En Foco – 21/03/12
El humor del jefe del gobierno de España, Mariano Rajoy, dicen que ha cambiado.
Sus hombres habían celebrado, hace días, que la decisión de quitarle áreas de explotación a Repsol-YPF fuera d e carácter provincial y no federal.
Eso ocurrió cuando Santa Cruz, Chubut y Neuquén dieron el primer paso, con el aval de Cristina Fernández , para incautar yacimientos –según el juicio de los mandatarios– con baja inversión y producción.
Pero aquel proceso lanzado, al parecer, con mínima dosis de planificación pareciera haber ingresado en las últimas horas en una especie de competencia entre los gobernadores de provincias petroleras . Aun de aquellas que lo son, verdaderamente, con esfuerzo. Gildo Insfrán se sumó al coro de reclamos: le exige ahora a Repsol-YPF un 15% más de producción en un yacimiento de su territorio.
Formosa fue, de esta manera, a la cola de la demanda que, además de Santa Cruz, Chubut y Neuquén también han formalizado Mendoza y La Pampa. Daniel Peralta, el mandatario santacruceño, redobló incluso la apuesta: dijo que podría ir por la incautación de otros 10 yacimientos en su provincia.
A España ya no le inquietaría la sombra del Gobierno detrás de esa ofensiva de las provincias. Fuentes diplomáticas, en razón de la dinámica que adquirió el tema, se empiezan a interrogar si aquella carrera de los gobernadores es un diseño del poder kirchnerista o una demostración, tal vez, de que la política energética carece de planes y está inspirada por la improvisación. Detrás de ese hipotético descontrol se podría poner a prueba, por primera vez desde la reelección, el liderazgo de Cristina.
Madrid, ante este panorama, ha comenzado también a elevar su tono. Extravió cierta tranquilidad manifestada la semana pasada, a pesar de la ofensiva del Gobierno K. El ministro de Industria, Energía y Turismo. José María Soria, que estuvo negociando aquí con Julio De Vido, advirtió que “está preocupada” por lo que pueda pasarle a Repsol-YPF. El canciller José Garci Margallo dijo lo mismo.
Cosas están pasando . Por lo pronto, la cotización de las acciones de YPF, aún antes de que se decidiera la incautación de yacimientos, vienen en baja acelerada.
La competencia de los gobernadores para apropiarse de nuevas áreas no ayudaría a un repunte.
“La empresa puede sufrir un desguace. Terminar convertida en una refinería del petróleo que produzcan las provincias” , exageró, a lo mejor, un especialista ligado al negocio de los hidrocarburos.
La situación es de elevada complejidad. La renovación de las áreas de Repsol-YPF que alguna vez dispuso el Gobierno tienen como fecha de vencimiento el 2015 . Es decir, dentro de sólo tres años.
Un plazo exiguo para una tarea que requiere inversiones millonarias y una tecnología sofisticada . Ese plazo no resultaría rentable para ningún inversor. Tampoco para el caso que cada Estado, como al parecer lo resolvió Neuquén, se hiciera cargo de las exploraciones.
Asoma, además, un marco jurídico enredado. Repsol-YPF presentó recursos en la Justicia. Cualquier medida cautelar aceptada frenaría la posibilidad de progreso en la explotación de las áreas que imaginan los gobernadores.
El Gobierno podría ingresar en un laberinto.
Las urgencias kirchneristas son ahora mismo. Radican en una caja del Estado que es incapaz de soportar, sin tener que pagar algún costo político-social bien alto, una importación de combustible para atender el consumo interno que le absorberá alrededor de US$ 10.000 millones este año.
El panorama estaría remitiendo, como en otros problemas del Gobierno, a un notorio grado de arrebato a la hora de adoptar determinaciones. Se advertiría, también, en el liderazgo asumido en este tema por el gobernador chubutense, Martín Buzzi, que llegó al kirchnerismo después de ganar como opositor una turbia elección en su provincia.
Buzzi fue delfín del peronista disidente Mario Das Neves. Pero se alineó con Cristina apenas triunfó. Con reflejos advirtió que la oposición carecía de destino.
Buzzi, de hecho, cargó en sus espaldas la conducción de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) que consumó el embate contra Repsol-YPF. Su único dique, en esa entidad, podría ser el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez. Le gana en pergaminos cristinistas aunque no en la distancia del peso petrolero que Chubut le arranca a Mendoza.
El conflicto del Gobierno con Repsol-YPF podría, por otra parte, replantear la relación bilateral entre Buenos Aires y Madrid . Al menos, en el plano económico y de las inversiones. Aunque sería injusto cargar ese supuesto viraje a la crisis española y al cambio de timón en el Palacio de la Moncloa, ocupado ahora por Rajoy, el líder del Partido Popular. Los problemas bilaterales ya existieron durante el ocaso del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Entre tantas penurias, el ex conductor del PSOE debió asimilar las recriminaciones internas por su excesiva tolerancia con los Kirchner. Tal vez, pesó siempre en el dirigente socialista una contingencia de la historia: Néstor Kirchner lo respaldó públicamente cuando nadie daba un centavo por él en su porfía electoral del 2004 contra José María Aznar, que la tragedia del 11 de marzo de ese año en Atocha terminó volcando a su favor.
Los Kirchner cuidaron siempre el vínculo con Madrid porque significó, por años, la única puerta entreabierta con la Unión Europea . Pero la crisis global modificó muchas percepciones. Cristina prefirió dedicarse a consolidar el bloque regional antes que a ensayar una inserción en un mundo perturbado e incierto. De todos modos, no todo lo que ocurre con España sería indiferente a los ojos de Cristina: la recurrencia de conflictos (ahora con Repsol-YPF) podría inducir a Madrid a plantear objeciones a la permanencia de la Argentina en el llamado G-20, el grupo de las naciones poderosas. Nuestro país es miembro permanente y España figura aún en calidad de observador desde el 2008.
La pertenencia al G-20 le concede a Cristina, en forma periódica, una escena de figuración internacional contra la cual sus políticas muchas veces atentarían. Algo de todo eso habría mencionado el rey Juan Carlos, en sus últimas mediaciones por el conflicto que estalló con la empresa petrolera.
En los últimos días, el G-20 consideró atinado el camino adoptado por Rajoy para intentar empezar a superar la profunda crisis economico-social de España que reconoce a 5 millones de personas sin trabajo . En el mismo ámbito, no pasó inadvertido el documento emitido el fin de semana por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El BID posee una buena relación con la Argentina. Pero en su evaluación global acaba de considerar a nuestro país de “inclasificable” según las metas de inflación, tipo de cambio fijo u otros “regímenes intermedios”.
El BID asoció, en ese aspecto, a la Argentina con Venezuela. Quizás, una comparación y una compañía incómoda para una nación del G-20 que, por otra parte, no cesa sus desencuentros políticos y comerciales con España.
El humor del jefe del gobierno de España, Mariano Rajoy, dicen que ha cambiado.
Sus hombres habían celebrado, hace días, que la decisión de quitarle áreas de explotación a Repsol-YPF fuera d e carácter provincial y no federal.
Eso ocurrió cuando Santa Cruz, Chubut y Neuquén dieron el primer paso, con el aval de Cristina Fernández , para incautar yacimientos –según el juicio de los mandatarios– con baja inversión y producción.
Pero aquel proceso lanzado, al parecer, con mínima dosis de planificación pareciera haber ingresado en las últimas horas en una especie de competencia entre los gobernadores de provincias petroleras . Aun de aquellas que lo son, verdaderamente, con esfuerzo. Gildo Insfrán se sumó al coro de reclamos: le exige ahora a Repsol-YPF un 15% más de producción en un yacimiento de su territorio.
Formosa fue, de esta manera, a la cola de la demanda que, además de Santa Cruz, Chubut y Neuquén también han formalizado Mendoza y La Pampa. Daniel Peralta, el mandatario santacruceño, redobló incluso la apuesta: dijo que podría ir por la incautación de otros 10 yacimientos en su provincia.
A España ya no le inquietaría la sombra del Gobierno detrás de esa ofensiva de las provincias. Fuentes diplomáticas, en razón de la dinámica que adquirió el tema, se empiezan a interrogar si aquella carrera de los gobernadores es un diseño del poder kirchnerista o una demostración, tal vez, de que la política energética carece de planes y está inspirada por la improvisación. Detrás de ese hipotético descontrol se podría poner a prueba, por primera vez desde la reelección, el liderazgo de Cristina.
Madrid, ante este panorama, ha comenzado también a elevar su tono. Extravió cierta tranquilidad manifestada la semana pasada, a pesar de la ofensiva del Gobierno K. El ministro de Industria, Energía y Turismo. José María Soria, que estuvo negociando aquí con Julio De Vido, advirtió que “está preocupada” por lo que pueda pasarle a Repsol-YPF. El canciller José Garci Margallo dijo lo mismo.
Cosas están pasando . Por lo pronto, la cotización de las acciones de YPF, aún antes de que se decidiera la incautación de yacimientos, vienen en baja acelerada.
La competencia de los gobernadores para apropiarse de nuevas áreas no ayudaría a un repunte.
“La empresa puede sufrir un desguace. Terminar convertida en una refinería del petróleo que produzcan las provincias” , exageró, a lo mejor, un especialista ligado al negocio de los hidrocarburos.
La situación es de elevada complejidad. La renovación de las áreas de Repsol-YPF que alguna vez dispuso el Gobierno tienen como fecha de vencimiento el 2015 . Es decir, dentro de sólo tres años.
Un plazo exiguo para una tarea que requiere inversiones millonarias y una tecnología sofisticada . Ese plazo no resultaría rentable para ningún inversor. Tampoco para el caso que cada Estado, como al parecer lo resolvió Neuquén, se hiciera cargo de las exploraciones.
Asoma, además, un marco jurídico enredado. Repsol-YPF presentó recursos en la Justicia. Cualquier medida cautelar aceptada frenaría la posibilidad de progreso en la explotación de las áreas que imaginan los gobernadores.
El Gobierno podría ingresar en un laberinto.
Las urgencias kirchneristas son ahora mismo. Radican en una caja del Estado que es incapaz de soportar, sin tener que pagar algún costo político-social bien alto, una importación de combustible para atender el consumo interno que le absorberá alrededor de US$ 10.000 millones este año.
El panorama estaría remitiendo, como en otros problemas del Gobierno, a un notorio grado de arrebato a la hora de adoptar determinaciones. Se advertiría, también, en el liderazgo asumido en este tema por el gobernador chubutense, Martín Buzzi, que llegó al kirchnerismo después de ganar como opositor una turbia elección en su provincia.
Buzzi fue delfín del peronista disidente Mario Das Neves. Pero se alineó con Cristina apenas triunfó. Con reflejos advirtió que la oposición carecía de destino.
Buzzi, de hecho, cargó en sus espaldas la conducción de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) que consumó el embate contra Repsol-YPF. Su único dique, en esa entidad, podría ser el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez. Le gana en pergaminos cristinistas aunque no en la distancia del peso petrolero que Chubut le arranca a Mendoza.
El conflicto del Gobierno con Repsol-YPF podría, por otra parte, replantear la relación bilateral entre Buenos Aires y Madrid . Al menos, en el plano económico y de las inversiones. Aunque sería injusto cargar ese supuesto viraje a la crisis española y al cambio de timón en el Palacio de la Moncloa, ocupado ahora por Rajoy, el líder del Partido Popular. Los problemas bilaterales ya existieron durante el ocaso del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Entre tantas penurias, el ex conductor del PSOE debió asimilar las recriminaciones internas por su excesiva tolerancia con los Kirchner. Tal vez, pesó siempre en el dirigente socialista una contingencia de la historia: Néstor Kirchner lo respaldó públicamente cuando nadie daba un centavo por él en su porfía electoral del 2004 contra José María Aznar, que la tragedia del 11 de marzo de ese año en Atocha terminó volcando a su favor.
Los Kirchner cuidaron siempre el vínculo con Madrid porque significó, por años, la única puerta entreabierta con la Unión Europea . Pero la crisis global modificó muchas percepciones. Cristina prefirió dedicarse a consolidar el bloque regional antes que a ensayar una inserción en un mundo perturbado e incierto. De todos modos, no todo lo que ocurre con España sería indiferente a los ojos de Cristina: la recurrencia de conflictos (ahora con Repsol-YPF) podría inducir a Madrid a plantear objeciones a la permanencia de la Argentina en el llamado G-20, el grupo de las naciones poderosas. Nuestro país es miembro permanente y España figura aún en calidad de observador desde el 2008.
La pertenencia al G-20 le concede a Cristina, en forma periódica, una escena de figuración internacional contra la cual sus políticas muchas veces atentarían. Algo de todo eso habría mencionado el rey Juan Carlos, en sus últimas mediaciones por el conflicto que estalló con la empresa petrolera.
En los últimos días, el G-20 consideró atinado el camino adoptado por Rajoy para intentar empezar a superar la profunda crisis economico-social de España que reconoce a 5 millones de personas sin trabajo . En el mismo ámbito, no pasó inadvertido el documento emitido el fin de semana por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El BID posee una buena relación con la Argentina. Pero en su evaluación global acaba de considerar a nuestro país de “inclasificable” según las metas de inflación, tipo de cambio fijo u otros “regímenes intermedios”.
El BID asoció, en ese aspecto, a la Argentina con Venezuela. Quizás, una comparación y una compañía incómoda para una nación del G-20 que, por otra parte, no cesa sus desencuentros políticos y comerciales con España.
