Fuentes, presidente de Asuntos Constitucionales, marca el ritmo del debate. Foto: Telam / Fernando Sturla
El gesto de fortaleza que intentó dar Mauricio Macri juntando a gobernadores en la quinta de Olivos no tuvo efecto en el Senado, donde el proyecto de reforma laboral sigue sufriendo contratiempos. Ayer, el oficialismo fracasó en un tibio intento por forzar la firma del dictamen y, ante la intransigencia del PJ a acelerar los tiempos, deberá esperar hasta la semana próxima.
Esto deja la aprobación de la iniciativa en la Cámara alta en el límite mismo del final de las sesiones ordinarias, el 30 de noviembre. Teniendo en cuenta que el texto sufrirá modificaciones, el Poder Ejecutivo se verá obligado a convocar a extraordinarias para que la Cámara de Diputados pueda tratarlo en diciembre en segunda revisión.
A esto se suma un escenario de total incertidumbre sobre las modificaciones que sufrirá el proyecto y, lo que es más importante aún, la mayoría con la que saldrán de la Cámara alta. Una mayoría agravada de dos tercios haría imposible que el oficialismo pueda revertir esos cambios si, como se espera, no son del agrado de la Casa Rosada.
Si el Gobierno esperaba meter presión al Senado con la foto de gobernadores respaldando la reforma electoral, por el momento no parecería obtener los resultados que esperaba. «Los gobernadores que tiene votos son otros, no los que llevaron hoy a Olivos», afirmó un senador del FPV a LA NACION. «Hay antecedentes: las leyes de holdouts (pago de la deuda) y de blanqueo; que se acuerden con quienes acordaron en esa oportunidad», agregó el legislador.
La lista de los que «mueven el amperímetro» en el bloque del FPV del Senado la integran gobernadores como Carlos Verna y Gildo Insfrán. Con banca en el Senado se suma a la nómina Gerardo Zamora, cuya esposa, Claudia Ledesma Abdala, gobierna Santiago del Estero. Sólo estos tres dirigentes podrían aportar 7 votos.
El gran problema para la Casa Rosada es que tanto Insfrán como Zamora son dos fervientes opositores a introducir cualquier tipo de reforma en el sistema electoral.
Como contrapartida, los nueve gobernadores reunidos ayer por Macri en la quinta de Olivos apenas aportan 11 votos. El número parece interesante, pero el tema es que salvo el caso de la fueguina Rosana Bertone y del misionero Hugo Passalacqua, los demás son votos que ya se habían definido con anterioridad o que el oficialismo daba por descontado en su búsqueda de apoyos en la Cámara alta.
El caso más claro es el de los gobernadores Mario das Neves (Chubut) y Juan Schiaretti (Córdoba). Sus senadores, Alfredo Luenzo y Carlos Caserio, respectivamente, ya se habían pronunciado a favor de la boleta electrónica el último fin de semana. A ellos se suma la fueguina Miriam Boyadjian, también integrante del interbloque filomassista UNA.
Ayer continuó el debate de la reforma electoral en un plenario de cuatro comisiones con la exposición de más de una veintena de politólogos y especialistas informáticos que centraron sus exposiciones en hablar de las bondades y desventajas del uso de la Boleta Única Electrónica (BUE) y su controvertido chip.
Sin embargo, desde que el proyecto llegó al Senado, el debate pasó por un meridiano diferente al técnico: el político.
La primera pulseada parece, a priori, perdida por el Gobierno. Como se dijo, todo indica que el proyecto sufrirá modificaciones que lo obligarán a volver en segunda revisión a Diputados.
La idea que impera por ahora en el FPV es aceptar la impresión de boletas en el momento, pero cerrarle el camino al uso del chip. Como respaldo impondrían el conteo manual en cada mesa de votación. En esta postura también se encuentran los peronistas puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre.
Otro cambio podría ser la inclusión de una cláusula de aplicación gradual de la reforma en algunos distritos. Esta postura choca de frente con la intención de Macri, que pretende aplicarla en todo el país el año próximo.
Si, como todo indica, se imponen cambios al proyecto, comenzará la segunda pulseada para el Gobierno: conseguir que no sean aprobados con dos tercios, ya que no cuenta con igual mayoría en Diputados para revertirlos.
Como se puede ver, todavía queda un largo camino por delante.
El gesto de fortaleza que intentó dar Mauricio Macri juntando a gobernadores en la quinta de Olivos no tuvo efecto en el Senado, donde el proyecto de reforma laboral sigue sufriendo contratiempos. Ayer, el oficialismo fracasó en un tibio intento por forzar la firma del dictamen y, ante la intransigencia del PJ a acelerar los tiempos, deberá esperar hasta la semana próxima.
Esto deja la aprobación de la iniciativa en la Cámara alta en el límite mismo del final de las sesiones ordinarias, el 30 de noviembre. Teniendo en cuenta que el texto sufrirá modificaciones, el Poder Ejecutivo se verá obligado a convocar a extraordinarias para que la Cámara de Diputados pueda tratarlo en diciembre en segunda revisión.
A esto se suma un escenario de total incertidumbre sobre las modificaciones que sufrirá el proyecto y, lo que es más importante aún, la mayoría con la que saldrán de la Cámara alta. Una mayoría agravada de dos tercios haría imposible que el oficialismo pueda revertir esos cambios si, como se espera, no son del agrado de la Casa Rosada.
Si el Gobierno esperaba meter presión al Senado con la foto de gobernadores respaldando la reforma electoral, por el momento no parecería obtener los resultados que esperaba. «Los gobernadores que tiene votos son otros, no los que llevaron hoy a Olivos», afirmó un senador del FPV a LA NACION. «Hay antecedentes: las leyes de holdouts (pago de la deuda) y de blanqueo; que se acuerden con quienes acordaron en esa oportunidad», agregó el legislador.
La lista de los que «mueven el amperímetro» en el bloque del FPV del Senado la integran gobernadores como Carlos Verna y Gildo Insfrán. Con banca en el Senado se suma a la nómina Gerardo Zamora, cuya esposa, Claudia Ledesma Abdala, gobierna Santiago del Estero. Sólo estos tres dirigentes podrían aportar 7 votos.
El gran problema para la Casa Rosada es que tanto Insfrán como Zamora son dos fervientes opositores a introducir cualquier tipo de reforma en el sistema electoral.
Como contrapartida, los nueve gobernadores reunidos ayer por Macri en la quinta de Olivos apenas aportan 11 votos. El número parece interesante, pero el tema es que salvo el caso de la fueguina Rosana Bertone y del misionero Hugo Passalacqua, los demás son votos que ya se habían definido con anterioridad o que el oficialismo daba por descontado en su búsqueda de apoyos en la Cámara alta.
El caso más claro es el de los gobernadores Mario das Neves (Chubut) y Juan Schiaretti (Córdoba). Sus senadores, Alfredo Luenzo y Carlos Caserio, respectivamente, ya se habían pronunciado a favor de la boleta electrónica el último fin de semana. A ellos se suma la fueguina Miriam Boyadjian, también integrante del interbloque filomassista UNA.
Ayer continuó el debate de la reforma electoral en un plenario de cuatro comisiones con la exposición de más de una veintena de politólogos y especialistas informáticos que centraron sus exposiciones en hablar de las bondades y desventajas del uso de la Boleta Única Electrónica (BUE) y su controvertido chip.
Sin embargo, desde que el proyecto llegó al Senado, el debate pasó por un meridiano diferente al técnico: el político.
La primera pulseada parece, a priori, perdida por el Gobierno. Como se dijo, todo indica que el proyecto sufrirá modificaciones que lo obligarán a volver en segunda revisión a Diputados.
La idea que impera por ahora en el FPV es aceptar la impresión de boletas en el momento, pero cerrarle el camino al uso del chip. Como respaldo impondrían el conteo manual en cada mesa de votación. En esta postura también se encuentran los peronistas puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre.
Otro cambio podría ser la inclusión de una cláusula de aplicación gradual de la reforma en algunos distritos. Esta postura choca de frente con la intención de Macri, que pretende aplicarla en todo el país el año próximo.
Si, como todo indica, se imponen cambios al proyecto, comenzará la segunda pulseada para el Gobierno: conseguir que no sean aprobados con dos tercios, ya que no cuenta con igual mayoría en Diputados para revertirlos.
Como se puede ver, todavía queda un largo camino por delante.
