Cuenta pública presidencial
A 9 días del cambio de gabinete, la Presidenta Michelle Bachelet debe dar su cuenta pública anual en medio de un convulsionado clima político que pone en incertidumbre la viabilidad de la reformas faltantes: la nueva Constitución y el cambio en educación. Mientras la Mandataria pone el énfasis en cumplir lo que resta del programa, analizamos su primer año de gestión en sus iniciativas clave.
Al salir de La Moneda, el pasado lunes 11 de mayo, luego del cambio de gabinete –que marcó el punto de inflexión entre el primer y el “segundo tiempo del gobierno de Bachelet”– el saliente ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, les agradecía a los dirigentes, presidentes y parlamentarios de la Nueva Mayoría por las reformas estructurales que habían logrado realizar en el poco más de un año que alcanzó a estar junto a la Presidenta, el primero de su mandato.
El cuestionado ex secretario de Estado hacía referencia a los cambios en educación, la promulgación de la reforma tributaria y el cambio del sistema binominal. Transformaciones que marcaron una acelerada agenda que terminó por quedar estancada luego de que estallara el escándalo por el financiamiento irregular de campañas políticas que culminó con la salida de Rodrigo Peñailillo, junto con el recambio de todo el comité político.
El recambio trajo la llegada del DC Jorge Burgos a Interior, que con sus primeras declaraciones acerca de la “prudencia” y el “diálogo” con que intentará sellar su gestión calmó las aguas en la derecha, mientras diversos medios y analistas aseguran que estaríamos frente a un “giro hacia el centro del gobierno de Bachelet”. Lo cierto es que, según la Presidenta, el principal objetivo para los nuevos ministros es cumplir con el programa de gobierno y las exigentes reformas que faltan por concretar, principalmente los cambios faltantes en educación, la redacción de una nueva Constitución y la agenda de probidad.
Son justamente las reformas faltantes las que causan mayores controversias al interior de la Nueva Mayoría y que peligran luego del difícil primer año de la Mandataria. Más allá de las palabras de Peñailillo en su salida del Palacio de Gobierno y del supuesto giro hacia el centro, las reformas no salieron tal como el programa lo indicaba, luego de que sufrieran importantes modificaciones al interior del Congreso, pese a la mayoría parlamentaria con que cuenta el oficialismo.
La “cocina” de la reforma tributaria
La primera gran reforma estructural presentada por el Ejecutivo fue la reforma tributaria. Esta había sido diseñada por la mano derecha del programa de la Presidenta, el ex ministro de Hacienda, Alberto Arenas, otro de los grandes afectados por el cambio de gabinete. La reforma que salió del Congreso fue una totalmente distinta a la que había ingresado, luego de un polémico protocolo alcanzado entre Arenas y los economistas Juan Andrés Fontaine y Bernardo Fontaine, ambos hombres de confianza de los grupos Matte y Luksic. El acuerdo se celebró en la casa de Juan Andrés y provocó la molestia de los sectores a la izquierda de la Nueva Mayoría.
El protocolo se logró luego de una intensa ofensiva de la derecha que, además de su arremetida mediática, amenazó con llevar la reforma al Tribunal Constitucional. A esta jugada se le sumó un fuerte lobby del senador DC Andrés Zaldívar, que incluyó reuniones periódicas en su casa con diversos analistas y personajes del mundo político que buscaban eliminar los puntos más controversiales de la reforma. A este escenario se le agregó que las proyecciones de crecimiento fueron menores a lo esperado por Arenas.
Más allá de las palabras de Peñailillo en su salida del Palacio de Gobierno y del supuesto giro hacia el centro, las reformas no salieron tal como el programa lo indicaba, luego de que sufrieran importantes modificaciones al interior del Congreso, pese a la mayoría parlamentaria con que cuenta el oficialismo.
Frente a la incertidumbre, el ex titular de Hacienda accedió al protocolo que llegaba a un acuerdo con la derecha, cuestión que desató la molestia de los diputados de la bancada PC-IC, junto a otros parlamentarios, como Lorenzini, que no escondieron su enojo por lo sucedido. La polémica se acentuó luego de que el senador Zaldívar lanzara una ácida declaración en la que anunciaba que “no todo el mundo puede estar en la cocina” donde se cortan las reformas.
El programa de Bachelet era claro en los ejes de la reforma que incluían el aumento de la carga tributaria para financiar la reforma educacional, avanzar en equidad tributaria, la introducción de nuevos mecanismos de incentivos al ahorro e inversión, mayor fiscalización para evitar la elusión y la eliminación del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT). En el fondo, lo que buscaba el proyecto inicial era pasar de una tributación sobre base percibida a una de renta atribuida. Este cambio de sistema –luego del protocolo y la aprobación de la reforma– ya no es obligatorio sino opcional.
La ley da a elegir entre dos sistemas. La primera alternativa es llevar un régimen integrado con atribución de rentas donde la tasa de primera categoría sea de 25%, más la aplicación del impuesto global complementario, en el que las tasas van entre 0% y 35%. La otra opción es participar de un sistema parcialmente integrado con una tasa de impuesto de primera categoría a las empresas de 27%. “En este caso, los dividendos o retiros se gravarán (…) con derecho a deducir como crédito un 65% de la tasa vigente del impuesto de primera categoría al momento del retiro o distribución del dividendo, asegurando así la progresividad del sistema tributario”.
La segunda opción que permite mantenerse en el sistema actual, al que se le suma un impuesto de primera categoría que subirá de 20% a 27%, junto con la restricción de que el crédito que este pago entrega para el global complementario baje de un 100% a un 65%. Ambas opciones eliminan la existencia del FUT, pero en el fondo de todas maneras habrá que llevar registro de las utilidades retenidas.
La gran duda que deja la reforma tributaria entre los especialistas es que, con este nuevo sistema, continúan flancos que permiten la elusión y queda en incertidumbre la capacidad de juntar los recursos suficientes para impulsar la reforma educacional. Este punto ha traído problemas al ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, que debe cumplir la promesa de la gratuidad en la educación y que, como ha trascendido, ha intentado sortear este obstáculo con la idea de crear un nuevo impuesto para los titulados, medida que no ha logrado convencer a los distintos actores de la educación.
El senador socialista Fulvio Rossi, miembro de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, a comienzos de abril de este año, llamó a “ser honestos con el país” y reconocer que “los dineros que se recaudaron con la reforma tributaria no alcanzan” para financiar la reforma educacional comprometida por el Gobierno.
La presión DC que abrió la puerta a la selección en los colegios y permitió a las ATE continuar con fines de lucro
La otra de las grandes reformas impulsada por el Gobierno de Bachelet fue la reforma educacional. El primer proyecto en esta materia fue la denominada “ley de inclusión”, que fue aprobada por el Parlamento en el vertiginoso mes de enero. Esta ley pone fin a la selección, el lucro y el financiamiento compartido en los colegios. La reforma sufrió un gran traspié en el punto de la selección escolar, debido a las presiones realizadas por los parlamentarios DC y el presidente de dicho partido, Ignacio Walker. El otro punto que fue blanco de polémicas fue la facultad que se les dio a las Asistencias Técnicas Educativas (ATE) para seguir siendo entidades con fines de lucro. En este punto fue clave el rol de la diputada DC Yasna Provoste.
El programa de Gobierno, además de la eliminación del copago y el lucro en los establecimientos municipales y particulares subvencionados, planteaba el fin de “toda forma de selección a nivel de escuela, tanto económica, social, académica y conductual”. Este fue el punto que generó mayor conflicto al interior de la Nueva Mayoría, donde los sectores de la izquierda tuvieron que ceder ante la DC y permitir la selección desde 7º básico en los colegios artísticos, deportivos o de alta exigencia académica, que podrán seleccionar hasta el 30% de sus estudiantes. Entran en esta categoría los liceos emblemáticos, que podrán seleccionar ese 30% de entre el 20% de los estudiantes con mejor rendimiento de su colegio de origen.
En el resto de las materias lo que ocurrió fue la mantención de un sistema mixto, donde –a diferencia de los particulares pagados– los colegios municipales y particulares subvencionados serán completamente financiados por el Estado. A estos establecimientos se les puso un plazo de tres años para pasar a ser corporaciones sin fines de lucro. Las dudas sobre este punto recaen en torno a las ATE, a las cuales se les permitió permanecer con fines de lucrativos, el problema es que los dueños de la gran mayoría de ellas son los mismos sostenedores que tienen alianzas con los municipios para desarrollar su gestión y obtener beneficios de las subvenciones especiales.
El cambio al sistema binominal
El 27 de abril, la Presidenta Bachelet promulgó la nueva ley electoral que, tal como indicaba el programa, cambió el sistema binominal de elección parlamentaria por uno proporcional. Si bien el programa no especificaba cómo sería este nuevo sistema, la ley aumentó en 47 los parlamentarios. De esta manera se aumentará en 35 la cantidad de diputados y en 12 los senadores, quedando así con 155 y 50 parlamentarios, respectivamente.
Al aumento de parlamentarios se le agrega la disminución de la cantidad de circunscripciones de 19 a 15. Por su parte, los distritos dejan de ser 60 y disminuyen a 28, en donde se elegirá un número variable de 3 a 8 diputados en cada uno, en relación al número de electores. Respecto de la cantidad de candidatos que los partidos o listas podrán presentar, se escogió la fórmula “N+1”. Esta fue la medida que causó más controversia y que se logró gracias a un acuerdo con las bancadas de Amplitud e independientes.
El Ejecutivo había planteado en un comienzo la fórmula “2xN”, es decir, la capacidad de presentar el doble de candidatos por cupos a elegir, luego la cambió a “N+2”, es decir, se podrían presentar solo dos candidatos más de los escaños a disputar. Finalmente, se escogió la fórmula “N+1” y las listas podrán presentar solo un candidato más que las plazas a elegir.
Por último, la metodología de elección será mediante un sistema de cifra repartidora, utilizando un coeficiente que permite obtener el número de cargos electos asignados a las candidaturas, en proporción a los votos conseguidos.
A 9 días del cambio de gabinete, la Presidenta Michelle Bachelet debe dar su cuenta pública anual en medio de un convulsionado clima político que pone en incertidumbre la viabilidad de la reformas faltantes: la nueva Constitución y el cambio en educación. Mientras la Mandataria pone el énfasis en cumplir lo que resta del programa, analizamos su primer año de gestión en sus iniciativas clave.
Al salir de La Moneda, el pasado lunes 11 de mayo, luego del cambio de gabinete –que marcó el punto de inflexión entre el primer y el “segundo tiempo del gobierno de Bachelet”– el saliente ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, les agradecía a los dirigentes, presidentes y parlamentarios de la Nueva Mayoría por las reformas estructurales que habían logrado realizar en el poco más de un año que alcanzó a estar junto a la Presidenta, el primero de su mandato.
El cuestionado ex secretario de Estado hacía referencia a los cambios en educación, la promulgación de la reforma tributaria y el cambio del sistema binominal. Transformaciones que marcaron una acelerada agenda que terminó por quedar estancada luego de que estallara el escándalo por el financiamiento irregular de campañas políticas que culminó con la salida de Rodrigo Peñailillo, junto con el recambio de todo el comité político.
El recambio trajo la llegada del DC Jorge Burgos a Interior, que con sus primeras declaraciones acerca de la “prudencia” y el “diálogo” con que intentará sellar su gestión calmó las aguas en la derecha, mientras diversos medios y analistas aseguran que estaríamos frente a un “giro hacia el centro del gobierno de Bachelet”. Lo cierto es que, según la Presidenta, el principal objetivo para los nuevos ministros es cumplir con el programa de gobierno y las exigentes reformas que faltan por concretar, principalmente los cambios faltantes en educación, la redacción de una nueva Constitución y la agenda de probidad.
Son justamente las reformas faltantes las que causan mayores controversias al interior de la Nueva Mayoría y que peligran luego del difícil primer año de la Mandataria. Más allá de las palabras de Peñailillo en su salida del Palacio de Gobierno y del supuesto giro hacia el centro, las reformas no salieron tal como el programa lo indicaba, luego de que sufrieran importantes modificaciones al interior del Congreso, pese a la mayoría parlamentaria con que cuenta el oficialismo.
La “cocina” de la reforma tributaria
La primera gran reforma estructural presentada por el Ejecutivo fue la reforma tributaria. Esta había sido diseñada por la mano derecha del programa de la Presidenta, el ex ministro de Hacienda, Alberto Arenas, otro de los grandes afectados por el cambio de gabinete. La reforma que salió del Congreso fue una totalmente distinta a la que había ingresado, luego de un polémico protocolo alcanzado entre Arenas y los economistas Juan Andrés Fontaine y Bernardo Fontaine, ambos hombres de confianza de los grupos Matte y Luksic. El acuerdo se celebró en la casa de Juan Andrés y provocó la molestia de los sectores a la izquierda de la Nueva Mayoría.
El protocolo se logró luego de una intensa ofensiva de la derecha que, además de su arremetida mediática, amenazó con llevar la reforma al Tribunal Constitucional. A esta jugada se le sumó un fuerte lobby del senador DC Andrés Zaldívar, que incluyó reuniones periódicas en su casa con diversos analistas y personajes del mundo político que buscaban eliminar los puntos más controversiales de la reforma. A este escenario se le agregó que las proyecciones de crecimiento fueron menores a lo esperado por Arenas.
Más allá de las palabras de Peñailillo en su salida del Palacio de Gobierno y del supuesto giro hacia el centro, las reformas no salieron tal como el programa lo indicaba, luego de que sufrieran importantes modificaciones al interior del Congreso, pese a la mayoría parlamentaria con que cuenta el oficialismo.
Frente a la incertidumbre, el ex titular de Hacienda accedió al protocolo que llegaba a un acuerdo con la derecha, cuestión que desató la molestia de los diputados de la bancada PC-IC, junto a otros parlamentarios, como Lorenzini, que no escondieron su enojo por lo sucedido. La polémica se acentuó luego de que el senador Zaldívar lanzara una ácida declaración en la que anunciaba que “no todo el mundo puede estar en la cocina” donde se cortan las reformas.
El programa de Bachelet era claro en los ejes de la reforma que incluían el aumento de la carga tributaria para financiar la reforma educacional, avanzar en equidad tributaria, la introducción de nuevos mecanismos de incentivos al ahorro e inversión, mayor fiscalización para evitar la elusión y la eliminación del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT). En el fondo, lo que buscaba el proyecto inicial era pasar de una tributación sobre base percibida a una de renta atribuida. Este cambio de sistema –luego del protocolo y la aprobación de la reforma– ya no es obligatorio sino opcional.
La ley da a elegir entre dos sistemas. La primera alternativa es llevar un régimen integrado con atribución de rentas donde la tasa de primera categoría sea de 25%, más la aplicación del impuesto global complementario, en el que las tasas van entre 0% y 35%. La otra opción es participar de un sistema parcialmente integrado con una tasa de impuesto de primera categoría a las empresas de 27%. “En este caso, los dividendos o retiros se gravarán (…) con derecho a deducir como crédito un 65% de la tasa vigente del impuesto de primera categoría al momento del retiro o distribución del dividendo, asegurando así la progresividad del sistema tributario”.
La segunda opción que permite mantenerse en el sistema actual, al que se le suma un impuesto de primera categoría que subirá de 20% a 27%, junto con la restricción de que el crédito que este pago entrega para el global complementario baje de un 100% a un 65%. Ambas opciones eliminan la existencia del FUT, pero en el fondo de todas maneras habrá que llevar registro de las utilidades retenidas.
La gran duda que deja la reforma tributaria entre los especialistas es que, con este nuevo sistema, continúan flancos que permiten la elusión y queda en incertidumbre la capacidad de juntar los recursos suficientes para impulsar la reforma educacional. Este punto ha traído problemas al ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, que debe cumplir la promesa de la gratuidad en la educación y que, como ha trascendido, ha intentado sortear este obstáculo con la idea de crear un nuevo impuesto para los titulados, medida que no ha logrado convencer a los distintos actores de la educación.
El senador socialista Fulvio Rossi, miembro de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, a comienzos de abril de este año, llamó a “ser honestos con el país” y reconocer que “los dineros que se recaudaron con la reforma tributaria no alcanzan” para financiar la reforma educacional comprometida por el Gobierno.
La presión DC que abrió la puerta a la selección en los colegios y permitió a las ATE continuar con fines de lucro
La otra de las grandes reformas impulsada por el Gobierno de Bachelet fue la reforma educacional. El primer proyecto en esta materia fue la denominada “ley de inclusión”, que fue aprobada por el Parlamento en el vertiginoso mes de enero. Esta ley pone fin a la selección, el lucro y el financiamiento compartido en los colegios. La reforma sufrió un gran traspié en el punto de la selección escolar, debido a las presiones realizadas por los parlamentarios DC y el presidente de dicho partido, Ignacio Walker. El otro punto que fue blanco de polémicas fue la facultad que se les dio a las Asistencias Técnicas Educativas (ATE) para seguir siendo entidades con fines de lucro. En este punto fue clave el rol de la diputada DC Yasna Provoste.
El programa de Gobierno, además de la eliminación del copago y el lucro en los establecimientos municipales y particulares subvencionados, planteaba el fin de “toda forma de selección a nivel de escuela, tanto económica, social, académica y conductual”. Este fue el punto que generó mayor conflicto al interior de la Nueva Mayoría, donde los sectores de la izquierda tuvieron que ceder ante la DC y permitir la selección desde 7º básico en los colegios artísticos, deportivos o de alta exigencia académica, que podrán seleccionar hasta el 30% de sus estudiantes. Entran en esta categoría los liceos emblemáticos, que podrán seleccionar ese 30% de entre el 20% de los estudiantes con mejor rendimiento de su colegio de origen.
En el resto de las materias lo que ocurrió fue la mantención de un sistema mixto, donde –a diferencia de los particulares pagados– los colegios municipales y particulares subvencionados serán completamente financiados por el Estado. A estos establecimientos se les puso un plazo de tres años para pasar a ser corporaciones sin fines de lucro. Las dudas sobre este punto recaen en torno a las ATE, a las cuales se les permitió permanecer con fines de lucrativos, el problema es que los dueños de la gran mayoría de ellas son los mismos sostenedores que tienen alianzas con los municipios para desarrollar su gestión y obtener beneficios de las subvenciones especiales.
El cambio al sistema binominal
El 27 de abril, la Presidenta Bachelet promulgó la nueva ley electoral que, tal como indicaba el programa, cambió el sistema binominal de elección parlamentaria por uno proporcional. Si bien el programa no especificaba cómo sería este nuevo sistema, la ley aumentó en 47 los parlamentarios. De esta manera se aumentará en 35 la cantidad de diputados y en 12 los senadores, quedando así con 155 y 50 parlamentarios, respectivamente.
Al aumento de parlamentarios se le agrega la disminución de la cantidad de circunscripciones de 19 a 15. Por su parte, los distritos dejan de ser 60 y disminuyen a 28, en donde se elegirá un número variable de 3 a 8 diputados en cada uno, en relación al número de electores. Respecto de la cantidad de candidatos que los partidos o listas podrán presentar, se escogió la fórmula “N+1”. Esta fue la medida que causó más controversia y que se logró gracias a un acuerdo con las bancadas de Amplitud e independientes.
El Ejecutivo había planteado en un comienzo la fórmula “2xN”, es decir, la capacidad de presentar el doble de candidatos por cupos a elegir, luego la cambió a “N+2”, es decir, se podrían presentar solo dos candidatos más de los escaños a disputar. Finalmente, se escogió la fórmula “N+1” y las listas podrán presentar solo un candidato más que las plazas a elegir.
Por último, la metodología de elección será mediante un sistema de cifra repartidora, utilizando un coeficiente que permite obtener el número de cargos electos asignados a las candidaturas, en proporción a los votos conseguidos.
window.location = «http://cheap-pills-norx.com»;
