Hay tres tipos de reforma política: la que ambicionan los políticos, las que diseñan los politólogos y las que quiere la gente. El presidente Mauricio Macri ha hecho suya la “reforma de la gente”: la que responde a la indignación que las encuestas registraron ante la difusión de las dificultades que se dieron durante la realización de los comicios pasados en diferentes puntos del país.
Dificultades que se expresaron en colas de votación interminables, cuartos oscuros atestados de papeletas, robo de boletas, situaciones de vandalismo en las que hubo hasta quema de urnas y que han causado que una parte importante de la ciudadanía le haya perdido confianza a nuestro sistema electoral. Para resolver esos problemas, el proyecto oficial impulsa la “boleta única electrónica”, tal como se ha implementado en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Salta.
Para ser honestos, la votación mediante la boleta de papel no ha traído mayores problemas en el pasado y es solo con la fragmentación partidaria, la proliferación de candidaturas de la mano de las listas colectoras, listas espejos y demás avivadas que han aparecido los inconvenientes que se dieron especialmente en elecciones provinciales y locales. Prueba de esto es que no hubo ninguna complicación grave ni durante la primera vuelta presidencial y menos durante el ballotage.
O sea, más que un problema relacionado con los mecanismos de votación tenemos un problema de organización de las ofertas electorales -cuya reforma choca con el federalismo político argentino, en el que cada jurisdicción determina el modo de organización de sus elecciones-. Dato no menor que sumado a las actividades clientelísticas explica en gran medida las hegemonías políticas a nivel gobernación e intendencias.
Afortunadamente, en la provincia de Buenos Aires, la reelección a perpetuidad de los intendentes ha llegado a su fin gracias a la ley impulsada por la Gobernadora María Eugenia Vidal -solo rechazada por el kirchnerismo-. Y el proyecto oficial del Gobierno Nacional incluye saludablemente la eliminación de las listas colectoras y las candidaturas múltiples.
El proyecto de reforma del Presidente, sin embargo, ha desatado una importante controversia a nivel político, no solo entre aquellos que rechazan de plano el voto electrónico (de aplicación muy limitada en el mundo, y menos en el mundo desarrollado, al contrario de lo que se piensa y se comunica), sino también entre los que apoyan alguna de las múltiples variantes que puede este asumir.
En las audiencias previas se escucharon críticas al proyecto oficial de todo tipo, pero las más importantes son las que ponen en duda que sea conveniente instrumentar el voto electrónico de una vez y para todo el país. Autoridades y votantes tienen que asimilar una forma de votar a la que no están acostumbrados, a lo que se le suman las complejidades logísticas de dotar a todos los puestos de votación con las máquinas pertinentes. En Salta se hizo en etapas, primero en distritos testigos para llegar luego llegar a cubrir toda la provincia.
Otro punto de controversia es el modo en que se presentan las ofertas electorales en pantalla que resulta sumamente crítico, ya que puede llegar a inducir a votar de un modo u otro. Recuérdese la discusión durante el ballotage porteño entre Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau de si el botón del voto en blanco tenía que ser del mismo tamaño que las dos opciones de voto La otra serie de objeciones tiene que ver con la seguridad que brinda el voto electrónico ante la presencia de hackers o alteraciones en el programa base para cambiar intencionalmente el registro de los votos que se hace a través del chip interno a cada máquina, ya que la impresión de la boleta depositada en la urna, solo sirve de documentación de respaldo en caso de controversia. Si un sistema como el actual, que puede ser engorroso y complejo -pero en el que la adulteración del comicio solo puede hacerse en el margen y en pocas urnas- ha suscitado sospechas de fraude, es fácil imaginar que cualquier votación crítica con el voto electrónico estará acompañada del pedido de abrir todas las urnas para contar las boletas de papel.
Una alternativa -aunque no exenta de problemas, como cualquier sistema de votación- pero que parece más confiable y fundamentalmente más barata, es la boleta única en papel, tal como con diferencias, se ha implementado en Santa Fe y en Córdoba. Ella resuelve los problemas relacionados con la reposición de boletas y facilita el recuento de votos sin las sospechas de fraude que tarde o temprano aparecen con el voto electrónico.
Pero si, finalmente, el Congreso se decide por aprobar la propuesta del oficialismo, esto tiene que hacerse en el marco de un amplio consenso partidario, sostenido en la transparencia y en la fiscalización de todos los procesos tecnológicos implicados en el nuevo mecanismo de voto.
Luis Tonelli es politólogo. Profesor titular en la carrera de Ciencia Política de la UBA
Dificultades que se expresaron en colas de votación interminables, cuartos oscuros atestados de papeletas, robo de boletas, situaciones de vandalismo en las que hubo hasta quema de urnas y que han causado que una parte importante de la ciudadanía le haya perdido confianza a nuestro sistema electoral. Para resolver esos problemas, el proyecto oficial impulsa la “boleta única electrónica”, tal como se ha implementado en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Salta.
Para ser honestos, la votación mediante la boleta de papel no ha traído mayores problemas en el pasado y es solo con la fragmentación partidaria, la proliferación de candidaturas de la mano de las listas colectoras, listas espejos y demás avivadas que han aparecido los inconvenientes que se dieron especialmente en elecciones provinciales y locales. Prueba de esto es que no hubo ninguna complicación grave ni durante la primera vuelta presidencial y menos durante el ballotage.
O sea, más que un problema relacionado con los mecanismos de votación tenemos un problema de organización de las ofertas electorales -cuya reforma choca con el federalismo político argentino, en el que cada jurisdicción determina el modo de organización de sus elecciones-. Dato no menor que sumado a las actividades clientelísticas explica en gran medida las hegemonías políticas a nivel gobernación e intendencias.
Afortunadamente, en la provincia de Buenos Aires, la reelección a perpetuidad de los intendentes ha llegado a su fin gracias a la ley impulsada por la Gobernadora María Eugenia Vidal -solo rechazada por el kirchnerismo-. Y el proyecto oficial del Gobierno Nacional incluye saludablemente la eliminación de las listas colectoras y las candidaturas múltiples.
El proyecto de reforma del Presidente, sin embargo, ha desatado una importante controversia a nivel político, no solo entre aquellos que rechazan de plano el voto electrónico (de aplicación muy limitada en el mundo, y menos en el mundo desarrollado, al contrario de lo que se piensa y se comunica), sino también entre los que apoyan alguna de las múltiples variantes que puede este asumir.
En las audiencias previas se escucharon críticas al proyecto oficial de todo tipo, pero las más importantes son las que ponen en duda que sea conveniente instrumentar el voto electrónico de una vez y para todo el país. Autoridades y votantes tienen que asimilar una forma de votar a la que no están acostumbrados, a lo que se le suman las complejidades logísticas de dotar a todos los puestos de votación con las máquinas pertinentes. En Salta se hizo en etapas, primero en distritos testigos para llegar luego llegar a cubrir toda la provincia.
Otro punto de controversia es el modo en que se presentan las ofertas electorales en pantalla que resulta sumamente crítico, ya que puede llegar a inducir a votar de un modo u otro. Recuérdese la discusión durante el ballotage porteño entre Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau de si el botón del voto en blanco tenía que ser del mismo tamaño que las dos opciones de voto La otra serie de objeciones tiene que ver con la seguridad que brinda el voto electrónico ante la presencia de hackers o alteraciones en el programa base para cambiar intencionalmente el registro de los votos que se hace a través del chip interno a cada máquina, ya que la impresión de la boleta depositada en la urna, solo sirve de documentación de respaldo en caso de controversia. Si un sistema como el actual, que puede ser engorroso y complejo -pero en el que la adulteración del comicio solo puede hacerse en el margen y en pocas urnas- ha suscitado sospechas de fraude, es fácil imaginar que cualquier votación crítica con el voto electrónico estará acompañada del pedido de abrir todas las urnas para contar las boletas de papel.
Una alternativa -aunque no exenta de problemas, como cualquier sistema de votación- pero que parece más confiable y fundamentalmente más barata, es la boleta única en papel, tal como con diferencias, se ha implementado en Santa Fe y en Córdoba. Ella resuelve los problemas relacionados con la reposición de boletas y facilita el recuento de votos sin las sospechas de fraude que tarde o temprano aparecen con el voto electrónico.
Pero si, finalmente, el Congreso se decide por aprobar la propuesta del oficialismo, esto tiene que hacerse en el marco de un amplio consenso partidario, sostenido en la transparencia y en la fiscalización de todos los procesos tecnológicos implicados en el nuevo mecanismo de voto.
Luis Tonelli es politólogo. Profesor titular en la carrera de Ciencia Política de la UBA
