Toda crisis puede constituir una oportunidad, incluso cuando proviene del exterior. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no dejará pasar la posibilidad de capitalizar a nivel doméstico la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo por el Congreso de su país.
La crisis de Paraguay le ha venido como anillo al dedo al gobierno argentino en momentos en que aparece jaqueado por el paro con movilización a la Plaza de Mayo convocado por Hugo Moyano para este miércoles. La Presidenta, que se ha cansado de comparar críticas a su gestión con operaciones «destituyentes», ahora tiene la ocasión para denunciar que el golpismo ha regresado a América del Sur y que sectores reaccionarios pueden pretender aplicar en la Argentina la misma receta que la oposición a Lugo.
Nada puede justificar el apresuramiento de los legisladores paraguayos para destituir al titular del Poder Ejecutivo y proceder a su veloz reemplazo por el vicepresidente Federico Franco. Tampoco resulta lógico que se le concedieran apenas dos horas a Lugo para presentar su defensa, aunque, como ha expresado el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, diferenciándose de otros líderes de la región, haya sido «la historia de una remoción anunciada» en la cual «formalmente no hubo rompimiento de la democracia».
Sorprendió ver anteanoche a la Presidenta enfrentando cámaras y grabadores en la sala de periodistas de la Casa Rosada, apenas conocida la noticia de la destitución de Lugo. No es nada común que se preste a efectuar declaraciones a la prensa y fuera de su atril. Sin duda, pesó en esa decisión la dimensión de nuestro vecino. Pero, también, la oportunidad de transmitir una contundente señal a sus opositores. A partir de ahora, cualquier demostración de fuerza contra las políticas oficiales que combine camiones, tractores y cacerolas será tildada de golpista.
Un adelantado fue el dirigente social Luis D’Elía, quien dijo que la actitud de Cristina Kirchner de no reconocer al nuevo gobierno paraguayo es «la más valedera forma de defender nuestra propia democracia, amenazada permanentemente por intereses oligárquicos, al cobijo del imperialismo».
Por cierto, las realidades de Paraguay y la Argentina son bien diferentes. Entre otras cosas, porque, a diferencia de Lugo, que prácticamente se había quedado sin partido, el kirchnerismo ostenta un férreo control de ambas cámaras legislativas. Sin embargo, en el discurso oficialista no han tardado en aparecer referencias directas a una supuesta triple alianza entre Moyano, Daniel Scioli y el Grupo Clarín para que se modifique el rumbo del «modelo» y del país. No fue casual que en el programa 6, 7, 8 , en Canal 7, en medio del conflicto entre los camioneros y el Gobierno, se titulara «La operación de Moyano, Clarín, Barrionuevo ¿y Scioli?» El vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, es uno de los voceros de la embestida cristinista. El suele distinguir entre «el proyecto nacional», por un lado, y «el sistema», por el otro, y considera que Scioli «siempre fue presa de ser tentado para el sistema».
Desde el comando cristinista ya se ha resuelto por dónde correr a Moyano y a Scioli. Contra el secretario general de la CGT se seguirá recurriendo a la vía judicial, incluyendo denuncias penales y a castigos económicos, pese a que paradójicamente durante años el propio Néstor Kirchner lo llenó de prebendas y beneficios, cuya detallada descripción se asemejaría a un prontuario.
Para limitar los movimientos políticos de Scioli se podría recurrir a la asfixia financiera y a ataques centrados en la política de seguridad y el presunto encubrimiento de delitos cometidos por la policía bonaerense. El dilema es si las eventuales dificultades que atraviese Buenos Aires no terminarán perjudicando más a la Presidenta que a Scioli. No es un dato menor que las encuestas de opinión pública indican que la imagen positiva del gobernador (47,3% según Management & Fit) casi no ha descendido en los últimos meses, mientras que la de Cristina Kirchner (38,9%) ha caído 23 puntos desde octubre.
Detrás del empeño en desgastar al gobernador bonaerense que ponen Mariotto y sectores de La Cámpora subyace otra hipótesis: que estos sectores descuentan que Cristina Kirchner no estará en la carrera presidencial de 2015 y luchan por su futura permanencia en el poder.
En la singular cruzada antigolpista que el cristinismo se aprestaría a lanzar no faltarán los conocidos intentos de condicionar a los medios de comunicación a través del discrecional reparto de la publicidad oficial y la presión sobre la Justicia para que se convalide el controvertido artículo de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que exige a grupos empresariales desprenderse de algunos medios para avanzar hacia el desguace del Grupo Clarín con el que sueña el oficialismo.
El riesgo institucional es que se desemboque en una caza de brujas, al estilo macarthista. La Argentina, al margen de las persecuciones en regímenes militares, halla un llamativo antecedente en el primer gobierno de Juan Domingo Perón, con José Emilio Visca, quien en 1949 presidió la Comisión Bicameral Investigadora de Actividades Antiargentinas, popularmente llamada Comisión Visca, que buscó aterrorizar al periodismo crítico de aquellos años.
Esa comisión había sido creada tras denuncias de diputados radicales sobre la aplicación de torturas a opositores por parte de la policía. Pero en lugar de dilucidar eso, el grupo liderado por Visca se consagró a investigar a medios que no fueran adictos al gobierno peronista. Así resultaron allanados los diarios La Prensa, Clarín y LA NACION, además de las agencias United Press International y Associated Press. Entre los motivos de las clausuras de diarios, radios y entidades como la Federación Agraria Argentina, el Automóvil Club y la Asociación de Abogados de Buenos Aires, se esgrimieron «razones de seguridad, higiene y moralidad», y hasta el hecho de que un baño no exhibiera las mejores condiciones.
Entre las manías persecutorias y las denuncias sobre intentos destituyentes, lo único que no despierta dudas es que se ha anticipado la pugna dentro del peronismo por la sucesión presidencial. Es una lucha que se dirime en la calle y que, como ha ocurrido históricamente con todo conflicto en el peronismo, se trasladará al conjunto de la sociedad, que quedará como rehén en el medio de la disputa.
Moyano también ha resuelto universalizar el conflicto, al recurrir a una bandera como la eliminación del Impuesto a las Ganancias para los asalariados o, al menos, un sensible aumento del mínimo no imponible. Se trata de una causa que comparten no sólo las bases de gremios que no adhieren al moyanismo, sino también vastos sectores medios de la sociedad tradicionalmente críticos de su metodología.
El Gobierno no cederá en lo inmediato al reclamo de Moyano, aun cuando éste haya prometido que renunciaría a seguir al frente de la central obrera si la Presidenta se comprometiera a solucionar el problema. Hacerlo sería concederle un triunfo. Pero deberá idear algo para que, tras los últimos incrementos nominales de salarios y la consecuente incorporación de unos 200.000 trabajadores al contingente de aportantes a Ganancias, no se potencie el costo político que deba pagar.
Entretanto, la Presidenta seguirá asumiendo el papel de víctima frente a la incertidumbre que se avecina. Debería tener presente que, antes que víctima, ella es protagonista y que la mayor fragilidad deriva de una política económica basada en controles exacerbados que, lejos de garantizar el orden en los mercados, está enfriando el clima inversor y acentuando los desbordes sociales..
La crisis de Paraguay le ha venido como anillo al dedo al gobierno argentino en momentos en que aparece jaqueado por el paro con movilización a la Plaza de Mayo convocado por Hugo Moyano para este miércoles. La Presidenta, que se ha cansado de comparar críticas a su gestión con operaciones «destituyentes», ahora tiene la ocasión para denunciar que el golpismo ha regresado a América del Sur y que sectores reaccionarios pueden pretender aplicar en la Argentina la misma receta que la oposición a Lugo.
Nada puede justificar el apresuramiento de los legisladores paraguayos para destituir al titular del Poder Ejecutivo y proceder a su veloz reemplazo por el vicepresidente Federico Franco. Tampoco resulta lógico que se le concedieran apenas dos horas a Lugo para presentar su defensa, aunque, como ha expresado el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, diferenciándose de otros líderes de la región, haya sido «la historia de una remoción anunciada» en la cual «formalmente no hubo rompimiento de la democracia».
Sorprendió ver anteanoche a la Presidenta enfrentando cámaras y grabadores en la sala de periodistas de la Casa Rosada, apenas conocida la noticia de la destitución de Lugo. No es nada común que se preste a efectuar declaraciones a la prensa y fuera de su atril. Sin duda, pesó en esa decisión la dimensión de nuestro vecino. Pero, también, la oportunidad de transmitir una contundente señal a sus opositores. A partir de ahora, cualquier demostración de fuerza contra las políticas oficiales que combine camiones, tractores y cacerolas será tildada de golpista.
Un adelantado fue el dirigente social Luis D’Elía, quien dijo que la actitud de Cristina Kirchner de no reconocer al nuevo gobierno paraguayo es «la más valedera forma de defender nuestra propia democracia, amenazada permanentemente por intereses oligárquicos, al cobijo del imperialismo».
Por cierto, las realidades de Paraguay y la Argentina son bien diferentes. Entre otras cosas, porque, a diferencia de Lugo, que prácticamente se había quedado sin partido, el kirchnerismo ostenta un férreo control de ambas cámaras legislativas. Sin embargo, en el discurso oficialista no han tardado en aparecer referencias directas a una supuesta triple alianza entre Moyano, Daniel Scioli y el Grupo Clarín para que se modifique el rumbo del «modelo» y del país. No fue casual que en el programa 6, 7, 8 , en Canal 7, en medio del conflicto entre los camioneros y el Gobierno, se titulara «La operación de Moyano, Clarín, Barrionuevo ¿y Scioli?» El vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, es uno de los voceros de la embestida cristinista. El suele distinguir entre «el proyecto nacional», por un lado, y «el sistema», por el otro, y considera que Scioli «siempre fue presa de ser tentado para el sistema».
Desde el comando cristinista ya se ha resuelto por dónde correr a Moyano y a Scioli. Contra el secretario general de la CGT se seguirá recurriendo a la vía judicial, incluyendo denuncias penales y a castigos económicos, pese a que paradójicamente durante años el propio Néstor Kirchner lo llenó de prebendas y beneficios, cuya detallada descripción se asemejaría a un prontuario.
Para limitar los movimientos políticos de Scioli se podría recurrir a la asfixia financiera y a ataques centrados en la política de seguridad y el presunto encubrimiento de delitos cometidos por la policía bonaerense. El dilema es si las eventuales dificultades que atraviese Buenos Aires no terminarán perjudicando más a la Presidenta que a Scioli. No es un dato menor que las encuestas de opinión pública indican que la imagen positiva del gobernador (47,3% según Management & Fit) casi no ha descendido en los últimos meses, mientras que la de Cristina Kirchner (38,9%) ha caído 23 puntos desde octubre.
Detrás del empeño en desgastar al gobernador bonaerense que ponen Mariotto y sectores de La Cámpora subyace otra hipótesis: que estos sectores descuentan que Cristina Kirchner no estará en la carrera presidencial de 2015 y luchan por su futura permanencia en el poder.
En la singular cruzada antigolpista que el cristinismo se aprestaría a lanzar no faltarán los conocidos intentos de condicionar a los medios de comunicación a través del discrecional reparto de la publicidad oficial y la presión sobre la Justicia para que se convalide el controvertido artículo de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que exige a grupos empresariales desprenderse de algunos medios para avanzar hacia el desguace del Grupo Clarín con el que sueña el oficialismo.
El riesgo institucional es que se desemboque en una caza de brujas, al estilo macarthista. La Argentina, al margen de las persecuciones en regímenes militares, halla un llamativo antecedente en el primer gobierno de Juan Domingo Perón, con José Emilio Visca, quien en 1949 presidió la Comisión Bicameral Investigadora de Actividades Antiargentinas, popularmente llamada Comisión Visca, que buscó aterrorizar al periodismo crítico de aquellos años.
Esa comisión había sido creada tras denuncias de diputados radicales sobre la aplicación de torturas a opositores por parte de la policía. Pero en lugar de dilucidar eso, el grupo liderado por Visca se consagró a investigar a medios que no fueran adictos al gobierno peronista. Así resultaron allanados los diarios La Prensa, Clarín y LA NACION, además de las agencias United Press International y Associated Press. Entre los motivos de las clausuras de diarios, radios y entidades como la Federación Agraria Argentina, el Automóvil Club y la Asociación de Abogados de Buenos Aires, se esgrimieron «razones de seguridad, higiene y moralidad», y hasta el hecho de que un baño no exhibiera las mejores condiciones.
Entre las manías persecutorias y las denuncias sobre intentos destituyentes, lo único que no despierta dudas es que se ha anticipado la pugna dentro del peronismo por la sucesión presidencial. Es una lucha que se dirime en la calle y que, como ha ocurrido históricamente con todo conflicto en el peronismo, se trasladará al conjunto de la sociedad, que quedará como rehén en el medio de la disputa.
Moyano también ha resuelto universalizar el conflicto, al recurrir a una bandera como la eliminación del Impuesto a las Ganancias para los asalariados o, al menos, un sensible aumento del mínimo no imponible. Se trata de una causa que comparten no sólo las bases de gremios que no adhieren al moyanismo, sino también vastos sectores medios de la sociedad tradicionalmente críticos de su metodología.
El Gobierno no cederá en lo inmediato al reclamo de Moyano, aun cuando éste haya prometido que renunciaría a seguir al frente de la central obrera si la Presidenta se comprometiera a solucionar el problema. Hacerlo sería concederle un triunfo. Pero deberá idear algo para que, tras los últimos incrementos nominales de salarios y la consecuente incorporación de unos 200.000 trabajadores al contingente de aportantes a Ganancias, no se potencie el costo político que deba pagar.
Entretanto, la Presidenta seguirá asumiendo el papel de víctima frente a la incertidumbre que se avecina. Debería tener presente que, antes que víctima, ella es protagonista y que la mayor fragilidad deriva de una política económica basada en controles exacerbados que, lejos de garantizar el orden en los mercados, está enfriando el clima inversor y acentuando los desbordes sociales..
