05 de Enero de 2015
La decisión del máximo tribunal data de octubre del año pasado y tiene dos antecedentes igual de graves
Con el aval de todos sus integrantes, salvo del por entonces juez Zaffaroni, Juan Rattaro fue ungido vicedecano de ese órgano técnico. Prestó «servicios» a la Fuerza Aérea entre 1976 y 1983. Repudio de organismos de Derechos Humanos.
Supremos – Lorenzetti, Maqueda, Highton y Fayt dieron luz verde al ascenso de Juan Rattaro (vértice superior derecho) – Foto: hernÁn mombelli
En octubre pasado, a pesar de las denuncias que durante cuatro años hicieron trabajadores y organismos de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia dio luz verde al ascenso de un ex agente civil de inteligencia durante la última dictadura como segunda autoridad del Cuerpo de Calígrafos Oficiales. Con el aval de cuatro de los magistrados, Juan Santiago Rattaro fue confirmado como vicedecano de los calígrafos. El caso se suma al decano del cuestionado Cuerpo Médico Forense, Roberto Luis María Godoy, psiquiatra de la Armada durante el terrorismo de Estado.
El de Rattaro aparece mencionado entre los miles de nombres del PCI (Personal Civil de Inteligencia) que actuaron entre 1976 y 1983, desclasificados y publicados por las Fuerzas Armadas y de seguridad. Puntualmente, figura prestando «servicios» para la Fuerza Aérea.
La lista fue publicada en marzo de 2010 y provocó inmediatas repercusiones: fue denunciado por el titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, para que la Corte Suprema se pronunciara sobre el caso atendiendo a la gravedad de la situación.
Más de cuatro años después, y a pesar de los reclamos, Rattaro fue ascendido por el máximo tribunal. El 1 de octubre Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda lo nombraron en su actual cargo.
Su nombre, según el reglamento interno del cuerpo, fue propuesto por el decano actual, Guillermo Adolfo Anzorena, y luego aprobado por los jueces supremos. Su principal función, como segunda autoridad del cuerpo de calígrafos, es actuar en el caso de ausencia del decano.
Desde hace años, la presencia del ex agente civil de inteligencia en el cuerpo de calígrafos preocupa a organizamos de Derechos Humanos: por allí pasan muchas causas por delitos cometidos en la última dictadura en los que se necesita la intervención de peritos. Por ejemplo, para respaldar la acusación contra personal militar que asentaba el ingreso o traslado de detenidos, o incluso partidas de nacimiento falsificadas en casos de apropiación de niños.
Es por eso que el 24 de marzo de 2010, en un acto en las escalinatas del Palacio de Tribunales, Piumato, hoy enfrentado al gobierno nacional, mencionó a Rattaro entre los casos simbólicos de continuidad en la justicia de funcionarios de la última dictadura.
Días después, el gremialista formalizó la denuncia ante la Corte en la que solicitó su «urgente intervención» para que se aclare el rol del perito y que «arbitre los medios a su alcance para dilucidar si fue parte del terrorismo de Estado que cometió el mayor genocidio político que recuerde nuestra historia social». Reclamó que se publicitara su labor como PCI para que familiares de víctimas del terrorismo de Estado pudieran solicitar que no participara.
La presentación agregó: «Los trabajadores judiciales advertimos que entre el millar de nombres y apellidos que informa la publicación, figura el de un funcionario nombrado por la Corte menemista en su actual cargo judicial, y que continúa desempeñando hasta hoy.»
En ese momento, la titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, también alzó la voz. Recientemente volvió a pedir públicamente a la Corte que «no legitime de este modo a un funcionario que integra el listado del personal civil de Inteligencia de la Fuerza Área durante la dictadura genocida».
Rattaro ingresó por concurso al Cuerpo en mayo de 2003. Su ingreso fue uno de los últimos actos administrativos de la Corte Suprema presidida por Julio Nazareno, y continúa allí durante la gestión actual de Lorenzetti.
Desde la Corte nunca hubo una respuesta formal a la denuncia. Sí reuniones informales para descomprimir la presión que ejercía el gremio. El propio Rattaro aclaró entre sus colegas que figuraba en el listado de agentes de inteligencia de la dictadura porque había ingresado poco antes del final de la dictadura y que no cometió ningún delito. «
Godoy y Montezanti, dos que siguen en sus cargos
Otros dos casos similares sacudieron al Poder Judicial y marcaron la llegada que aún tienen personeros de dictadura sobre la justicia. En el Cuerpo Médico Forense, otra entidad de peritos que depende de la Corte Suprema, se conoció recientemente que el decano Roberto Luis María Godoy fue psiquiatra de la Armada entre febrero de 1982 y 1992, según publicó Pagina/12. El teniente de navío retirado es la máxima autoridad de un órgano sensible, que debe determinar el estado de salud de represores y si pueden o no ser enjuiciados o detenidos. En su paso por la Armada, Godoy debió analizar los casos de varios represores que, ya en democracia, pedían licencia psiquiátrica o compensaciones por supuestos traumas causados por su participación como grupo de tareas de la ESMA.
En Bahía Blanca, el camarista Néstor Luis Montezanti fue cuestionado a partir de la publicación de las listas en las que figura como Personal Civil de Inteligencia. Al conocerse su pasado como agente del Destacamento de 181 de Inteligencia del Ejército, se inició una campaña para que fuera expulsado de la Universidad Nacional del Sur, donde es titular de tres cátedras en el Departamento de Derecho. También se iniciaron denuncias en el Consejo de la Magistratura con el objetivo de que dejara de ocupar el cargo de conjuez en la Cámara Federal, máxima autoridad judicial de la localidad bonaerense.
A pesar de las campañas públicas y las denuncias, no logró ser removido de sus cargos. Al contrario: dos de las personas que impulsaron su salida de la docencia resultaron condenadas por la justicia civil a indemnizarlo.
En octubre, la Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca dispuso que el docente Dante Patrignani le pague 70 mil pesos por difundir un afiche en el que se ve al ex PCI boina militar.
Días atrás, la Corte Suprema confirmó otra condena impulsada por Montezanti y nuevamente por difundir su rol en la última dictadura. El Máximo Tribunal dejó firme la sentencia, también por 70 mil pesos a la delegada del gremio de empleados judiciales de Bahía Blanca, Graciela Diez Paz, por injurias en un comunicado de prensa.
La decisión del máximo tribunal data de octubre del año pasado y tiene dos antecedentes igual de graves
Con el aval de todos sus integrantes, salvo del por entonces juez Zaffaroni, Juan Rattaro fue ungido vicedecano de ese órgano técnico. Prestó «servicios» a la Fuerza Aérea entre 1976 y 1983. Repudio de organismos de Derechos Humanos.
Supremos – Lorenzetti, Maqueda, Highton y Fayt dieron luz verde al ascenso de Juan Rattaro (vértice superior derecho) – Foto: hernÁn mombelli
En octubre pasado, a pesar de las denuncias que durante cuatro años hicieron trabajadores y organismos de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia dio luz verde al ascenso de un ex agente civil de inteligencia durante la última dictadura como segunda autoridad del Cuerpo de Calígrafos Oficiales. Con el aval de cuatro de los magistrados, Juan Santiago Rattaro fue confirmado como vicedecano de los calígrafos. El caso se suma al decano del cuestionado Cuerpo Médico Forense, Roberto Luis María Godoy, psiquiatra de la Armada durante el terrorismo de Estado.
El de Rattaro aparece mencionado entre los miles de nombres del PCI (Personal Civil de Inteligencia) que actuaron entre 1976 y 1983, desclasificados y publicados por las Fuerzas Armadas y de seguridad. Puntualmente, figura prestando «servicios» para la Fuerza Aérea.
La lista fue publicada en marzo de 2010 y provocó inmediatas repercusiones: fue denunciado por el titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, para que la Corte Suprema se pronunciara sobre el caso atendiendo a la gravedad de la situación.
Más de cuatro años después, y a pesar de los reclamos, Rattaro fue ascendido por el máximo tribunal. El 1 de octubre Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda lo nombraron en su actual cargo.
Su nombre, según el reglamento interno del cuerpo, fue propuesto por el decano actual, Guillermo Adolfo Anzorena, y luego aprobado por los jueces supremos. Su principal función, como segunda autoridad del cuerpo de calígrafos, es actuar en el caso de ausencia del decano.
Desde hace años, la presencia del ex agente civil de inteligencia en el cuerpo de calígrafos preocupa a organizamos de Derechos Humanos: por allí pasan muchas causas por delitos cometidos en la última dictadura en los que se necesita la intervención de peritos. Por ejemplo, para respaldar la acusación contra personal militar que asentaba el ingreso o traslado de detenidos, o incluso partidas de nacimiento falsificadas en casos de apropiación de niños.
Es por eso que el 24 de marzo de 2010, en un acto en las escalinatas del Palacio de Tribunales, Piumato, hoy enfrentado al gobierno nacional, mencionó a Rattaro entre los casos simbólicos de continuidad en la justicia de funcionarios de la última dictadura.
Días después, el gremialista formalizó la denuncia ante la Corte en la que solicitó su «urgente intervención» para que se aclare el rol del perito y que «arbitre los medios a su alcance para dilucidar si fue parte del terrorismo de Estado que cometió el mayor genocidio político que recuerde nuestra historia social». Reclamó que se publicitara su labor como PCI para que familiares de víctimas del terrorismo de Estado pudieran solicitar que no participara.
La presentación agregó: «Los trabajadores judiciales advertimos que entre el millar de nombres y apellidos que informa la publicación, figura el de un funcionario nombrado por la Corte menemista en su actual cargo judicial, y que continúa desempeñando hasta hoy.»
En ese momento, la titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, también alzó la voz. Recientemente volvió a pedir públicamente a la Corte que «no legitime de este modo a un funcionario que integra el listado del personal civil de Inteligencia de la Fuerza Área durante la dictadura genocida».
Rattaro ingresó por concurso al Cuerpo en mayo de 2003. Su ingreso fue uno de los últimos actos administrativos de la Corte Suprema presidida por Julio Nazareno, y continúa allí durante la gestión actual de Lorenzetti.
Desde la Corte nunca hubo una respuesta formal a la denuncia. Sí reuniones informales para descomprimir la presión que ejercía el gremio. El propio Rattaro aclaró entre sus colegas que figuraba en el listado de agentes de inteligencia de la dictadura porque había ingresado poco antes del final de la dictadura y que no cometió ningún delito. «
Godoy y Montezanti, dos que siguen en sus cargos
Otros dos casos similares sacudieron al Poder Judicial y marcaron la llegada que aún tienen personeros de dictadura sobre la justicia. En el Cuerpo Médico Forense, otra entidad de peritos que depende de la Corte Suprema, se conoció recientemente que el decano Roberto Luis María Godoy fue psiquiatra de la Armada entre febrero de 1982 y 1992, según publicó Pagina/12. El teniente de navío retirado es la máxima autoridad de un órgano sensible, que debe determinar el estado de salud de represores y si pueden o no ser enjuiciados o detenidos. En su paso por la Armada, Godoy debió analizar los casos de varios represores que, ya en democracia, pedían licencia psiquiátrica o compensaciones por supuestos traumas causados por su participación como grupo de tareas de la ESMA.
En Bahía Blanca, el camarista Néstor Luis Montezanti fue cuestionado a partir de la publicación de las listas en las que figura como Personal Civil de Inteligencia. Al conocerse su pasado como agente del Destacamento de 181 de Inteligencia del Ejército, se inició una campaña para que fuera expulsado de la Universidad Nacional del Sur, donde es titular de tres cátedras en el Departamento de Derecho. También se iniciaron denuncias en el Consejo de la Magistratura con el objetivo de que dejara de ocupar el cargo de conjuez en la Cámara Federal, máxima autoridad judicial de la localidad bonaerense.
A pesar de las campañas públicas y las denuncias, no logró ser removido de sus cargos. Al contrario: dos de las personas que impulsaron su salida de la docencia resultaron condenadas por la justicia civil a indemnizarlo.
En octubre, la Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca dispuso que el docente Dante Patrignani le pague 70 mil pesos por difundir un afiche en el que se ve al ex PCI boina militar.
Días atrás, la Corte Suprema confirmó otra condena impulsada por Montezanti y nuevamente por difundir su rol en la última dictadura. El Máximo Tribunal dejó firme la sentencia, también por 70 mil pesos a la delegada del gremio de empleados judiciales de Bahía Blanca, Graciela Diez Paz, por injurias en un comunicado de prensa.
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