Varios de los principales referentes de la oposición en el Congreso salieron ayer a expresar su rechazo al proyecto para regular las telecomunicaciones que el Gobierno envió al Senado. Con este escenario, el kirchnerismo buscará sancionarla únicamente con los votos propios y de sus aliados en el Congreso.
“Esta es una ley para quebrar al Grupo Clarín. La modificación de la ley de medios va contra Clarín, habilita a Telefónica y favorece al grupo Vila-Manzano. Estos son los últimos grandes negocios del kirchnerismo y de la familia Kirchner, que además van a gozar de impunidad con la nueva ley del Código Procesal Penal y el mando de Gils Carbó”, aseguró la diputada Elisa Carrió en Radio Mitre.
“Este proyecto es más grave que la ley de medios, porque completa el trabajo iniciado por Sabbatella cuando negó la adecuación del Grupo Clarín. Con esta ley quieren terminar de destruir definitivamente al Grupo, y además expropiar las redes de telecomunicación privado otorgándole un monopolio de más del 90% a las telefónicas”, dijo su par radical Oscar Aguad, y agregó: “El objetivo del Gobierno, a un año de irse, es la impunidad. Quieren eliminar a los medios que informan a la sociedad sobre los hechos de corrupción que afectan a los funcionarios públicos”.
Por el macrismo, Federico Pinedo –jefe de bloque del PRO– la calificó como “un cheque en blanco para que el Poder Ejecutivo haga lo que quiera con todas las comunicaciones”, y profundizó: “Esto genera un desastre en el desarrollo de todas las comunicaciones de la Argentina. Las empresas no pueden arriesgar miles de millones de dólares y que después el Gobierno les diga cuánto pueden cobrar, ganar y perder. Es una especie de Ley de Abastecimiento de las telecomunicaciones, claramente inviable y seguramente inconstitucional”.
La iniciativa generó un fuerte rechazo incluso de los espacios que en 2009 habían acompañado la Ley de Medios, después que el Gobierno aceptara excluir a las telefónicas. “Esta es otra típica maniobra del Gobierno para enmascarar como presuntas mejoras de servicio público y de precios una autoridad de control y un esquema que encubre un gigantesco negocio. Es un acto de impostura e hipocresía que de ninguna manera podemos avalar”, consideró el senador Pino Solanas, de Proyecto Sur.
“El Gobierno retornó a su proyecto audiovisual original, que nunca tuvo por objeto democratizar sino reemplazar un monopolio por otro. Era vox populi el intento de la red empresarial kirchnerista de comprar parte del paquete accionario de Telecom”, indicó Claudio Lozano, de Unidad Popular.
“Los principales beneficiarios serán las telefónicas, que podrán brindar el servicio de Triple Play en condiciones mucho más favorables que otros actores. Y en el caso puntual, Telefónica. ¿Por qué el AFSCA no trató el plan de adecuación de Telefe? ¿Para ganar tiempo en pos de una ley más benigna?”, expresó la postura de Libres del Sur la diputada Victoria Donda.
“En vez de defender los intereses de los usuarios y limitar las prácticas abusivas de las empresas, es una iniciativa pensada para garantizar y extender el negocio de las telefónicas. Permitir abiertamente la entrada de estas compañías a la comunicación audiovisual es una herida mortal al sentido democratizador que alguna vez intentó tener la ley de medios”, aseguró el diputado socialista Roy Cortina.
Desde el massismo dijeron que hoy tendrán una reunión para fijar una posición definitiva sobre el proyecto. “Nos llama la atención que el Gobierno, en el final de su período, decida avanzar con tantos temas”, dijo Darío Giustozzi, jefe del bloque de diputados del Frente Renovador.
“Esta es una ley para quebrar al Grupo Clarín. La modificación de la ley de medios va contra Clarín, habilita a Telefónica y favorece al grupo Vila-Manzano. Estos son los últimos grandes negocios del kirchnerismo y de la familia Kirchner, que además van a gozar de impunidad con la nueva ley del Código Procesal Penal y el mando de Gils Carbó”, aseguró la diputada Elisa Carrió en Radio Mitre.
“Este proyecto es más grave que la ley de medios, porque completa el trabajo iniciado por Sabbatella cuando negó la adecuación del Grupo Clarín. Con esta ley quieren terminar de destruir definitivamente al Grupo, y además expropiar las redes de telecomunicación privado otorgándole un monopolio de más del 90% a las telefónicas”, dijo su par radical Oscar Aguad, y agregó: “El objetivo del Gobierno, a un año de irse, es la impunidad. Quieren eliminar a los medios que informan a la sociedad sobre los hechos de corrupción que afectan a los funcionarios públicos”.
Por el macrismo, Federico Pinedo –jefe de bloque del PRO– la calificó como “un cheque en blanco para que el Poder Ejecutivo haga lo que quiera con todas las comunicaciones”, y profundizó: “Esto genera un desastre en el desarrollo de todas las comunicaciones de la Argentina. Las empresas no pueden arriesgar miles de millones de dólares y que después el Gobierno les diga cuánto pueden cobrar, ganar y perder. Es una especie de Ley de Abastecimiento de las telecomunicaciones, claramente inviable y seguramente inconstitucional”.
La iniciativa generó un fuerte rechazo incluso de los espacios que en 2009 habían acompañado la Ley de Medios, después que el Gobierno aceptara excluir a las telefónicas. “Esta es otra típica maniobra del Gobierno para enmascarar como presuntas mejoras de servicio público y de precios una autoridad de control y un esquema que encubre un gigantesco negocio. Es un acto de impostura e hipocresía que de ninguna manera podemos avalar”, consideró el senador Pino Solanas, de Proyecto Sur.
“El Gobierno retornó a su proyecto audiovisual original, que nunca tuvo por objeto democratizar sino reemplazar un monopolio por otro. Era vox populi el intento de la red empresarial kirchnerista de comprar parte del paquete accionario de Telecom”, indicó Claudio Lozano, de Unidad Popular.
“Los principales beneficiarios serán las telefónicas, que podrán brindar el servicio de Triple Play en condiciones mucho más favorables que otros actores. Y en el caso puntual, Telefónica. ¿Por qué el AFSCA no trató el plan de adecuación de Telefe? ¿Para ganar tiempo en pos de una ley más benigna?”, expresó la postura de Libres del Sur la diputada Victoria Donda.
“En vez de defender los intereses de los usuarios y limitar las prácticas abusivas de las empresas, es una iniciativa pensada para garantizar y extender el negocio de las telefónicas. Permitir abiertamente la entrada de estas compañías a la comunicación audiovisual es una herida mortal al sentido democratizador que alguna vez intentó tener la ley de medios”, aseguró el diputado socialista Roy Cortina.
Desde el massismo dijeron que hoy tendrán una reunión para fijar una posición definitiva sobre el proyecto. “Nos llama la atención que el Gobierno, en el final de su período, decida avanzar con tantos temas”, dijo Darío Giustozzi, jefe del bloque de diputados del Frente Renovador.
