La contradicción permanente

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Debe ser difícil regatear el salario mínimo de un trabajador desde un gobierno nacional y popular. ¿Cómo se hace eso sin que los aplaudidores oficiales de una revolución sin doctrina ni destino no se arrepientan de lo que hicieron? Con todo, es más difícil aún justificar un aumento del 25% cuando la agencia oficial de estadísticas (el ya risible Indec) afirmó que la inflación del último año fue sólo de 9,5%. En ese mundo de contradicciones permanentes en que se ha convertido el gobierno de Cristina Kirchner, le faltaba todavía lo peor: sus propios amigos sindicalistas salieron a decir que no creen en las mediciones oficiales sobre el costo de vida. ¿Para qué entonces la Presidenta se peleó con Hugo Moyano?
La representación gremial de ayer en el Consejo del Salario expresó más los gustos presidenciales que la realidad sindical. La CTA está dividida en dos fracciones, pero asistió la más amiga del gobierno, que lidera Hugo Yasky, un promotor, por supuesto, de la reforma constitucional que no descarta una re-reelección de Cristina. Según el conteo más verosímil de las elecciones internas que dividieron a esa central obrera, su contrincante, Pablo Micheli, sacó más votos que Yasky. El Ministerio de Trabajo y la Justicia, no obstante, le dieron la razón a Yasky. Micheli es un decidido opositor del kirchnerismo y un aliado práctico de Moyano. Micheli no fue invitado.
Sin embargo, fue el propio Yasky quien señaló que para ellos, amigos ingratos, la inflación anual nunca fue inferior al 24 por ciento. El Gobierno pareció darle la razón cuando aceptó llevar el salario mínimo de 2300 a 2875 pesos, que significaría un aumento del 25 por ciento. ¿Para qué sirve el Indec? ¿Para qué, si el propio Gobierno ya no lo tiene en cuenta? Sirve sólo para sacarles más de la mitad de las ganancias a los inversores que compraron bonos argentinos indexados por la inflación. Ese fue el motivo de la inicial intervención del Indec; ésa sigue siendo la razón de su exterminio. Los inevitables juicios de los bonistas que se sienten estafados serán problemas de otro gobierno.
Combate de fondo
El combate de fondo no estuvo ayer entre Micheli y Yasky. Lo protagonizó Hugo Moyano cuando se enteró de que habían invitado a Gerardo Martínez, el histórico líder del sindicato de la construcción denunciado por el propio gobierno (Secretaría de Derechos Humanos de la Nación) como agente del servicio de inteligencia del Ejército durante la última dictadura. Cristina Kirchner, tan sensible a esas cosas, no dice nada del pasado de Martínez y, por el contrario, suele sentarlo a su derecha en los encuentros con sus amigos gremialistas. Moyano y Martínez no se llevaron bien ni cuando estaban juntos en la CGT. Como es costumbre entre ellos, algunas veces las diferencias de opinión se resolvieron a los tiros.
La ley indica que es la CGT la que debe nombrar a los representantes sindicales en el Consejo del Salario, con excepción de los delegados de la CTA. El Gobierno ignora que existe la CGT de Moyano , a la que legalmente no reconoce. Tampoco puede reconocer a la CGT antimoyanista, porque el congreso de ésta fue convocado para octubre próximo. Carece, por lo tanto, de autoridades. Carece hasta de candidatos para conducirla según el permanente minué entre metalúrgicos, mecánicos y taxistas. El Gobierno recurrió entonces a una decisión que le gusta en todos los órdenes de la vida: prorrogó la existencia de lo que ya es irremediablemente viejo.
En efecto, Gerardo Martínez era el año pasado uno de los representantes de la CGT cuando había una sola CGT. Por eso fue invitado. También había representantes actuales del moyanismo, pero Moyano los retiró y se retiró del Consejo del Salario. Para Moyano, su asistencia hubiera significado aceptar de hecho que no existió un congreso de la CGT en julio pasado, en el que él mismo fue investido de nuevo secretario general. Tolerar en el Consejo del Salario la presencia de Gerardo Martínez, uno de sus más encarnizados enemigos actuales, hubiera significado la aceptación de su inexistencia como líder de una CGT.
Sin solución
El Gobierno terminó imponiendo su criterio, que consistía en un salario mínimo de menos de 2900 pesos. Pero Moyano seguirá pidiendo, cada vez con formas más frontales, que el salario mínimo sea de 3500 pesos. Micheli reclama que llegue hasta los 5000 pesos. Es probable que dentro de poco los sindicatos amigos del kirchnerismo concluyan hablando de los mismos montos de los que ahora hablan Moyano y Micheli. Ese es el problema que el Gobierno no puede resolver. Por eso, los amigos que encuentra entre los gremios dejan de ser amigos al poco tiempo. Puede comprenderse la actitud de los dirigentes sindicales: acompañar al Gobierno en sus divertidos índices de inflación o acatar el insensible nivel del mínimo no imponible sería como rifar sus largas y caras carreras en el resbaladizo gremialismo.
Sucedió con el metalúrgico Antonio Caló, el inestable candidato a liderar la CGT amiga del kirchnerismo . Primero habló de la inflación y después, de la necesidad de un aumento considerable del mínimo no imponible. Yasky, el otro amigo sindical y político del Gobierno, lo siguió ayer por ese mismo camino. ¿No son ésos los mismos temas por los que reclama Moyano? La única diferencia con Moyano es que éste usa el discurso y las formas de un dirigente opositor, que es lo que es. Los otros son más elegantes y reverenciales para decir lo mismo que dice el líder de los camioneros. La diferencia es poca, porque todos terminan hurgando en la insegura economía de la Presidenta.
La guerra entre sindicalistas encontró a la Presidenta en un lugar inexplicable. Un viejo militante peronista de los años 70, que obviamente milita ahora en el kirchnerismo, suele quejarse así: «Es difícil apoyar a un gobierno que echó a Righi para defender al ucedeísta Boudou y que ahora se enfrenta con Moyano, que combatió a Menem, en alianza con Oscar Lescano, uno de los más serviciales amigos de Menem». Explicar esas contradicciones es tan complicado como definir al gobierno nacional y popular de Cristina Kirchner..