La ortodoxia al final del túnel.
Once meses de gobierno fueron tiempo suficiente para que algunos funcionarios, principalmente los nuevos, aquellos que no pertenecen a Pro desde la gestación, empezaran a descubrir el verdadero rostro de Mauricio Macri . Los del equipo económico, por ejemplo, terminaron esta etapa de aprendizaje al escuchar, en encuentros recientes, un consejo fraterno y específico de los más antiguos: no tiene sentido que malgasten el tiempo ensañándose con Federico Sturzenegger, líder del Banco Central, porque quien avala esta política de altas tasas de interés es en última instancia el Presidente.
Pasó lo mismo a mitad de año con las tarifas, cuando Juan José Aranguren se llevaba las críticas de casi todo el gabinete. El ortodoxo es Macri. El plan de metas de inflación del Banco Central, por ejemplo, representa hoy la apuesta más contundente del Gobierno en materia económica y probablemente el termómetro desde el que habrá que medir la primera parte de la gestión de Cambiemos. Casi todos los miembros del gabinete parecen haberlo asimilado. Los empresarios, en cambio, están todavía en la etapa de las conjeturas: ven necesario respaldar una administración que creen prueba piloto de gobierno no peronista, pero siguen desconcertados porque advierten que la recuperación de la actividad se demora más de lo esperado. La promesa del segundo semestre fue para ellos un error de cálculo.
Así, resignados a convivir con una moneda fuerte porque entienden que no hay margen para devaluaciones con más de 30% de pobreza, prestan especial atención a un trío que les da señales contradictorias. Lo conforman Alfonso Prat-Gay, encargado de conseguir dólares mediante endeudamiento razonable; Sturzenegger, que contiene el tipo de cambio, y Francisco Cabrera, ministro de Producción, cuya misión es lograr condiciones productivas y generar empleo. ¿Es posible, se preguntan, que las tres funciones tengan un éxito simultáneo sin anularse la una a la otra?
Son dilemas que todavía no trascienden, pero que se han vuelto lugar común en la Unión Industrial Argentina. Cómo congeniar, por ejemplo, esta ortodoxia monetaria con la heterodoxia fiscal, porque no hay ajuste, contradicción que el Gobierno se propone saldar con deuda para no emitir moneda. Es decir, no a la licuación de salarios o costos empresariales vía devaluación. La conclusión es que la anhelada baja en la carga tributaria volvió a postergarse, porque el Estado seguirá necesitando del sector privado para sostenerse. Peripecias de la Argentina gradual y, creen en Cambiemos, única posible.
Se entiende entonces el escepticismo de algunos hombres de negocios sobre los ocho puntos del plan productivo oficial, que establece reformas tributarias y disminución de costos logísticos en un plazo infinitamente más extenso que las urgencias fabriles. Traer un contenedor desde China cuesta 4000 dólares; hacer ese viaje con casi la misma carga ida y vuelta entre Buenos Aires y Tierra del Fuego, 130.000. «Si me van a hacer competir con productos importados, déjenme hacerlo con camioneros paraguayos cuando vengo de Salta», se quejó anteanoche el dueño de un grupo nacional, disconforme con el convenio que custodia Hugo Moyano. Algo de esto plantearon el miércoles en la Casa Rosada representantes de la industria alimentaria en un almuerzo con el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Daniel Funes de Rioja, líder de Copal, la cámara, expuso allí la situación del sector con una fórmula pensada especialmente para no irritar: hay que bajar el costo laboral, no necesariamente el salarial. Usó entonces un ejemplo que tomó de un modelo analítico de Brasil: por cada 60 pesos de un salario bruto, el empresario paga 90 en cargas patronales y costos asociados como ausentismo y ART, y el trabajador recibe apenas 45 pesos netos, suma a la que se le debe restar un 21% de IVA que dejan el poder adquisitivo real del asalariado en 36 pesos, siempre y cuando no pague impuesto a las ganancias.
Peña les aclaró que, contra lo que piensan algunos industriales, no existe ninguna animosidad ni prejuicio del Gobierno hacia ellos, y Mario Quintana, coordinador del gabinete económico, agregó que la premisa de la política exterior era una «integración inteligente» muy distinta de la que se aplicó en los 90.
Pero no es tan fácil convencerlos. La noche anterior, en la sede de la UIA, la reunión de junta directiva había sido una catarsis general. Diego Coatz, director ejecutivo de la entidad, expuso allí cifras que coincidieron con los testimonios: septiembre fue muy malo y el relevamiento de octubre, que no está terminado, tampoco viene bien. Hablaron varios. José Ignacio de Mendiguren, por ejemplo, volvió a sus metáforas botánicas: «Estos tipos creen que es un proceso natural: el Power Point dice que después de arreglar con los holdouts o salir del cepo venían las inversiones, como la primavera después del invierno. Más que brotes verdes, tenemos brotes marrones». Y un representante de la provincia de Santa Fe extendió el cuestionamiento a otros empresarios: ¿tiene sentido seguir en el Grupo de los Seis después del acuerdo social que dispuso la negociación para pagar bono de fin de año? «A la UIA la dejaron sola», se quejó. «Pero no conviene dividirnos en este momento», lo frenó Funes de Rioja.
Más que coyuntural, la discusión empieza a ser de fondo. Muchos de ellos se perciben fuera de lo que Macri considera el hombre de negocios ideal. Es la sensación que se llevaron algunos del seminario del Consejo Productivo Argentino que se hizo en lunes en la Casa Rosada, donde un par del sector privado, Martín Migoya, fundador de Globant, instó a todos a pensar en el largo plazo y ser «ultracompetitivos». Y eso que Cabrera les había dedicado en su exposición un elogio: «El empresario es lo mejor que tenemos».
Ambigüedades de convivencia. Cabrera venía de discutir varias de estas cuestiones una semana antes en Washington, durante una gira que terminó con una comida con Penny Pritzker, secretaria de Comercio de los Estados Unidos, en la casa del embajador argentino, Martín Lousteau. Ahí firmó con la administración de Obama un acuerdo de facilitación del comercio que, según les prometió a los 30 empresarios que lo acompañaban, debería replicarse del lado argentino aligerando trabas para exportar.
Pero son por ahora promesas. Porque, al ungir a Sturzenegger como pilar de su programa, Macri ha elegido sin dudas el camino más largo: la prioridad de la baja de la inflación. Esta receta clásica, que apunta a una reactivación más robusta, pero cuya contraindicación inmediata es el enfriamiento de la economía, aguarda todavía la aplicación de su segunda etapa, que es un ajuste fiscal gradual hasta 2019. Ortodoxia al final del túnel: demasiadas postergaciones para una Argentina ansiosa y dividida y habituada a jugarse el horizonte en cada elección. © la nacion
Once meses de gobierno fueron tiempo suficiente para que algunos funcionarios, principalmente los nuevos, aquellos que no pertenecen a Pro desde la gestación, empezaran a descubrir el verdadero rostro de Mauricio Macri . Los del equipo económico, por ejemplo, terminaron esta etapa de aprendizaje al escuchar, en encuentros recientes, un consejo fraterno y específico de los más antiguos: no tiene sentido que malgasten el tiempo ensañándose con Federico Sturzenegger, líder del Banco Central, porque quien avala esta política de altas tasas de interés es en última instancia el Presidente.
Pasó lo mismo a mitad de año con las tarifas, cuando Juan José Aranguren se llevaba las críticas de casi todo el gabinete. El ortodoxo es Macri. El plan de metas de inflación del Banco Central, por ejemplo, representa hoy la apuesta más contundente del Gobierno en materia económica y probablemente el termómetro desde el que habrá que medir la primera parte de la gestión de Cambiemos. Casi todos los miembros del gabinete parecen haberlo asimilado. Los empresarios, en cambio, están todavía en la etapa de las conjeturas: ven necesario respaldar una administración que creen prueba piloto de gobierno no peronista, pero siguen desconcertados porque advierten que la recuperación de la actividad se demora más de lo esperado. La promesa del segundo semestre fue para ellos un error de cálculo.
Así, resignados a convivir con una moneda fuerte porque entienden que no hay margen para devaluaciones con más de 30% de pobreza, prestan especial atención a un trío que les da señales contradictorias. Lo conforman Alfonso Prat-Gay, encargado de conseguir dólares mediante endeudamiento razonable; Sturzenegger, que contiene el tipo de cambio, y Francisco Cabrera, ministro de Producción, cuya misión es lograr condiciones productivas y generar empleo. ¿Es posible, se preguntan, que las tres funciones tengan un éxito simultáneo sin anularse la una a la otra?
Son dilemas que todavía no trascienden, pero que se han vuelto lugar común en la Unión Industrial Argentina. Cómo congeniar, por ejemplo, esta ortodoxia monetaria con la heterodoxia fiscal, porque no hay ajuste, contradicción que el Gobierno se propone saldar con deuda para no emitir moneda. Es decir, no a la licuación de salarios o costos empresariales vía devaluación. La conclusión es que la anhelada baja en la carga tributaria volvió a postergarse, porque el Estado seguirá necesitando del sector privado para sostenerse. Peripecias de la Argentina gradual y, creen en Cambiemos, única posible.
Se entiende entonces el escepticismo de algunos hombres de negocios sobre los ocho puntos del plan productivo oficial, que establece reformas tributarias y disminución de costos logísticos en un plazo infinitamente más extenso que las urgencias fabriles. Traer un contenedor desde China cuesta 4000 dólares; hacer ese viaje con casi la misma carga ida y vuelta entre Buenos Aires y Tierra del Fuego, 130.000. «Si me van a hacer competir con productos importados, déjenme hacerlo con camioneros paraguayos cuando vengo de Salta», se quejó anteanoche el dueño de un grupo nacional, disconforme con el convenio que custodia Hugo Moyano. Algo de esto plantearon el miércoles en la Casa Rosada representantes de la industria alimentaria en un almuerzo con el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Daniel Funes de Rioja, líder de Copal, la cámara, expuso allí la situación del sector con una fórmula pensada especialmente para no irritar: hay que bajar el costo laboral, no necesariamente el salarial. Usó entonces un ejemplo que tomó de un modelo analítico de Brasil: por cada 60 pesos de un salario bruto, el empresario paga 90 en cargas patronales y costos asociados como ausentismo y ART, y el trabajador recibe apenas 45 pesos netos, suma a la que se le debe restar un 21% de IVA que dejan el poder adquisitivo real del asalariado en 36 pesos, siempre y cuando no pague impuesto a las ganancias.
Peña les aclaró que, contra lo que piensan algunos industriales, no existe ninguna animosidad ni prejuicio del Gobierno hacia ellos, y Mario Quintana, coordinador del gabinete económico, agregó que la premisa de la política exterior era una «integración inteligente» muy distinta de la que se aplicó en los 90.
Pero no es tan fácil convencerlos. La noche anterior, en la sede de la UIA, la reunión de junta directiva había sido una catarsis general. Diego Coatz, director ejecutivo de la entidad, expuso allí cifras que coincidieron con los testimonios: septiembre fue muy malo y el relevamiento de octubre, que no está terminado, tampoco viene bien. Hablaron varios. José Ignacio de Mendiguren, por ejemplo, volvió a sus metáforas botánicas: «Estos tipos creen que es un proceso natural: el Power Point dice que después de arreglar con los holdouts o salir del cepo venían las inversiones, como la primavera después del invierno. Más que brotes verdes, tenemos brotes marrones». Y un representante de la provincia de Santa Fe extendió el cuestionamiento a otros empresarios: ¿tiene sentido seguir en el Grupo de los Seis después del acuerdo social que dispuso la negociación para pagar bono de fin de año? «A la UIA la dejaron sola», se quejó. «Pero no conviene dividirnos en este momento», lo frenó Funes de Rioja.
Más que coyuntural, la discusión empieza a ser de fondo. Muchos de ellos se perciben fuera de lo que Macri considera el hombre de negocios ideal. Es la sensación que se llevaron algunos del seminario del Consejo Productivo Argentino que se hizo en lunes en la Casa Rosada, donde un par del sector privado, Martín Migoya, fundador de Globant, instó a todos a pensar en el largo plazo y ser «ultracompetitivos». Y eso que Cabrera les había dedicado en su exposición un elogio: «El empresario es lo mejor que tenemos».
Ambigüedades de convivencia. Cabrera venía de discutir varias de estas cuestiones una semana antes en Washington, durante una gira que terminó con una comida con Penny Pritzker, secretaria de Comercio de los Estados Unidos, en la casa del embajador argentino, Martín Lousteau. Ahí firmó con la administración de Obama un acuerdo de facilitación del comercio que, según les prometió a los 30 empresarios que lo acompañaban, debería replicarse del lado argentino aligerando trabas para exportar.
Pero son por ahora promesas. Porque, al ungir a Sturzenegger como pilar de su programa, Macri ha elegido sin dudas el camino más largo: la prioridad de la baja de la inflación. Esta receta clásica, que apunta a una reactivación más robusta, pero cuya contraindicación inmediata es el enfriamiento de la economía, aguarda todavía la aplicación de su segunda etapa, que es un ajuste fiscal gradual hasta 2019. Ortodoxia al final del túnel: demasiadas postergaciones para una Argentina ansiosa y dividida y habituada a jugarse el horizonte en cada elección. © la nacion
