Por Ezequiel Spillman
29/12/12 – 04:22
SMART. Ex ministro, fue heredero de las tiendas James Smart.
Jaime Smart, ex ministro de Gobierno bonaerense durante la última dictadura militar, se convirtió, tras un fallo histórico, en el primer civil condenado por delitos de lesa humanidad. El caso Smart es la punta del iceberg de una serie de juicios, impulsados por el kirchnerismo, en los que se imputará a civiles que participaron del gobierno de facto.
Smart fue condenado a prisión perpetua en el denominado “Circuito Camps” (por Ramón Camps, jefe de la Policía Bonaerense), por el cual se juzga el accionar en seis centros clandestinos de detención. El ex funcionario fue sentenciado por el homicidio de Jorge Rubinstein, (abogado de David Gravier, empresario a quien se vinculó con Montoneros, e involucrado en el caso Papel Prensa) y por la privación ilegítima de la libertad de 42 personas.
“Es un civil pero tuvo un cargo que le dio el Gobierno y fue responsable de desapariciones”, afirmó a PERFIL Claudia Bellingeri, de la Comisión Provincial por la Memoria. “Por eso el fallo no sólo habla de complicidad sino de una responsabilidad mediata en la desaparición de personas”, agregó.
En su alegato, Smart aseguró que “la Policía Bonaerense no dependía” de él, aunque afirmó que el ministerio compraba equipamiento para la fuerza y que sumaron treinta mil efectivos. “Las Fuerzas Armadas tenían a su cargo la lucha contra la subversión”, dijo, y afirmó que tenía un “conocimiento genérico” de lo que sucedía.
Con 77 años y seis hijos, Smart pasó sus últimos veinte años en su estudio jurídico dedicado a los delitos de Derecho Penal Económico. Quienes lo conocen hablan de un hombre parco pero muy austero en su vida cotidiana. Vivió en Bella Vista y, ya casado, se mudó a una casa en Acassuso.
Hijo de inmigrantes ingleses, su abuelo fue el fundador de las famosas tiendas James Smart. Incluso él fue accionista, pero terminó vendiendo sus acciones a sus primos.
Se recibió de abogado en la UBA, donde fue también profesor de Derecho Procesal Penal. Comenzó su carrera en la Justicia en los 70 como secretario del Juzgado de Menores 16. Fue fiscal y camarista de San Isidro.
En 1971 integró una Cámara Federal especializada en juzgar “delitos de la subversión”. Desde allí se detuvo a unas dos mil personas, y hubo 700 condenados. En esos años Bernardo Neustadt solía reivindicar el trabajo de Smart y su equipo.
En 1973, con la amnistía dictada por Héctor Cámpora, se dejó en libertad a todos los condenados. Smart se retiró, y en agosto de 1974 se fue a vivir a Venezuela en medio de los asesinatos de dos jueces amigos. En Caracas, donde tenía parientes, trabajó en una fábrica de caños. Regresó a la Argentina a fines de 1975, cuando el gobierno de Isabel Martínez de Perón ya había dictado un decreto para “aniquilar la subversión”.
En marzo de 1976, a días del golpe, Ibérico Saint-Jean (el gobernador bonaerense que designaría la junta militar) le ofreció el cargo de ministro de Gobierno. El 8 de abril de 1976 asumió, y estuvo allí hasta septiembre de 1979, cuando renunció tras haber presentado un plan para elegir intendentes que fue archivado.
En 2005 inició sus trámites jubilatorios, aunque el Consejo de la Magistratura los frenó. Tras haber tenido cuatro años y medio de arresto domiciliario, la Justicia le revocó el beneficio y fue a una cárcel común en Marcos Paz, en un pabellón especial donde convive con militares y policías que participaron de la dictadura.
29/12/12 – 04:22
SMART. Ex ministro, fue heredero de las tiendas James Smart.
Jaime Smart, ex ministro de Gobierno bonaerense durante la última dictadura militar, se convirtió, tras un fallo histórico, en el primer civil condenado por delitos de lesa humanidad. El caso Smart es la punta del iceberg de una serie de juicios, impulsados por el kirchnerismo, en los que se imputará a civiles que participaron del gobierno de facto.
Smart fue condenado a prisión perpetua en el denominado “Circuito Camps” (por Ramón Camps, jefe de la Policía Bonaerense), por el cual se juzga el accionar en seis centros clandestinos de detención. El ex funcionario fue sentenciado por el homicidio de Jorge Rubinstein, (abogado de David Gravier, empresario a quien se vinculó con Montoneros, e involucrado en el caso Papel Prensa) y por la privación ilegítima de la libertad de 42 personas.
“Es un civil pero tuvo un cargo que le dio el Gobierno y fue responsable de desapariciones”, afirmó a PERFIL Claudia Bellingeri, de la Comisión Provincial por la Memoria. “Por eso el fallo no sólo habla de complicidad sino de una responsabilidad mediata en la desaparición de personas”, agregó.
En su alegato, Smart aseguró que “la Policía Bonaerense no dependía” de él, aunque afirmó que el ministerio compraba equipamiento para la fuerza y que sumaron treinta mil efectivos. “Las Fuerzas Armadas tenían a su cargo la lucha contra la subversión”, dijo, y afirmó que tenía un “conocimiento genérico” de lo que sucedía.
Con 77 años y seis hijos, Smart pasó sus últimos veinte años en su estudio jurídico dedicado a los delitos de Derecho Penal Económico. Quienes lo conocen hablan de un hombre parco pero muy austero en su vida cotidiana. Vivió en Bella Vista y, ya casado, se mudó a una casa en Acassuso.
Hijo de inmigrantes ingleses, su abuelo fue el fundador de las famosas tiendas James Smart. Incluso él fue accionista, pero terminó vendiendo sus acciones a sus primos.
Se recibió de abogado en la UBA, donde fue también profesor de Derecho Procesal Penal. Comenzó su carrera en la Justicia en los 70 como secretario del Juzgado de Menores 16. Fue fiscal y camarista de San Isidro.
En 1971 integró una Cámara Federal especializada en juzgar “delitos de la subversión”. Desde allí se detuvo a unas dos mil personas, y hubo 700 condenados. En esos años Bernardo Neustadt solía reivindicar el trabajo de Smart y su equipo.
En 1973, con la amnistía dictada por Héctor Cámpora, se dejó en libertad a todos los condenados. Smart se retiró, y en agosto de 1974 se fue a vivir a Venezuela en medio de los asesinatos de dos jueces amigos. En Caracas, donde tenía parientes, trabajó en una fábrica de caños. Regresó a la Argentina a fines de 1975, cuando el gobierno de Isabel Martínez de Perón ya había dictado un decreto para “aniquilar la subversión”.
En marzo de 1976, a días del golpe, Ibérico Saint-Jean (el gobernador bonaerense que designaría la junta militar) le ofreció el cargo de ministro de Gobierno. El 8 de abril de 1976 asumió, y estuvo allí hasta septiembre de 1979, cuando renunció tras haber presentado un plan para elegir intendentes que fue archivado.
En 2005 inició sus trámites jubilatorios, aunque el Consejo de la Magistratura los frenó. Tras haber tenido cuatro años y medio de arresto domiciliario, la Justicia le revocó el beneficio y fue a una cárcel común en Marcos Paz, en un pabellón especial donde convive con militares y policías que participaron de la dictadura.
