Guillermo Montenegro
La Corte Suprema de Justicia puso a correr el reloj para el desalojo del complejo habitacional ocupado en la zona del Bajo Flores. En una audiencia convocada ayer por el tribunal, los gobiernos nacional y porteño acordaron iniciar un proceso de mediación con los ocupantes del predio y fijar, en caso de negativa, una fecha de corte para el retiro de las personas. Como había planteado el Gobierno nacional, el eventual desalojo deberá quedar a cargo de la Policía Metropolitana con asistencia de la Federal.
El plan consensuado contempla la reubicación transitoria, en alojamientos del Ejecutivo de la ciudad, de los ocupantes que acepten abandonar los monobloques y que no cuenten con un lugar donde habitar. Una vez finalizado el plazo de la mediación, que incluirá un censo y que también estará a cargo de la administración porteña, «se fijará un plazo de horas a fin de que los ocupantes manifiesten su voluntad de desocupar el lugar, y si hay negativa, serán trasladados obligatoriamente».
Frente a un eventual desalojo, «actuará la Policía Metropolitana, apoyando la actividad de la mediación y efectuando los traslados» planeados en caso de negativa o vencimiento del plazo establecido. En tanto que el Gobierno nacional, a través de la Federal o la Gendarmería, «se hará cargo de establecer un cerco que impida otras ocupaciones y evite agresiones a los mediadores», de acuerdo con la resolución del tribunal.
Ese párrafo quedó a tono con el planteo que había hecho el Ejecutivo nacional durante la controversia con la gestión de Mauricio Macri: aportar las fuerzas federales sólo como apoyatura de un procedimiento que debía estar a cargo de la ciudad.
En la audiencia de ayer, encabezada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, participaron los ministros de Seguridad de ambas administraciones: Nilda Garré, por la Nación, y Guillermo Montenegro, por la Capital Federal. También estuvieron la vice de Seguridad, Cristina Caamaño, el director de Jurídicos de esa cartera, Esteban Rosa Alves, y la directora de Atención Inmediata de la cartera porteña de Desarrollo Social, Guadalupe Tagliaferri.
Quejas
El predio ubicado en Castañares y Riestra permanece ocupado desde marzo pasado cuando fue intrusado por unas 200 personas, a pesar de sucesivas órdenes de desalojo dictadas por el juez federal de Quilmes Luis Armella, quien actúa por delegación de la Corte en todas las causas vinculadas con las tareas de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Las viviendas ocupadas pertenecen a un plan social del Gobierno porteño y están destinadas a pobladores de los asentamientos «El Pueblito» y «Luján», de la ribera del Riachuelo.
Lorenzetti y su colega de la Corte Elena Highton de Nolasco convocó la audiencia al recoger las quejas de Armella, quien sostuvo que «las autoridades nacionales y locales no han acatado debidamente las órdenes judiciales dictadas en el marco de un proceso», en lo que consideró «una desobediencia a las propias decisiones del máximo tribunal».
El acuerdo Nación-Ciudad prevé que luego de la mediación habrá un «censo de salida» con la chance de alojamiento en «dispositivos de atención transitoria» con la cobertura de alimentación, provisión de agua y atención médica.
El Gobierno porteño aportará ambulancias del SAME. Los datos obtenidos en el censo quedarán en manos de ambas administraciones, que deberán cruzarlos «a fin de verificar quiénes tienen beneficios (jubilaciones, pensiones, asignaciones, subsidios, empleo registrado, inmuebles y toda otra información)».
El juez Armella deberá ser informado «permanentemente sobre el modo en que se está desarrollando el traslado», en tanto que la Metropolitana deberá concurrir desarmada. El procedimiento será filmado.
La Corte Suprema de Justicia puso a correr el reloj para el desalojo del complejo habitacional ocupado en la zona del Bajo Flores. En una audiencia convocada ayer por el tribunal, los gobiernos nacional y porteño acordaron iniciar un proceso de mediación con los ocupantes del predio y fijar, en caso de negativa, una fecha de corte para el retiro de las personas. Como había planteado el Gobierno nacional, el eventual desalojo deberá quedar a cargo de la Policía Metropolitana con asistencia de la Federal.
El plan consensuado contempla la reubicación transitoria, en alojamientos del Ejecutivo de la ciudad, de los ocupantes que acepten abandonar los monobloques y que no cuenten con un lugar donde habitar. Una vez finalizado el plazo de la mediación, que incluirá un censo y que también estará a cargo de la administración porteña, «se fijará un plazo de horas a fin de que los ocupantes manifiesten su voluntad de desocupar el lugar, y si hay negativa, serán trasladados obligatoriamente».
Frente a un eventual desalojo, «actuará la Policía Metropolitana, apoyando la actividad de la mediación y efectuando los traslados» planeados en caso de negativa o vencimiento del plazo establecido. En tanto que el Gobierno nacional, a través de la Federal o la Gendarmería, «se hará cargo de establecer un cerco que impida otras ocupaciones y evite agresiones a los mediadores», de acuerdo con la resolución del tribunal.
Ese párrafo quedó a tono con el planteo que había hecho el Ejecutivo nacional durante la controversia con la gestión de Mauricio Macri: aportar las fuerzas federales sólo como apoyatura de un procedimiento que debía estar a cargo de la ciudad.
En la audiencia de ayer, encabezada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, participaron los ministros de Seguridad de ambas administraciones: Nilda Garré, por la Nación, y Guillermo Montenegro, por la Capital Federal. También estuvieron la vice de Seguridad, Cristina Caamaño, el director de Jurídicos de esa cartera, Esteban Rosa Alves, y la directora de Atención Inmediata de la cartera porteña de Desarrollo Social, Guadalupe Tagliaferri.
Quejas
El predio ubicado en Castañares y Riestra permanece ocupado desde marzo pasado cuando fue intrusado por unas 200 personas, a pesar de sucesivas órdenes de desalojo dictadas por el juez federal de Quilmes Luis Armella, quien actúa por delegación de la Corte en todas las causas vinculadas con las tareas de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Las viviendas ocupadas pertenecen a un plan social del Gobierno porteño y están destinadas a pobladores de los asentamientos «El Pueblito» y «Luján», de la ribera del Riachuelo.
Lorenzetti y su colega de la Corte Elena Highton de Nolasco convocó la audiencia al recoger las quejas de Armella, quien sostuvo que «las autoridades nacionales y locales no han acatado debidamente las órdenes judiciales dictadas en el marco de un proceso», en lo que consideró «una desobediencia a las propias decisiones del máximo tribunal».
El acuerdo Nación-Ciudad prevé que luego de la mediación habrá un «censo de salida» con la chance de alojamiento en «dispositivos de atención transitoria» con la cobertura de alimentación, provisión de agua y atención médica.
El Gobierno porteño aportará ambulancias del SAME. Los datos obtenidos en el censo quedarán en manos de ambas administraciones, que deberán cruzarlos «a fin de verificar quiénes tienen beneficios (jubilaciones, pensiones, asignaciones, subsidios, empleo registrado, inmuebles y toda otra información)».
El juez Armella deberá ser informado «permanentemente sobre el modo en que se está desarrollando el traslado», en tanto que la Metropolitana deberá concurrir desarmada. El procedimiento será filmado.
