricas, donde aceptarían el tope que fija la Ley de Medios, pero no así en el mercado del cable, donde Héctor Magnetto, a criterio de los jueces Najurieta, De las Carrearas y Guarignoni, podría acumular licencias ilimitadamente. Para la FCC, que es un organismo bastante más serio y entendido en materia antimonopólica que la Sala I, cualquier decisión que habilite ventajas que favorezcan la concentración sería inválida o recurrible. La propia Corte Suprema de nuestro país, en resoluciones previas al fallo de la Sala I, ha dejado asentado por suerte que el Estado debe promover políticas antimonopólicas y, específicamente, en el caso de la Ley de Medios, que lo que está en juego no es la libertad de expresión, caballito de batalla de Magnetto, sino el monto y las formas indemnizatorias de un eventual recorte patrimonial para ajustar a la ley a cualquier grupo de la comunicación.
La noche de la solicitada de AEA, una multitud antikirchnerista salió a la calle para protestar contra el gobierno. Ya dijimos en esta columna que se trata de un sector de la clase media –no toda– que vive una emergencia política y existencial. Política, porque no encuentra un liderazgo y programa común que canalice su universo de demandas. Existencial, porque es el sector de la sociedad que se siente más desamparado por las últimas decisiones oficiales en materia económica: no encuentran dólares fácilmente, si viajan al exterior pagan extra con la tarjeta y en los paquetes turísticos, se los obliga a estar blanqueados ante la AFIP, los productos que consumen en el supermercado son los que más aumentaron en el último año con anuencia de la Secretaría de Comercio, se les obstaculiza el acceso a productos importados, no se topan con instrumentos públicos de ahorro que les permitan olvidar el billete estadounidense, el mercado de compra y venta de inmuebles está casi paralizado, son pagadores del Impuesto a las Ganancias con sueldos ni altos, ni bajos, y también bolsones de vecinos perturbados por el incremento de la inseguridad existente y además amplificada por los noticieros de la mañana, la tarde y la noche. En fin, un grupo de gente fácilmente identificable en la topografía social, muy enojada y con sus razones opinables. Campo fértil para el discurso antikirchnerista más duro y destituyente, y eficazmente reunida detrás de las cuatro o cinco consignas que el Clarín y La Nación de la AEA agitan para transformar al gobierno en una feroz dictadura que atravesaría su fin de ciclo. Nada nuevo bajo la luna. Una marcha muy parecida a la del 13S y la del 8N, aunque esta vez las licencias monopólicas de Clarín les hayan hecho gritar un poco más fuerte contra la corrupción y la reforma judicial, construyendo un verosímil improbable, que lleva el agua del sentido común ciudadano a las orillas de la AEA y sus intereses: el gobierno pretende manejar la justicia para garantizarse la impunidad de sus chanchullos. Curioso: la memoria judicial reciente evidencia fallos que custodian los intereses corporativos y no tanto los del gobierno. Es la impunidad de los chanchullos de Clarín y Techint, dos conglomerados con sede en paraísos fiscales como Delaware, Luxemburgo y las Antillas holandesas, los que hoy están protegidos por la justicia corporativa. Cuando existía, el diario Crítica dio a conocer un listado de empresarios lavadores argentinos que encabezaban los actuales dueños de Canal 13, tomando como fuente a Hernán Arbizu, gerente para Latinoamérica de la banca JP Morgan. Antes que Jorge Rial o Luis Ventura, un experto en el tema como Arbizu quizá tenga algo más interesante para decir sobre el informe contra Lázaro Báez en el mismo Canal 13, sin que esto implique desconocer que cualquier contratista de obra pública está políticamente expuesto a dar explicaciones sobre el origen y destino de los fondos que recibe, sea o no requerido por la justicia. Es una idea para ayudar a la verdad. Claro que la verdad en una guerra, no regida por la Convención de Ginebra, como la que Clarín y AEA mantienen contra el gobierno democrático, es lo más sacrificable de todo. – <dl
La parábola de pedraza
El viernes se conoció la sentencia por el crimen de Mariano Ferreyra. José Pedraza, histórico jefe de la Unión Ferroviaria, fue condenado a 15 años de prisión como partícipe necesario. Su parábola es inquietante: fue de la gloriosa CGT de los Argentinos y la resistencia heroica a la dictadura, a los calabozos de la democracia por matar a un militante que defendía a los tercerizados que ponían en riesgo la rentabilidad de su negocio como burócrata empresario, con piso en Puerto Madero. Cristina Kirchner cumplió su palabra: no hubo protección para un cuadro sindical histórico del peronismo, clave en el entramado ferroviario. Hace 40 años, este fallo contra la burocracia sindical habría sido imposible. Las lecturas políticas sobre lo sucedido, como las venas de Galeano, quedan eternamente abiertas. El llanto por la pérdida de un pibe militante que quería una sociedad más justa, también.
Dice un dicho campero que “hay que pegarle al lechón para que aparezca la chancha”. La resistencia de este sector –el más conservador y reaccionario de un poder ya bastante aristocrático– a la política oficial de democratización de la magistratura tiene lógica. Pero la solicitada de AEA del jueves 18, el día de la protesta antikirchnerista, viene a confirmar dos cosas: 1) que el bloque económico dominante considera a este sector del Poder Judicial como un bastión propio y legitimador de sus excesivas apropiaciones, y 2) que hay dichos camperos que son reveladores: la chancha AEA se vino al humo al primer quejido de su mamón.
Dijo AEA en su texto: “La reforma del Poder Judicial a consideración del Congreso Nacional es una grave amenaza a las garantías constitucionales (…) y además producen un gran daño al ambiente para las inversiones y la creación de empleos en la Argentina (…) Sólo con una total independencia e imparcialidad puede el Poder Judicial cumplir acabadamente estos importantes roles.”
Es relevante observar el papel que los dueños del poder y del dinero les asignan a los jueces. Parece que los diputados y senadores, cuando debaten en el Parlamento, representan un riesgo a las garantías constitucionales. Dicho al revés: lo mejor para preservar esas garantías sería no debatir ni poner a consideración ningún tema. Todavía no se animan, se ve, a pedir que disuelvan directamente el Congreso. ¿Una exageración? En el texto de la solicitada se habla del “Estado de derecho”, de “República” y de la “Constitución”, pero en ningún párrafo aparece mencionada la palabra “democracia”. ¿Otra exageración? Techint, Clarín, La Nación, Ledesma, por citar a la cúspide de AEA, no firmaron una solicitada como esta el 24 de marzo del ’76. Por el contrario, saludaron la llegada del dictador Videla y el cierre del Congreso, más la suspensión de todas las garantías constitucionales por las que ahora se rasgan las vestiduras. No fue un error ni un pecado inofensivo: fue una elección para maximizar sus beneficios constituyéndose en empresas monopólicas. Clarín y La Nación se quedaron con Papel Prensa, Ledesma pudo hacer desaparecer a los delegados que molestaban y quedarse con el mercado del azúcar y Techint comenzó su imparable avance hasta el abuso del rubro siderúrgico nacional. ¿Eso es historia? No: tiene consecuencias en la economía y la política del presente.
Hoy hablan de “gran daño al ambiente para las inversiones y la creación de empleos”. En su página web, sin embargo, admiten que aunque representan un tercio del PBI, sólo les dan trabajo a 300 mil personas. Y así y todo, y sin contar los antecedentes, se creen con derecho a un derecho propio, el de la “justicia corporativa”, poniendo en el banquillo mediático a un gobierno al que detestan porque les disputa la orientación, el patrón de acumulación y los porcentajes de reparto que debe tener la nación. Entre los muchos logros que el kirchnerismo produjo, hay uno esencial del que puede ufanarse: lo aborrecen los verdaderos enemigos de la democratización de la riqueza.
Un día antes de la solicitada de AEA publicada en los diarios propios, Clarín y La Nación, se conoció el fallo de la Sala I de la Cámara en Civil y Comercial Federal, integrada por el viajante Francisco de las Carreras, Ricardo Guarignoni y María Susana Najurieta, que declaró que la empresa Clarín, de AEA, tiene “garantías constitucionales” para desobedecer una ley, que sus competidores en el mercado no tienen. ¿Insólito? No, “legal”. Por ahora. La sentencia, que el titular de la AFSCA Martín Sabbatella calificó de “tramposa” y violadora del espíritu antimonopólico de la Ley de Medios, es una prueba del maridaje argumental entre grupos económicos y jueces corporativos, que la Corte Suprema deberá evaluar con seriedad y –es esperable– con verdadero espíritu republicano. Los planteos de los abogados y los peritos de Clarín son suscriptos por los camaristas firmantes de modo calcado. Si el plagio es una conducta reprobable para cualquier estudiante del secundario, ¿qué puede decirse de camaristas que actúan así en una causa que tiene en tensión a los tres poderes del Estado? Paradojalmente, en este caso, además, el plagiado está feliz. Entonces, algo huele definitivamente a podrido en el asunto. Veamos. Critica “la parte actora”, es decir, Clarín, los propósitos antimonopólicos de la Ley de Medios, en base a los siguientes supuestos: “El desconocimiento de la realidad de la industria de los medios, que necesita una economía de escala y densidad para competir en un mundo que avanza hacia un proceso de convergencia tecnológica (…) La aplicación del artículo 45 de la ley 26.522 conlleva la obligación de trabajar a pérdida, sin posibilidad de sustentabilidad a largo plazo del grupo empresario demandante (…) El resultado –en la posición de la actora– sería menos pluralismo, menos competencia y gran perjuicio del consumidor, quien retrocedería en el uso de avances tecnológicos, con grave menoscabo a la posibilidad de acceder a contenidos plurales y riesgo de eliminar el debate independiente de ideas y opiniones.” Agrega la camarista Najurieta, citando a los peritos del grupo: “La televisión abierta es más costosa para producir y se ha convertido en una actividad de baja rentabilidad (…) La limitación de licencias contenidas en el artículo 45 coloca a Cablevisión en desventaja competitiva respecto de la televisión satelital (…) La reducción de la audiencia implica menos participación del mercado publicitario, menor generación de fondos y reducción fuerte de los servicios a prestar, afectando la sustentabilidad del Grupo Clarín.” Y finalmente resuelve la camarista, a la que avalan sus colegas de la Sala I, en sintonía con las necesidades del grupo: “Entiendo que las normas examinadas –artículos 45 y 48– en este considerando importan, en conjunto, una restricción innecesaria e irrazonable (…) La perspectiva es un perjuicio tangible en la sustentabilidad de las empresas actoras (…) La sustentabilidad financiera de una empresa guarda correspondencia con el grado de independencia y de eficacia en su función de expresar, comunicar e informar ideas y opiniones.” ¿Esa no era, exacta y milimétricamente, la posición de “la actora”? Y sigue, en plagio a la presentación de Clarín: “Cuando se conjuga la reducción de la audiencia, la disminución de la publicidad privada y la falta de avisos oficiales, ello conduce a inseguridad económica, que afecta a la actividad periodística. Ello es así pues la empresa debe optar por mantener su integridad en condiciones agónicas o someterse al condicionamiento directo o indirecto de los que tienen recursos económicos o ejercen el gobierno.” No hay, de parte de los camaristas, ni siquiera un intento de desmarcarse de la postura de la empresa “actora”. El planteo es idéntico. Resumido: sin libertad de Clarín para monopolizar el mercado, no existen reaseguros para la libertad de expresión. Confunden, una vez más, libertad de prensa con libertad de empresa, un debate del siglo pasado que ya fue saldado en la academia, en la jurisprudencia local y en el propio sistema de justicia interamericano. ¿No se les ocurre a los camaristas pensar que existen otros actores de la comunicación que no necesitan monopolizarse para efectivizar su inalienable derecho humano a la comunicación? ¿Desconocen que existen empresas que mantienen una ecuación rentable, sin resignar independencia, y que lo único que pone en riesgo su sustentabilidad es la posición agresivamente dominante de un competidor voraz que les impide el acceso, por ejemplo, al mercado de la publicidad privada?
¿Desconocen los jueces que el derecho a la comunicación es de todos: de los que pueden solventarlo y de los que no? El Pacto de San José de Costa Rica dice que los monopolios públicos o privados representan un peligro, una amenaza real para el derecho a la comunicación de toda la sociedad. Para estos camaristas, sin embargo, el monopolio privado viene a garantizar lo que, en la práctica, vulnera de modo flagrante, según el pacto que la Argentina suscribió constitucionalmente en 1994. ¿Cómo hace el Estado para cumplir con la CIDH sin atacar el monopolio y sin socorrer económicamente a los medios menos sustentables? Es un problema del Estado, por supuesto. Pero la respuesta democrática está a años luz de la que dan los camaristas plagiando la presentación de los abogados del Grupo Clarín, algo que el Consejo de la Magistratura debiera tener en cuenta para evaluar si estos jueces puede seguir siendo jueces. La libertad de expresión está por encima de los asuntos patrimoniales. Porque asiste el mismo derecho al que puede sustentarse y al que no. ¿Acaso la capacidad de monopolizarse puede ser la vara que integra o excluye de un derecho humano? La respuesta es no, porque los Derechos Humanos no son ni pueden ser un privilegio solamente reservado a los ricos. Esto demuestra el alto grado de colonización ideológica de una porción del Poder Judicial, que en su afán por resguardar los intereses mercantiles de un grupo perjudica el derecho de todos y se carga, sin más trámite, la Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica de un plumazo. Contrariando, además, el espíritu antimonopólico que anima, si se quiere, la competencia capitalista más elemental, religión laica del país donde se protegen las inversiones que AEA dice defender y admirar. El viernes 19, se supo que el gobierno de los Estados Unidos subastará el remanente del apagón digital, es decir, las ondas del espacio radioeléctrico que quedaron libres luego del fin de la TV analógica. Según Ambito Financiero, “las características de dicha subasta aún no han sido estipuladas del todo, porque el Departamento de Justicia de los EE UU se ocupó de establecer que se pondrán límites para que no se produzcan acopios monopólicos del partes del espectro.” Hasta el momento, según se informó, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) estudiará caso por caso “a cada una de las firmas interesadas en adquirir el espectro radioeléctrico para evitar que alguna firma pueda dominar el mercado”. Lo más jugoso del anuncio es que las autoridades estadounidenses estará atentas a que empresas que avanzaron en el negocio del cable o Internet, como AT&T y Verizon, puedan aprovecharse de esta subasta de estas ondas radioeléctricas para afianzar su posición dominante, incluso, en la banda ancha satelital. El dato es interesante, sobre todo, porque los camaristas de Clarín plantearon una diferencia entre las ondas radioeléctricas, donde aceptarían el tope que fija la Ley de Medios, pero no así en el mercado del cable, donde Héctor Magnetto, a criterio de los jueces Najurieta, De las Carrearas y Guarignoni, podría acumular licencias ilimitadamente. Para la FCC, que es un organismo bastante más serio y entendido en materia antimonopólica que la Sala I, cualquier decisión que habilite ventajas que favorezcan la concentración sería inválida o recurrible. La propia Corte Suprema de nuestro país, en resoluciones previas al fallo de la Sala I, ha dejado asentado por suerte que el Estado debe promover políticas antimonopólicas y, específicamente, en el caso de la Ley de Medios, que lo que está en juego no es la libertad de expresión, caballito de batalla de Magnetto, sino el monto y las formas indemnizatorias de un eventual recorte patrimonial para ajustar a la ley a cualquier grupo de la comunicación.
La noche de la solicitada de AEA, una multitud antikirchnerista salió a la calle para protestar contra el gobierno. Ya dijimos en esta columna que se trata de un sector de la clase media –no toda– que vive una emergencia política y existencial. Política, porque no encuentra un liderazgo y programa común que canalice su universo de demandas. Existencial, porque es el sector de la sociedad que se siente más desamparado por las últimas decisiones oficiales en materia económica: no encuentran dólares fácilmente, si viajan al exterior pagan extra con la tarjeta y en los paquetes turísticos, se los obliga a estar blanqueados ante la AFIP, los productos que consumen en el supermercado son los que más aumentaron en el último año con anuencia de la Secretaría de Comercio, se les obstaculiza el acceso a productos importados, no se topan con instrumentos públicos de ahorro que les permitan olvidar el billete estadounidense, el mercado de compra y venta de inmuebles está casi paralizado, son pagadores del Impuesto a las Ganancias con sueldos ni altos, ni bajos, y también bolsones de vecinos perturbados por el incremento de la inseguridad existente y además amplificada por los noticieros de la mañana, la tarde y la noche. En fin, un grupo de gente fácilmente identificable en la topografía social, muy enojada y con sus razones opinables. Campo fértil para el discurso antikirchnerista más duro y destituyente, y eficazmente reunida detrás de las cuatro o cinco consignas que el Clarín y La Nación de la AEA agitan para transformar al gobierno en una feroz dictadura que atravesaría su fin de ciclo. Nada nuevo bajo la luna. Una marcha muy parecida a la del 13S y la del 8N, aunque esta vez las licencias monopólicas de Clarín les hayan hecho gritar un poco más fuerte contra la corrupción y la reforma judicial, construyendo un verosímil improbable, que lleva el agua del sentido común ciudadano a las orillas de la AEA y sus intereses: el gobierno pretende manejar la justicia para garantizarse la impunidad de sus chanchullos. Curioso: la memoria judicial reciente evidencia fallos que custodian los intereses corporativos y no tanto los del gobierno. Es la impunidad de los chanchullos de Clarín y Techint, dos conglomerados con sede en paraísos fiscales como Delaware, Luxemburgo y las Antillas holandesas, los que hoy están protegidos por la justicia corporativa. Cuando existía, el diario Crítica dio a conocer un listado de empresarios lavadores argentinos que encabezaban los actuales dueños de Canal 13, tomando como fuente a Hernán Arbizu, gerente para Latinoamérica de la banca JP Morgan. Antes que Jorge Rial o Luis Ventura, un experto en el tema como Arbizu quizá tenga algo más interesante para decir sobre el informe contra Lázaro Báez en el mismo Canal 13, sin que esto implique desconocer que cualquier contratista de obra pública está políticamente expuesto a dar explicaciones sobre el origen y destino de los fondos que recibe, sea o no requerido por la justicia. Es una idea para ayudar a la verdad. Claro que la verdad en una guerra, no regida por la Convención de Ginebra, como la que Clarín y AEA mantienen contra el gobierno democrático, es lo más sacrificable de todo. – <dl
La parábola de pedraza
El viernes se conoció la sentencia por el crimen de Mariano Ferreyra. José Pedraza, histórico jefe de la Unión Ferroviaria, fue condenado a 15 años de prisión como partícipe necesario. Su parábola es inquietante: fue de la gloriosa CGT de los Argentinos y la resistencia heroica a la dictadura, a los calabozos de la democracia por matar a un militante que defendía a los tercerizados que ponían en riesgo la rentabilidad de su negocio como burócrata empresario, con piso en Puerto Madero. Cristina Kirchner cumplió su palabra: no hubo protección para un cuadro sindical histórico del peronismo, clave en el entramado ferroviario. Hace 40 años, este fallo contra la burocracia sindical habría sido imposible. Las lecturas políticas sobre lo sucedido, como las venas de Galeano, quedan eternamente abiertas. El llanto por la pérdida de un pibe militante que quería una sociedad más justa, también.
