La confirmación del Brexit recuerda que no estamos exentos de episodios de volatilidad en un mundo donde el nuevo peso de los nacionalismos en una economía global que crece poco y sin solución al problema de los refugiados, pone en juego el orden mundial de los últimos años.
Ahora bien, aún cuando en el corto plazo y en un mundo desarrollado muy endeudado, esto asegura que las tasas de interés “libres de riesgo” van a seguir siendo bajas y una vez acotado el episodio, la liquidez va a seguir estando disponible para un país como la Argentina que parte de bajísima deuda en el mercado, lo cierto es que el apalancamiento de la economía debería tener detrás un sendero consistente de la deuda que evite los tropiezos del pasado.
Esto es lo que estaba detrás de los números del programa de reducción gradual del déficit fiscal planteado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas unos meses atrás hasta llegar al equilibrio al final del mandato y es lo que entra en dudas como contrapartida de la definición de política de acotar los costos en términos de recesión y aceleración de la inflación asociados al intento de corregir en forma brusca los precios relativos (dólar y tarifas) al inicio de la gestión. Corrección, que puede discutirse en sus formas, pero que evidentemente era necesaria para devolver la rentabilidad a la exportación y a los sectores de servicios públicos –para generar un uso más racional de estos últimos además de contribuir a reducir la carga de los subsidios en el presupuesto–. Pero que en rigor derivó en una exacerbación de la puja distributiva y una aceleración de la inercia inflacionaria que amortiguó las mejoras buscadas. Lo cual es lógico, cuando la corrección de precios relativos no es otra cosa que un intento de recomponer la distribución del ingreso en una economía que se contrae.
Es que adicional a los costos fiscales asociados al intento de manejar la gobernabilidad luego del shock inflacionario observado desde noviembre pasado, se sumó en el último mes la decisión política de impactar sobre el ciclo y las expectativas en forma directa a través de dar respuesta en forma estructural a las demandas de los jubilados cuyos haberes habían sido licuados por la gestión anterior. Demandas que según los números que plantea ahora el Gobierno fueron judicializadas sólo en un 10% de los casos, de los cuales sólo una quinta parte tenía sentencia firme. No es que las demandas no sean válidas, son ciertamente justas, simplemente que la “licuación de los haberes” se usó durante la gestión anterior como mecanismo para financiar junto a la “recuperación” de los fondos que antes iban a las AFJPs, el aumento en la nómina de jubilados producto de las dos moratorias previsionales que resolvieron la foto de la cobertura previsional. Y cuya contrapartida fue una duplicación del número de jubilados y del gasto previsional que en porcentaje del PIB pasó de 5% en los 90 a un 10% en 2015.
Cuando sea aprobado por el Senado y considerando un ajuste de las jubilaciones (movilidad previsional) similar al crecimiento del PIB nominal, el proyecto agregaría en forma permanente 1% del PIB al gasto previsional, número que es muy bajo en 2016, sólo 0,3% del PIB y aumentaría en 2017 y 2018 a 1,2% y 1,6% del PIB teniendo en cuenta el pago de las deudas en cuotas y retroactivos. El proyecto incluye además el acuerdo para la devolución del 15% de la coparticipación en cuotas a las provincias y el financiamiento de las cajas provinciales que no fueron transferidas a la Nación en los 90, que el primer año agregaría 0,2% del PIB hasta llegar a casi 0,8% del PIB en 2020.
Es cierto que plantea un esquema de jubilación universal hacia adelante, más sostenible que el de la moratoria previsional y amortigua el impacto simultáneo de aumentar el gasto y reducir los ingresos, pero esta situación no tiene impacto rápido en las cuentas fiscales, si no se pone un tope a la movilidad (algo difícil de sostener) en tanto el financiamiento vía el blanqueo (probablemente muy exitoso), sólo es de una vez con impacto distribuido en 2016 y 2017.
De momento, las proyecciones fiscales para 2016 de un déficit en torno a 4,8% del PIB, lucen manejables, teniendo en cuenta el bajo impacto del cambio del esquema previsional el primer año, algún adicional fiscal del blanqueo y fundamentalmente una dinámica durante los primeros cuatro meses del año, en la que el gasto público creció poco y la recaudación fue por encima de lo esperado. Esta dinámica no es la del resto del año donde se espera el gasto de capital y las transferencias al sector privado se normalicen, y donde el impacto de la baja en las alícuotas sobre la recaudación se profundiza; algo de esto ya se vio en mayo. Para 2017, en un año electoral, con los compromisos asumidos con los jubilados, con una moderación en el PIB nominal (producto de un escenario de crecimiento y moderación de la inflación) y bajas comprometidas en impuestos (Ganancias a las Personas Físicas y 5 p.p. a las Retenciones de Soja), difícilmente los recursos crezcan por encima del Gasto, necesario para alcanzar el compromiso de reducir 1,5 p.p. el déficit fiscal.
En cualquier caso, lo que resulta evidente es que la necesidad de la política de revertir el ciclo de cara a 2017 prima por sobre la consistencia de mediano plazo. Paradójicamente en lo inmediato, la apertura de la cuenta capital depende más de la sustentabilidad política del Gobierno que de la consistencia fiscal de mediano plazo. Y con financiamento externo vuelve a estar disponible la capacidad de la política fiscal para tener efectos reales en el corto plazo.De hecho, la inconsistencia inmediata de la expansión fiscal cuando no se puede financiar (con recursos propios y/o con deuda) está dada por la contracción monetaria implícita asociada a la salida de capitales que provoca la incertidumbre fiscal. Como mencionamos antes, en este mundo particular y dada la baja deuda de Argentina, esto de momento no se da, por lo que hay margen para financiar (un tiempo, no para siempre) con dólares la brecha de pesos limitando el crowding out. Claro que para ello el BCRA no debe contraer plenamente lo que antes expandió para comprarle los dólares al Tesoro.
*Directora del Estudio Bein & Asociados.
Ahora bien, aún cuando en el corto plazo y en un mundo desarrollado muy endeudado, esto asegura que las tasas de interés “libres de riesgo” van a seguir siendo bajas y una vez acotado el episodio, la liquidez va a seguir estando disponible para un país como la Argentina que parte de bajísima deuda en el mercado, lo cierto es que el apalancamiento de la economía debería tener detrás un sendero consistente de la deuda que evite los tropiezos del pasado.
Esto es lo que estaba detrás de los números del programa de reducción gradual del déficit fiscal planteado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas unos meses atrás hasta llegar al equilibrio al final del mandato y es lo que entra en dudas como contrapartida de la definición de política de acotar los costos en términos de recesión y aceleración de la inflación asociados al intento de corregir en forma brusca los precios relativos (dólar y tarifas) al inicio de la gestión. Corrección, que puede discutirse en sus formas, pero que evidentemente era necesaria para devolver la rentabilidad a la exportación y a los sectores de servicios públicos –para generar un uso más racional de estos últimos además de contribuir a reducir la carga de los subsidios en el presupuesto–. Pero que en rigor derivó en una exacerbación de la puja distributiva y una aceleración de la inercia inflacionaria que amortiguó las mejoras buscadas. Lo cual es lógico, cuando la corrección de precios relativos no es otra cosa que un intento de recomponer la distribución del ingreso en una economía que se contrae.
Es que adicional a los costos fiscales asociados al intento de manejar la gobernabilidad luego del shock inflacionario observado desde noviembre pasado, se sumó en el último mes la decisión política de impactar sobre el ciclo y las expectativas en forma directa a través de dar respuesta en forma estructural a las demandas de los jubilados cuyos haberes habían sido licuados por la gestión anterior. Demandas que según los números que plantea ahora el Gobierno fueron judicializadas sólo en un 10% de los casos, de los cuales sólo una quinta parte tenía sentencia firme. No es que las demandas no sean válidas, son ciertamente justas, simplemente que la “licuación de los haberes” se usó durante la gestión anterior como mecanismo para financiar junto a la “recuperación” de los fondos que antes iban a las AFJPs, el aumento en la nómina de jubilados producto de las dos moratorias previsionales que resolvieron la foto de la cobertura previsional. Y cuya contrapartida fue una duplicación del número de jubilados y del gasto previsional que en porcentaje del PIB pasó de 5% en los 90 a un 10% en 2015.
Cuando sea aprobado por el Senado y considerando un ajuste de las jubilaciones (movilidad previsional) similar al crecimiento del PIB nominal, el proyecto agregaría en forma permanente 1% del PIB al gasto previsional, número que es muy bajo en 2016, sólo 0,3% del PIB y aumentaría en 2017 y 2018 a 1,2% y 1,6% del PIB teniendo en cuenta el pago de las deudas en cuotas y retroactivos. El proyecto incluye además el acuerdo para la devolución del 15% de la coparticipación en cuotas a las provincias y el financiamiento de las cajas provinciales que no fueron transferidas a la Nación en los 90, que el primer año agregaría 0,2% del PIB hasta llegar a casi 0,8% del PIB en 2020.
Es cierto que plantea un esquema de jubilación universal hacia adelante, más sostenible que el de la moratoria previsional y amortigua el impacto simultáneo de aumentar el gasto y reducir los ingresos, pero esta situación no tiene impacto rápido en las cuentas fiscales, si no se pone un tope a la movilidad (algo difícil de sostener) en tanto el financiamiento vía el blanqueo (probablemente muy exitoso), sólo es de una vez con impacto distribuido en 2016 y 2017.
De momento, las proyecciones fiscales para 2016 de un déficit en torno a 4,8% del PIB, lucen manejables, teniendo en cuenta el bajo impacto del cambio del esquema previsional el primer año, algún adicional fiscal del blanqueo y fundamentalmente una dinámica durante los primeros cuatro meses del año, en la que el gasto público creció poco y la recaudación fue por encima de lo esperado. Esta dinámica no es la del resto del año donde se espera el gasto de capital y las transferencias al sector privado se normalicen, y donde el impacto de la baja en las alícuotas sobre la recaudación se profundiza; algo de esto ya se vio en mayo. Para 2017, en un año electoral, con los compromisos asumidos con los jubilados, con una moderación en el PIB nominal (producto de un escenario de crecimiento y moderación de la inflación) y bajas comprometidas en impuestos (Ganancias a las Personas Físicas y 5 p.p. a las Retenciones de Soja), difícilmente los recursos crezcan por encima del Gasto, necesario para alcanzar el compromiso de reducir 1,5 p.p. el déficit fiscal.
En cualquier caso, lo que resulta evidente es que la necesidad de la política de revertir el ciclo de cara a 2017 prima por sobre la consistencia de mediano plazo. Paradójicamente en lo inmediato, la apertura de la cuenta capital depende más de la sustentabilidad política del Gobierno que de la consistencia fiscal de mediano plazo. Y con financiamento externo vuelve a estar disponible la capacidad de la política fiscal para tener efectos reales en el corto plazo.De hecho, la inconsistencia inmediata de la expansión fiscal cuando no se puede financiar (con recursos propios y/o con deuda) está dada por la contracción monetaria implícita asociada a la salida de capitales que provoca la incertidumbre fiscal. Como mencionamos antes, en este mundo particular y dada la baja deuda de Argentina, esto de momento no se da, por lo que hay margen para financiar (un tiempo, no para siempre) con dólares la brecha de pesos limitando el crowding out. Claro que para ello el BCRA no debe contraer plenamente lo que antes expandió para comprarle los dólares al Tesoro.
*Directora del Estudio Bein & Asociados.
