Foto: LA NACION
La justicia federal frenó los aumentos de la tarifa de gas en todo el país. Fue el epílogo de una sucesión de fallos contrarios al Gobierno que dispusieron jueces de diversas provincias en las últimas semanas y complicaron la aplicación de las subas de hasta el 400 por ciento para hogares y de 500 por ciento para comercios, hoteles y pymes.
Con su decisión, los magistrados le pusieron más presión a la Corte Suprema, que debería tratar la semana próxima un pedido de per saltum (consiste en saltear todas las instancias judiciales previas) hecho por el Gobierno para resolver las disputas. La administración de Mauricio Macri confía en que la Corte le allane el camino.
El lunes próximo, el Gobierno presentará un recurso extraordinario ante la Cámara Federal de La Plata, que dispuso la anulación del incremento en las tarifas. Si no lo acepta, irá a la Corte con un recurso en queja que podría suspender la medida. Y espera ganar la pelea en los tribunales, a más tardar el martes próximo, día en que habitualmente el máximo tribunal da a conocer sus acordadas.
Las empresas que prestan el servicio, como Metrogas y Gas Natural Fenosa, no habían recibido hasta ayer por la tarde ninguna notificación, por lo que no tenían previsto modificar su conducta respecto del cobro y la facturación del servicio. Si la suspensión quedara firme, los usuarios deberían recibir reintegros y facturas con valores más bajos a partir del próximo período.
Pero todo eso dependerá de qué decisión final tome la Corte, por lo que deberán esperar para tener una confirmación con respecto a cuánto cuesta el servicio de gas en la Argentina.
«Estamos analizando los alcances del fallo y, en cualquier caso, como hemos hecho en todos los amparos, daremos todos los pasos procesales necesarios para defender las medidas tarifarias que hemos dictado y que están plenamente basadas en los marcos legales de cada uno de los servicios públicos involucrados», informó el Ministerio de Energía y Minería en un comunicado.
Ayer por la tarde, la sala II de la Cámara Federal de La Plata dispuso la anulación de las resoluciones del Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, que establecían nuevas tarifas para el gas. Lo hizo en respuesta a un reclamo del «Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad», que pedía, entre otras cosas, la realización de audiencias públicas antes de aplicar los aumentos. Mariano Lovelli es el titular de la entidad. En su cuenta de Twitter se define como «militante del proyecto nacional y popular», referencia habitual entre los propios para el kirchnerismo.
El Gobierno sostiene que las audiencias públicas que estipula la ley de gas fueron realizados durante la presidencia de Néstor Kirchner, que puso en marcha los procedimientos para ajustar las tarifas, entre los años 2004 y 2005, pero no los completó.
Ayer hubo una protesta frente a la sede de Gas Natural Fenosa en Morón. Foto: Twitter
Negativa judicial
La Cámara rechazó ese argumento. El juez César Alvarez, uno de sus integrantes, sostuvo que esa afirmación «no resiste análisis como justificativo de la ausencia de celebración de Audiencia Pública previo al dictado» de las resoluciones que dispusieron los aumentos. Más aún: le recomendó al Gobierno convocar a esas reuniones para garantizar los derechos de los usuarios del servicio público de gas natural.
El juez Leopoldo Schiffrin se sumó a los argumento de Alvarez, pero cuestionó también que las nuevas tarifas «se integran con sumas destinadas» a que el Estado financie «acuerdos de precios a los que llegó con las compañías de producción y de transporte de gas».
Schiffrin explicó su decisión a LA NACION: «Mi voto fue a favor de anular los aumentos en el servicio del gas, como lo hice cuando me tocó resolver el mismo tema durante el gobierno de Cristina Kirchner. Aquello terminó en la Corte Suprema, que falló a favor del Gobierno y anuló todos los fallos que eran favorables a los consumidores. Pero finalmente el anterior Gobierno no se animó a aplicar el incremento. Ahora, porque cambie el Gobierno, yo no voy a cambiar mi opinión».
«En la resolución se advierte que falta el trámite legal, el llamado a convocatoria de consumidores para que puedan discutir el tema (esta previsto por la ley de consumidor). También se tuvo en cuenta los aumentos exorbitantes que se dieron. Estos aumentos no son aumentos de tarifa. Es una cuestión muy técnica, pero estudiando el mecanismo que se usa, en realidad, a lo que llaman tarifas son cargos. Es decir lo que el Gobierno subsidiaba a las empresas de producción y distribución de gas ahora traslada el subsidio a los propios usuarios, sin ninguna consideración numérica. Tanto es así que no sabemos cuál es el compromiso que asumió el Gobierno con las grandes distribuidoras y productoras de gas», completó.
La decisión sorprendió a todo el sector gasífero. El equipo del ministro de Energía, Juan José Aranguren, analizó el fallo durante varias horas ayer por la tarde. Hasta primeras horas de la noche no quisieron arriesgar comentarios sobre la decisión de la Justicia.
El Gobierno dispuso fuertes aumentos en el gas a partir del 1° de abril. Las subas promedio rondaron el 300% en todo el país, pero en algunos casos los incrementos en las facturas superaron el 1500%, si bien las estimaciones varían según las fuentes. Esos aumentos despertaron protestas de varios sectores liderados por intendentes, gobernadores y asociaciones de consumidores, que presentaron recursos de amparo en tribunales de todo el país.
La efervescencia de los usuarios condujo a que el Gobierno le pusiera un tope de 400% a las subas. Además, dispuso una amplia tarifa social que fue solicitada por unos tres millones de personas. Esa decisión, sin embargo, no logró calmar las protestas, que continuaron manifestándose en la Justicia y en la calle.
La justicia federal frenó los aumentos de la tarifa de gas en todo el país. Fue el epílogo de una sucesión de fallos contrarios al Gobierno que dispusieron jueces de diversas provincias en las últimas semanas y complicaron la aplicación de las subas de hasta el 400 por ciento para hogares y de 500 por ciento para comercios, hoteles y pymes.
Con su decisión, los magistrados le pusieron más presión a la Corte Suprema, que debería tratar la semana próxima un pedido de per saltum (consiste en saltear todas las instancias judiciales previas) hecho por el Gobierno para resolver las disputas. La administración de Mauricio Macri confía en que la Corte le allane el camino.
El lunes próximo, el Gobierno presentará un recurso extraordinario ante la Cámara Federal de La Plata, que dispuso la anulación del incremento en las tarifas. Si no lo acepta, irá a la Corte con un recurso en queja que podría suspender la medida. Y espera ganar la pelea en los tribunales, a más tardar el martes próximo, día en que habitualmente el máximo tribunal da a conocer sus acordadas.
Las empresas que prestan el servicio, como Metrogas y Gas Natural Fenosa, no habían recibido hasta ayer por la tarde ninguna notificación, por lo que no tenían previsto modificar su conducta respecto del cobro y la facturación del servicio. Si la suspensión quedara firme, los usuarios deberían recibir reintegros y facturas con valores más bajos a partir del próximo período.
Pero todo eso dependerá de qué decisión final tome la Corte, por lo que deberán esperar para tener una confirmación con respecto a cuánto cuesta el servicio de gas en la Argentina.
«Estamos analizando los alcances del fallo y, en cualquier caso, como hemos hecho en todos los amparos, daremos todos los pasos procesales necesarios para defender las medidas tarifarias que hemos dictado y que están plenamente basadas en los marcos legales de cada uno de los servicios públicos involucrados», informó el Ministerio de Energía y Minería en un comunicado.
Ayer por la tarde, la sala II de la Cámara Federal de La Plata dispuso la anulación de las resoluciones del Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, que establecían nuevas tarifas para el gas. Lo hizo en respuesta a un reclamo del «Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad», que pedía, entre otras cosas, la realización de audiencias públicas antes de aplicar los aumentos. Mariano Lovelli es el titular de la entidad. En su cuenta de Twitter se define como «militante del proyecto nacional y popular», referencia habitual entre los propios para el kirchnerismo.
El Gobierno sostiene que las audiencias públicas que estipula la ley de gas fueron realizados durante la presidencia de Néstor Kirchner, que puso en marcha los procedimientos para ajustar las tarifas, entre los años 2004 y 2005, pero no los completó.
Ayer hubo una protesta frente a la sede de Gas Natural Fenosa en Morón. Foto: Twitter
Negativa judicial
La Cámara rechazó ese argumento. El juez César Alvarez, uno de sus integrantes, sostuvo que esa afirmación «no resiste análisis como justificativo de la ausencia de celebración de Audiencia Pública previo al dictado» de las resoluciones que dispusieron los aumentos. Más aún: le recomendó al Gobierno convocar a esas reuniones para garantizar los derechos de los usuarios del servicio público de gas natural.
El juez Leopoldo Schiffrin se sumó a los argumento de Alvarez, pero cuestionó también que las nuevas tarifas «se integran con sumas destinadas» a que el Estado financie «acuerdos de precios a los que llegó con las compañías de producción y de transporte de gas».
Schiffrin explicó su decisión a LA NACION: «Mi voto fue a favor de anular los aumentos en el servicio del gas, como lo hice cuando me tocó resolver el mismo tema durante el gobierno de Cristina Kirchner. Aquello terminó en la Corte Suprema, que falló a favor del Gobierno y anuló todos los fallos que eran favorables a los consumidores. Pero finalmente el anterior Gobierno no se animó a aplicar el incremento. Ahora, porque cambie el Gobierno, yo no voy a cambiar mi opinión».
«En la resolución se advierte que falta el trámite legal, el llamado a convocatoria de consumidores para que puedan discutir el tema (esta previsto por la ley de consumidor). También se tuvo en cuenta los aumentos exorbitantes que se dieron. Estos aumentos no son aumentos de tarifa. Es una cuestión muy técnica, pero estudiando el mecanismo que se usa, en realidad, a lo que llaman tarifas son cargos. Es decir lo que el Gobierno subsidiaba a las empresas de producción y distribución de gas ahora traslada el subsidio a los propios usuarios, sin ninguna consideración numérica. Tanto es así que no sabemos cuál es el compromiso que asumió el Gobierno con las grandes distribuidoras y productoras de gas», completó.
La decisión sorprendió a todo el sector gasífero. El equipo del ministro de Energía, Juan José Aranguren, analizó el fallo durante varias horas ayer por la tarde. Hasta primeras horas de la noche no quisieron arriesgar comentarios sobre la decisión de la Justicia.
El Gobierno dispuso fuertes aumentos en el gas a partir del 1° de abril. Las subas promedio rondaron el 300% en todo el país, pero en algunos casos los incrementos en las facturas superaron el 1500%, si bien las estimaciones varían según las fuentes. Esos aumentos despertaron protestas de varios sectores liderados por intendentes, gobernadores y asociaciones de consumidores, que presentaron recursos de amparo en tribunales de todo el país.
La efervescencia de los usuarios condujo a que el Gobierno le pusiera un tope de 400% a las subas. Además, dispuso una amplia tarifa social que fue solicitada por unos tres millones de personas. Esa decisión, sin embargo, no logró calmar las protestas, que continuaron manifestándose en la Justicia y en la calle.
