Disculpen el atrevimiento, pero Brasil, la Argentina, Colombia y otros varios países latinoamericanos tienen mucha de la culpa por la reciente salida forzada del ex presidente paraguayo Fernando Lugo: han permanecido en silencio ante tantas violaciones a la democracia en Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Cuba que han contribuido a crear un clima de «vale todo» en la región.
La defensa selectiva de la democracia de muchos países latinoamericanos -que ponen el grito en el cielo cuando presidentes de derecha atropellan las libertades democráticas, pero no dicen una palabra cuando presidentes de izquierda hacen lo mismo- ha dado como resulto una constante erosión de la democracia.
El nuevo gobierno paraguayo de Federico Franco, que fue suspendido del Mercosur, argumenta que el Congreso paraguayo actuó estrictamente dentro de los límites de la Constitución cuando depuso a Lugo el 22 de junio. El artículo 225 de la Constitución de Paraguay permite que el Congreso paraguayo enjuicie al presidente «si desempeña mal sus funciones» y si -tal como ocurre en los sistemas parlamentarios- dos tercios de ambas cámaras del Congreso votan su destitución. La votación contra Lugo fue de 39 a 4 en el Senado y de 73 a 1 en la Cámara de Diputados.
Pero los críticos señalan, acertadamente, que el procedimiento no cumplió el proceso debido porque no se le dio a Lugo el tiempo necesario para preparar su defensa. Aunque el artículo de la Constitución no especifica cuánto tiempo se debe dar al presidente, otros artículos dicen que todo individuo tiene derecho «al tiempo indispensable para preparar su defensa». Lugo había pedido 18 días, pero sólo se le concedieron dos horas.
En cualquier caso, los legisladores que orquestaron la destitución forzosa deben de haber sentido que su «juicio político exprés» era un pecadillo menor comparado con las violaciones de los derechos democráticos en otros países de la región que no tienen consecuencias diplomáticas.
En las elecciones de 2011 en Nicaragua, no hubo quejas latinoamericanas cuando el presidente Daniel Ortega se hizo reelegir para un tercer período presidencial pese a todo tipo de irregularidades. Casi todos los observadores internacionales coincidieron en que aquella candidatura de Ortega estaba prohibida por el artículo 147 de la Constitución nicaragüense, que prohíbe la reelección consecutiva o por más de dos períodos. Pero Ortega consiguió que los jueces sandinistas dictaminaran -en un procedimiento ilegítimo- que la cláusula constitucional no se aplicaba en ese caso.
De manera semejante, tampoco hubo quejas latinoamericanas cuando Hugo Chávez inhabilitó sin debido proceso a más de 270 líderes opositores en las elecciones para gobernadores estatales de 2008. Tampoco hubo reclamos regionales cuando Chávez decidió no renovar la licencia de la cadena televisiva independiente RCTV ni cuando desconoció la voluntad de los votantes venezolanos, que en 2008 eligieron al candidato opositor Antonio Ledesma como alcalde de Caracas. Tras la victoria electoral de Ledesma, Chávez creó un nuevo cargo por encima del alcalde de Caracas, le quitó a Ledesma casi todos sus poderes y, virtualmente, todo su presupuesto oficial.
En Bolivia, durante los últimos cuatro años, el presidente Evo Morales ha encarcelado o enviado al exilio a casi todos los gobernadores estatales opositores, sin someterlos a los procedimientos señalados por la ley. Al menos cinco gobernadores opositores, incluyendo algunos ex candidatos presidenciales de la oposición, han sido encarcelados u obligados a salir del país sin debido proceso.
Y el dictador militar de Cuba, Raúl Castro, en lugar de ser presionado para que permita elecciones libres, ha sido recibido con creciente calidez por los muchos de los presidentes que hoy denuncian la destitución de Lugo. En la reciente Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia, casi todos los países de la región amenazaron con no asistir a futuras cumbres entre Estados Unidos y Latinoamérica si Cuba no es invitada.
Mi opinión: la destitución del ex presidente paraguayo Lugo estuvo mal y merece la condena de la región.
Pero la indignación selectiva de Brasil, Argentina, Colombia y otros países por la violación de los principios democráticos en la región ha promovido este tipo de conductas. Es hora de que los países alcen la voz contra todas las violaciones de los principios democráticos, ya sea en Paraguay, Honduras, Nicaragua, Venezuela o Cuba.
© La Nacion.
La defensa selectiva de la democracia de muchos países latinoamericanos -que ponen el grito en el cielo cuando presidentes de derecha atropellan las libertades democráticas, pero no dicen una palabra cuando presidentes de izquierda hacen lo mismo- ha dado como resulto una constante erosión de la democracia.
El nuevo gobierno paraguayo de Federico Franco, que fue suspendido del Mercosur, argumenta que el Congreso paraguayo actuó estrictamente dentro de los límites de la Constitución cuando depuso a Lugo el 22 de junio. El artículo 225 de la Constitución de Paraguay permite que el Congreso paraguayo enjuicie al presidente «si desempeña mal sus funciones» y si -tal como ocurre en los sistemas parlamentarios- dos tercios de ambas cámaras del Congreso votan su destitución. La votación contra Lugo fue de 39 a 4 en el Senado y de 73 a 1 en la Cámara de Diputados.
Pero los críticos señalan, acertadamente, que el procedimiento no cumplió el proceso debido porque no se le dio a Lugo el tiempo necesario para preparar su defensa. Aunque el artículo de la Constitución no especifica cuánto tiempo se debe dar al presidente, otros artículos dicen que todo individuo tiene derecho «al tiempo indispensable para preparar su defensa». Lugo había pedido 18 días, pero sólo se le concedieron dos horas.
En cualquier caso, los legisladores que orquestaron la destitución forzosa deben de haber sentido que su «juicio político exprés» era un pecadillo menor comparado con las violaciones de los derechos democráticos en otros países de la región que no tienen consecuencias diplomáticas.
En las elecciones de 2011 en Nicaragua, no hubo quejas latinoamericanas cuando el presidente Daniel Ortega se hizo reelegir para un tercer período presidencial pese a todo tipo de irregularidades. Casi todos los observadores internacionales coincidieron en que aquella candidatura de Ortega estaba prohibida por el artículo 147 de la Constitución nicaragüense, que prohíbe la reelección consecutiva o por más de dos períodos. Pero Ortega consiguió que los jueces sandinistas dictaminaran -en un procedimiento ilegítimo- que la cláusula constitucional no se aplicaba en ese caso.
De manera semejante, tampoco hubo quejas latinoamericanas cuando Hugo Chávez inhabilitó sin debido proceso a más de 270 líderes opositores en las elecciones para gobernadores estatales de 2008. Tampoco hubo reclamos regionales cuando Chávez decidió no renovar la licencia de la cadena televisiva independiente RCTV ni cuando desconoció la voluntad de los votantes venezolanos, que en 2008 eligieron al candidato opositor Antonio Ledesma como alcalde de Caracas. Tras la victoria electoral de Ledesma, Chávez creó un nuevo cargo por encima del alcalde de Caracas, le quitó a Ledesma casi todos sus poderes y, virtualmente, todo su presupuesto oficial.
En Bolivia, durante los últimos cuatro años, el presidente Evo Morales ha encarcelado o enviado al exilio a casi todos los gobernadores estatales opositores, sin someterlos a los procedimientos señalados por la ley. Al menos cinco gobernadores opositores, incluyendo algunos ex candidatos presidenciales de la oposición, han sido encarcelados u obligados a salir del país sin debido proceso.
Y el dictador militar de Cuba, Raúl Castro, en lugar de ser presionado para que permita elecciones libres, ha sido recibido con creciente calidez por los muchos de los presidentes que hoy denuncian la destitución de Lugo. En la reciente Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia, casi todos los países de la región amenazaron con no asistir a futuras cumbres entre Estados Unidos y Latinoamérica si Cuba no es invitada.
Mi opinión: la destitución del ex presidente paraguayo Lugo estuvo mal y merece la condena de la región.
Pero la indignación selectiva de Brasil, Argentina, Colombia y otros países por la violación de los principios democráticos en la región ha promovido este tipo de conductas. Es hora de que los países alcen la voz contra todas las violaciones de los principios democráticos, ya sea en Paraguay, Honduras, Nicaragua, Venezuela o Cuba.
© La Nacion.
«En cualquier caso, los legisladores que orquestaron la destitución forzosa deben de haber sentido que su «juicio político exprés» era un pecadillo menor comparado con las violaciones de los derechos democráticos en otros países de la región que no tienen consecuencias diplomáticas»
ja!
Visto los «contra-ejemplos» de Andresillo, recuerdo aquella famosa pregunta «¿Cuántas patas tiene un perro, si consideramos la cola como pata?»