La interna agita una especie de mani pulite criollo orientado contra el kirchnerismo, que a la vez funciona como exhibición de fuerza para el propio macrismo.
Tanto en el rubro de la justicia como en los demás ministerios, la estrategia de Mauricio Macri se resume en repartir el poder entre dos grupos, sin tomar partido del todo o de forma definitiva. Así, el presidente se garantiza doble mirada sobre cada tema. La contra de ese recurso es que acelera el desgaste entre funcionarios, sobre todo en un contexto de ajuste y cierta inestabilidad.
Por esa vía, el área de economía se convirtió en una interna a cielo abierto, que va desde el ministro Alfonso Prat Gay hasta el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, pasando por Carlos Melconian.
Ese tipo de competencias entre funcionarios se puede volver un festín noticioso para los periodistas, a costa de la estabilidad de los ministros o del propio gobierno. La experiencia de la Alianza, con los sucesivos choques entre sushis, radicales clásicos, frepasistas y aliados outsideres, marca un precedente que acecha al macrismo. Y si bien las condiciones socio-económicas no son equivalentes, hay un aire de similitudes que empiezan a ser agitado desde el peronismo y los gremios.
Sin un gran poder de influencia sobre Comodoro Py, el gobierno presenta su debilidad como virtud. “No operamos sobre la justicia”, afirman desde Casa Rosada. La interlocución macrista con los jueces federales está repartida entre varios dirigentes, y existen al menos dos miradas respecto al funcionamiento de Py.
En un rincón se ubica Garavano, en yunta inorgánica con los Newman boys, encabezados por José Torello, uno de los mejores amigos y ex compañero del colegio de Macri. El grupo lo completan Pablo Clusellas, el reemplazo de Carlos Zannini en la secretaría Legal y Técnica; Mauricio Devoto, ex Escribano General de la Ciudad y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. La aliada táctica de este grupo es Elisa Carrió, quien bombardea diariamente y tilda de monje negro al Tano Angelici.
Al concentrar el monopolio de la investigación sobre el poder político, los doce jueces de Comodoro Py manejan una cuota importante del poder. En realidad constituyen una parte del poder. De los doce, cuatro entraron en los primeros tiempos del menemismo (Oyarbide, Claudio Bonadío, Rodolfo Canicoba Corral y María Romilda Servini de Cubría ); uno durante La Alianza (Sergio Torres); tres fueron designados en 2004, con Néstor Kirchner recién asumido (Daniel Rafecas, Julián Ercolini, Ariel Lijo); y los otros cuatro ascendieron a jueces durante la primera presidencia de Cristina Kirchner (Luis Rodríguez, Marcelo Martínez De Giorgi, Sebastián Casanello y Sebastián Ramos).
Garavano cree que es hora de un recambio en la justicia. El ministro macrista pretende recortar facultades a los jueces y marchar hacia un régimen acusatorio, en el que los fiscales (y ya no los jueces) realicen la acusación durante todo el proceso.
El intento es muy similar al que promovió en 2004 Gustavo Béliz, el primer ministro de Justicia de Néstor Kirchner. A Béliz se le opusieron los jueces federales y un por entonces desconocido operador de los servicios de inteligencia: Jaime Stiuso. Béliz perdió la pulseada por paliza, y desde 2004 la banda liderada por Stiuso (con el ex integrante de la Auditoría General de la Nación, Javier Fernández, como principal aliado) se consolidó como mediadora en las sombras entre el Poder Ejecutivo y los jueces federales.
Durante años, el kirchnerismo tercerizó en ese grupo el rol de la interlocución. Hasta que Cristina Kirchner sospechó traiciones múltiples y echó a todos, empezando por Stiuso. Ahora, el stiusismo merodea la ex SIDE, Comodoro Py y otros escenarios informales de la política. Con guiños internos en las filas del PRO, empieza a volver al poder por goteo, y está a un golpe de teléfono de reconstruir el viejo statu quo.
Garavano, por su parte, ya tuvo que hacer una concesión al sistema: postergar la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que fue resistido por gran parte de los jueces. Y otro militante de su grupo, el abogado Fabián Rodríguez Simón, tuvo que dar marcha atrás con su creación más excéntrica: el nombramiento por decreto de los dos jueces de la Corte Suprema.
Desde el bando de Angelici ven a los proyectos de sus rivales como experimentos demasiado teóricos, abstractos y alejados del realismo crudo al que obliga el cruce entre la justicia y la política.
Así, el intento de mani pulite argentino también funciona como una muestra de poder hacia el macrismo: un desfile militar como los que se realizan en Corea del Norte. Porque si bien la pose natural del Poder Judicial es ser oficialista, también puede mostrar los dientes si se siente amenazado.
Tanto en el rubro de la justicia como en los demás ministerios, la estrategia de Mauricio Macri se resume en repartir el poder entre dos grupos, sin tomar partido del todo o de forma definitiva. Así, el presidente se garantiza doble mirada sobre cada tema. La contra de ese recurso es que acelera el desgaste entre funcionarios, sobre todo en un contexto de ajuste y cierta inestabilidad.
Por esa vía, el área de economía se convirtió en una interna a cielo abierto, que va desde el ministro Alfonso Prat Gay hasta el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, pasando por Carlos Melconian.
Ese tipo de competencias entre funcionarios se puede volver un festín noticioso para los periodistas, a costa de la estabilidad de los ministros o del propio gobierno. La experiencia de la Alianza, con los sucesivos choques entre sushis, radicales clásicos, frepasistas y aliados outsideres, marca un precedente que acecha al macrismo. Y si bien las condiciones socio-económicas no son equivalentes, hay un aire de similitudes que empiezan a ser agitado desde el peronismo y los gremios.
Sin un gran poder de influencia sobre Comodoro Py, el gobierno presenta su debilidad como virtud. “No operamos sobre la justicia”, afirman desde Casa Rosada. La interlocución macrista con los jueces federales está repartida entre varios dirigentes, y existen al menos dos miradas respecto al funcionamiento de Py.
En un rincón se ubica Garavano, en yunta inorgánica con los Newman boys, encabezados por José Torello, uno de los mejores amigos y ex compañero del colegio de Macri. El grupo lo completan Pablo Clusellas, el reemplazo de Carlos Zannini en la secretaría Legal y Técnica; Mauricio Devoto, ex Escribano General de la Ciudad y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. La aliada táctica de este grupo es Elisa Carrió, quien bombardea diariamente y tilda de monje negro al Tano Angelici.
Al concentrar el monopolio de la investigación sobre el poder político, los doce jueces de Comodoro Py manejan una cuota importante del poder. En realidad constituyen una parte del poder. De los doce, cuatro entraron en los primeros tiempos del menemismo (Oyarbide, Claudio Bonadío, Rodolfo Canicoba Corral y María Romilda Servini de Cubría ); uno durante La Alianza (Sergio Torres); tres fueron designados en 2004, con Néstor Kirchner recién asumido (Daniel Rafecas, Julián Ercolini, Ariel Lijo); y los otros cuatro ascendieron a jueces durante la primera presidencia de Cristina Kirchner (Luis Rodríguez, Marcelo Martínez De Giorgi, Sebastián Casanello y Sebastián Ramos).
Garavano cree que es hora de un recambio en la justicia. El ministro macrista pretende recortar facultades a los jueces y marchar hacia un régimen acusatorio, en el que los fiscales (y ya no los jueces) realicen la acusación durante todo el proceso.
El intento es muy similar al que promovió en 2004 Gustavo Béliz, el primer ministro de Justicia de Néstor Kirchner. A Béliz se le opusieron los jueces federales y un por entonces desconocido operador de los servicios de inteligencia: Jaime Stiuso. Béliz perdió la pulseada por paliza, y desde 2004 la banda liderada por Stiuso (con el ex integrante de la Auditoría General de la Nación, Javier Fernández, como principal aliado) se consolidó como mediadora en las sombras entre el Poder Ejecutivo y los jueces federales.
Durante años, el kirchnerismo tercerizó en ese grupo el rol de la interlocución. Hasta que Cristina Kirchner sospechó traiciones múltiples y echó a todos, empezando por Stiuso. Ahora, el stiusismo merodea la ex SIDE, Comodoro Py y otros escenarios informales de la política. Con guiños internos en las filas del PRO, empieza a volver al poder por goteo, y está a un golpe de teléfono de reconstruir el viejo statu quo.
Garavano, por su parte, ya tuvo que hacer una concesión al sistema: postergar la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que fue resistido por gran parte de los jueces. Y otro militante de su grupo, el abogado Fabián Rodríguez Simón, tuvo que dar marcha atrás con su creación más excéntrica: el nombramiento por decreto de los dos jueces de la Corte Suprema.
Desde el bando de Angelici ven a los proyectos de sus rivales como experimentos demasiado teóricos, abstractos y alejados del realismo crudo al que obliga el cruce entre la justicia y la política.
Así, el intento de mani pulite argentino también funciona como una muestra de poder hacia el macrismo: un desfile militar como los que se realizan en Corea del Norte. Porque si bien la pose natural del Poder Judicial es ser oficialista, también puede mostrar los dientes si se siente amenazado.
