La Generalitat valenciana despedirá al menos a 3.000 empleados de su sector público, el 40% del total de la plantilla, al suprimir 46 empresas, lo que supondrá un ahorro estimado en torno a los 300 millones de euros. La reducción de personal se realizará sobre una plantilla total de 7.555 empleados. Esta medida ya fue anunciada el pasado mes de mayo por el Gobierno valenciano, aunque el grueso de los despidos se realizará en las próximas semanas.
Parte del personal ya ha sido despedido en expedientes de regulación de empleo ejecutados en empresas como el instituto Valenciano de la Vivienda, la Ciudad de las Artes y las Ciencias o Ciegsa. El resto de empresas y fundaciones de la Generalitat sufrirán la reestructuración en las próximas semanas
Los datos han sido dados a conocer por el consejero de Economía, Industria y Comercio, Máximo Buch, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell en el que se ha aprobado el decreto de reestructuración del sector público, que quedará compuesto por 30 entidades.
Buch ha explicado que los expedientes de regulación de empleo (ERE) se plantearán en su mayoría a lo largo del mes de noviembre y su coste estimado es de entre 85 y 100 millones de euros, una cantidad similar al ahorro estimado que se espera obtener en gastos de personal.
En estas cuentas no se incluye ni el ERE de Ràdio Televisió Valenciana, que afecta a 1.200 de los 1.800 empleados que tiene el ente y que ya ha sido aprobado y está pendiente de aplicación, ni la regulación prevista en la Agència Valenciana de Turisme, que cuenta con cerca de 300 empleados. En total, los despidos del sector público valenciano se situarán en una cifra que rondará entre las 4.000 y las 5.000 personas.
El consejero, quien no ha descartado que el ahorro pueda incrementarse si posteriormente se decide algún ajuste adiciona en el sector público valencianol, ha puntualizado que por sinergias de integración se espera ahorrar entre doce y quince millones de euros a los que se sumarán entre 160 y 200 millones por optimización y eficiencia en la gestión.
El balance económico de este plan también podría verse mejorado a través de la «intensificación de la colaboración público-privada», mediante la «venta de activos, externalización de la gestión y privatizaciones», para lo que se elaborará un plan de actuación en el plazo máximo de nueve meses.
Para pagar las indemnizaciones, el Consell espera el dinero del Fondo de LIquidez Autonómico (FLA), que previsiblemente llegará a finales de este mes. El vicepresidente del Gobierno valenciano, José Ciscar, ha indicado que parte del dinero procedente del FLA corresponderá a la autorización que tiene la Generalitat para endeudarse sin superar el objetivo del déficit del 1,5% y cuadrar así los presupuestos autonómicos de 2012, que recogen las indemnizaciones por los despidos públicos previstos.
Parte del personal ya ha sido despedido en expedientes de regulación de empleo ejecutados en empresas como el instituto Valenciano de la Vivienda, la Ciudad de las Artes y las Ciencias o Ciegsa. El resto de empresas y fundaciones de la Generalitat sufrirán la reestructuración en las próximas semanas
Los datos han sido dados a conocer por el consejero de Economía, Industria y Comercio, Máximo Buch, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell en el que se ha aprobado el decreto de reestructuración del sector público, que quedará compuesto por 30 entidades.
Buch ha explicado que los expedientes de regulación de empleo (ERE) se plantearán en su mayoría a lo largo del mes de noviembre y su coste estimado es de entre 85 y 100 millones de euros, una cantidad similar al ahorro estimado que se espera obtener en gastos de personal.
En estas cuentas no se incluye ni el ERE de Ràdio Televisió Valenciana, que afecta a 1.200 de los 1.800 empleados que tiene el ente y que ya ha sido aprobado y está pendiente de aplicación, ni la regulación prevista en la Agència Valenciana de Turisme, que cuenta con cerca de 300 empleados. En total, los despidos del sector público valenciano se situarán en una cifra que rondará entre las 4.000 y las 5.000 personas.
El consejero, quien no ha descartado que el ahorro pueda incrementarse si posteriormente se decide algún ajuste adiciona en el sector público valencianol, ha puntualizado que por sinergias de integración se espera ahorrar entre doce y quince millones de euros a los que se sumarán entre 160 y 200 millones por optimización y eficiencia en la gestión.
El balance económico de este plan también podría verse mejorado a través de la «intensificación de la colaboración público-privada», mediante la «venta de activos, externalización de la gestión y privatizaciones», para lo que se elaborará un plan de actuación en el plazo máximo de nueve meses.
Para pagar las indemnizaciones, el Consell espera el dinero del Fondo de LIquidez Autonómico (FLA), que previsiblemente llegará a finales de este mes. El vicepresidente del Gobierno valenciano, José Ciscar, ha indicado que parte del dinero procedente del FLA corresponderá a la autorización que tiene la Generalitat para endeudarse sin superar el objetivo del déficit del 1,5% y cuadrar así los presupuestos autonómicos de 2012, que recogen las indemnizaciones por los despidos públicos previstos.
