Los responsables de Beara pagaron coimas para conseguir la habilitación del local donde, el 10 de septiembre de 2010, murieron dos chicas por el derrumbe de un entrepiso. A través de la revisión de los registros informáticos del boliche, la Justicia comprobó que el presupuesto de éste contemplaba el pago de “cometas” a funcionarios públicos y, presuntamente, a policías. Debido a este descubrimiento, la Cámara del Crimen revocó los sobreseimientos del ex director general de Habilitaciones porteño, Martín Farrel, y del ex titular de la Dirección de Habilitaciones Especiales, Pablo Saikauskas.
“El pacto venal se ha acreditado a través de las constancias informáticas, de las que surge que dentro del presupuesto de Beara hubo de contemplarse el pago de dinero en concepto de lo que vulgarmente se denomina ‘cometa’ a fin de obtener la habilitación del local”, sostiene el fallo de la Sala Séptima de la Cámara del Crimen, que ayer fue difundido por DyN.
Los jueces Mariano Scotto, Mauro Divito y Juan Esteban Cicciario entendieron que “dentro del planeamiento de Beara se tenía previsto el pago ilícito de dinero y dado que, pese a las clausuras dispuestas contemporáneamente, se otorgó la habilitación, existe un plexo probatorio suficiente”. Además, afirmaron que las coimas también se habrían pagado para abrir Caramel, el boliche contiguo a Beara y explotado por los mismos dueños, y “quedaron consignadas en los archivos informáticos bajo la vulgar denominación de cometas”.
El fallo confirma los procesamientos del ex jefe del Departamento de Esparcimiento porteño, Norberto Cassano; del inspector Carlos Gabriel Mustapich; y de los empresarios Juan Carlos María Yun; Agustín Dobrila; Roberto Martín Kattan Coria; Iván Andrés Fliess y Ronaldo Fliess. También de los gestores de habilitaciones Leandro Camani y Matías Pantarotto; del arquitecto encargado de verificaciones y habilitaciones Isaac Rasdolsky y del maestro mayor de obras Gustavo Amaru, que habría avalado la construcción del entrepiso.
Todos están imputados por el doble homicidio culposo de Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años, y Paula Leticia Provedo, de 20, y por su participación en las irregularidades en la habilitación de Beara. El fallo destaca que lo que pasó en el local “ha sido la consecuencia de una violación de sus deberes de cuidado por parte de quienes participaban en la explotación del negocio allí instalado y de quienes tomaron parte en la organización y realización del multitudinario evento llevado a cabo aquella noche”. Y exhorta a “definir en el marco de un juicio oral la eventual responsabilidad penal de quienes, según las evidencias recogidas hasta aquí, habrían llevado a cabo gestiones para obtener –nada menos que mediante cohecho– los permisos necesarios para que el negocio se hallara, al menos aparentemente, en regla”.
Además, la Cámara hizo lugar a la apelación del fiscal Andrés Madrea y revocó los sobreseimientos de Farrel y Saikauskas, dos ex funcionarios de la Agencia Gubernamental de Control porteña (AGC). Ambos fueron imputados por los presuntos sobornos que pagaron los empresarios para lograr la habilitación de Beara.
“Al analizarse las situaciones de Farrel y Saikauskas se ha omitido valorar la imputación ceñida a la supuesta celebración de un pacto espurio con los integrantes de la sociedad El Viejo Sabio S.A. en lo que se refiere a la habilitación de Beara. La omisión de los deberes no aparecería desconectada del pacto espurio atribuido”, afirma la resolución. Y subraya: “Por sus condiciones de funcionarios de mayor jerarquía en la Dirección de Habilitaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, les correspondía un análogo deber de previsión. Farrell contaba con la potestad de denegar la habilitación y no lo hizo”. En cuanto a Saikauskas, “intervino en el acto de su otorgamiento, concediéndola, pese a las irregularidades verificadas”.
Beara estaba habilitado desde 2007 como bar y, en 2009, sus dueños pidieron la habilitación como “casa de fiestas privadas”. También estaba habilitado el entrepiso que se desplomó. Pero el local funcionaba como boliche encubierto y había sido clausurado dos veces, por lo que la ex directora de Fiscalización y Control, Vanesa Berkowski, le había pedido a Farrel que no le diera el permiso para funcionar como casa de fiestas. A pesar de todo, el funcionario avaló la habilitación.
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“El pacto venal se ha acreditado a través de las constancias informáticas, de las que surge que dentro del presupuesto de Beara hubo de contemplarse el pago de dinero en concepto de lo que vulgarmente se denomina ‘cometa’ a fin de obtener la habilitación del local”, sostiene el fallo de la Sala Séptima de la Cámara del Crimen, que ayer fue difundido por DyN.
Los jueces Mariano Scotto, Mauro Divito y Juan Esteban Cicciario entendieron que “dentro del planeamiento de Beara se tenía previsto el pago ilícito de dinero y dado que, pese a las clausuras dispuestas contemporáneamente, se otorgó la habilitación, existe un plexo probatorio suficiente”. Además, afirmaron que las coimas también se habrían pagado para abrir Caramel, el boliche contiguo a Beara y explotado por los mismos dueños, y “quedaron consignadas en los archivos informáticos bajo la vulgar denominación de cometas”.
El fallo confirma los procesamientos del ex jefe del Departamento de Esparcimiento porteño, Norberto Cassano; del inspector Carlos Gabriel Mustapich; y de los empresarios Juan Carlos María Yun; Agustín Dobrila; Roberto Martín Kattan Coria; Iván Andrés Fliess y Ronaldo Fliess. También de los gestores de habilitaciones Leandro Camani y Matías Pantarotto; del arquitecto encargado de verificaciones y habilitaciones Isaac Rasdolsky y del maestro mayor de obras Gustavo Amaru, que habría avalado la construcción del entrepiso.
Todos están imputados por el doble homicidio culposo de Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años, y Paula Leticia Provedo, de 20, y por su participación en las irregularidades en la habilitación de Beara. El fallo destaca que lo que pasó en el local “ha sido la consecuencia de una violación de sus deberes de cuidado por parte de quienes participaban en la explotación del negocio allí instalado y de quienes tomaron parte en la organización y realización del multitudinario evento llevado a cabo aquella noche”. Y exhorta a “definir en el marco de un juicio oral la eventual responsabilidad penal de quienes, según las evidencias recogidas hasta aquí, habrían llevado a cabo gestiones para obtener –nada menos que mediante cohecho– los permisos necesarios para que el negocio se hallara, al menos aparentemente, en regla”.
Además, la Cámara hizo lugar a la apelación del fiscal Andrés Madrea y revocó los sobreseimientos de Farrel y Saikauskas, dos ex funcionarios de la Agencia Gubernamental de Control porteña (AGC). Ambos fueron imputados por los presuntos sobornos que pagaron los empresarios para lograr la habilitación de Beara.
“Al analizarse las situaciones de Farrel y Saikauskas se ha omitido valorar la imputación ceñida a la supuesta celebración de un pacto espurio con los integrantes de la sociedad El Viejo Sabio S.A. en lo que se refiere a la habilitación de Beara. La omisión de los deberes no aparecería desconectada del pacto espurio atribuido”, afirma la resolución. Y subraya: “Por sus condiciones de funcionarios de mayor jerarquía en la Dirección de Habilitaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, les correspondía un análogo deber de previsión. Farrell contaba con la potestad de denegar la habilitación y no lo hizo”. En cuanto a Saikauskas, “intervino en el acto de su otorgamiento, concediéndola, pese a las irregularidades verificadas”.
Beara estaba habilitado desde 2007 como bar y, en 2009, sus dueños pidieron la habilitación como “casa de fiestas privadas”. También estaba habilitado el entrepiso que se desplomó. Pero el local funcionaba como boliche encubierto y había sido clausurado dos veces, por lo que la ex directora de Fiscalización y Control, Vanesa Berkowski, le había pedido a Farrel que no le diera el permiso para funcionar como casa de fiestas. A pesar de todo, el funcionario avaló la habilitación.
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