Reforma procesal penal
Según estadísticas del Servicio Penitenciario Federal, el universo sobre el que se implementaría es reducido; está condicionada por el tipo de delitos cometidos
Cristina Kirchner al anunciar por cadena nacional, el martes, el envío del nuevo Código Procesal Penal al Congreso. Foto: Archivo
Según un informe del Servicio Penitenciario Federal (SPF), uno de cada cinco presos en la Argentina es extranjero. Es uno de los índices más altos de América latina.
Sin embargo, de ese universo, el 56 por ciento fue detenido por violar la ley que reprime los delitos de narcotráfico, por lo que no sería expulsado del país si se aprobara la reforma del Código Procesal Penal que propone el Gobierno, ya que el proyecto sólo prevé sancionar con la deportación a los extranjeros acusados por hechos leves con penas menores a los tres años de prisión. Lo mismo sucede con parte de los que están detenidos por delitos contra la propiedad (24,93%) y por delitos contra la integridad sexual (3,52%).
Además, deben estar en el país en situación ilegal y ser detenidos en flagrante delito. Y aun si reunieran estas condiciones, el texto del proyecto dice que «podrán» ser expulsados, no que deberán serlo.
Por esta razón, desde el propio Gobierno admiten que es muy escasa la cantidad de casos a los que se le llegaría a aplicar esa medida.
La expulsión de extranjeros que delinquen en el país es uno de los puntos que mayor polémica desataron tras la presentación del proyecto oficial de reforma del Código Procesal Penal, cuyo tratamiento comenzará el próximo martes en el Senado. Sin embargo, el informe del SPF demuestra que su impacto sería muy acotado.
De hecho, la oposición advirtió que se trata de un «eslogan oficialista» para disimular otros aspectos más gravitantes de la reforma, como la de delegar en los fiscales -que dependen de la ultrakirchnerista Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación- todo el peso de la investigación de las causas penales, entre ellas, las de corrupción.
El porcentaje de extranjeros presos en el conjunto de la población penal ha ido creciendo desde 2004.
Así consta en el informe que proporcionó por escrito el miércoles pasado al Senado el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, al que tuvo acceso la nacion.
A una pregunta del senador Gerardo Morales (UCR), Capitanich respondió que, según datos suministrados por el SPF, de los 10.205 presos en distintas cárceles de nuestro país, 2102 provienen de naciones foráneas. Esto representa el 20,60%, uno de los índices más altos de América latina.
Este porcentaje de presos extranjeros se reduce aún más si se toma el total de las cárceles provinciales: apenas el 6% de los detenidos son extranjeros, según el último informe de la Procuración Penitenciaria Nacional.
Se contabilizan allí, además de los presos del Servicio Penitenciario Federal, los de las cárceles de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
El SPF precisó que en 2004, es decir, en el primer año de la gestión de Néstor Kirchner, la cifra de extranjeros presos fue de casi el 14%. Luego, hubo un pico del 21,3% en 2007 y luego se estabilizó en valores promedio del 20% en los siguientes años hasta la actualidad.
Lo llamativo del informe es que el 56,6% de los extranjeros presos fueron detenidos por narcotráfico, lo que revela cómo este flagelo ha ido creciendo en nuestro país. Este delito, según la ley 23.737, prevé penas de entre tres y quince años de prisión, según cómo y quién lo cometa. Pero por la reforma del Código Procesal Penal del Gobierno estos delincuentes no serían expulsados del país.
En la oposición, este punto generó reacciones dispares. Por caso, el presidente de la UCR, el senador Ernesto Sanz, sostuvo que «es imposible estar de acuerdo con esa idea del Gobierno» de expulsar a los extranjeros delincuentes, y advirtió que «en ningún lugar del mundo existe una medida así, que se deporte a un extranjero indocumentado que cometa un delito y lo encuentran in fraganti».
Sergio Massa (Frente Renovador), en cambio, avaló la idea. «Estamos de acuerdo con herramientas que permitan expulsar a inmigrantes que cometen delitos, como creemos que es importante terminar con la puerta giratoria y las trampas procesales», dijo en Radio Mitre.
Observatorio carcelario
Marta Monclus, directora del Observatorio Carcelario del Servicio Penitenciario Nacional, expresó a la nacion que el universo de los extranjeros en condiciones de ser expulsados es «muy reducido» ya que toma el total de la población carcelaria en la Argentina, donde sólo un 6% son presos extranjeros y la mitad de éstos no viviría en el país.
Además, Monclus destacó que no hay cifras oficiales actuales sobre la cantidad de presos extranjeros que están como ilegales en el país.
Según un informe que elaboró el Observatorio Carcelario del Servicio Penitenciario se estima que un 25% de los presos extranjeros tendría residencia legal, mientras que el 75% restante serían ilegales, pero la mayoría de éstos contaban con domicilio fuera de la Argentina al momento de ser detenidos.
De hecho, una encuesta realizada por la Procuración Penitenciaria Nacional reveló que el 55% de los extranjeros detenidos en el país no vivía en la Argentina al momento de su detención, mientras que el 45% restante sí vivía en el país.
La misma encuesta revela que el 69% de los encuestados dijo que no tenía permiso de residencia al momento de su detención, mientras que el 27% declaró estar como legal.
Sin embargo, más allá de su situación legal, para la mayoría de los presos extranjeros la expulsión sería una solución a sus problemas ya que más de un 60% expresó sus deseos de regresar a sus países y la justicia argentina muchas veces se lo impide (ver aparte).
Desde el Ministerio del Interior, que conduce Florencio Randazzo, expresaron a la nacion que la posibilidad de aplicar la expulsión de extranjeros que cometan delitos castigados con penas menores a los tres años de prisión «es casi nula».
Las fuentes consultadas advirtieron que para que se materialice una expulsión de un extranjero que cometa un delito «se deben dar muchas variables complejas al mismo tiempo».
Esto es: que sean detenidos en flagrancia, que el delito cometido sea con penas de prisión menor a los tres años, que tenga una situación irregular en términos migratorios y que el extranjero al igual que el juez y el fiscal acepten la expulsión.
«Está claro que esta ley está hecha para la tribuna y que la oposición se sumó a un discurso de mano dura que en la práctica no va a tener efecto alguno», admitió ante la nacion un destacado funcionario de la Casa Rosada.
En esa misma línea de análisis se mostró el director de Carta Abierta y uno de los mayores referentes de la intelectualidad kirchnerista, Horacio González, quien expresó que el proyecto de Código Procesal Penal es «una respuesta a la llamada justicia mediática».
Del editor: qué significa. El Gobierno pareció dar un giro a la derecha cuando presentó el proyecto, pero el análisis profundo de la iniciativa exhibe una realidad diferente.
Voces ante la reforma
Repercusiones disímiles en el sector políticoErnesto sanz
Senador-UCR
«En ningún lugar existe una medida así, que se deporte a un extranjero indocumentado que cometa un delito y lo encuentran in fraganti»
Sergio Massa
Diputado-Frente Renovador
«Estoy de acuerdo con herramientas que permitan expulsar a inmigrantes que cometen delitos; hay que terminar con la puerta giratoria»
Sergio Berni
Secretario de Seguridad
«Muchas bandas de otros países vienen a delinquir a la Argentina porque saben de la laxitud del sistema judicial de nuestro país»
20,6%
Extranjeros
Es el porcentaje sobre los 10.205 detenidos que hay en cárceles del Servicio Penitenciario Federal
56%
Por narcotráfico
Es el delito más frecuente cometido por extranjeros. No lo alcanzaría la reforma, por la pena prevista.
Según estadísticas del Servicio Penitenciario Federal, el universo sobre el que se implementaría es reducido; está condicionada por el tipo de delitos cometidos
Cristina Kirchner al anunciar por cadena nacional, el martes, el envío del nuevo Código Procesal Penal al Congreso. Foto: Archivo
Según un informe del Servicio Penitenciario Federal (SPF), uno de cada cinco presos en la Argentina es extranjero. Es uno de los índices más altos de América latina.
Sin embargo, de ese universo, el 56 por ciento fue detenido por violar la ley que reprime los delitos de narcotráfico, por lo que no sería expulsado del país si se aprobara la reforma del Código Procesal Penal que propone el Gobierno, ya que el proyecto sólo prevé sancionar con la deportación a los extranjeros acusados por hechos leves con penas menores a los tres años de prisión. Lo mismo sucede con parte de los que están detenidos por delitos contra la propiedad (24,93%) y por delitos contra la integridad sexual (3,52%).
Además, deben estar en el país en situación ilegal y ser detenidos en flagrante delito. Y aun si reunieran estas condiciones, el texto del proyecto dice que «podrán» ser expulsados, no que deberán serlo.
Por esta razón, desde el propio Gobierno admiten que es muy escasa la cantidad de casos a los que se le llegaría a aplicar esa medida.
La expulsión de extranjeros que delinquen en el país es uno de los puntos que mayor polémica desataron tras la presentación del proyecto oficial de reforma del Código Procesal Penal, cuyo tratamiento comenzará el próximo martes en el Senado. Sin embargo, el informe del SPF demuestra que su impacto sería muy acotado.
De hecho, la oposición advirtió que se trata de un «eslogan oficialista» para disimular otros aspectos más gravitantes de la reforma, como la de delegar en los fiscales -que dependen de la ultrakirchnerista Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación- todo el peso de la investigación de las causas penales, entre ellas, las de corrupción.
El porcentaje de extranjeros presos en el conjunto de la población penal ha ido creciendo desde 2004.
Así consta en el informe que proporcionó por escrito el miércoles pasado al Senado el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, al que tuvo acceso la nacion.
A una pregunta del senador Gerardo Morales (UCR), Capitanich respondió que, según datos suministrados por el SPF, de los 10.205 presos en distintas cárceles de nuestro país, 2102 provienen de naciones foráneas. Esto representa el 20,60%, uno de los índices más altos de América latina.
Este porcentaje de presos extranjeros se reduce aún más si se toma el total de las cárceles provinciales: apenas el 6% de los detenidos son extranjeros, según el último informe de la Procuración Penitenciaria Nacional.
Se contabilizan allí, además de los presos del Servicio Penitenciario Federal, los de las cárceles de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
El SPF precisó que en 2004, es decir, en el primer año de la gestión de Néstor Kirchner, la cifra de extranjeros presos fue de casi el 14%. Luego, hubo un pico del 21,3% en 2007 y luego se estabilizó en valores promedio del 20% en los siguientes años hasta la actualidad.
Lo llamativo del informe es que el 56,6% de los extranjeros presos fueron detenidos por narcotráfico, lo que revela cómo este flagelo ha ido creciendo en nuestro país. Este delito, según la ley 23.737, prevé penas de entre tres y quince años de prisión, según cómo y quién lo cometa. Pero por la reforma del Código Procesal Penal del Gobierno estos delincuentes no serían expulsados del país.
En la oposición, este punto generó reacciones dispares. Por caso, el presidente de la UCR, el senador Ernesto Sanz, sostuvo que «es imposible estar de acuerdo con esa idea del Gobierno» de expulsar a los extranjeros delincuentes, y advirtió que «en ningún lugar del mundo existe una medida así, que se deporte a un extranjero indocumentado que cometa un delito y lo encuentran in fraganti».
Sergio Massa (Frente Renovador), en cambio, avaló la idea. «Estamos de acuerdo con herramientas que permitan expulsar a inmigrantes que cometen delitos, como creemos que es importante terminar con la puerta giratoria y las trampas procesales», dijo en Radio Mitre.
Observatorio carcelario
Marta Monclus, directora del Observatorio Carcelario del Servicio Penitenciario Nacional, expresó a la nacion que el universo de los extranjeros en condiciones de ser expulsados es «muy reducido» ya que toma el total de la población carcelaria en la Argentina, donde sólo un 6% son presos extranjeros y la mitad de éstos no viviría en el país.
Además, Monclus destacó que no hay cifras oficiales actuales sobre la cantidad de presos extranjeros que están como ilegales en el país.
Según un informe que elaboró el Observatorio Carcelario del Servicio Penitenciario se estima que un 25% de los presos extranjeros tendría residencia legal, mientras que el 75% restante serían ilegales, pero la mayoría de éstos contaban con domicilio fuera de la Argentina al momento de ser detenidos.
De hecho, una encuesta realizada por la Procuración Penitenciaria Nacional reveló que el 55% de los extranjeros detenidos en el país no vivía en la Argentina al momento de su detención, mientras que el 45% restante sí vivía en el país.
La misma encuesta revela que el 69% de los encuestados dijo que no tenía permiso de residencia al momento de su detención, mientras que el 27% declaró estar como legal.
Sin embargo, más allá de su situación legal, para la mayoría de los presos extranjeros la expulsión sería una solución a sus problemas ya que más de un 60% expresó sus deseos de regresar a sus países y la justicia argentina muchas veces se lo impide (ver aparte).
Desde el Ministerio del Interior, que conduce Florencio Randazzo, expresaron a la nacion que la posibilidad de aplicar la expulsión de extranjeros que cometan delitos castigados con penas menores a los tres años de prisión «es casi nula».
Las fuentes consultadas advirtieron que para que se materialice una expulsión de un extranjero que cometa un delito «se deben dar muchas variables complejas al mismo tiempo».
Esto es: que sean detenidos en flagrancia, que el delito cometido sea con penas de prisión menor a los tres años, que tenga una situación irregular en términos migratorios y que el extranjero al igual que el juez y el fiscal acepten la expulsión.
«Está claro que esta ley está hecha para la tribuna y que la oposición se sumó a un discurso de mano dura que en la práctica no va a tener efecto alguno», admitió ante la nacion un destacado funcionario de la Casa Rosada.
En esa misma línea de análisis se mostró el director de Carta Abierta y uno de los mayores referentes de la intelectualidad kirchnerista, Horacio González, quien expresó que el proyecto de Código Procesal Penal es «una respuesta a la llamada justicia mediática».
Del editor: qué significa. El Gobierno pareció dar un giro a la derecha cuando presentó el proyecto, pero el análisis profundo de la iniciativa exhibe una realidad diferente.
Voces ante la reforma
Repercusiones disímiles en el sector políticoErnesto sanz
Senador-UCR
«En ningún lugar existe una medida así, que se deporte a un extranjero indocumentado que cometa un delito y lo encuentran in fraganti»
Sergio Massa
Diputado-Frente Renovador
«Estoy de acuerdo con herramientas que permitan expulsar a inmigrantes que cometen delitos; hay que terminar con la puerta giratoria»
Sergio Berni
Secretario de Seguridad
«Muchas bandas de otros países vienen a delinquir a la Argentina porque saben de la laxitud del sistema judicial de nuestro país»
20,6%
Extranjeros
Es el porcentaje sobre los 10.205 detenidos que hay en cárceles del Servicio Penitenciario Federal
56%
Por narcotráfico
Es el delito más frecuente cometido por extranjeros. No lo alcanzaría la reforma, por la pena prevista.
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