La ciudad de Córdoba ha vivido entre el martes y el miércoles de esta semana el episodio de violencia social-gremial más relevante de su historia, incluso superior en algunas aristas al denominado Cordobazo.
La imágenes mostradas desde los medios televisivos y compartidas por los ciudadanos en las redes sociales fueron el crudo reflejo de una sociedad enferma, pues debería suponerse que, a esta altura de la convivencia humana, el hombre ya dejó de ser lobo del hombre.
Cuando el Estado dejó de cumplir su rol, cuando la fuerza pública depositada en él no fue ejercida de manera adecuada, resurgieron los sentimientos más irracionales y violentos.
La mayor responsabilidad de los hechos ocurridos recae sobre la clase política, no sólo los gobernantes y opositores provinciales de hoy, sino también los anteriores, los nacionales y toda esa chusma de aplaudidores profesionales que suelen ir a festejar, vitorear y expresar cánticos cuando se imponen la reflexión serena y asumir los errores.
En el acuerdo que puso fin al conflicto gremial, no se hizo otra cosa que brindar a la Policía cordobesa las mínimas condiciones laborales dignas que se merecen. No fue una conquista gremial la obtenida, sino el reconocimiento mínimo de su dignidad profesional.
También es real que, por su profesión, los efectivos policiales no pueden dejar a la ciudadanía librada a su propia suerte y defensa, por justos que fueran sus reclamos.
Se impone –y de nuevo la responsabilidad cabe a la clase política– que exista una legislación seria que regule los servicios públicos esenciales y que también castigue las medidas de fuerza que tengan como principal efecto privar al resto de las personas del normal ejercicio de sus derechos constitucionales.
No puede decirse, atento a las imágenes mostradas, que se trató de un estallido social. Pero tampoco el saqueo estuvo limitado a bandas organizadas de delincuentes, sino que se extendió a oportunistas que no tienen el mínimo respeto por la propiedad privada.
Es injustificable que desde el Gobierno nacional no se haya gestado una reacción oportuna y adecuada. Pero ello no justificaba utilizar el anuncio del acuerdo para un discurso explícitamente político, enmarcado en una lucha de intereses personales, en donde los únicos desprotegidos y perjudicados son los ciudadanos comunes.
En nuestra Argentina actual, la democracia sigue deglutiéndose a la república; lo fáctico prevalece sobre lo jurídico; la fuerza puede más que la razón; los monólogos depusieron a los diálogos. Todo eso son síntomas de barbarie: ausencia de cultura. Porque lo cultural, en contraposición a lo natural, es lo que el hombre ha creado con su racionalidad, atributo que lo distingue del animal, del lobo.
Lamentablemente, estos síntomas, lejos de estar en vías de superación, se agravan, sumados a otros cuya única medicina parece ser la negación.
En la medida en que no se comprenda que la etapa agonal de la política debe, luego de elegidos los representantes, dar paso a la arquitectura de la república, ejercida con diálogo y consenso, jamás lograremos una auténtica conciencia de unidad nacional.
*Abogado, editor de eldial.com
