Para el gobierno de Cambiemos será difícil atacar la raíz del desempleo, pues ese profundo anclaje está aferrado en lo más hondo del suelo populista, cuyas ideas y creencias comparte la mayoría de los argentinos, cualquiera sea su afiliación política.
A través de los años, la simbiosis entre poder político y poder sindical permitió utilizar la masa salarial como fuente de recursos y los convenios colectivos como demostraciones de fuerza para los gremios, haciendo cada vez más rígidas las relaciones laborales. Tan caras y tan rígidas que los empresarios sólo atinan a pedir la consabida devaluación que licúe esos costos y que se cierre la economía para que la eficiencia proveniente del extranjero sea calificada de «dumping».
De esa manera, se ha ido construyendo, ladrillo por ladrillo, un muro que separa el empleo formal del desempleo, y de sus sucedáneos: el trabajo en negro, el empleo público y los planes sociales. Como informó ayer LA NACION, el mapa del empleo muestra más precariedad, con una caída del empleo privado formal.
El problema es complejo, pues implica arduas cuestiones sociales, de capacitación, cambios de tecnologías, costo del capital, etcétera. Pero aquí nos referiremos a algo bastante más sencillo: la acumulación de descuentos y aportes que configuran una carga insoportable sobre la masa salarial, y la industria del juicio, que desvirtúa el concepto del trabajo como creación humana para convertirlo en una mercancía de cafetines y trastiendas.
Basta con observar los distintos rubros que significan un costo adicional para quien emplea y los descuentos que se practican a quien es empleado, para advertir la enorme discrepancia que existe entre el costo laboral y el sueldo de bolsillo. Esa brecha, ampliada gracias a la ambición mercantil de unos y consentida por la ceguera política de otros, es el reverso de la exclusión social, de la generación «ni-ni» y también, del espectro de la drogadicción.
Como el sistema argentino es de personería gremial única, copiado de la Carta del Lavoro fascista, el Ministerio de Trabajo establece el «encuadramiento» gremial, que determina a qué sindicato corresponde cada actividad en relación de dependencia.
Al ser tan grandes los montos que se retienen del salario y que se reciben como aportes de los empresarios, cada empleado es un verdadero botín de guerra para las arcas de los gremios, quienes se enfrentan en luchas explícitas para capturarlos. Están en juego el poder del dinero y el poder de movilización. Dichos conflictos fueron célebres a partir del caso Carrefour, en el cual el Sindicato de Camioneros logró incorporar a quienes trabajan en logística y que pertenecían al Sindicato de Comercio.
Los camioneros, además de las deducciones para jubilación (11%), Anses (3%) y obra social (3%), deben aportar al gremio de Moyano otro 3% como contribución solidaria y el 1,5% para seguro de sepelio. Los empresarios deben abonarle 2% por contribución solidaria; el 0,5% para cultura y capacitación, el 2% para la profesionalización y otro 1,5% como seguro de sepelio. Como el convenio colectivo de este gremio tiene una estructura de remuneraciones muchísimo más costosa que los empleados de comercio, el nuevo encuadramiento implica también un aumento sustancial de aportes para el empleador. Algunas pymes no pueden soportar este cambio y son forzadas a cerrar.
Pero el Sindicato de Comercio no le va a la zaga. En 1991 acordó con el grupo Juncal (cuando era de la Banca Nazionale del Lavoro), con sospechosa celeridad, un aporte empresario del 3,5% para seguro de retiro que sobrevivió aun después de las AFJP. Otro caso para estudio es el aporte empresario al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnología para el Comercio (Inacap) que fue homologado en tiempos del kirchnerismo para lograr el apoyo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), dirigida por Osvaldo Cornide, frente a la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA).
Como todo gasto beneficia a alguien, cada deducción del sueldo y cada aporte patronal es defendido con uñas y dientes demostrando la utilidad de su destino. Pero ese análisis es insuficiente, pues del otro lado de la balanza está el impacto sobre el costo laboral y sus consecuencia, el desempleo. Este es un efecto difuso y como tal, carece de voceros interesados en denunciarlo. Sería el rol de los políticos, pero éstos no son carmelitas descalzas, como gustan excusarse.
Todos los descuentos al salario y aportes dispuestos por ley o mediante la homologación de convenios, deben ser auditados por el Estado Nacional, pues son semejantes a los ingresos públicos. Hugo Moyano descalificó a la diputada Elisa Carrió cuando presentó un proyecto de ley para que sindicalistas, titulares de obras sociales y de cámaras empresariales sean obligados a presentar su declaración jurada de bienes. Pero este proyecto jamás prosperará por el juego de alianzas con los dirigentes sindicales.
Otra parte importante del costo laboral se genera por el mal uso del derecho laboral en materia de accidentes, de ausentismo y de despidos.
Paradojalmente, los accidentes laborales disminuyen, pero los juicios aumentan. Desde 2012, cuando se modificó el régimen, las ART debieron incrementar sus alícuotas hasta llegar, en algunos casos, al 15 % de la masa salarial. La malversación del sistema ha llevado a una explosión de demandas por accidentes fuera del trabajo y enfermedades posteriores a la desvinculación. Aunque las demandas sean infundadas, las empresas deben pagar los honorarios de los abogados y peritos, porque son una proporción de la demanda, independientemente del resultado.
Obviamente, estas distorsiones provocan un rechazo a aumentar el empleo formal y a recurrir, en cambio, a figuras como las horas extras, la tercerización, los contratos a término, el trabajo temporario, la automatización de procesos y hasta la transformación de asalariados en monotributistas,
En el sector gastronómico han proliferado los estudiantes extranjeros quienes, agradecidos al país que les permite estudiar sin costo, no piensan en complicarse la vida sumándose a la industria del juicio. Muchos consorcios de propiedad horizontal, en cambio, directamente despiden al encargado y alquilan la vivienda a las cadenas de maxiquioscos que proliferan por la ciudad, encargando la limpieza a nuevas empresas que limpian y se van, sin cartas documentos ni planteos urdidos por picapleitos.
Dado el panorama descripto, es difícil esperar transformaciones de fondo. Por lo visto, todavía no es hora de «cambiar» ni de «renovar». A pesar de que todos advierten esas distorsiones, por el momento las políticas de empleo se circunscribirán al tipo de cambio, la tasa de interés, las obras públicas y los planes sociales.
Sólo cabe esperar que la sociedad tome conciencia de este gravísimo problema, que está en la raíz del desempleo, de la competitividad, del futuro de nuestros hijos y de la ansiada paz social que anhela el conjunto de las familias argentinas.
A través de los años, la simbiosis entre poder político y poder sindical permitió utilizar la masa salarial como fuente de recursos y los convenios colectivos como demostraciones de fuerza para los gremios, haciendo cada vez más rígidas las relaciones laborales. Tan caras y tan rígidas que los empresarios sólo atinan a pedir la consabida devaluación que licúe esos costos y que se cierre la economía para que la eficiencia proveniente del extranjero sea calificada de «dumping».
De esa manera, se ha ido construyendo, ladrillo por ladrillo, un muro que separa el empleo formal del desempleo, y de sus sucedáneos: el trabajo en negro, el empleo público y los planes sociales. Como informó ayer LA NACION, el mapa del empleo muestra más precariedad, con una caída del empleo privado formal.
El problema es complejo, pues implica arduas cuestiones sociales, de capacitación, cambios de tecnologías, costo del capital, etcétera. Pero aquí nos referiremos a algo bastante más sencillo: la acumulación de descuentos y aportes que configuran una carga insoportable sobre la masa salarial, y la industria del juicio, que desvirtúa el concepto del trabajo como creación humana para convertirlo en una mercancía de cafetines y trastiendas.
Basta con observar los distintos rubros que significan un costo adicional para quien emplea y los descuentos que se practican a quien es empleado, para advertir la enorme discrepancia que existe entre el costo laboral y el sueldo de bolsillo. Esa brecha, ampliada gracias a la ambición mercantil de unos y consentida por la ceguera política de otros, es el reverso de la exclusión social, de la generación «ni-ni» y también, del espectro de la drogadicción.
Como el sistema argentino es de personería gremial única, copiado de la Carta del Lavoro fascista, el Ministerio de Trabajo establece el «encuadramiento» gremial, que determina a qué sindicato corresponde cada actividad en relación de dependencia.
Al ser tan grandes los montos que se retienen del salario y que se reciben como aportes de los empresarios, cada empleado es un verdadero botín de guerra para las arcas de los gremios, quienes se enfrentan en luchas explícitas para capturarlos. Están en juego el poder del dinero y el poder de movilización. Dichos conflictos fueron célebres a partir del caso Carrefour, en el cual el Sindicato de Camioneros logró incorporar a quienes trabajan en logística y que pertenecían al Sindicato de Comercio.
Los camioneros, además de las deducciones para jubilación (11%), Anses (3%) y obra social (3%), deben aportar al gremio de Moyano otro 3% como contribución solidaria y el 1,5% para seguro de sepelio. Los empresarios deben abonarle 2% por contribución solidaria; el 0,5% para cultura y capacitación, el 2% para la profesionalización y otro 1,5% como seguro de sepelio. Como el convenio colectivo de este gremio tiene una estructura de remuneraciones muchísimo más costosa que los empleados de comercio, el nuevo encuadramiento implica también un aumento sustancial de aportes para el empleador. Algunas pymes no pueden soportar este cambio y son forzadas a cerrar.
Pero el Sindicato de Comercio no le va a la zaga. En 1991 acordó con el grupo Juncal (cuando era de la Banca Nazionale del Lavoro), con sospechosa celeridad, un aporte empresario del 3,5% para seguro de retiro que sobrevivió aun después de las AFJP. Otro caso para estudio es el aporte empresario al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnología para el Comercio (Inacap) que fue homologado en tiempos del kirchnerismo para lograr el apoyo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), dirigida por Osvaldo Cornide, frente a la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA).
Como todo gasto beneficia a alguien, cada deducción del sueldo y cada aporte patronal es defendido con uñas y dientes demostrando la utilidad de su destino. Pero ese análisis es insuficiente, pues del otro lado de la balanza está el impacto sobre el costo laboral y sus consecuencia, el desempleo. Este es un efecto difuso y como tal, carece de voceros interesados en denunciarlo. Sería el rol de los políticos, pero éstos no son carmelitas descalzas, como gustan excusarse.
Todos los descuentos al salario y aportes dispuestos por ley o mediante la homologación de convenios, deben ser auditados por el Estado Nacional, pues son semejantes a los ingresos públicos. Hugo Moyano descalificó a la diputada Elisa Carrió cuando presentó un proyecto de ley para que sindicalistas, titulares de obras sociales y de cámaras empresariales sean obligados a presentar su declaración jurada de bienes. Pero este proyecto jamás prosperará por el juego de alianzas con los dirigentes sindicales.
Otra parte importante del costo laboral se genera por el mal uso del derecho laboral en materia de accidentes, de ausentismo y de despidos.
Paradojalmente, los accidentes laborales disminuyen, pero los juicios aumentan. Desde 2012, cuando se modificó el régimen, las ART debieron incrementar sus alícuotas hasta llegar, en algunos casos, al 15 % de la masa salarial. La malversación del sistema ha llevado a una explosión de demandas por accidentes fuera del trabajo y enfermedades posteriores a la desvinculación. Aunque las demandas sean infundadas, las empresas deben pagar los honorarios de los abogados y peritos, porque son una proporción de la demanda, independientemente del resultado.
Obviamente, estas distorsiones provocan un rechazo a aumentar el empleo formal y a recurrir, en cambio, a figuras como las horas extras, la tercerización, los contratos a término, el trabajo temporario, la automatización de procesos y hasta la transformación de asalariados en monotributistas,
En el sector gastronómico han proliferado los estudiantes extranjeros quienes, agradecidos al país que les permite estudiar sin costo, no piensan en complicarse la vida sumándose a la industria del juicio. Muchos consorcios de propiedad horizontal, en cambio, directamente despiden al encargado y alquilan la vivienda a las cadenas de maxiquioscos que proliferan por la ciudad, encargando la limpieza a nuevas empresas que limpian y se van, sin cartas documentos ni planteos urdidos por picapleitos.
Dado el panorama descripto, es difícil esperar transformaciones de fondo. Por lo visto, todavía no es hora de «cambiar» ni de «renovar». A pesar de que todos advierten esas distorsiones, por el momento las políticas de empleo se circunscribirán al tipo de cambio, la tasa de interés, las obras públicas y los planes sociales.
Sólo cabe esperar que la sociedad tome conciencia de este gravísimo problema, que está en la raíz del desempleo, de la competitividad, del futuro de nuestros hijos y de la ansiada paz social que anhela el conjunto de las familias argentinas.
