ENFOQUE
La ilusión de la armonía
Por Claudio Scaletta
El cambio de gobierno, aunque exista continuidad partidaria, será muy notable en lo económico. El discurso heterodoxo quedará, en el mejor de los casos, significativamente moderado. El ABC de la heterodoxia pasa por el énfasis en la demanda efectiva, pero existe también un marco cultural: es una teoría crítica del mainstream y, por extensión, del poder económico establecido. Una política económica heterodoxa no sólo mantiene pujante la demanda efectiva, sino que debe disputar y gobernar al poder corporativo. Por definición no es tibia ni consensual. El desarrollo supone elegir sectores y, a la vez; no elegir a los no elegidos, lo que implica tensión y conflicto. Lo mismo ocurre con la distribución del ingreso, aun en contextos expansivos y en el marco de relaciones ganar-ganar. Sin embargo, en torno al candidato del Frente para la Victoria, estas tensiones parecen no existir y quedan subsumidas en la ilusión de la armonía. No se trata sólo de personalidad o estilo, sino del contenido del conjunto de medidas económicas que ya trascendieron. La única diferencia a la vista residiría en la velocidad de aplicación. La palabra clave es “gradualismo”, el mensaje: “no esperar sorpresas”. No obstante, los economistas que rodean al candidato presidencial recuperaron todas las demandas del establishment.
La actual ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, dijo en un reportaje concedido al diario La Nación que la principal preocupación de los economistas es “la inflación”. El contador familiar Rafael Perelmiter señala a quien quiera escucharlo que se acabarán los subsidios tarifarios a los servicios públicos. Miguel Bein, en su rol de propietario rural, afirma que sólo quedarán retenciones (más bajas) para la soja y sus derivados. El titular del Banco Provincia, Gustavo Marangoni, oficia de promotor de una regla ultramontana de superávit fiscal, según la cual el gasto público nunca podrá superar a la recaudación. El ex FMI Mario Blejer aboga por el regreso a los mercados internacionales de crédito (¿también a la supervisión de los organismos?) Todos, sin fisuras, creen que más temprano que tarde habrá que allanarse a una negociación más blanda con los fondos buitre.
¿Qué diferencia a este conjunto de medidas del sciolismo de las que propone el candidato opositor más votado en las PASO? Al parecer sólo la velocidad, pues se trata del núcleo del regreso a una macroeconomía ortodoxa en el que vale la pena detenerse.
– Cuando un economista afirma que su principal preocupación es la inflación, se define ideológicamente. La inflación es apenas un efecto inherente a la puja distributiva y al crecimiento que, en Argentina, tiene un alto componente cambiario. Desde el punto de vista de los trabajadores, lo que importa es el poder adquisitivo del salario, no su valuación nominal. Mantener el efecto inflación en niveles razonables lleva, en todo caso, a la preocupación por sus causas.
– La eliminación de los subsidios tarifarios no es un tema menor. Podría llevar a un shock inflacionario con profundos efectos fiscales y recesivos. Se trata de 168.000 millones de pesos, o el 4 por ciento del PIB, que dejarían de recibir familias y empresas y que deben restarse a la demanda. Eliminar subsidios implicaría multiplicar las tarifas por 6, unos 5 puntos de inflación y una caída del Producto de por lo menos 1,5 por ciento. Si hay un lugar que demanda gradualismo es este, precisamente el único en el que el sciolismo no lo promete.
– Las retenciones son un mecanismo de tipo de cambio múltiple y en consecuencia deben guardar relación en cada momento con el nivel del tipo de cambio. Resulta atendible reconsiderarlas, pero eliminarlas o reducirlas supone también devaluación fiscal. Luego, si ello se plantea como solución para los “problemas de las economías regionales” se dejan de lado las verdaderas dificultades de distribución del ingreso al interior de estos circuitos. Ya se demostró, en todos los casos, que la baja de retenciones nunca llegan a los productores y sólo benefician a los exportadores y a quienes controlan el proceso de comercialización.
– La regla de superávit fiscal es probablemente el punto más preocupante. Dejando de lado cuestiones elementales de la teoría, como el dato de que no hay creación de mercados sin gasto público y que el superávit del Estado es déficit privado, si la regla se hubiese aplicado con posterioridad a 2007 la economía se encontraría hoy en una profunda recesión. Como en el caso de la inflación aquí también se confunde causa con efecto. Los déficit presupuestarios suelen ser el resultado de las contracciones. Puede entenderse que la regla sea abogada por un politólogo, resulta más extraño que ningún economista de un movimiento como el justicialismo la haya refutado en voz alta. Vale agregar que el déficit intraestatal en la moneda propia es irrelevante, son movimientos entre cuentas, y que el único déficit que importa para la evolución del PIB es el externo.
– Negociar con los fondos buitre es una definición geopolítica de fondo. Se trata de allanarse a un sector del poder financiero que actuó decididamente en contra del país financiando campañas de desprestigio y buscando provocar el mayor daño posible por múltiples vías. Decir que se lo hará para regresar a los mercados financieros a menores tasas, lo que pagaría el gran sobrecosto de la decisión, significa asumir demasiados supuestos. Volver a los mercados tradicionales asesorados por ex funcionarios del FMI supone también regresar a una lógica que durante el gobierno de Néstor Kirchner logró dejarse atrás pagando un costo millonario. Por otra parte Argentina tiene vías alternativas para financiar su restricción externa. El endeudamiento y la IED sólo deberían utilizarse con el objetivo de reducir hacia el futuro esta restricción.
Si el conjunto de concepciones y políticas señaladas iguala a los candidatos del oficialismo y de la oposición más votada, la pregunta siguiente es qué los diferencia. Hasta hoy, existe un solo aspecto concreto y nada menor: el énfasis industrialista y en el desarrollo industrial como una “etapa superior”. La sciolista fundación DAR elaboró un verdadero Plan de Desarrollo, con descripción de cadenas de valor y propuestas específicas para 36 sectores agroindustriales. Sin embargo, a tono con la lógica del candidato bonaerense, se presenta al desarrollo como un proceso carente de conflicto y que surgiría del consenso entre los actores sociales. Si bien en las páginas de la fundación puede encontrarse algún material que destaca la demanda efectiva, las propuestas de las distintas áreas se centran mayoritariamente en los subsidios y estímulos al capital, con apelación a términos de triste memoria como “seguridad jurídica” y “clima de negocios”
La ilusión de la armonía
Por Claudio Scaletta
El cambio de gobierno, aunque exista continuidad partidaria, será muy notable en lo económico. El discurso heterodoxo quedará, en el mejor de los casos, significativamente moderado. El ABC de la heterodoxia pasa por el énfasis en la demanda efectiva, pero existe también un marco cultural: es una teoría crítica del mainstream y, por extensión, del poder económico establecido. Una política económica heterodoxa no sólo mantiene pujante la demanda efectiva, sino que debe disputar y gobernar al poder corporativo. Por definición no es tibia ni consensual. El desarrollo supone elegir sectores y, a la vez; no elegir a los no elegidos, lo que implica tensión y conflicto. Lo mismo ocurre con la distribución del ingreso, aun en contextos expansivos y en el marco de relaciones ganar-ganar. Sin embargo, en torno al candidato del Frente para la Victoria, estas tensiones parecen no existir y quedan subsumidas en la ilusión de la armonía. No se trata sólo de personalidad o estilo, sino del contenido del conjunto de medidas económicas que ya trascendieron. La única diferencia a la vista residiría en la velocidad de aplicación. La palabra clave es “gradualismo”, el mensaje: “no esperar sorpresas”. No obstante, los economistas que rodean al candidato presidencial recuperaron todas las demandas del establishment.
La actual ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, dijo en un reportaje concedido al diario La Nación que la principal preocupación de los economistas es “la inflación”. El contador familiar Rafael Perelmiter señala a quien quiera escucharlo que se acabarán los subsidios tarifarios a los servicios públicos. Miguel Bein, en su rol de propietario rural, afirma que sólo quedarán retenciones (más bajas) para la soja y sus derivados. El titular del Banco Provincia, Gustavo Marangoni, oficia de promotor de una regla ultramontana de superávit fiscal, según la cual el gasto público nunca podrá superar a la recaudación. El ex FMI Mario Blejer aboga por el regreso a los mercados internacionales de crédito (¿también a la supervisión de los organismos?) Todos, sin fisuras, creen que más temprano que tarde habrá que allanarse a una negociación más blanda con los fondos buitre.
¿Qué diferencia a este conjunto de medidas del sciolismo de las que propone el candidato opositor más votado en las PASO? Al parecer sólo la velocidad, pues se trata del núcleo del regreso a una macroeconomía ortodoxa en el que vale la pena detenerse.
– Cuando un economista afirma que su principal preocupación es la inflación, se define ideológicamente. La inflación es apenas un efecto inherente a la puja distributiva y al crecimiento que, en Argentina, tiene un alto componente cambiario. Desde el punto de vista de los trabajadores, lo que importa es el poder adquisitivo del salario, no su valuación nominal. Mantener el efecto inflación en niveles razonables lleva, en todo caso, a la preocupación por sus causas.
– La eliminación de los subsidios tarifarios no es un tema menor. Podría llevar a un shock inflacionario con profundos efectos fiscales y recesivos. Se trata de 168.000 millones de pesos, o el 4 por ciento del PIB, que dejarían de recibir familias y empresas y que deben restarse a la demanda. Eliminar subsidios implicaría multiplicar las tarifas por 6, unos 5 puntos de inflación y una caída del Producto de por lo menos 1,5 por ciento. Si hay un lugar que demanda gradualismo es este, precisamente el único en el que el sciolismo no lo promete.
– Las retenciones son un mecanismo de tipo de cambio múltiple y en consecuencia deben guardar relación en cada momento con el nivel del tipo de cambio. Resulta atendible reconsiderarlas, pero eliminarlas o reducirlas supone también devaluación fiscal. Luego, si ello se plantea como solución para los “problemas de las economías regionales” se dejan de lado las verdaderas dificultades de distribución del ingreso al interior de estos circuitos. Ya se demostró, en todos los casos, que la baja de retenciones nunca llegan a los productores y sólo benefician a los exportadores y a quienes controlan el proceso de comercialización.
– La regla de superávit fiscal es probablemente el punto más preocupante. Dejando de lado cuestiones elementales de la teoría, como el dato de que no hay creación de mercados sin gasto público y que el superávit del Estado es déficit privado, si la regla se hubiese aplicado con posterioridad a 2007 la economía se encontraría hoy en una profunda recesión. Como en el caso de la inflación aquí también se confunde causa con efecto. Los déficit presupuestarios suelen ser el resultado de las contracciones. Puede entenderse que la regla sea abogada por un politólogo, resulta más extraño que ningún economista de un movimiento como el justicialismo la haya refutado en voz alta. Vale agregar que el déficit intraestatal en la moneda propia es irrelevante, son movimientos entre cuentas, y que el único déficit que importa para la evolución del PIB es el externo.
– Negociar con los fondos buitre es una definición geopolítica de fondo. Se trata de allanarse a un sector del poder financiero que actuó decididamente en contra del país financiando campañas de desprestigio y buscando provocar el mayor daño posible por múltiples vías. Decir que se lo hará para regresar a los mercados financieros a menores tasas, lo que pagaría el gran sobrecosto de la decisión, significa asumir demasiados supuestos. Volver a los mercados tradicionales asesorados por ex funcionarios del FMI supone también regresar a una lógica que durante el gobierno de Néstor Kirchner logró dejarse atrás pagando un costo millonario. Por otra parte Argentina tiene vías alternativas para financiar su restricción externa. El endeudamiento y la IED sólo deberían utilizarse con el objetivo de reducir hacia el futuro esta restricción.
Si el conjunto de concepciones y políticas señaladas iguala a los candidatos del oficialismo y de la oposición más votada, la pregunta siguiente es qué los diferencia. Hasta hoy, existe un solo aspecto concreto y nada menor: el énfasis industrialista y en el desarrollo industrial como una “etapa superior”. La sciolista fundación DAR elaboró un verdadero Plan de Desarrollo, con descripción de cadenas de valor y propuestas específicas para 36 sectores agroindustriales. Sin embargo, a tono con la lógica del candidato bonaerense, se presenta al desarrollo como un proceso carente de conflicto y que surgiría del consenso entre los actores sociales. Si bien en las páginas de la fundación puede encontrarse algún material que destaca la demanda efectiva, las propuestas de las distintas áreas se centran mayoritariamente en los subsidios y estímulos al capital, con apelación a términos de triste memoria como “seguridad jurídica” y “clima de negocios”
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