El gobierno bonaerense autorizó un aumento de hasta el 24,7% para las cuotas de los colegios privados. La medida impacta en más de 1,2 millón de familias que tienen a sus hijos en el sistema y los nuevos valores estarán en las facturas que llegarán a partir del lunes que viene.
El cuaderno de comunicaciones estará cargado de novedades. El incremento se liquidará de una vez, a partir del mes próximo. Y se suma al complemento por “renovación tecnológica” que se cobró desde marzo y que alcanzó hasta un 10% de la factura mensual. Pero, habrá más datos para informar. El acuerdo que la Dirección General de Escuelas firmó con las asociaciones de institutos privados establece que –como el aumento es para 10 meses, de marzo a diciembre– lo que no se percibió el mes pasado será prorrateado durante todo el año.
Para entender el nuevo esquema tarifario, un ejemplo sencillo. Si un papá pagó en marzo una mensualidad de 1.000 pesos por el servicio educativo, en unos días deberá pagar: $ 1.247; más $ 27 (equivalente a una novena parte del incremento de marzo). Y si ese establecimiento tuvo “renovación” de equipos de computación, estaba habilitado para sumar $ 100 más en ese concepto. Por lo tanto, en unos días ese padre abonará $ 1.374.
No obstante, las autoridades hicieron algunas aclaraciones. Desde la Dirección de Educación Privada, explicaron que el porcentaje es “el máximo autorizado, en función de los costos operativos presentados por los apoderados legales”. Esto quiere decir, que algunos institutos podrían aplicar un porcentaje menor. Eso lo verá cada familia cuando reciba la factura. El mismo criterio rige para el suplemento por mejoras en tecnología. “El 60% de nuestros asociados no cobró el 10% extra porque no tuvo inversiones en 2015 o porque considera que los padres no podrán pagarlo”, dijo a Clarín Héctor Reynoso, presidente de Acidepba, que tiene 1.200 centros educativos. El directivo explicó que en Buenos Aires hay colegios que cobran desde $ 150 por mes hasta más de 10 mil. Los más caros son aquellos que no reciben subvención estatal. Y que por lo tanto no tienen regulación oficial en las tarifas. Es una negociación entre directores y padres, regidos por leyes de “mercado”.
En otros 4.800 institutos de enseñanza inicial, primaria o secundaria, el Estado aporta entre el 20 y el 100% de los sueldos de los maestros. No financia administrativos o porteros. Tampoco actividades “extracurriculares” como más idiomas o deportes que no forman parte de los planes de estudios generales.
La discusión entre privados y gobierno por el ajuste en los precios se concretó después del cierre de la paritaria con los docentes, que este año fijó una mejora del 34,6%, aunque casi un tercio de ese monto lo financia la Nación. En 2015, los propietarios lograron autorización para un ajuste del 29,7% en la tarifa de los aranceles. El 23% lo pagaron a principios de abril y el segundo tramo se completó en agosto.
El cuaderno de comunicaciones estará cargado de novedades. El incremento se liquidará de una vez, a partir del mes próximo. Y se suma al complemento por “renovación tecnológica” que se cobró desde marzo y que alcanzó hasta un 10% de la factura mensual. Pero, habrá más datos para informar. El acuerdo que la Dirección General de Escuelas firmó con las asociaciones de institutos privados establece que –como el aumento es para 10 meses, de marzo a diciembre– lo que no se percibió el mes pasado será prorrateado durante todo el año.
Para entender el nuevo esquema tarifario, un ejemplo sencillo. Si un papá pagó en marzo una mensualidad de 1.000 pesos por el servicio educativo, en unos días deberá pagar: $ 1.247; más $ 27 (equivalente a una novena parte del incremento de marzo). Y si ese establecimiento tuvo “renovación” de equipos de computación, estaba habilitado para sumar $ 100 más en ese concepto. Por lo tanto, en unos días ese padre abonará $ 1.374.
No obstante, las autoridades hicieron algunas aclaraciones. Desde la Dirección de Educación Privada, explicaron que el porcentaje es “el máximo autorizado, en función de los costos operativos presentados por los apoderados legales”. Esto quiere decir, que algunos institutos podrían aplicar un porcentaje menor. Eso lo verá cada familia cuando reciba la factura. El mismo criterio rige para el suplemento por mejoras en tecnología. “El 60% de nuestros asociados no cobró el 10% extra porque no tuvo inversiones en 2015 o porque considera que los padres no podrán pagarlo”, dijo a Clarín Héctor Reynoso, presidente de Acidepba, que tiene 1.200 centros educativos. El directivo explicó que en Buenos Aires hay colegios que cobran desde $ 150 por mes hasta más de 10 mil. Los más caros son aquellos que no reciben subvención estatal. Y que por lo tanto no tienen regulación oficial en las tarifas. Es una negociación entre directores y padres, regidos por leyes de “mercado”.
En otros 4.800 institutos de enseñanza inicial, primaria o secundaria, el Estado aporta entre el 20 y el 100% de los sueldos de los maestros. No financia administrativos o porteros. Tampoco actividades “extracurriculares” como más idiomas o deportes que no forman parte de los planes de estudios generales.
La discusión entre privados y gobierno por el ajuste en los precios se concretó después del cierre de la paritaria con los docentes, que este año fijó una mejora del 34,6%, aunque casi un tercio de ese monto lo financia la Nación. En 2015, los propietarios lograron autorización para un ajuste del 29,7% en la tarifa de los aranceles. El 23% lo pagaron a principios de abril y el segundo tramo se completó en agosto.
