La Procuraduría contra el lavado de activos ratificó su colaboración en la investigación que busca determinar si existe una asociación ilícita para evadir el pago de impuestos en la comercialización de soja. Página/12 reveló el caso.
La maniobra comienza con la venta en negro de la soja por parte del productor a una acopiadora. Estas hacen el traspaso del grano a las exportadoras, que facturan a nombre de personas insolventes o empresas ficticias, que forman parte de la misma asociación ilícita. Estos son todos los eslabones de la cadena, y por supuesto que hay empresas exportadoras involucradas. Justamente, la investigación en este momento está enfocada en comprobar el nexo entre las empresas intermediarias, que son falsas, apócrifas, y las agroexportadoras. El titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, sostuvo que en Córdoba existen varias causas vinculadas con la evasión sojera, y ratificó la colaboración del organismo en la causa radicada en Villa María por la que se investiga la conformación de una asociación ilícita que movió 1700 millones de pesos entre 2008 y 2012.
Luego de la publicación realizada anteayer por Página/12, en la que se dio cuenta de los distintos mecanismos utilizados para comercializar soja en negro, la AFIP le confirmó a la fiscalía que en los próximos días se conocerá la determinación de la deuda, es decir la evasión impositiva concreta de una de las compañías involucradas, Cercal SRL, que pertenece al ex ministro de Agricultura de Angeloz Luis Farías. Con esta información, los investigadores confían en que Casación Penal podría revertir la falta de mérito dictada por el juez Roque Ramón Rebak, que a su vez fue confirmada por los camaristas Ignacio María Vélez Funes, José Vicente Muscará y Carlos Lascano (voto en disidencia).
Según ratificó ayer Gonella en diálogo con Radio Nacional, la maniobra de comercialización de la soja negra concluía sí o sí en la exportación. Por eso desde la Procelac se están investigando los vínculos directos entre los integrantes de la asociación ilícita denunciada y las cerealeras.
Hay dos etapas en la ruta del cereal. Primero debe producirse la compra en negro de los granos, y hacer aparecer en los papeles a la empresa apócrifa como un operador de granos, sin tener campos propios, acopios, nada. En el momento en que se imputan como propia la soja comprada en negro, comienza la operación de blanqueo. En un primer momento, las empresas investigadas vendían directo a las exportadoras, pero como se dieron cuenta de que la maniobra era muy burda, incluyeron intermediarios, había explicado a Página/12 la fiscal Virginia Miguel Carmona.
Según los investigadores, los vínculos directos entre los integrantes de la asociación ilícita y las exportadoras quedó al descubierto luego de analizar la información encontrada en los domicilios allanados y a través de escuchas telefónicas. Una de las empresas apócrifas, según la definición de la AFIP, se llama FG Cereales. En una de las escuchas, uno de los socios de esta empresa, Jorge Ferrer, mencionó su vínculo directo con la empresa apócrifa Algecira, propiedad del principal acusado, Fernando Luis Cuello, y la multinacional Bunge.
Según los investigadores, una de las empresas utilizadas para blanquear la soja comprada en negro se llama Cercal SRL, integrada por Luis F. Farías, María F. Farías, Julio Daniel Luján y Pablo Martín Zotello. Luis Farías fue ministro de Agricultura de Angeloz.
Las investigaciones de la fiscalía determinaron que Farías mantenía tratos comerciales con al menos ocho empresas vinculadas con la misma asociación ilícita (Corretajes Group SA, Comercial Río Santiago SRL, Vercovir SA, Algeciras SA, Productan SRL, Pelayes Daniel Ramón, Arbol Grande SA y Swetenson SA). En total, a Farías le imputarían una evasión fiscal de 20 millones de pesos. El flujo de la operatoria es de 1700 millones. Si ahí analizamos los porcentajes que todas las personas están obligadas a contribuir en materia de impuestos, son cientos de millones de pesos que se evadieron. Estos delitos tienen un impacto socioeconómico que no siempre es visto ni percibido por la sociedad como un delito; tampoco se ve a los delincuentes que están haciendo estas maniobras como verdaderos delincuentes, cuando en realidad lo son, aseveró Gonella.
Otro de los involucrados es Néstor Rubén Beltrame, actualmente concejal de Río Tercero por Unión por Córdoba, aliado de José Manuel de la Sota. Beltrame aparecía como dueño de la empresa apócrifa Produc Tan SRL. De la documentación en poder de la Justicia surge que entre las empresas de Beltrame y Farías se emitieron varias facturas diarias que movían entre 100 mil y 400 mil pesos. En 2010 hubo registros de facturas entre ambas por más de 45 millones de pesos. Y entre las empresas imputadas a Cuello y la de Farías se registraron más de 130 operaciones.
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