por Ramón Frediani (*) y Héctor Rubini (**)
La deuda pública en nuestro país está subiendo y no dejará de aumentar, al menos, hasta 2018. En gran medida es el resultado de transparentar el estropicio que dejó la administración anterior. Pero aun así, hay indicios de un nuevo y potencialmente riesgoso “festival de bonos”, que se estaría gestando sin mayor preocupación por parte del Gobierno.
Extrañamente, el actual equipo económico sigue sin explicar que el supuesto “desendeudamiento” del kirchnerismo jamás existió. A fin de 2002, la deuda del Sector Público Nacional No Financiero (SPNF) era de US$ 152.974 millones mientras que a fin de 2015 totalizaba US$ 234.250 millones –siempre incluyendo atrasos, y deuda en litigio y pendiente de reestructuración–. En doce años creció en US$ 81.276 millones (+53,1%). Además, sobre el total de la deuda del SPNF, el 29,6% de los vencimientos se concentraban en 2016 y 2017.
El actual equipo económico sigue sin explicar que el supuesto “desendeudamiento” del kirchnerismo jamás existió.
El núcleo de esa orgía de deuda fue la emisión de bonos. A fin de 2002 el subtotal de deuda en títulos públicos era de US$ 83.477 millones y, a fin de 2015, US$ 160.150 millones. O sea, un aumento de US$ 76.673 millones (+91,8%) en 12 años. El otro main driver fue el endeudamiento con el BCRA: a fin de 2012 ese pasivo era de US$ 1.079 millones y, a fin de 2015, US$ 25.517 millones, algo inferior al récord de 2014 (US$ 29.402 millones). En doce años ese pasivo aumentó entonces en US$ 24.438 millones (+22,6%).
Los gobiernos provinciales tampoco se desendeudaron. A fines de 2002, sin incluir la deuda flotante, adeudaban $ 68.531 millones, y a fin de junio de 2015 (último dato publicado por la Secretaría de Hacienda) era de $ 200.098 millones (variación punta a punta: +192%). Como el tipo de cambio subió en ese período de $3,36 a $ 9,09, la variación en dólares fue mínima: de U$S 20.378 millones a fin de 2002 a U$S 22.021 millones a fin de junio de 2015.
A fin de 2002 la mayor deudora era la provincia de Buenos Aires con el 39,6% de la deuda provincial, y el 64,9% del subtotal provincial bajo la forma de bonos. A fin de junio de 2015 esta provincia seguía siendo la mayor deudora con el 46,3% de la deuda provincial total, y el total de bonos bonaerenses emitidos equivalía al 56,5% de los bonos provinciales en circulación. Aun sin datos definitivos para el final del año pasado, no hay evidencia de que en la segunda mitad de 2015 la deuda provincial haya dejado de crecer.
El sendero fiscal heredado era insostenible y para retornar a los mercados voluntarios había que cumplir con los fallos judiciales que ordenaban pagar por deudas antojadizamente desconocidas por la gestión anterior. Esto tornaba hartodifícil creer en las metas fiscales anunciadas en enero de este año, y también imaginar ajuste fiscal y reducción de pasivos en 2016. Las provincias, a su vez, demandan fondos tanto para inversión en infraestructura, o sostener directa o indirectamente ingresos y empleos en sus jurisdicciones. Sin una sólida reactivación y estabilización ya desde el inicio del año, la Nación y las provincias debieron aumentar sus pasivos. Sin embargo, no es claro hoy que la situación esté totalmente controlada.
El Gobierno debió enfrentar desde el inicio una posición endeble de reservas del BCRA y, para pagar a los holdouts, se debieron emitir cuatro bonos de 3 a 30 años por US$ 16.500 millones. A su vez, el Plan Financiero 2016 prevé para este año nuevo endeudamiento del Tesoro por: a) US$ 7.200 millones en bonos o préstamos bancarios en el exterior, b) US$ 2.700 vía nueva deuda a colocar en el FGS-Anses, c) US$ 10.847 millones con el BCRA por adelantos transitorios y entrega de letras a cambio de la remesa de utilidades de las reservas, y d) nueva deuda (neta de refinanciaciones) en el mercado interno por US$ 3.000 millones (en parte en pesos, y en parte en dólares). A esto debe sumarse un préstamo de la CAF para el Plan Belgrano de US$ 2.000 millones y fondeo del BID de US$ 5.000 millones para cancelar vencimientos con el BID por US$ 4.646 millones, más otros U$S 1.100 millones, incrementando la deuda neta con el BID en US$ 1.454 millones. Entonces, la deuda del SPNF aumentará en 2016 por los subtotales a), b), c) y d), más la citada deuda con organismos, esto es, por US$ 25.201 millones. Si se suman los bonos emitidos para pagar a los holdouts, el aumento de la deuda pública será de al menos US$ 41.701.
Las provincias tampoco se quedan atrás. Ya comenzó la emisión de deuda en dólares de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires –emitiría no menos del 43% de los nuevos bonos provinciales en dólares–, Mendoza, Neuquén y Chubut. También se esperan emisiones en bonos en dólares de los gobiernos de Córdoba, Santa Fe, Salta y Entre Ríos, y eventualmente de Chaco. Por ahora, las primeras emisiones en dólares y las proyectadas para el resto del año totalizan un incremento de US$ 7.400 millones. A esto habrá que sumar un monto aún incierto de deuda en pesos y de nueva deuda en moneda extranjera con organismos internacionales.
El año 2016 cerrará no sólo con un aumento apreciable del nivel de precios, próximo al 40%, sino también de la deuda pública nacional y provincial en dólares. Sumando Nación y provincias la cifra definitiva del nuevo endeudamiento estaría entre U$S 45.000 y U$S 50.000 millones, sin contar otros pasivos: a) la deuda a ser reconocida por Ley con jubilados y pensionados por unos $260.000 millones, b) deuda del Gobierno Nacional con las obras sociales sindicales, por otros $ 70.000 millones, y c) otros pasivos con proveedores y juicios contra gobiernos provinciales. A esto cabe sumar la deuda de empresas públicas (YPF emitió bonos por US$ 1.000 millones) y la deuda cuasi fiscal del BCRA por Lebac, futuros de dólar (el cierre a fin de 2016 es hoy incierto), y por eventuales sentencias a favor de inversores que rechazaron los ajustes en los contratos de dólar futuro: serían casi $ 11.100 millones (US$ 793 millones). En este último caso lo más probable es que se cancele vía emisión monetaria.
Se esperan emisiones en bonos en dólares de los gobiernos de Córdoba, Santa Fe, Salta y Entre Ríos, y eventualmente de Chaco.
Esta conducta no es la de China, Corea del Sur, Chile y otros, que priorizaron la obtención de divisas a través de la exportación y la inversión extranjera directa, más bien que del endeudamiento. Apostaron a la producción y la competitividad, y no a la patria financiera. Aunque físicamente sean iguales, no es lo mismo un dólar o un peso generado por el trabajo propio que uno obtenido con un préstamo bancario o entregando un pagaré. Argentina debe priorizar las exportaciones y el crecimiento más que el endeudamiento. Las divisas ingresadas por exportaciones son genuinas, porque generan trabajo y producción, y no hay que devolverlas con intereses. Las que ingresan vía deuda reflejan lo contrario: patear los problemas para adelante y endosárselos a las generaciones futuras.
(*) Universidad Nacional de Córdoba
(**) Universidad del Salvador.
La deuda pública en nuestro país está subiendo y no dejará de aumentar, al menos, hasta 2018. En gran medida es el resultado de transparentar el estropicio que dejó la administración anterior. Pero aun así, hay indicios de un nuevo y potencialmente riesgoso “festival de bonos”, que se estaría gestando sin mayor preocupación por parte del Gobierno.
Extrañamente, el actual equipo económico sigue sin explicar que el supuesto “desendeudamiento” del kirchnerismo jamás existió. A fin de 2002, la deuda del Sector Público Nacional No Financiero (SPNF) era de US$ 152.974 millones mientras que a fin de 2015 totalizaba US$ 234.250 millones –siempre incluyendo atrasos, y deuda en litigio y pendiente de reestructuración–. En doce años creció en US$ 81.276 millones (+53,1%). Además, sobre el total de la deuda del SPNF, el 29,6% de los vencimientos se concentraban en 2016 y 2017.
El actual equipo económico sigue sin explicar que el supuesto “desendeudamiento” del kirchnerismo jamás existió.
El núcleo de esa orgía de deuda fue la emisión de bonos. A fin de 2002 el subtotal de deuda en títulos públicos era de US$ 83.477 millones y, a fin de 2015, US$ 160.150 millones. O sea, un aumento de US$ 76.673 millones (+91,8%) en 12 años. El otro main driver fue el endeudamiento con el BCRA: a fin de 2012 ese pasivo era de US$ 1.079 millones y, a fin de 2015, US$ 25.517 millones, algo inferior al récord de 2014 (US$ 29.402 millones). En doce años ese pasivo aumentó entonces en US$ 24.438 millones (+22,6%).
Los gobiernos provinciales tampoco se desendeudaron. A fines de 2002, sin incluir la deuda flotante, adeudaban $ 68.531 millones, y a fin de junio de 2015 (último dato publicado por la Secretaría de Hacienda) era de $ 200.098 millones (variación punta a punta: +192%). Como el tipo de cambio subió en ese período de $3,36 a $ 9,09, la variación en dólares fue mínima: de U$S 20.378 millones a fin de 2002 a U$S 22.021 millones a fin de junio de 2015.
A fin de 2002 la mayor deudora era la provincia de Buenos Aires con el 39,6% de la deuda provincial, y el 64,9% del subtotal provincial bajo la forma de bonos. A fin de junio de 2015 esta provincia seguía siendo la mayor deudora con el 46,3% de la deuda provincial total, y el total de bonos bonaerenses emitidos equivalía al 56,5% de los bonos provinciales en circulación. Aun sin datos definitivos para el final del año pasado, no hay evidencia de que en la segunda mitad de 2015 la deuda provincial haya dejado de crecer.
El sendero fiscal heredado era insostenible y para retornar a los mercados voluntarios había que cumplir con los fallos judiciales que ordenaban pagar por deudas antojadizamente desconocidas por la gestión anterior. Esto tornaba hartodifícil creer en las metas fiscales anunciadas en enero de este año, y también imaginar ajuste fiscal y reducción de pasivos en 2016. Las provincias, a su vez, demandan fondos tanto para inversión en infraestructura, o sostener directa o indirectamente ingresos y empleos en sus jurisdicciones. Sin una sólida reactivación y estabilización ya desde el inicio del año, la Nación y las provincias debieron aumentar sus pasivos. Sin embargo, no es claro hoy que la situación esté totalmente controlada.
El Gobierno debió enfrentar desde el inicio una posición endeble de reservas del BCRA y, para pagar a los holdouts, se debieron emitir cuatro bonos de 3 a 30 años por US$ 16.500 millones. A su vez, el Plan Financiero 2016 prevé para este año nuevo endeudamiento del Tesoro por: a) US$ 7.200 millones en bonos o préstamos bancarios en el exterior, b) US$ 2.700 vía nueva deuda a colocar en el FGS-Anses, c) US$ 10.847 millones con el BCRA por adelantos transitorios y entrega de letras a cambio de la remesa de utilidades de las reservas, y d) nueva deuda (neta de refinanciaciones) en el mercado interno por US$ 3.000 millones (en parte en pesos, y en parte en dólares). A esto debe sumarse un préstamo de la CAF para el Plan Belgrano de US$ 2.000 millones y fondeo del BID de US$ 5.000 millones para cancelar vencimientos con el BID por US$ 4.646 millones, más otros U$S 1.100 millones, incrementando la deuda neta con el BID en US$ 1.454 millones. Entonces, la deuda del SPNF aumentará en 2016 por los subtotales a), b), c) y d), más la citada deuda con organismos, esto es, por US$ 25.201 millones. Si se suman los bonos emitidos para pagar a los holdouts, el aumento de la deuda pública será de al menos US$ 41.701.
Las provincias tampoco se quedan atrás. Ya comenzó la emisión de deuda en dólares de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires –emitiría no menos del 43% de los nuevos bonos provinciales en dólares–, Mendoza, Neuquén y Chubut. También se esperan emisiones en bonos en dólares de los gobiernos de Córdoba, Santa Fe, Salta y Entre Ríos, y eventualmente de Chaco. Por ahora, las primeras emisiones en dólares y las proyectadas para el resto del año totalizan un incremento de US$ 7.400 millones. A esto habrá que sumar un monto aún incierto de deuda en pesos y de nueva deuda en moneda extranjera con organismos internacionales.
El año 2016 cerrará no sólo con un aumento apreciable del nivel de precios, próximo al 40%, sino también de la deuda pública nacional y provincial en dólares. Sumando Nación y provincias la cifra definitiva del nuevo endeudamiento estaría entre U$S 45.000 y U$S 50.000 millones, sin contar otros pasivos: a) la deuda a ser reconocida por Ley con jubilados y pensionados por unos $260.000 millones, b) deuda del Gobierno Nacional con las obras sociales sindicales, por otros $ 70.000 millones, y c) otros pasivos con proveedores y juicios contra gobiernos provinciales. A esto cabe sumar la deuda de empresas públicas (YPF emitió bonos por US$ 1.000 millones) y la deuda cuasi fiscal del BCRA por Lebac, futuros de dólar (el cierre a fin de 2016 es hoy incierto), y por eventuales sentencias a favor de inversores que rechazaron los ajustes en los contratos de dólar futuro: serían casi $ 11.100 millones (US$ 793 millones). En este último caso lo más probable es que se cancele vía emisión monetaria.
Se esperan emisiones en bonos en dólares de los gobiernos de Córdoba, Santa Fe, Salta y Entre Ríos, y eventualmente de Chaco.
Esta conducta no es la de China, Corea del Sur, Chile y otros, que priorizaron la obtención de divisas a través de la exportación y la inversión extranjera directa, más bien que del endeudamiento. Apostaron a la producción y la competitividad, y no a la patria financiera. Aunque físicamente sean iguales, no es lo mismo un dólar o un peso generado por el trabajo propio que uno obtenido con un préstamo bancario o entregando un pagaré. Argentina debe priorizar las exportaciones y el crecimiento más que el endeudamiento. Las divisas ingresadas por exportaciones son genuinas, porque generan trabajo y producción, y no hay que devolverlas con intereses. Las que ingresan vía deuda reflejan lo contrario: patear los problemas para adelante y endosárselos a las generaciones futuras.
(*) Universidad Nacional de Córdoba
(**) Universidad del Salvador.
