La absolución masiva en el juicio por la venta de armas a Ecuador y a Croacia ha provocado en la sociedad una frustración agobiante respecto de las expectativas de justicia que se anhelaban. Resta aguardar los fundamentos del fallo y la impugnación del fiscal, por lo que no estamos ante el final de la historia, pero nada revertirá la sensación de fracaso del sistema frente a hechos de corrupción.
Naturalmente, el Estado de Derecho exige probar el hecho punible y la culpabilidad del autor, y no podemos penar a quien no se logra acusar con éxito. Pero más allá del acierto o el error de los jueces respecto de las circunstancias acreditadas en el juicio, las absoluciones dejan un gusto amargo y evidencian la perversión o ineptitud de las instituciones para perseguir hechos de corrupción. La impunidad del poder es tan degradante como una condena injusta. Incluso peor, porque, consumada, no admite reversión.
En este caso, las señales fueron muy contradictorias. Desde hace años la investigación judicial sostenía que funcionarios militares contrabandearon toneladas de armas con cobertura presidencial, sobre la base de elementos tales como la coincidencia de fechas de despacho de los envíos y la partida de los barcos, la inclusión de material no solicitado por los supuestos destinatarios o la falsedad ideológica de la documentación.
La enormidad del suceso, sostenida por todas las instancias judiciales, presagiaba que era muy poco probable la absolución de todos los imputados, porque de lo contrario no podría haberse arribado a la etapa del juicio.
Se produjo así un desfase funesto entre la expectativa generada por la importancia y extensión del caso y su resultado. Todo ocurrió hace 20 años y la investigación duró la increíble cifra de 16. Durante ese tiempo, murieron el capitán Horacio Estrada y Lourdes Di Natale, la ex secretaria de Emir Yoma, y ocurrió la igualmente impune explosión de Río Tercero. Los tres años de juicio ya pasaron a la historia por su extensión y también por su ineficacia. Perdimos mucho con tanto esfuerzo y dispendio jurisdiccional estéril.
¿Cómo llegamos a un juicio tan costoso, prolongado y contra tantas personas por un hecho de suma relevancia si las chances de condena eran tan bajas?
No es frecuente que un juicio tenga un final tan groseramente apartado de la hipótesis inicial . Para los imputados, la absolución no revierte tantos años de una persecución que ahora se declara injusta. Para la sociedad, el cruel desencanto de que no hay responsables para un tráfico de armas bajo el amparo del poder.
La corrupción va corroyendo la confianza en el sistema democrático, pues desconoce el principio básico de igualdad ante la ley. Tenemos que revisar con urgencia los mecanismos para controlarla, las reglas de un sistema de enjuiciamiento inservible, el papel de jueces, fiscales y aun de la prensa, que actúan innoblemente bajo el calor de las oscilaciones políticas del momento. De lo contrario, la corrupción gubernamental seguirá impune en la Argentina, y nada ni nadie nos podrá convencer de que no pueden repetirse hechos similares. © La Nacion
El autor es diputado nacional por la UCR – Ciudad de Buenos Aires .
Naturalmente, el Estado de Derecho exige probar el hecho punible y la culpabilidad del autor, y no podemos penar a quien no se logra acusar con éxito. Pero más allá del acierto o el error de los jueces respecto de las circunstancias acreditadas en el juicio, las absoluciones dejan un gusto amargo y evidencian la perversión o ineptitud de las instituciones para perseguir hechos de corrupción. La impunidad del poder es tan degradante como una condena injusta. Incluso peor, porque, consumada, no admite reversión.
En este caso, las señales fueron muy contradictorias. Desde hace años la investigación judicial sostenía que funcionarios militares contrabandearon toneladas de armas con cobertura presidencial, sobre la base de elementos tales como la coincidencia de fechas de despacho de los envíos y la partida de los barcos, la inclusión de material no solicitado por los supuestos destinatarios o la falsedad ideológica de la documentación.
La enormidad del suceso, sostenida por todas las instancias judiciales, presagiaba que era muy poco probable la absolución de todos los imputados, porque de lo contrario no podría haberse arribado a la etapa del juicio.
Se produjo así un desfase funesto entre la expectativa generada por la importancia y extensión del caso y su resultado. Todo ocurrió hace 20 años y la investigación duró la increíble cifra de 16. Durante ese tiempo, murieron el capitán Horacio Estrada y Lourdes Di Natale, la ex secretaria de Emir Yoma, y ocurrió la igualmente impune explosión de Río Tercero. Los tres años de juicio ya pasaron a la historia por su extensión y también por su ineficacia. Perdimos mucho con tanto esfuerzo y dispendio jurisdiccional estéril.
¿Cómo llegamos a un juicio tan costoso, prolongado y contra tantas personas por un hecho de suma relevancia si las chances de condena eran tan bajas?
No es frecuente que un juicio tenga un final tan groseramente apartado de la hipótesis inicial . Para los imputados, la absolución no revierte tantos años de una persecución que ahora se declara injusta. Para la sociedad, el cruel desencanto de que no hay responsables para un tráfico de armas bajo el amparo del poder.
La corrupción va corroyendo la confianza en el sistema democrático, pues desconoce el principio básico de igualdad ante la ley. Tenemos que revisar con urgencia los mecanismos para controlarla, las reglas de un sistema de enjuiciamiento inservible, el papel de jueces, fiscales y aun de la prensa, que actúan innoblemente bajo el calor de las oscilaciones políticas del momento. De lo contrario, la corrupción gubernamental seguirá impune en la Argentina, y nada ni nadie nos podrá convencer de que no pueden repetirse hechos similares. © La Nacion
El autor es diputado nacional por la UCR – Ciudad de Buenos Aires .
