Desde la crisis del 2001 en adelante, la movilización reivindicativa no ha cesado. Aún cuando hubo cambios sustanciales en la estructura ocupacional y, por consecuencia, cambios en la tipicidad del conflicto, no se ha modificado la profunda desigualdad social.
Las causas que dieron origen a aquella crisis política permanecen inconclusas.
Un sector importante de desposeídos sigue reclamando trabajo y condiciones de vida ; un ingreso digno que permita acceder a las necesidades básicas: alimentación, educación, salud, previsión social y vivienda.
Mientras persistía el crecimiento económico en la década pasada, el Gobierno articuló mecanismos negociados de dominación con elementos represivos de baja intensidad . Sabía que si profundizaba la limitación de las libertades públicas iba a ser mal recibido por una sociedad que venía de exigir “que se vayan todos”.
Desde que el ritmo de crecimiento económico se desaceleró hubo un cambio en el esquema de relaciones sociales.
Los elementos coercitivos comenzaron a ocupar una centralidad mucho mayor .
Desde entonces, las agrupaciones territoriales de cualquier signo tuvieron acceso a planes sociales y últimamente a las llamadas cooperativas. Esta vez los aumentos no fueron para todos.
El Gobierno aplicó la lógica clientelística extrema ya que solo aumentó las alícuotas de los trabajadores organizados en aquellos grupos que le son adictos (30% de los beneficiarios.) Esto provocó una previsible reacción de los grupos excluidos que se consideraron discriminados y consecuentemente protestaron ante la injusticia de la medida.
En este contexto, la ministra de Seguridad califica de “extorsivas y desestabilizantes” a las medidas de protesta originadas en aquella acción de gobierno. En línea con el discurso presidencial, la ministra arremete contra los trabajadores informales y algunas de las organizaciones que los representan: las “opositoras”. Nuevamente se utilizan palabras muy específicas y bien estudiadas, que tienden a convencer a la sociedad de que las medidas de protesta son negativas y deben ser combatidas.
No dan cuenta de la causa que les dio origen, sólo apunta a la expresión de las consecuencias . En consonancia con lo que había manifestado ante la tragedia de Once, responsabiliza a la víctima.
La propaganda oficial quiere persuadirnos que somos perjudicados por los “extorsionadores” responsables de alterar dicho orden social, y que debemos optar por un clima de “progreso” y futura prosperidad que nos garantiza el “modelo”. Es evidente, entonces, que se esta buscando consenso, midiendo a la opinión publica para posibles acciones dirigidas a los grupos “desestabilizadores”.
Es de suponer que en un contexto de crecientes restricciones económicas, los trabajadores y sus organizaciones sociales persistirán en sus luchas por obtener reivindicaciones. Durante la década de los ‘90 una gran cantidad de trabajadores fueron imputados judicialmente por distintos delitos.
En particular, se generalizó la utilización de la penalización del entorpecimiento del transporte.
El principal objetivo de dichas acciones penales era someter a proceso a los dirigentes y activistas sociales. Dicho procesamiento, independientemente de la existencia o no de una condena final, operaba como mecanismo de control social .
Esta dinámica no se ha modificado sustancialmente en los últimos años, y los jueces siguen recurriendo a dicha figura penal como parte de la resolución de los conflictos sociales. A su vez, se han agregado nuevas figuras penales, por lo que los activistas y dirigentes sociales también son sospechosos de haber cometido delitos como daños, usurpaciones, coacciones, e incluso ser miembros de asociaciones ilícitas.
En efecto, una porción muy importante de dichos conflictos culmina con el procesamiento de los dirigentes que poseen mayor visibilidad. Pero este discurso de Nilda Garré seguramente prepara otro tipo de represión más aguda y más persuasiva . El incremento de muertes de militantes sociales en los últimos años (se registraron 18) y el reciente procesamiento de dirigentes sindicales del Ingenio la Esperanza en Jujuy nos alertan de dicha orientación.
En este contexto, la duplicación de penas de la llamada “ley antiterrorista” parece ser el instrumento necesario para garantizar la efectividad. A nadie escapa que la duplicación de penas permite a los jueces negar excarcelaciones o eximiciones de prisión.
Esto nos lleva a pensar. entonces, que se busca algo más que el mero “procesamiento” de los dirigentes sociales: se vislumbra en el horizonte la posibilidad que se conviertan en “presos político-sociales ”.
Parece mentira que Nilda Garré, que fue siempre expresión de la rebeldía y capaz de cuestionar el “orden” que intento imponer el propio Perón en los años 70, hoy sea portadora del discurso inverso.
Las causas que dieron origen a aquella crisis política permanecen inconclusas.
Un sector importante de desposeídos sigue reclamando trabajo y condiciones de vida ; un ingreso digno que permita acceder a las necesidades básicas: alimentación, educación, salud, previsión social y vivienda.
Mientras persistía el crecimiento económico en la década pasada, el Gobierno articuló mecanismos negociados de dominación con elementos represivos de baja intensidad . Sabía que si profundizaba la limitación de las libertades públicas iba a ser mal recibido por una sociedad que venía de exigir “que se vayan todos”.
Desde que el ritmo de crecimiento económico se desaceleró hubo un cambio en el esquema de relaciones sociales.
Los elementos coercitivos comenzaron a ocupar una centralidad mucho mayor .
Desde entonces, las agrupaciones territoriales de cualquier signo tuvieron acceso a planes sociales y últimamente a las llamadas cooperativas. Esta vez los aumentos no fueron para todos.
El Gobierno aplicó la lógica clientelística extrema ya que solo aumentó las alícuotas de los trabajadores organizados en aquellos grupos que le son adictos (30% de los beneficiarios.) Esto provocó una previsible reacción de los grupos excluidos que se consideraron discriminados y consecuentemente protestaron ante la injusticia de la medida.
En este contexto, la ministra de Seguridad califica de “extorsivas y desestabilizantes” a las medidas de protesta originadas en aquella acción de gobierno. En línea con el discurso presidencial, la ministra arremete contra los trabajadores informales y algunas de las organizaciones que los representan: las “opositoras”. Nuevamente se utilizan palabras muy específicas y bien estudiadas, que tienden a convencer a la sociedad de que las medidas de protesta son negativas y deben ser combatidas.
No dan cuenta de la causa que les dio origen, sólo apunta a la expresión de las consecuencias . En consonancia con lo que había manifestado ante la tragedia de Once, responsabiliza a la víctima.
La propaganda oficial quiere persuadirnos que somos perjudicados por los “extorsionadores” responsables de alterar dicho orden social, y que debemos optar por un clima de “progreso” y futura prosperidad que nos garantiza el “modelo”. Es evidente, entonces, que se esta buscando consenso, midiendo a la opinión publica para posibles acciones dirigidas a los grupos “desestabilizadores”.
Es de suponer que en un contexto de crecientes restricciones económicas, los trabajadores y sus organizaciones sociales persistirán en sus luchas por obtener reivindicaciones. Durante la década de los ‘90 una gran cantidad de trabajadores fueron imputados judicialmente por distintos delitos.
En particular, se generalizó la utilización de la penalización del entorpecimiento del transporte.
El principal objetivo de dichas acciones penales era someter a proceso a los dirigentes y activistas sociales. Dicho procesamiento, independientemente de la existencia o no de una condena final, operaba como mecanismo de control social .
Esta dinámica no se ha modificado sustancialmente en los últimos años, y los jueces siguen recurriendo a dicha figura penal como parte de la resolución de los conflictos sociales. A su vez, se han agregado nuevas figuras penales, por lo que los activistas y dirigentes sociales también son sospechosos de haber cometido delitos como daños, usurpaciones, coacciones, e incluso ser miembros de asociaciones ilícitas.
En efecto, una porción muy importante de dichos conflictos culmina con el procesamiento de los dirigentes que poseen mayor visibilidad. Pero este discurso de Nilda Garré seguramente prepara otro tipo de represión más aguda y más persuasiva . El incremento de muertes de militantes sociales en los últimos años (se registraron 18) y el reciente procesamiento de dirigentes sindicales del Ingenio la Esperanza en Jujuy nos alertan de dicha orientación.
En este contexto, la duplicación de penas de la llamada “ley antiterrorista” parece ser el instrumento necesario para garantizar la efectividad. A nadie escapa que la duplicación de penas permite a los jueces negar excarcelaciones o eximiciones de prisión.
Esto nos lleva a pensar. entonces, que se busca algo más que el mero “procesamiento” de los dirigentes sociales: se vislumbra en el horizonte la posibilidad que se conviertan en “presos político-sociales ”.
Parece mentira que Nilda Garré, que fue siempre expresión de la rebeldía y capaz de cuestionar el “orden” que intento imponer el propio Perón en los años 70, hoy sea portadora del discurso inverso.
