Héctor Recalde y Agustín Rossi, ayer, en el Congreso. Foto: LA NACION / Hernán Zenteno
Más notas para entender este tema
Qué cambia con la nueva legislación
El kirchnerismo convirtió en ley el nuevo régimen para las ART
Moyano y Micheli marcharon juntos
El kirchnerismo exhibe a diario su incapacidad para comprender la economía como un sistema. Ayer, sus diputados sancionaron una ley destinada a reducir los costos laborales. A partir de ahora, los empleados que sean víctimas de accidentes de trabajo y elijan cobrar la indemnización de su ART ya no tendrán derecho a demandar a su empleador ante la Justicia. Deberán optar por una u otra vía. La eliminación de esa duplicidad aliviará a las compañías de una carga por la que vienen quejándose desde hace más de una década.
El empresariado está tan entusiasmado con esta reforma que el presidente de la bancada oficialista, Agustín Rossi, se desentendió de conseguir los votos. Esta vez se encargaron Ignacio de Mendiguren, de la UIA, y Jorge Brito, de Adeba.
Anoche Mendiguren y Brito festejaban, agradecidos. Cristina Kirchner pagó un costo que industriales y banqueros deberían reconocerle. Sus legisladores se alinearon de manera muy incómoda para las banderas nac&pop en las que ella suele envolverse. El Frente para la Victoria votó el proyecto de industriales y banqueros aliado con el macrismo. Para Andrés «Cuervo» Larroque y Eduardo «Wado» de Pedro, de La Cámpora, esta iniciación en el pragmatismo fue como crecer de golpe. La CGT-Balcarce, representada por el diputado metalúrgico Carlos Gdansky, los acompañó. Igual que la CTA de Hugo Yasky, con el voto de Carmen Nebreda.
En la otra vereda quedaron el Partido Socialista -aliado de Víctor De Gennaro y Claudio Lozano, de la CTA de Pablo Micheli-, el radicalismo, la CGT de Hugo Moyano -su hijo Facundo y el canillita Omar Plaini se ausentaron- y la CGT de Luis Barrionuevo -Graciela Camaño-.
Moyano y Micheli movilizaron a su clientela para protestar ante el Congreso, en un ensayo previo al paro general que vienen planeando. El camionero, como Mendiguren y Brito, también presionó legisladores y disfrutaba de la escena. Echará en cara a sus rivales sindicales haberse plegado a un gobierno que flexibiliza las condiciones de trabajo. Una forma de ubicarse en el cuadrante donde estuvo hace 12 años, cuando enfrentó a la CGT dialoguista de Rodolfo Daer por haber apoyado la ley laboral de Fernando de la Rúa, que encendió la furia denunciante de «Chacho» Álvarez.
En aquella oportunidad, la Presidenta era diputada y se asoció a Moyano. Ahora él podrá reprocharle una defección. Sería hipócrita. Los diputados de su flamante aliado, Mauricio Macri, votaron con los de la señora de Kirchner.
La Casa Rosada está en condiciones de sacar provecho de su novedosa posición de ayer. Con la nueva legislación sobre accidentes de trabajo podría ufanarse de ser favorable a la inversión, en contra de lo que sostienen sus críticos. Pero el planeta Kirchner es extraño. El guiño que la Presidenta hace al mercado poniendo a sus parlamentarios al servicio de un proyecto empresarial, es muy posible que quede eclipsado por las modificaciones que el mismo gobierno propone para el mercado de capitales.
Desde hace 24 horas circula un borrador de 156 artículos, con innovaciones decisivas. Como sostiene el abogado Bernardo Saravia Frías, son cambios muy saludables, que están «en boga en los mercados internacionales, como la mayor participación y protección de los inversores individuales». Pero detrás de esa retórica se detecta «una línea que se instauró con la estatización de las AFJP, siguió con el dictado de disposiciones criminales relacionadas con la actividad bancaria y bursátil, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la repatriación de fondos administrados por compañías de seguros, la estatización de YPF y la profundización de los controles cambiarios».
La secuencia no debe sorprender. Desde que arrasó en las elecciones, hace un año, Cristina Kirchner pasó del intervencionismo al estatismo, amparándose detrás de una pátina ideológica. Sin embargo, el proyecto oficialista no promete sólo una mayor intervención, sino una mayor politización de la relación entre el Estado y las empresas. El artículo 143, por ejemplo, establece que el fuero al cual deben dirigirse las sociedades para protestar por una decisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) ya no será el civil y comercial, sino el contencioso administrativo, que el kirchnerismo ha colonizado desde que llegó al poder. Y el artículo 81, en una confesión inesperada, establece que para autorizar ofertas públicas de acciones, la CNV tendrá en cuenta las condiciones «subjetivas» de los emisores.
Tampoco estas semillas de arbitrariedad son novedosas. Las nuevas regulaciones no resultan de un examen de las patologías de los mercados de títulos. Son, sobre todo, un intento por derribar las limitaciones jurídicas con que se encontró el kirchnerismo en los tres grandes avances que emprendió sobre sociedades comerciales: el de Telecom, que fracasó en vida de Néstor Kirchner, y el de Clarín y Papel Prensa, que siguen en curso.
La iniciativa que la Presidenta enviará al Congreso reproduce, entonces, el mismo vicio de la ley de medios. La reorganización de un espacio de la economía de acuerdo con criterios más transparentes y equitativos es sacrificada en aras de una persecución política, que requiere para consumarse una legislación a medida. Las ideas se reducen a ser la máscara de una pulsión facciosa.
Para Cristina Kirchner la incongruencia es la norma. Por un lado, reglamenta las indemnizaciones por accidentes para aliviar a la economía de un costoso riesgo laboral. Por otro, planifica una reforma del mercado de capitales que agiganta el riesgo político. Parece haber malinterpretado el precepto bíblico: «Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha», dice el Señor.
La nueva regulación sobre las compañías de seguros es hija de la misma fragmentación visual. El Gobierno se propone que los fondos que controlan esas empresas se inviertan en proyectos dotados de rentabilidad política: la YPF estatizada, las represas Kirchner y Cepernic o, en un minuto de distracción, alguna iniciativa de Lázaro Báez o Cristóbal López. En otras palabras, las aseguradoras deben imitar a la Anses.
El objetivo es bajar el costo financiero de proyectos que los administradores de capitales ven como muy riesgosos, pero que el modelo de acumulación de matriz diversificada e inclusión social considera imprescindibles. A la Presidenta le cuesta comprender que por reducir la carga financiera de esos emprendimientos aumentará la de todos aquellos que contraten seguros.
Sencillo: las pólizas serán más caras porque el destino de los fondos será más incierto. Claro, la hidroeléctrica Kirchner se puede tocar, se puede inaugurar y, tal vez, hasta arrime algún voto. El costo del seguro es intangible. Es la extraña fascinación del populismo por lo concreto..
Más notas para entender este tema
Qué cambia con la nueva legislación
El kirchnerismo convirtió en ley el nuevo régimen para las ART
Moyano y Micheli marcharon juntos
El kirchnerismo exhibe a diario su incapacidad para comprender la economía como un sistema. Ayer, sus diputados sancionaron una ley destinada a reducir los costos laborales. A partir de ahora, los empleados que sean víctimas de accidentes de trabajo y elijan cobrar la indemnización de su ART ya no tendrán derecho a demandar a su empleador ante la Justicia. Deberán optar por una u otra vía. La eliminación de esa duplicidad aliviará a las compañías de una carga por la que vienen quejándose desde hace más de una década.
El empresariado está tan entusiasmado con esta reforma que el presidente de la bancada oficialista, Agustín Rossi, se desentendió de conseguir los votos. Esta vez se encargaron Ignacio de Mendiguren, de la UIA, y Jorge Brito, de Adeba.
Anoche Mendiguren y Brito festejaban, agradecidos. Cristina Kirchner pagó un costo que industriales y banqueros deberían reconocerle. Sus legisladores se alinearon de manera muy incómoda para las banderas nac&pop en las que ella suele envolverse. El Frente para la Victoria votó el proyecto de industriales y banqueros aliado con el macrismo. Para Andrés «Cuervo» Larroque y Eduardo «Wado» de Pedro, de La Cámpora, esta iniciación en el pragmatismo fue como crecer de golpe. La CGT-Balcarce, representada por el diputado metalúrgico Carlos Gdansky, los acompañó. Igual que la CTA de Hugo Yasky, con el voto de Carmen Nebreda.
En la otra vereda quedaron el Partido Socialista -aliado de Víctor De Gennaro y Claudio Lozano, de la CTA de Pablo Micheli-, el radicalismo, la CGT de Hugo Moyano -su hijo Facundo y el canillita Omar Plaini se ausentaron- y la CGT de Luis Barrionuevo -Graciela Camaño-.
Moyano y Micheli movilizaron a su clientela para protestar ante el Congreso, en un ensayo previo al paro general que vienen planeando. El camionero, como Mendiguren y Brito, también presionó legisladores y disfrutaba de la escena. Echará en cara a sus rivales sindicales haberse plegado a un gobierno que flexibiliza las condiciones de trabajo. Una forma de ubicarse en el cuadrante donde estuvo hace 12 años, cuando enfrentó a la CGT dialoguista de Rodolfo Daer por haber apoyado la ley laboral de Fernando de la Rúa, que encendió la furia denunciante de «Chacho» Álvarez.
En aquella oportunidad, la Presidenta era diputada y se asoció a Moyano. Ahora él podrá reprocharle una defección. Sería hipócrita. Los diputados de su flamante aliado, Mauricio Macri, votaron con los de la señora de Kirchner.
La Casa Rosada está en condiciones de sacar provecho de su novedosa posición de ayer. Con la nueva legislación sobre accidentes de trabajo podría ufanarse de ser favorable a la inversión, en contra de lo que sostienen sus críticos. Pero el planeta Kirchner es extraño. El guiño que la Presidenta hace al mercado poniendo a sus parlamentarios al servicio de un proyecto empresarial, es muy posible que quede eclipsado por las modificaciones que el mismo gobierno propone para el mercado de capitales.
Desde hace 24 horas circula un borrador de 156 artículos, con innovaciones decisivas. Como sostiene el abogado Bernardo Saravia Frías, son cambios muy saludables, que están «en boga en los mercados internacionales, como la mayor participación y protección de los inversores individuales». Pero detrás de esa retórica se detecta «una línea que se instauró con la estatización de las AFJP, siguió con el dictado de disposiciones criminales relacionadas con la actividad bancaria y bursátil, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la repatriación de fondos administrados por compañías de seguros, la estatización de YPF y la profundización de los controles cambiarios».
La secuencia no debe sorprender. Desde que arrasó en las elecciones, hace un año, Cristina Kirchner pasó del intervencionismo al estatismo, amparándose detrás de una pátina ideológica. Sin embargo, el proyecto oficialista no promete sólo una mayor intervención, sino una mayor politización de la relación entre el Estado y las empresas. El artículo 143, por ejemplo, establece que el fuero al cual deben dirigirse las sociedades para protestar por una decisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) ya no será el civil y comercial, sino el contencioso administrativo, que el kirchnerismo ha colonizado desde que llegó al poder. Y el artículo 81, en una confesión inesperada, establece que para autorizar ofertas públicas de acciones, la CNV tendrá en cuenta las condiciones «subjetivas» de los emisores.
Tampoco estas semillas de arbitrariedad son novedosas. Las nuevas regulaciones no resultan de un examen de las patologías de los mercados de títulos. Son, sobre todo, un intento por derribar las limitaciones jurídicas con que se encontró el kirchnerismo en los tres grandes avances que emprendió sobre sociedades comerciales: el de Telecom, que fracasó en vida de Néstor Kirchner, y el de Clarín y Papel Prensa, que siguen en curso.
La iniciativa que la Presidenta enviará al Congreso reproduce, entonces, el mismo vicio de la ley de medios. La reorganización de un espacio de la economía de acuerdo con criterios más transparentes y equitativos es sacrificada en aras de una persecución política, que requiere para consumarse una legislación a medida. Las ideas se reducen a ser la máscara de una pulsión facciosa.
Para Cristina Kirchner la incongruencia es la norma. Por un lado, reglamenta las indemnizaciones por accidentes para aliviar a la economía de un costoso riesgo laboral. Por otro, planifica una reforma del mercado de capitales que agiganta el riesgo político. Parece haber malinterpretado el precepto bíblico: «Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha», dice el Señor.
La nueva regulación sobre las compañías de seguros es hija de la misma fragmentación visual. El Gobierno se propone que los fondos que controlan esas empresas se inviertan en proyectos dotados de rentabilidad política: la YPF estatizada, las represas Kirchner y Cepernic o, en un minuto de distracción, alguna iniciativa de Lázaro Báez o Cristóbal López. En otras palabras, las aseguradoras deben imitar a la Anses.
El objetivo es bajar el costo financiero de proyectos que los administradores de capitales ven como muy riesgosos, pero que el modelo de acumulación de matriz diversificada e inclusión social considera imprescindibles. A la Presidenta le cuesta comprender que por reducir la carga financiera de esos emprendimientos aumentará la de todos aquellos que contraten seguros.
Sencillo: las pólizas serán más caras porque el destino de los fondos será más incierto. Claro, la hidroeléctrica Kirchner se puede tocar, se puede inaugurar y, tal vez, hasta arrime algún voto. El costo del seguro es intangible. Es la extraña fascinación del populismo por lo concreto..
