Alfonso Prat-Gay, Ricardo Arriazu, Gabriel Castelli y Jaime Campos, ayer, en el auditorio de la UCA. Foto: DyN
Tres de cada diez empresarios consideran que las regulaciones excesivas o el intervencionismo estatal constituyen la principal barrera que tiene el sector privado para hacer sus aportes -con la generación de empleos- a una reducción de la pobreza y la desigualdad social, al dificultar las decisiones de inversión. Ésa fue la respuesta más elegida entre los 160 encuestados por la consultora Voices!, según un trabajo presentado ayer por su presidenta, Marita Carballo, durante el XVI Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), que se desarrolló en la Universidad Católica Argentina (UCA).
Según los datos, un tercio de los encuestados consideró que la justicia es el valor primordial que debería promoverse hoy en el país. Ese primer puesto en el ranking de prioridades fue compartido con la educación y seguido por «la conciliación y la paz», la libertad y la previsibilidad, respuestas aportadas -entre otras varias opciones- por el 24, el 22 y el 16%, respectivamente.
La jornada organizada por ACDE llevó por lema «¿Cómo respondemos al papa Francisco? Generando empleo y desarrollo para una Argentina inclusiva». Estuvo centrada en la temática social y hubo datos sobre la situación de pobreza y la desigualdad, cuestionamientos a políticas oficiales y autocríticas del empresariado.
El contexto de debilidad institucional y sus efectos en la actividad económica y en las condiciones de vida de la población fue un tema que recorrió el discurso de varios panelistas. El trabajo de Voices! reveló que para el 49% de los empresarios el principal desafío para mejorar la situación social es, justamente, mejorar la calidad institucional. Como tema desafiante, la corrupción, con el 16% de las respuestas, se ubicó en el segundo lugar.
Datos expuestos en el encuentro no dejaron duda de que una mejora significativa de la situación social es una materia pendiente. Según la encuesta del Observatorio de la Deuda Social de la UCA -que abarca a 5700 hogares-, a más de 3,5 millones de hogares de la Argentina no les llegan los ingresos que sus habitantes consideran necesarios para cubrir los consumos que les son (o eran) habituales. Se trata del 34,1% de las familias, en tanto que solamente un 15,3% dijo tener capacidad de ahorro.
En esos índices, que reflejan una suerte de «pobreza subjetiva» (es decir, no medida con el valor de una canasta fija, sino en función de consumos básicos, pero también de los que una familia considera necesarios), parece haber repercutido la inflación: mientras los datos citados corresponden al relevamiento hecho en 2012, en 2011 los que consideraban no tener ingresos suficientes habían sido menos: 31,1 por ciento.
«¿Qué nos pasó? Que hicimos trizas las instituciones», concluyó el economista Orlando Ferreres, tras mostrar indicadores que ubican al país mejor que hace una década pero peor que tiempo atrás. Por caso, tomó el índice de desempleo de 9,1% -estimado por la UCA-, que es superior al promedio histórico que tenía la Argentina hasta antes de mediados de los 90. «No hay incentivos para la inversión, la inflación es de las más altas del mundo y muchos de los ahorros fueron al exterior», analizó.
«La inflación va absolutamente en contra del espíritu empresario», dijo por su parte Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), tras afirmar que se necesita un Estado «que asegure el cumplimiento de la ley y que provea educación de calidad».
El diputado por la Coalición Cívica y precandidato a senador Alfonso Prat Gay señaló: «Si podemos producir alimentos para 400 millones de personas y dejamos afuera a 12 millones [de quienes viven en el país], el problema deja de ser económico y es político».
Más allá del planteo de las condiciones necesarias para aportar empleos, en la jornada se escucharon autocríticas. «No hemos actuado siempre como contrapeso del poder político y si somos débiles las políticas públicas serán débiles», dijo Alejandro Preusche, presidente del encuentro, que se abrió con frases del papa Francisco válidas para la dirigencia: «El dinero tiene que servir, no gobernar», rezaba una de ellas.
Luis Bameule, presidente de Agritur San Luis, se convirtió ayer en el único empresario que contestó directamente a la acusación de la presidenta Cristina Kirchner por el aumento generalizado de precios.
«Si hay algo de lo que no tenemos la culpa los empresarios es de la inflación, porque no tenemos la máquina de emitir pesos. ¿En los 90 éramos buenos y ahora somos malos?», dijo en uno de los paneles.
Bameule cuestionó también el blanqueo de capitales. «Hay calidades de inversión. ¿Tienen la misma calidad los fondos que entran por el blanqueo que los que se han hecho pagando impuestos? No es la misma calidad una que la otra.».
Tres de cada diez empresarios consideran que las regulaciones excesivas o el intervencionismo estatal constituyen la principal barrera que tiene el sector privado para hacer sus aportes -con la generación de empleos- a una reducción de la pobreza y la desigualdad social, al dificultar las decisiones de inversión. Ésa fue la respuesta más elegida entre los 160 encuestados por la consultora Voices!, según un trabajo presentado ayer por su presidenta, Marita Carballo, durante el XVI Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), que se desarrolló en la Universidad Católica Argentina (UCA).
Según los datos, un tercio de los encuestados consideró que la justicia es el valor primordial que debería promoverse hoy en el país. Ese primer puesto en el ranking de prioridades fue compartido con la educación y seguido por «la conciliación y la paz», la libertad y la previsibilidad, respuestas aportadas -entre otras varias opciones- por el 24, el 22 y el 16%, respectivamente.
La jornada organizada por ACDE llevó por lema «¿Cómo respondemos al papa Francisco? Generando empleo y desarrollo para una Argentina inclusiva». Estuvo centrada en la temática social y hubo datos sobre la situación de pobreza y la desigualdad, cuestionamientos a políticas oficiales y autocríticas del empresariado.
El contexto de debilidad institucional y sus efectos en la actividad económica y en las condiciones de vida de la población fue un tema que recorrió el discurso de varios panelistas. El trabajo de Voices! reveló que para el 49% de los empresarios el principal desafío para mejorar la situación social es, justamente, mejorar la calidad institucional. Como tema desafiante, la corrupción, con el 16% de las respuestas, se ubicó en el segundo lugar.
Datos expuestos en el encuentro no dejaron duda de que una mejora significativa de la situación social es una materia pendiente. Según la encuesta del Observatorio de la Deuda Social de la UCA -que abarca a 5700 hogares-, a más de 3,5 millones de hogares de la Argentina no les llegan los ingresos que sus habitantes consideran necesarios para cubrir los consumos que les son (o eran) habituales. Se trata del 34,1% de las familias, en tanto que solamente un 15,3% dijo tener capacidad de ahorro.
En esos índices, que reflejan una suerte de «pobreza subjetiva» (es decir, no medida con el valor de una canasta fija, sino en función de consumos básicos, pero también de los que una familia considera necesarios), parece haber repercutido la inflación: mientras los datos citados corresponden al relevamiento hecho en 2012, en 2011 los que consideraban no tener ingresos suficientes habían sido menos: 31,1 por ciento.
«¿Qué nos pasó? Que hicimos trizas las instituciones», concluyó el economista Orlando Ferreres, tras mostrar indicadores que ubican al país mejor que hace una década pero peor que tiempo atrás. Por caso, tomó el índice de desempleo de 9,1% -estimado por la UCA-, que es superior al promedio histórico que tenía la Argentina hasta antes de mediados de los 90. «No hay incentivos para la inversión, la inflación es de las más altas del mundo y muchos de los ahorros fueron al exterior», analizó.
«La inflación va absolutamente en contra del espíritu empresario», dijo por su parte Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), tras afirmar que se necesita un Estado «que asegure el cumplimiento de la ley y que provea educación de calidad».
El diputado por la Coalición Cívica y precandidato a senador Alfonso Prat Gay señaló: «Si podemos producir alimentos para 400 millones de personas y dejamos afuera a 12 millones [de quienes viven en el país], el problema deja de ser económico y es político».
Más allá del planteo de las condiciones necesarias para aportar empleos, en la jornada se escucharon autocríticas. «No hemos actuado siempre como contrapeso del poder político y si somos débiles las políticas públicas serán débiles», dijo Alejandro Preusche, presidente del encuentro, que se abrió con frases del papa Francisco válidas para la dirigencia: «El dinero tiene que servir, no gobernar», rezaba una de ellas.
Luis Bameule, presidente de Agritur San Luis, se convirtió ayer en el único empresario que contestó directamente a la acusación de la presidenta Cristina Kirchner por el aumento generalizado de precios.
«Si hay algo de lo que no tenemos la culpa los empresarios es de la inflación, porque no tenemos la máquina de emitir pesos. ¿En los 90 éramos buenos y ahora somos malos?», dijo en uno de los paneles.
Bameule cuestionó también el blanqueo de capitales. «Hay calidades de inversión. ¿Tienen la misma calidad los fondos que entran por el blanqueo que los que se han hecho pagando impuestos? No es la misma calidad una que la otra.».
