La Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó un informe sobre el soborno trasnacional en el que concluyó que las empresas grandes son las principales involucradas, mientras que los funcionarios pertenecen a países con alto nivel de desarrollo. Los dos objetivos principales de las coimas son conseguir contratos del Estado y pasar productos por las Aduanas.
Esta informe es uno de los primeros que que se anima a decir que las empresas grandes están involucradas en el soborno a funcionarios fuera de sus países en un 60%, señaló Fernando Gámiz, de BDO Argentina, y puntualizó que el trabajo está basado en 427 casos.
Los países con muy alto grado de desarrollo humano estuvieron involucrados en los sobornos en un 21% de los casos y los de alto desarrollo en otro 22%, mientras que los de medio desarrollo sumaron 24% más. Sólo 17% de las naciones de destino de las coimas fueron países de bajo desarrollo.
El promedio de las coimas fue 10,9% del contrato, el famoso diego, según este informe.
Gámiz, que trabajó en la oficina de investigación de fraudes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) comentó que en su tarea «he encontrado proyectos en los que las coimas podían ir hasta un 30%, pero no es lo general. Tuve un caso donde un empresario denunció una coima porque llegaba al 15%, si se limitaba al 10% no la denunciaban. El problema es que hay empresarios que están dispuestos a pagar», enfatizó.
Las áreas gubernamentales más proclives a los sobornos son los empleados de las empresas públicas, 27% de los casos de coimas involucraron a este tipo de funcionario, seguidos por los agentes de Aduana, con un 11%; Salud, con 7%, y Defensa, en un 6% de los casos relevados por la OCDE.
El objetivo en 57% de los casos fue conseguir un contrato público; en 12% los sobornos ocurrieron en Aduana, en 7% para obtener un trato preferencial; en 6% para obtener una licencia u autorización, 4% para acceder a información confidencial, y en 1% para obtener una visa.
Las actividades en las que se dan las coimas son sobre todo las extractivas, en un 19% de los casos; luego la construcción, 15%; transporte y almacenamiento, 15%, e información y comunicaciones con un 10%. «Las obras de infraestructura son un clásico, lo he visto a lo largo de toda América latina desde el BID. No hay uno que se salve, pero el desafío es encontrar la evidencia. Se sabe que se arregla algo y esto se hace de distintas formas. O se arregla en el momento de ganar la licitación, o después, se paga una coima para ejecutar, ya que es necesario recibir un anticipo para empezar a construir», explicó Gámiz.
«Mucha gente que trata de trabajar honestamente con proyectos gubernamentales de cualquier nivel, desde lo municipal más pequeño, se encuentra con estos problemas no sólo en Argentina sino en muchos países similares al nuestro», comentó Gámiz, y agregó que muchas veces las denuncias no se logran probar por la limitación de los investigadores, que no tienen la autoridad de un fiscal.
Sobre el nivel de empleados de la firma involucrado en el soborno, en el 41% de los casos se trató de la gerencia y en 22% no eran gerentes, mientras que sólo en 12% de los casos fueron el presidente o CEO.
En tres de cada cuatro casos de sobornos trasnacionales se usan intermediarios. «Como las coimas están siendo detectadas por distintos organismos, se utiliza una empresa fantasma o real de servicios para que ésta haga el pago del soborno. Por ejemplo, honorarios de abogados, una escribanía o servicios de marketing, o todo lo que tiene que ver con asesoramiento que no está documentado», explicó Gámiz.
«El informe hace hincapié en la cantidad de sanciones, que son pocas. Esto coincide con lo que yo he visto. Se calcula que la tasa de demostración de la corrupción es de entre 35% ó 40%, en el resto no había elementos o no eran suficientes. En el informe, no todos fueron investigados por la misma entidad, aunque todos cayeron luego en la revisión de la OCDE», concluyó Gámiz.
Esta informe es uno de los primeros que que se anima a decir que las empresas grandes están involucradas en el soborno a funcionarios fuera de sus países en un 60%, señaló Fernando Gámiz, de BDO Argentina, y puntualizó que el trabajo está basado en 427 casos.
Los países con muy alto grado de desarrollo humano estuvieron involucrados en los sobornos en un 21% de los casos y los de alto desarrollo en otro 22%, mientras que los de medio desarrollo sumaron 24% más. Sólo 17% de las naciones de destino de las coimas fueron países de bajo desarrollo.
El promedio de las coimas fue 10,9% del contrato, el famoso diego, según este informe.
Gámiz, que trabajó en la oficina de investigación de fraudes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) comentó que en su tarea «he encontrado proyectos en los que las coimas podían ir hasta un 30%, pero no es lo general. Tuve un caso donde un empresario denunció una coima porque llegaba al 15%, si se limitaba al 10% no la denunciaban. El problema es que hay empresarios que están dispuestos a pagar», enfatizó.
Las áreas gubernamentales más proclives a los sobornos son los empleados de las empresas públicas, 27% de los casos de coimas involucraron a este tipo de funcionario, seguidos por los agentes de Aduana, con un 11%; Salud, con 7%, y Defensa, en un 6% de los casos relevados por la OCDE.
El objetivo en 57% de los casos fue conseguir un contrato público; en 12% los sobornos ocurrieron en Aduana, en 7% para obtener un trato preferencial; en 6% para obtener una licencia u autorización, 4% para acceder a información confidencial, y en 1% para obtener una visa.
Las actividades en las que se dan las coimas son sobre todo las extractivas, en un 19% de los casos; luego la construcción, 15%; transporte y almacenamiento, 15%, e información y comunicaciones con un 10%. «Las obras de infraestructura son un clásico, lo he visto a lo largo de toda América latina desde el BID. No hay uno que se salve, pero el desafío es encontrar la evidencia. Se sabe que se arregla algo y esto se hace de distintas formas. O se arregla en el momento de ganar la licitación, o después, se paga una coima para ejecutar, ya que es necesario recibir un anticipo para empezar a construir», explicó Gámiz.
«Mucha gente que trata de trabajar honestamente con proyectos gubernamentales de cualquier nivel, desde lo municipal más pequeño, se encuentra con estos problemas no sólo en Argentina sino en muchos países similares al nuestro», comentó Gámiz, y agregó que muchas veces las denuncias no se logran probar por la limitación de los investigadores, que no tienen la autoridad de un fiscal.
Sobre el nivel de empleados de la firma involucrado en el soborno, en el 41% de los casos se trató de la gerencia y en 22% no eran gerentes, mientras que sólo en 12% de los casos fueron el presidente o CEO.
En tres de cada cuatro casos de sobornos trasnacionales se usan intermediarios. «Como las coimas están siendo detectadas por distintos organismos, se utiliza una empresa fantasma o real de servicios para que ésta haga el pago del soborno. Por ejemplo, honorarios de abogados, una escribanía o servicios de marketing, o todo lo que tiene que ver con asesoramiento que no está documentado», explicó Gámiz.
«El informe hace hincapié en la cantidad de sanciones, que son pocas. Esto coincide con lo que yo he visto. Se calcula que la tasa de demostración de la corrupción es de entre 35% ó 40%, en el resto no había elementos o no eran suficientes. En el informe, no todos fueron investigados por la misma entidad, aunque todos cayeron luego en la revisión de la OCDE», concluyó Gámiz.
