El acceso al medicamento es uno de los pilares del acceso a la salud, garantizado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por el Pacto Internacional por los Derechos Económicos Sociales y Culturales, siendo entonces un derecho consagrado por nuestra Constitución Nacional. En este sentido, la participación del Estado en el área es fundamental para generar políticas públicas inclusivas que asistan a la población más vulnerable.
Es por ello que, en los últimos diez años, responsables de Laboratorios de Producción Pública de Medicamentos y Vacunas (PPMV), junto con la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA, la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP y otras más de cien organizaciones científicas, sindicatos y organismos de Derechos Humanos reunidos en la Multisectorial por la Producción Pública de Medicamentos y Vacunas llevamos adelante la propuesta de poner la capacidad potencial de estos laboratorios al servicio de las necesidades de nuestra población, sin intervención de intereses externos. Como primer paso, y con el aporte de profesionales de las diferentes disciplinas, realizamos un exhaustivo relevamiento que permitió ponderar la potencialidad científico-técnica del sector público para la elaboración de medicamentos confiables, a costos razonables y con capacidad real de avanzar en investigaciones en el área. Contamos entonces, con 39 Unidades Productoras de Medicamentos o Laboratorios Públicos en todo el país que cuentan con recursos humanos capacitados y comprometidos con su tarea. En ese marco, se realizaron seis Encuentros por la Producción Pública de Medicamentos y Vacunas, reuniones con legisladores nacionales y provinciales, y gran cantidad de eventos tendientes a mostrar la importancia estratégica de utilizar las capacidades del Estado en esta área, tan sensible para amplios sectores de la población y que hoy está fuertemente gobernada por criterios de mercado.
En 2007, ese esfuerzo conjunto se vio cristalizado en la creación de la Red de Laboratorios Públicos (RELAP). Más tarde, primero Diputados y luego el Senado, el 29 de junio de 2011, aprobaron con mayoría absoluta la Ley 26.688 de Producción Pública de Medicamentos y Vacunas, que declara de «interés nacional la investigación y la producción pública de medicamentos», entendiéndolos como «bienes sociales», y estableciendo que el Estado debe asegurar su provisión.
Ahora bien, a más de dos años de aprobada la ley, cuyo organismo de aplicación es el Ministerio de Salud, no se convocó a ninguna de las organizaciones que trabajamos en la PPMV, además de que existe una incomprensible demora en la reglamentación de la ley.
Quienes hace años hemos construido ese sujeto social que dio forma y espíritu a la Ley de PPMV, creemos que la reglamentación debería tomar en cuenta el desarrollo en toda la potencialidad del sector público y no sólo en algunos temas específicos. Mantener el espíritu de la ley, significaría, entre otras cosas, reafirmar la presencia del Estado, garantizando el Derecho Humano a la Salud, así como mejorar el gasto en medicamentos, que en nuestro país es del 32 por ciento. La PPMV puede ser, como política de Estado, el eje de reconstrucción sanitaria que ordene al sistema desde el paradigma de la preservación de la salud antes que la atención y la cronificación de la enfermedad, como pretende la industria. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nos ha dejado varios saberes: uno de ellos, quizás el más importante, fue su recorrido desde la legitimidad a su legalidad plena. Es de esperar que el Ministerio de Salud tome nota de esta enseñanza.
*Coord. Cátedra libre Salud y DD HH, Fac. de Medicina, UBA.
Es por ello que, en los últimos diez años, responsables de Laboratorios de Producción Pública de Medicamentos y Vacunas (PPMV), junto con la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA, la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP y otras más de cien organizaciones científicas, sindicatos y organismos de Derechos Humanos reunidos en la Multisectorial por la Producción Pública de Medicamentos y Vacunas llevamos adelante la propuesta de poner la capacidad potencial de estos laboratorios al servicio de las necesidades de nuestra población, sin intervención de intereses externos. Como primer paso, y con el aporte de profesionales de las diferentes disciplinas, realizamos un exhaustivo relevamiento que permitió ponderar la potencialidad científico-técnica del sector público para la elaboración de medicamentos confiables, a costos razonables y con capacidad real de avanzar en investigaciones en el área. Contamos entonces, con 39 Unidades Productoras de Medicamentos o Laboratorios Públicos en todo el país que cuentan con recursos humanos capacitados y comprometidos con su tarea. En ese marco, se realizaron seis Encuentros por la Producción Pública de Medicamentos y Vacunas, reuniones con legisladores nacionales y provinciales, y gran cantidad de eventos tendientes a mostrar la importancia estratégica de utilizar las capacidades del Estado en esta área, tan sensible para amplios sectores de la población y que hoy está fuertemente gobernada por criterios de mercado.
En 2007, ese esfuerzo conjunto se vio cristalizado en la creación de la Red de Laboratorios Públicos (RELAP). Más tarde, primero Diputados y luego el Senado, el 29 de junio de 2011, aprobaron con mayoría absoluta la Ley 26.688 de Producción Pública de Medicamentos y Vacunas, que declara de «interés nacional la investigación y la producción pública de medicamentos», entendiéndolos como «bienes sociales», y estableciendo que el Estado debe asegurar su provisión.
Ahora bien, a más de dos años de aprobada la ley, cuyo organismo de aplicación es el Ministerio de Salud, no se convocó a ninguna de las organizaciones que trabajamos en la PPMV, además de que existe una incomprensible demora en la reglamentación de la ley.
Quienes hace años hemos construido ese sujeto social que dio forma y espíritu a la Ley de PPMV, creemos que la reglamentación debería tomar en cuenta el desarrollo en toda la potencialidad del sector público y no sólo en algunos temas específicos. Mantener el espíritu de la ley, significaría, entre otras cosas, reafirmar la presencia del Estado, garantizando el Derecho Humano a la Salud, así como mejorar el gasto en medicamentos, que en nuestro país es del 32 por ciento. La PPMV puede ser, como política de Estado, el eje de reconstrucción sanitaria que ordene al sistema desde el paradigma de la preservación de la salud antes que la atención y la cronificación de la enfermedad, como pretende la industria. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nos ha dejado varios saberes: uno de ellos, quizás el más importante, fue su recorrido desde la legitimidad a su legalidad plena. Es de esperar que el Ministerio de Salud tome nota de esta enseñanza.
*Coord. Cátedra libre Salud y DD HH, Fac. de Medicina, UBA.
Recordemos a Illia,y que la produccion de medicamentos es una de las grandes redes de explotacion mundial,junto a las armas,trata de blancas y narcotrafico.