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Jueves 20 de diciembre de 2012 | Publicado en edición impresa
Por Luis Majul | LA NACION
A la presidenta Cristina Fernández; al jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y a muchos otros funcionarios les encanta atacar a las corporaciones poderosas, salvajes e insaciables que el Gobierno pretende combatir. Ellos, los programas de propaganda oficial y algunos intelectuales de Carta Abierta acuñaron el concepto de corporación «mediática», corporación «sindical» y también «empresaria». A los periodistas que no somos obedientes nos presentan como miembros de «la corpo». Y lo hacen sin tomarse el trabajo de diferenciar a los profesionales de los dueños de los medios.
Ahora mismo, cuando los fallos de algunos magistrados no son del agrado del Poder Ejecutivo, los voceros oficiales empezaron a insistir en la idea de la «corporación judicial». De hecho, no sólo hicieron eso. También usaron la causa de Marita Verón para desprestigiar a todo el Poder Judicial, sin discernir entre los buenos jueces y los que son usados por ellos mismos, como Norberto Oyarbide. La intención de los cerebros de esta administración es obvia y superficial, pero no por eso menos efectiva. Con el recurso de la pura retórica, el Gobierno logra colocarse en el rol de víctima de los «grandes poderes» y el establishment, consigue disfrazarse de héroe «revolucionario y salvador» y le hace creer a una buena parte de la sociedad que su interés no es mezquino sino que se encuentra en sintonía con el de los demás «débiles» y «necesitados» y «los más rebeldes».
La confrontación con la realidad no resiste el menor análisis. No hay que ser sociólogo ni máster en ciencias políticas para comprobar que en la Argentina no todos los medios ni los periodistas críticos piensan igual, no todos los sindicatos ni los empresarios son un bloque monolítico que busca destituir al gobierno elegido con legitimidad ni todos los jueces tienen como objetivo común erosionar el poder de Cristina Fernández. Es decir: se trata de organizaciones con una notable diversidad interna. En esa diversidad, incluso, a veces hay mayoría de individuos o asociaciones que apoyan a la jefa del Estado o simpatizan con esta gestión. Pero lo que la Presidenta y sus incondicionales omiten, con toda intencionalidad, es que ella misma y muchos de los que forman parte de su proyecto son los genuinos integrantes de una de las mayores, una de las más poderosas y una de las más duraderas corporaciones de la Argentina: la corporación política que maneja los resortes del Estado.
Se puede definir como corporación política a los dirigentes partidarios que desde hace cerca de treinta años vienen ocupando cargos de responsabilidad en los municipios, las provincias y el gobierno nacional. Hombres y mujeres que, más allá de su ideología y su discurso, viven del Estado. Que no conocen, por su propia naturaleza, los riesgos y los inconvenientes de la actividad privada. Porque tienen la costumbre, desde que se levantan hasta que se acuestan, de hacer uso y a veces abuso de los bienes públicos. Bienes y recursos como los autos oficiales, los aviones que paga el Estado, la custodia y los viáticos que obtienen del organismo público al que pertenecen. No estoy hablando de las burocracias profesionales y honestas que ponen lo mejor de sí. Tampoco de los médicos, las enfermeras, los científicos, los maestros y los policías que trabajan en el Estado, porque se trata de su verdadera vocación. Hablo de los «políticos profesionales» que forman parte de un «sistema» bien aceitado. Los que saben, desde hace tiempo, por dónde pasan «los negocios». Los que un día van colgados de una boleta y mañana de otra para no perder su lugar de privilegio. Los tienen todos los partidos, pero el peronismo es el que cuenta con más. Y no sería una exageración decir que muchos de los dirigentes que se dicen peronistas forman una corporación exclusiva dentro de la propia corporación política.
Con la memoria basta y sobra para nombrar a decenas de funcionarios que hoy se presentan como lo nuevo pero que hace rato vienen dando vueltas en la calesita del poder del Estado. Cristina Fernández y Néstor Kirchner son los ejemplos más rutilantes. Ellos fueron colgados en las boletas de Carlos Menem en varias oportunidades. Kirchner aprovechó su paso por la Caja Previsional de Santa Cruz para ser candidato a intendente y a partir de ese momento no se detuvo más. Ella también cobró un sueldo del Estado antes de ser elegida diputada provincial. Pueden estar a favor o en contra de la privatización de YPF, según la época y la conveniencia. Pueden ignorar a los familiares de los desaparecidos o llevarlos como bandera si el viento de las ideas cambia de dirección. Y lo mismo puede decirse de una larga lista de «militantes» que ahora se presentan como lo nuevo y lo transformador. Desde el «joven» Abal Medina, quien integró el gobierno de la Alianza, una de las peores administraciones de la democracia, hasta Aníbal Fernández, funcionario de los gobiernos de Menem y de Eduardo Duhalde, pasando por Carlos Zannini, quien trabajó para el Estado las últimas tres décadas de su vida. Todos ellos y muchas miles de personas mantienen intactos sus privilegios de casta. Tienen en su agenda los celulares de los empresarios que más facturan y los sindicalistas con más poder de presión. También de los dueños de los medios amigos y los que hoy son considerados enemigos. No voy a caer en la torpeza de decir que todos ellos son amorales, corruptos o insaciables. O que se tendrían que haber ido de un día para el otro, como reclamaba una buena parte de la sociedad en la crisis de 2001. Ni siquiera voy a adherir a la idea de que todos los integrantes de La Cámpora son unos mocosos insolentes y nada preparados que ni siquiera conocen la historia del ex presidente que lleva el nombre de su agrupación. Sí me parece impropio y deshonesto, desde el punto de vista intelectual y también político, meter a todos en una misma bolsa. Pretender que esta administración surgió de la militancia más pura y desinteresada y sigue levantando las armas para «la liberación». Seamos justos: hace muchos años que esta «corpo» política forma parte del sistema y no da señales de querer abandonarlo para volver el llano. Debe haber, entre ellos, tipos y tipas fantásticos. Pero algunos de los que mandan bien podrían ser considerados integrantes de esta corporación que no se nombra. Y no es precisamente la más débil e inocente de todas.
© LA NACION.
La prensa vive en libertad condicional
Con la excusa de favorecer un mayor pluralismo, el Gobierno aplica métodos de censura indirecta en todo el país, como el hostigamiento a periodistas y medios o el ahogo económico
«El periodista es un espía al servicio del ciudadano»
El escritor español Fernando Savater habló en la reunión de ADEPA por los 50 años de la entidad
Imponen un ciclo oficialista en 48 radios
Ordenan levantar programas para emitir el de Luciano Galende
La misión de la SIP denunció un «hostigamiento constante hacia medios y periodistas críticos»
La Sociedad Interamericana de Prensa emitió un duro informe tras su visita a la Argentina; aseguró que hay «graves inconvenientes para el ejercicio libre del periodismo en el país»
La SIP destacó que viaja a la Argentina «a evaluar la libertad de prensa, no a defender a Clarín»
«Nos han dicho algunos de nuestros socios argentinos que lo que está en juego aquí es el futuro de la libertad de expresión y de la prensa en Argentina, y eso es lo único que nos inquieta», afirmaron desde la Sociedad Interamericana de Prensa
Aparecen en
esta nota Cristina Kirchner
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A la presidenta Cristina Fernández; al jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y a muchos otros funcionarios les encanta atacar a las corporaciones poderosas, salvajes e insaciables que el Gobierno pretende combatir. Ellos, los programas de propaganda oficial y algunos intelectuales de Carta Abierta acuñaron el concepto de corporación «mediática», corporación «sindical» y también «empresaria». A los periodistas que no somos obedientes nos presentan como miembros de «la corpo». Y lo hacen sin tomarse el trabajo de diferenciar a los profesionales de los dueños de los medios.
Ahora mismo, cuando los fallos de algunos magistrados no son del agrado del Poder Ejecutivo, los voceros oficiales empezaron a insistir en la idea de la «corporación judicial». De hecho, no sólo hicieron eso. También usaron la causa de Marita Verón para desprestigiar a todo el Poder Judicial, sin discernir entre los buenos jueces y los que son usados por ellos mismos, como Norberto Oyarbide. La intención de los cerebros de esta administración es obvia y superficial, pero no por eso menos efectiva. Con el recurso de la pura retórica, el Gobierno logra colocarse en el rol de víctima de los «grandes poderes» y el establishment, consigue disfrazarse de héroe «revolucionario y salvador» y le hace creer a una buena parte de la sociedad que su interés no es mezquino sino que se encuentra en sintonía con el de los demás «débiles» y «necesitados» y «los más rebeldes».
La confrontación con la realidad no resiste el menor análisis. No hay que ser sociólogo ni máster en ciencias políticas para comprobar que en la Argentina no todos los medios ni los periodistas críticos piensan igual, no todos los sindicatos ni los empresarios son un bloque monolítico que busca destituir al gobierno elegido con legitimidad ni todos los jueces tienen como objetivo común erosionar el poder de Cristina Fernández. Es decir: se trata de organizaciones con una notable diversidad interna. En esa diversidad, incluso, a veces hay mayoría de individuos o asociaciones que apoyan a la jefa del Estado o simpatizan con esta gestión. Pero lo que la Presidenta y sus incondicionales omiten, con toda intencionalidad, es que ella misma y muchos de los que forman parte de su proyecto son los genuinos integrantes de una de las mayores, una de las más poderosas y una de las más duraderas corporaciones de la Argentina: la corporación política que maneja los resortes del Estado.
Se puede definir como corporación política a los dirigentes partidarios que desde hace cerca de treinta años vienen ocupando cargos de responsabilidad en los municipios, las provincias y el gobierno nacional. Hombres y mujeres que, más allá de su ideología y su discurso, viven del Estado. Que no conocen, por su propia naturaleza, los riesgos y los inconvenientes de la actividad privada. Porque tienen la costumbre, desde que se levantan hasta que se acuestan, de hacer uso y a veces abuso de los bienes públicos. Bienes y recursos como los autos oficiales, los aviones que paga el Estado, la custodia y los viáticos que obtienen del organismo público al que pertenecen. No estoy hablando de las burocracias profesionales y honestas que ponen lo mejor de sí. Tampoco de los médicos, las enfermeras, los científicos, los maestros y los policías que trabajan en el Estado, porque se trata de su verdadera vocación. Hablo de los «políticos profesionales» que forman parte de un «sistema» bien aceitado. Los que saben, desde hace tiempo, por dónde pasan «los negocios». Los que un día van colgados de una boleta y mañana de otra para no perder su lugar de privilegio. Los tienen todos los partidos, pero el peronismo es el que cuenta con más. Y no sería una exageración decir que muchos de los dirigentes que se dicen peronistas forman una corporación exclusiva dentro de la propia corporación política.
Con la memoria basta y sobra para nombrar a decenas de funcionarios que hoy se presentan como lo nuevo pero que hace rato vienen dando vueltas en la calesita del poder del Estado. Cristina Fernández y Néstor Kirchner son los ejemplos más rutilantes. Ellos fueron colgados en las boletas de Carlos Menem en varias oportunidades. Kirchner aprovechó su paso por la Caja Previsional de Santa Cruz para ser candidato a intendente y a partir de ese momento no se detuvo más. Ella también cobró un sueldo del Estado antes de ser elegida diputada provincial. Pueden estar a favor o en contra de la privatización de YPF, según la época y la conveniencia. Pueden ignorar a los familiares de los desaparecidos o llevarlos como bandera si el viento de las ideas cambia de dirección. Y lo mismo puede decirse de una larga lista de «militantes» que ahora se presentan como lo nuevo y lo transformador. Desde el «joven» Abal Medina, quien integró el gobierno de la Alianza, una de las peores administraciones de la democracia, hasta Aníbal Fernández, funcionario de los gobiernos de Menem y de Eduardo Duhalde, pasando por Carlos Zannini, quien trabajó para el Estado las últimas tres décadas de su vida. Todos ellos y muchas miles de personas mantienen intactos sus privilegios de casta. Tienen en su agenda los celulares de los empresarios que más facturan y los sindicalistas con más poder de presión. También de los dueños de los medios amigos y los que hoy son considerados enemigos. No voy a caer en la torpeza de decir que todos ellos son amorales, corruptos o insaciables. O que se tendrían que haber ido de un día para el otro, como reclamaba una buena parte de la sociedad en la crisis de 2001. Ni siquiera voy a adherir a la idea de que todos los integrantes de La Cámpora son unos mocosos insolentes y nada preparados que ni siquiera conocen la historia del ex presidente que lleva el nombre de su agrupación. Sí me parece impropio y deshonesto, desde el punto de vista intelectual y también político, meter a todos en una misma bolsa. Pretender que esta administración surgió de la militancia más pura y desinteresada y sigue levantando las armas para «la liberación». Seamos justos: hace muchos años que esta «corpo» política forma parte del sistema y no da señales de querer abandonarlo para volver el llano. Debe haber, entre ellos, tipos y tipas fantásticos. Pero algunos de los que mandan bien podrían ser considerados integrantes de esta corporación que no se nombra. Y no es precisamente la más débil e inocente de todas.
© LA NACION.
La prensa vive en libertad condicional
Con la excusa de favorecer un mayor pluralismo, el Gobierno aplica métodos de censura indirecta en todo el país, como el hostigamiento a periodistas y medios o el ahogo económico
«El periodista es un espía al servicio del ciudadano»
El escritor español Fernando Savater habló en la reunión de ADEPA por los 50 años de la entidad
Imponen un ciclo oficialista en 48 radios
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«Nos han dicho algunos de nuestros socios argentinos que lo que está en juego aquí es el futuro de la libertad de expresión y de la prensa en Argentina, y eso es lo único que nos inquieta», afirmaron desde la Sociedad Interamericana de Prensa
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